Marina y Policía Federal niegan enviar elementos a la Guardia por falta de leyes secundarias
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Marina y Policía Federal niegan enviar elementos a la Guardia por falta de leyes secundarias

Ambas entidades dicen que no es posible aún enviar elementos ni iniciar reclutamiento de nuevos aspirantes, pese a despliegue anunciado ya por gobierno federal. El 14 de mayo inicia la discusión de iniciativa de ley en Senado.
Cuartoscuro
10 de mayo, 2019
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La Guardia Nacional, actualmente desplegada en varios municipios del país, es en realidad una fuerza 100 % militar, integrada solo por efectivos del Ejército y a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto, debido a que la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF) no han transferido elementos o equipos a dicha fuerza, por la falta de un marco regulatorio y, en específico, por la ausencia de una la Ley de la Guardia Nacional que organice sus funciones.

De hecho, según la Marina y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tampoco se puede iniciar el reclutamiento de la Guardia, pues no hay claridad legal en los requisitos, ni de evaluación, ni de adiestramiento de la nueva fuerza.

Así respondieron ambas entidades a solicitudes de información interpuestas por Animal Político, en las cuales se les requería conocer la fecha de transferencia de elementos de la policía naval y federal a la Guardia Nacional, así como la cantidad de efectivos.

Esta respuesta contrasta con lo dicho por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió este 9 de mayo en su conferencia de prensa que ya tenían apoyo de policía naval y que hay avances en reclutamiento, entre otros aspectos.

El pasado 26 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. En los artículos transitorios se estableció que de forma inicial la nueva fuerza se conformaría con elementos de la policía militar, naval y federal que el presidente, vía acuerdos generales, designe para su transferencia.

Posteriormente, tanto López Obrador como el secretario de la Defensa Nacional anunciaron el arranque del reclutamiento de la Guardia Nacional. El 11 de abril se informó que el general Luis Rodríguez Bucio sería su comandante en jefe.

En tanto, el gobierno federal anunció el inicio del despliegue de elementos de esta fuerza en Veracruz y otros estados. Incluso esta semana, en una conferencia realizada desde Hidalgo, Obrador sostuvo que lo proceso de reclutamiento estaban en marcha.

El presidente ha sostenido que este despliegue es posible aun sin leyes secundarias ya que la reforma constitucional así lo permite de forma inicial. No obstante, Animal Político solicitó a Presidencia copia de los acuerdos que la reforma contempla para la transferencia de los elementos, y dicha oficina se negó a proporcionarlos.

La realidad legal

En el oficio 1567/19, fechado el 30 de abril, la Semar respondió que tiene prevista la transferencia de 6 mil 288 elementos de su policía naval a la Guardia Nacional. No obstante precisó que ello no ha ocurrido ni se tiene prevista una fecha para hacerlo.

¿La razón? La Marina argumenta la falta de la expedición de las leyes secundarias que contempla la reforma para darle un marco legal a la nueva fuerza a la cual enviaría a sus efectivos.

No se cuenta actualmente con la fecha en la que se comenzará a hacer la transferencia de elementos navales a la Guardia Nacional. Lo anterior, en razón de que actualmente, la organización, funcionamiento y marco jurídico que reglamentará la actuación de la Guardia Nacional, aún no se encuentra integrada (énfasis añadid por la propia dependencia)”, argumentó la dependencia.

Pero no es todo. Sobre los requisitos y evaluaciones que los policías navales tienen que cumplir para entrar a la Guardia, la dependencia argumentó que esto tampoco puede establecerse si la nueva fuerza no cuenta con su marco jurídico completo.

“Se hace de su conocimiento que actualmente la organización, funcionamiento y marco jurídico que reglamentará la actuación de la citada Guardia aún no se encuentra integrada, toda vez que al ser un proyecto de nación, se requiere que entren en vigor las leyes secundarias que establezcan los tipos de cursos, adiestramiento y capacitación, así como las formas de evaluación del personal que integrará la Guardia,  puntualiza la Semar.

En otro oficio (1505/19) fechado el 30 de abril y con el mismo argumento, la Secretaría de Marina señala que tampoco es posible conocer ni de requisitos de reclutamiento para nuevos aspirantes, ni de centros de reclutamiento. “La Guardia un no se encuentra integrada” señala.

Lee: ¿Qué delitos va a combatir? ¿Qué pasará con los soldados? Las claves de la Guardia Nacional

Una situación similar ocurre con la Policía Federal. Se solicitó a dicha corporación así como a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –a la que constitucionalmente quedó adscrita la Guardia Nacional– conocer los requisitos de reclutamiento de nuevos elementos para la Guardia y la cantidad de policías federales transferidos.

En el oficio SSPC/ST/0171/2019, la SSPC dice que no es posible informar sobre requisitos y evaluación de reclutamiento de integrantes de la Guardia ni de policías transferidos, ya que esta carece aún de una ley que la regule.

“Las condiciones de operación, estructura, régimen, y actuación de los integrantes de la Guardia Nacional estarán previstos en la Ley correspondiente (…) por tanto las atribuciones y vinculación de la estructura orgánica de la Guardia Nacional se encuentran en etapa de integración”, señaló la dependencia.

Exactamente la misma respuesta proporciona la dependencia en cuanto a la posibilidad de que ya funcionen centros de reclutamiento, pues sostiene que sin ley no es posible; también dijo que tiene registrados cero elementos transferidos desde sus divisiones a la Guardia Nacional.

Soldados y opacidad

En las imágenes que se han difundido tras el anuncio del gobierno federal del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Veracruz y otros estados se aprecia a elementos del Ejército en el terreno con gafetes de dicha fuerza, y a otros elementos con uniformes de Guardia Nacional. Todos esos uniformes fabricados por la propia Sedena.

Luis Rodríguez Bucio, nombrado comandante de la Guardia Nacional, es de hecho general de brigada de la propia Defensa Nacional.

Pero hasta ahora no se han dado detalles precisos ni del total de elementos transferidos, ni de las circunstancias en que esto habría ocurrido, ni de los requisitos o capacitación en seguridad pública que los soldados enviados habrían cumplido, si es que fue el caso.

Animal Político solicitó a la Sedena la misma información que a la Semar, SSPC y Policía Federal, pero la dependencia pidió un plazo de prórroga para dar alguna respuesta.

Lo que también se hizo fue solicitar a la Oficina de la Presidencia los “acuerdos generales” que según la reforma constitucional de Guardia Nacional tuvo que haber firmado el presidente para enviar al menos a los elementos de policía militar a la nueva fuerza.

Sin embargo, en su respuesta a la solicitud, la Oficina de la Presidencia se negó a proporcionar dichos acuerdos al señalar que “no es un asunto de su competencia” y que, en todo caso, sería la Consejería Jurídica la que podría pronunciarse al respecto. Además, señala que tampoco es su obligación contar con la información que sustente los dichos y aseveraciones del presidente.

Semana clave para Ley de Guardia

El próximo 14 de mayo el Senado tiene previsto arrancar en comisiones el análisis del dictamen de la Ley de Guardia Nacional la cual, de acuerdo con la reforma constitucional ya publicada, debe expedirse a más tardar el próximo día 25 del mismo mes.

Los senadores han reiterado que no se trata simplemente de una ley orgánica sino de una norma que dará todo el sustento y arquitectura que requiere la Guardia Nacional, delimitando desde sus funciones y mecanismos de colaboración con otras entidades, hasta su organización interna, y los requisitos de formación, reclutamiento y disciplina de sus elementos.

Animal Político dio a conocer varios de los puntos clave que incluye la iniciativa que el gobierno federal entregó en el Senado para la expedición de la referida normal la cual, para su aprobación solo requiere de una mayoría simple, algo que Morena y sus aliados conjuntan por sí solos.

El colectivo #SeguridadSinGuerra emitió este 9 de mayo un pronunciamiento público en las instalaciones del Senado en el que exigieron que antes de la votación de un posible dictamen de Ley de Guardia Nacional, se realice un proceso de parlamento abierto para que expertos y activistas aporten puntos de vista que garanticen una norma que garantice que la Guardia será una fuerza civil efectiva y con respeto a los derechos humanos.

Aquí puedes consultar las solicitudes realizadas a las dependencias:

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#YoSoyAnimal

Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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