Migración admite que tiene instalaciones inadecuadas, ante fallas y violencia en estaciones
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Migración admite que tiene instalaciones inadecuadas, ante fallas y violencia en estaciones

El comisionado Tonatiuh Guillén reconoció que las estaciones migratorias son “inadecuadas”, tras la muerte de una guatemalteca bajo custodia del INM.
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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, admitió que sus instalaciones son “inadecuadas” para el flujo de familias centroamericanas que cruzan hacia Estados Unidos, por lo que prevé la construcción de un nuevo “albergue” en Tapachula, Chiapas, que funcionaría en paralelo a Siglo XXI, estación que en los últimos meses ha registrado episodios violentos y que actualmente está asegurada por la Guardia Nacional.

La muerte de una niña guatemalteca de 10 años, que falleció el 15 de mayo en un hospital de Ciudad de México cuando estaba bajo custodia del INM, ha vuelto a poner el foco sobre las condiciones en las que los migrantes en situación irregular son detenidos y privados de la libertad hasta su deportación.

Entrevistado por Animal Político, el comisionado reconoció que sus instalaciones no están preparadas para acoger a los centroamericanos que, como la menor y su madre, están en proceso de ser devueltos a su país de origen. Una investigación judicial determinará si hubo algún tipo de negligencia. La gran incógnita está en el tiempo transcurrido desde que la niña cayó de una litera en el centro de detención hasta su traslado al hospital. Si fue inmediatamente atendida o se perdió un tiempo precioso que, quizás, hubiese podido salvar su vida. Organizaciones de la sociedad civil como Pueblos Sin Fronteras han alertado que las condiciones en las estaciones migratorias no son las óptimas para atender a menores.

“Esta una investigación en curso de carácter judicial para saber si hubo responsabilidad de alguien del instituto”, dijo Guillén, por lo que la versión de los hechos que relata es “preliminar”.

Al final, serán los investigadores los que establezcan qué es lo que ocurrió en la estación y por qué falleció la menor. El comisionado aportó lo que sabe. Que la niña, junto a su mamá, su tía y su primo, de su misma edad, fueron trasladados desde Chihuahua a Ciudad de México en autobús.

“Llegaron en la madrugada del día 15, sobre las 2 de la mañana. La mamá reportó que la niña traía problemas en la garganta. De inmediato, a las 3 de la mañana, la reviso un médico, que le dio un medicamento”, afirmó Guillén.

“En la mañana, otro médico la volvió a revisar de la garganta y también le dio medicamento. En la tarde, no sé la hora, la mamá reporto que se cayó la niña de la litera. Por los datos posteriores, esa caída le provoco el fallecimiento”, explicó.

Desde que la menor cayó hasta que fue trasladada transcurrió un tiempo que Guillén dice desconocer. “No tengo el detalle, pero debió haber pasado tiempo. No se cuánto, porque llegó otro médico y es cuando se decide el traslado al hospital. Eso se tiene que investigar. No conozco las características de la caída ni qué pasó. Son cuestiones médicas”, afirmó.

Tampoco conoce los detalles sobre por qué la menor fue conducida al hospital pediátrico de Coyoacán y no al de Iztapalapa, que se encuentra más cerca de la estación migratoria. “No lo sé. Los médicos deben saber por qué toman una decisión”, aseguró.

En una primera tarjeta informativa publicada el 16 de mayo, un día después de la muerte de la menor, el INM reveló que esta había referido dolores en la garganta, lo que podía dar a entender que esta era la causa de su fallecimiento. Horas más tarde, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, revelaba que la causa del deceso era la caída de la litera. “Como la niña falleció debíamos comunicar lo que se sabía hasta el momento y eso es lo que se sabía”, afirma Guillén.

Dos días después del fallecimiento de la niña, Animal Político publicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigaba una queja formulada por el consulado de Guatemala en Tijuana, que protestó por no haber sido informado de la detención de la familia guatemalteca en Chihuahua y su traslado a Ciudad de México. “No tengo conocimiento de la queja”, asegura el comisionado, que reitera que “se informó de inmediato al consulado”. “Tenemos una comunicación diaria y muy estrecha. Se informa siempre, hay un procedimiento de informe general. Cuando se tienen personas de la nacionalidad centroamericana hay un aviso muy pronto”, dice.

No se ha hecho público cuándo fue detenida la niña y sus familiares. Guillén cree que “lo más probable” es que fuese “el día previo” a su traslado a Ciudad de México. “En Chihuahua no hay espacio”, aseguró, lo que habría motivado su traslado, en autobús y por la noche, hasta llegar a las dos de la mañana a la capital.

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“El flujo (de migrantes) ha crecido de manera impresionante, estimamos que la trayectoria de años anteriores se duplica”, dijo Guillén. En cifras absolutas, el comisionado cree que 2019 podría cerrarse con un horizonte de 700 mil u 800 mil personas.

Guillén aseguró que un tercio de las personas que han sido detenidas por el INM (aunque la institución habla de “aseguradas” y nunca “detenidas” o “arrestadas”) son menores, entre 18 mil y 19 mil solo en lo que va de año. Dice que suelen llegar con problemas digestivos, respiratorios, con varicela o enfermedades de la piel, provocadas por las condiciones de falta de higiene en las que viajan.

“Es una situación muy difícil, no solo por los números sino por las condiciones que llevan los niños”. El comisionado explica este cambio en las tendencias migratorias, de jóvenes solos a familias con niños pequeños, en que “el flujo ha aprendido que llegar con niños te abre posibilidades de atención y de recepción más favorables (en Estados Unidos) que llegar sin niños”.

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Guillén planteó dos líneas de actuación: un protocolo de atención a menores no acompañados, que los canaliza a los sistemas DIF y no a las estaciones migratorias, así como mantener a los menores que van con sus familias junto a sus padres y no separarlos. Es el caso de la niña guatemalteca. El problema, admitió, es que los centros en los que se mantiene encerrados a los migrantes que no tienen su situación regularizada es que “no tienen la infraestructura adecuada”. ¿Cayó la menor guatemalteca de una litera no preparada para que durmiese en ella una niña? Eso lo determinará la investigación.

A falta de saber qué ocurrió en este caso concreto, el comisionado explicó las acciones planeadas para que no se repita un fallecimiento de estas características. Recientemente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de transformar las estaciones migratorias en “albergues” y señaló que quienes tuviesen tarjeta de visitante por motivos humanitarios o permiso de trabajo podrían entrar y salir libremente. Bajo esas condiciones, la niña que murió en “Las Agujas” hubiese estado igualmente encerrada, ya que ni ella ni su madre tenían documentación alguna y solo esperaban a ser deportadas.

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Falta mucho por conocer sobre este proceso que plantea Gobernación. Aunque el responsable del INM anunció un primer paso: la construcción de un “albergue” en Tapachula, Chiapas, uno de los municipios que recibe un mayor número de migrantes. “Ya veremos qué haremos con Siglo XXI”, dijo, en referencia a la estación migratoria actualmente en funcionamiento.

En una entrevista concedida a Newsweek Mexico y Animal Político en noviembre, Guillén dejó abierta la puerta a la construcción de nuevas infraestructuras, aunque hasta ahora no se habían ofrecido datos concretos sobre un proyecto y su ubicación.

La nueva infraestructura se ubicaría en un terreno de 15 hectáreas cercano al aeropuerto de Tapachula y tendría, según Guillén. “otro concepto, otro equipamiento, adecuado al perfil de las familias”.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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