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Odebrecht
Fiscalía no puede clasificar caso Odebrecht porque implica a funcionarios corruptos: INAI
El nuevo criterio abre la puerta para que otras investigaciones relacionadas con hechos de corrupción también puedan ser transparentadas.
Odebrecht
20 de mayo, 2019
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El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió que la identidad de los funcionarios implicados en la investigación penal del Caso Odebrecht y su declaraciones no pueden seguir bajo reserva, debido a que se trata de un caso relacionado con posibles hechos de corrupción, lo que legalmente anula su clasificación.

Se trata de un nuevo criterio adoptado por el pleno del Instituto en la resolución de dos recursos de queja: el RRA 1035/19 y el RRA 1128/19 (este último promovido por Animal Político), en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de proporcionar los datos. Previo a este criterio, el INAI ya había ordenado abrir el caso Odebrecht, pero solo por considerarlo de interés público.

La FGR se ha negado a transparentar el caso (incluso con demandas de amparo promovidas en el anterior sexenio y en el actual), argumentando que las carpetas de investigación y averiguaciones previas son información clasificada.

Pero de acuerdo con las nuevas resoluciones de los comisionados, el nombramiento del primer fiscal anticorrupción del país, ocurrido el pasado 12 de febrero, automáticamente hizo entrar en vigor las reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción, que se habían expedido desde 2015 con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

En dicha reforma se establecieron una serie de delitos que se tipifican como hechos de corrupción, entre ellos el cohecho y el enriquecimiento ilícito,  que son las conductas delictivas por las cuales se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 correspondiente al caso Odebrecht.

La entrada en vigor de dicha reforma resulta de vital importancia, explica la resolución, porque el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla dos excepciones por las cuales una averiguación o carpeta de investigación tiene que ser desclasificada: que se trate de graves violaciones a derechos humanos, o que se trate de hechos de corrupción.

De esta forma, al haberse nombrado fiscal anticorrupción y con ello entrar en vigor las reformas al Código Penal, se activa la tipificación de delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito en hechos de corrupción. Es decir, el caso Odebrecht es un caso de hechos de corrupción, advierte la resolución, y por tanto cae en uno de los dos supuesto por el cual no se puede mantener clasificado.

Se trataría de una situación similar a la del caso Ayotzinapa, cuyas carpetas de investigación tuvieron que ser abiertas por recaer en la otra excepción: la de un caso de graves violaciones a derechos humanos.

Esta situación anula el argumento de la PGR de que ningún caso podría tipificarse como de corrupción porque no se había nombrado a un fiscal, y por tanto no entraba en vigor la reforma en la materia, situación que ya ocurrió. Y en consecuencia se actualiza una de las dos condiciones de desclasificación descritas en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia.

“Resulta evidente que las conductas que se persiguen en el caso Odebrecht están catalogadas como actos u hechos de corrupción, toda vez que existe la acusación de posibles sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht, lo que sin duda es considerado en el Código Penal Federal reformado así como en el artículo IV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como actos de corrupción”, indica la resolución.

Por los anteriores motivos es que el pleno del INAI, de manera unánime, determinó revocar la negativa de FGR en el caso Odebrecht, y le instruye a que proporcione la información a la luz del nuevo criterio adoptado.

Respuesta pendiente, amparos en marcha

Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado una respuesta a las resoluciones RRA 1035/19 y RRA 1128/19 en las que INAI ordena abrir datos del caso, por tratarse de hechos de corrupción.

Lo que sí ha hecho hasta ahora, de forma reiterada, es negarse a acatar las anteriores resoluciones del INAI en las cuales, bajo el argumento del interés público por encima de la afectación privada, ya se había ordenado transparentar el caso. Incluso ha recurrido a la promoción de varios amparos para no acatar la instrucción.

Por citar la negativa más reciente. El pasado 7 de mayo la FGR remitió a Animal Político el oficio FGR/UTAG/DG/002969/2019 en la que da cumplimiento a la resolución RRA 1129/19, derivada de otra solicitud de este medio solicitando información del caso Odebrecht. El INAI había resuelto que por ser un tema de interés público debía informarse.

Peor la Fiscalía dijo que se encuentra en una “una imposibilidad jurídica” para proporcionar la información debido a que cuenta con suspensiones definitivas derivadas de las demandas de amparo 1386/2018-V y 148/2019, promovidas en contra de anteriores requerimientos del INAI para transparentar el caso Odebrecht.

Cabe señalar que en sus nuevas resoluciones el INAI ha sostenido que dichas demandas de amparo no deberían ser un obstáculo para informar, pues fueron promovidas en el contexto de otros recursos de revisión, y por lo tanto solo serían aplicables a los anteriores.

Por otro lado el oficio entregado por la FGR  contradice lo dicho por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una conferencia de prensa del pasado 5 de mayo, en la cual aseguró que estaba a favor de la transparencia en el caso Odebrecht, pero dijo que estaba impedido de llevarlo a cabo por demandas de amparo que – insistió el fiscal – provienen del sexenio pasado y no de la actual gestión.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Poder Judicial Federal (consultados en la página de expedientes del Consejo de la Judicatura) la demanda de amparo 148/2019 referida por la FGR en su escrito, fue promovida el pasado 8 de febrero de 2019 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, el cual el 19 de febrero determinó conceder la suspensión definitiva.

Es decir, se trata de una nueva demanda de amparo promovida en la administración del fiscal General Gertz Manero.

Quien también promovió una demanda de amparo en contra de resoluciones del INAI en el caso Odebrecht es el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, uno de los investigados por los presuntos sobornos de la constructora. En este caso un tribunal federal ratificó que los datos personales de Lozoya deben estar bajo reserva, pero a su vez negó la petición del exfuncionario priista para que se tuviera bajo reserva el expediente completo de la investigación.

En todos estos casos los jueces federales aún no han determinado de fondo si conceden o no los amparos, pues las audiencias para ello se han aplazado en repetidas ocasiones.

¿Se abre la caja de pandora?

El nuevo criterio utilizado para la desclasificación del caso Odebrecht podría ser utilizado también para que múltiples casos relacionados con presuntos hechos de corrupción comiencen a transparentarse, de acuerdo con el comisionado Joel Salas.

El comisionado indicó que con la entrada en vigor de las reformas en materia de corrupción es claro que no aplica la reserva de información para ninguno de estos casos.

Incluso, al emitir un voto particular en la nueva resolución del caso Odebrecht, Joel Salas advierte que desde un inicio resulta improcedente cualquier argumento de reserva en contra de transparentar este caso, ya que, contrario a lo considerado por otros comisionados, está claro desde un inicio que se trata de un hecho de corrupción y, por tanto, su apertura debe ser una regla general y no una excepción.

“Desde mi perspectiva la naturaleza de la información relacionada con actos de corrupción, per se, obedece a la regla general de publicidad, sin medir actualización previa de reserva”, señala Joel Salas quien, además, también advirtió que esta regla general no debería estar condicionada al nombramiento de un fiscal.

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¿Cuáles son los riesgos de una potencial guerra comercial entre México y Estados Unidos?
La subida de 5% en aranceles de EU anunciada por Trump para todas las importaciones desde México "hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal" podría ser el inicio de una guerra comercial con el que es ahora su mayor socio.
31 de mayo, 2019
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“Sería una locura que Donald Trump provocara una guerra comercial con México, que ahora es su mayor socio comercial”.

Una frase muy tajante de Juan Carlos Barrón, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, con la que coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo.

El anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de un 5% a todos los productos que se importan desde México “hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados”, tomó por sorpresa a la mayoría en el país latinoamericano.

Y es tan grave que los analistas califican como el potencial inicio de una guerra comercial entre estos dos países.

“Si se implementaran estos aranceles, Trump le daría un balazo a su base electoral y base económica. Si no le bastó iniciar una guerra comercial con China, que era su primer socio comercial hasta hace poco y ahora va por México, evidentemente tiene una visión distópica de la realidad”, dice Gabriel Guerra, presidente de la consultora Guerra Castellanos y Asociados.

Los expertos coinciden que los primeros afectados serían los consumidores estadounidenses. “El impuesto adicional lo terminaría pagando en primera instancia el importador, luego el consumidor, que termina pagando más por el mismo producto”, dice Guerra, también exdiplomático.

Añade que además, si México responde con medidas similares, los estados más afectados de EE.UU. podrían ser los estados agrícolas, que son los que más exportan a México y que “son la base electoral de Donald Trump”.

También, se verían afectadas muchas industrias que tienen cadenas de suministro establecido en México, ya que aumentaran sus costos. “Estas medidas son totalmente contrarias al espíritu de renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, asegura.

Por otra parte, los analistas dicen que es un “craso error” que Trump piense que México puede parar la migración ilegal y además, querer castigar a este fenómeno con aranceles.

“México está haciendo mucho, pero no hay un país en el mundo que pueda poner freno absoluto a la migración ilegal cuando hay gente lo suficientemente desesperada para buscar oportunidades”, dice Guerra.

Comitiva mexicana a EE.UU.

Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas“, escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una carta como respuesta al anuncio a su homólogo.

AMLO pide que Washington atienda a la comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que se dirige a Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo.

“¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”, dice la carta.

Los analistas aplauden la respuesta de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC que aseguró que de ponerse los aranceles México debe “responder en forma enérgica“.

Seade calificó el anuncio como “desastroso” y agregó que “esa amenaza llevada a la acción sería gravísima”, durante una conferencia donde precisamente detallaba a la prensa el proceso de ratificación del tratado, del que se mostraba satisfecho.

Barrón, investigador del CISAN, apunta además que México puede echar mano de varios mecanismos legales y comerciales para contrarrestar la medida de Trump.

“El gobierno tiene a su alcance maniobras como llevar el caso a organismos internacionales alegando que se violan convenios, por ejemplo los limites impuestos por la Organización Mundial del Comercio. También podría apelar a la diplomacia subnacional porque varios estados de EE.UU. se verían más afectados que México con esta medida”, dice.

Para el analista, si llegaran a implementarse estos aranceles, “Estados Unidos no se daría solo un disparo en el pie, sino más arriba”.

“México está curado de espanto”

A pesar de la gravedad de la amenaza, el exdiplomático Guerra apunta que México debe tomarla con calma.

“Los mexicanos estamos curados de espanto porque ya llevamos años recibiendo ofensas y agravios de Trump”, dice.

Apunta que estaeanuncio está enmarcado en un momento crucial para Trump, que está tratando de subordinar las realidades económicas a sus intereses político electorales.

“Por una parte quiere desviar la atención por el escándalo jurídico en el que está envuelto y por otra parte quiere hacer campaña para su reelección. Por lo tanto debemos partir de la base que todo lo que hace está relacionado con alguno de estos temas”, asegura.

De surgir una guerra comercial entre México y Estados Unidos, el costo económico sería para los dos países. Pero, el costo político sería mayor para Trump, dice.

Por ahora, el anuncio causó que el peso se depreciara 2,57% frente al dólar, llegando a 19,58 por dólar.


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