Fiscalía no puede clasificar caso Odebrecht porque implica a funcionarios corruptos: INAI
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Fiscalía no puede clasificar caso Odebrecht porque implica a funcionarios corruptos: INAI

El nuevo criterio abre la puerta para que otras investigaciones relacionadas con hechos de corrupción también puedan ser transparentadas.
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20 de mayo, 2019
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El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió que la identidad de los funcionarios implicados en la investigación penal del Caso Odebrecht y su declaraciones no pueden seguir bajo reserva, debido a que se trata de un caso relacionado con posibles hechos de corrupción, lo que legalmente anula su clasificación.

Se trata de un nuevo criterio adoptado por el pleno del Instituto en la resolución de dos recursos de queja: el RRA 1035/19 y el RRA 1128/19 (este último promovido por Animal Político), en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de proporcionar los datos. Previo a este criterio, el INAI ya había ordenado abrir el caso Odebrecht, pero solo por considerarlo de interés público.

La FGR se ha negado a transparentar el caso (incluso con demandas de amparo promovidas en el anterior sexenio y en el actual), argumentando que las carpetas de investigación y averiguaciones previas son información clasificada.

Pero de acuerdo con las nuevas resoluciones de los comisionados, el nombramiento del primer fiscal anticorrupción del país, ocurrido el pasado 12 de febrero, automáticamente hizo entrar en vigor las reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción, que se habían expedido desde 2015 con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

En dicha reforma se establecieron una serie de delitos que se tipifican como hechos de corrupción, entre ellos el cohecho y el enriquecimiento ilícito,  que son las conductas delictivas por las cuales se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 correspondiente al caso Odebrecht.

La entrada en vigor de dicha reforma resulta de vital importancia, explica la resolución, porque el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla dos excepciones por las cuales una averiguación o carpeta de investigación tiene que ser desclasificada: que se trate de graves violaciones a derechos humanos, o que se trate de hechos de corrupción.

De esta forma, al haberse nombrado fiscal anticorrupción y con ello entrar en vigor las reformas al Código Penal, se activa la tipificación de delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito en hechos de corrupción. Es decir, el caso Odebrecht es un caso de hechos de corrupción, advierte la resolución, y por tanto cae en uno de los dos supuesto por el cual no se puede mantener clasificado.

Se trataría de una situación similar a la del caso Ayotzinapa, cuyas carpetas de investigación tuvieron que ser abiertas por recaer en la otra excepción: la de un caso de graves violaciones a derechos humanos.

Esta situación anula el argumento de la PGR de que ningún caso podría tipificarse como de corrupción porque no se había nombrado a un fiscal, y por tanto no entraba en vigor la reforma en la materia, situación que ya ocurrió. Y en consecuencia se actualiza una de las dos condiciones de desclasificación descritas en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia.

“Resulta evidente que las conductas que se persiguen en el caso Odebrecht están catalogadas como actos u hechos de corrupción, toda vez que existe la acusación de posibles sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht, lo que sin duda es considerado en el Código Penal Federal reformado así como en el artículo IV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como actos de corrupción”, indica la resolución.

Por los anteriores motivos es que el pleno del INAI, de manera unánime, determinó revocar la negativa de FGR en el caso Odebrecht, y le instruye a que proporcione la información a la luz del nuevo criterio adoptado.

Respuesta pendiente, amparos en marcha

Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado una respuesta a las resoluciones RRA 1035/19 y RRA 1128/19 en las que INAI ordena abrir datos del caso, por tratarse de hechos de corrupción.

Lo que sí ha hecho hasta ahora, de forma reiterada, es negarse a acatar las anteriores resoluciones del INAI en las cuales, bajo el argumento del interés público por encima de la afectación privada, ya se había ordenado transparentar el caso. Incluso ha recurrido a la promoción de varios amparos para no acatar la instrucción.

Por citar la negativa más reciente. El pasado 7 de mayo la FGR remitió a Animal Político el oficio FGR/UTAG/DG/002969/2019 en la que da cumplimiento a la resolución RRA 1129/19, derivada de otra solicitud de este medio solicitando información del caso Odebrecht. El INAI había resuelto que por ser un tema de interés público debía informarse.

Peor la Fiscalía dijo que se encuentra en una “una imposibilidad jurídica” para proporcionar la información debido a que cuenta con suspensiones definitivas derivadas de las demandas de amparo 1386/2018-V y 148/2019, promovidas en contra de anteriores requerimientos del INAI para transparentar el caso Odebrecht.

Cabe señalar que en sus nuevas resoluciones el INAI ha sostenido que dichas demandas de amparo no deberían ser un obstáculo para informar, pues fueron promovidas en el contexto de otros recursos de revisión, y por lo tanto solo serían aplicables a los anteriores.

Por otro lado el oficio entregado por la FGR  contradice lo dicho por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una conferencia de prensa del pasado 5 de mayo, en la cual aseguró que estaba a favor de la transparencia en el caso Odebrecht, pero dijo que estaba impedido de llevarlo a cabo por demandas de amparo que – insistió el fiscal – provienen del sexenio pasado y no de la actual gestión.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Poder Judicial Federal (consultados en la página de expedientes del Consejo de la Judicatura) la demanda de amparo 148/2019 referida por la FGR en su escrito, fue promovida el pasado 8 de febrero de 2019 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, el cual el 19 de febrero determinó conceder la suspensión definitiva.

Es decir, se trata de una nueva demanda de amparo promovida en la administración del fiscal General Gertz Manero.

Quien también promovió una demanda de amparo en contra de resoluciones del INAI en el caso Odebrecht es el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, uno de los investigados por los presuntos sobornos de la constructora. En este caso un tribunal federal ratificó que los datos personales de Lozoya deben estar bajo reserva, pero a su vez negó la petición del exfuncionario priista para que se tuviera bajo reserva el expediente completo de la investigación.

En todos estos casos los jueces federales aún no han determinado de fondo si conceden o no los amparos, pues las audiencias para ello se han aplazado en repetidas ocasiones.

¿Se abre la caja de pandora?

El nuevo criterio utilizado para la desclasificación del caso Odebrecht podría ser utilizado también para que múltiples casos relacionados con presuntos hechos de corrupción comiencen a transparentarse, de acuerdo con el comisionado Joel Salas.

El comisionado indicó que con la entrada en vigor de las reformas en materia de corrupción es claro que no aplica la reserva de información para ninguno de estos casos.

Incluso, al emitir un voto particular en la nueva resolución del caso Odebrecht, Joel Salas advierte que desde un inicio resulta improcedente cualquier argumento de reserva en contra de transparentar este caso, ya que, contrario a lo considerado por otros comisionados, está claro desde un inicio que se trata de un hecho de corrupción y, por tanto, su apertura debe ser una regla general y no una excepción.

“Desde mi perspectiva la naturaleza de la información relacionada con actos de corrupción, per se, obedece a la regla general de publicidad, sin medir actualización previa de reserva”, señala Joel Salas quien, además, también advirtió que esta regla general no debería estar condicionada al nombramiento de un fiscal.

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Países como Colombia o México 'no tienen alternativa' a seguir con la guerra contra las drogas: expresidente Rafael Pardo

El colombiano Rafael Pardo fue uno de los políticos que tuvo que lidiar con la lucha contra el tráfico de narcóticos, una guerra dirigida por Estados Unidos que, según él, países como Colombia o México no tienen otra opción que acoger.
21 de junio, 2021
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Han pasado 50 años y la guerra contra las drogas sigue sin ganarse.

Este mes se cumple medio siglo desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

Una política interna de Washington que marcó profundamente a Colombia, México y otros países de América Latina.

El político colombiano Rafael Pardo es quizá una de las personas que más de cerca vivió esa guerra en la región.

Con 30 años entró al gobierno como consejero de paz y entre 1991 y 1994 fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria.

Desde ahí tuvo que enfrentar al poderoso cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. En esos años el narco fue detenido como parte de una amnistía, se escapó de la cárcel y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993.

Rafael Pardo

AFP
Rafael Pardo ha sido miembros del establecimiento político durante décadas en Colombia, pero además ha sido escritor de varios libros, entre ellos “La guerra sin fin”.

Pardo luego fue periodista, candidato a la presidencia y a la alcaldía de Bogotá, ministro de Trabajo y ficha clave del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su libro “Guerra sin fin” sobre el tráfico de narcóticos se publicó el año pasado por la editorial Planeta.

A propósito del aniversario del anuncio de Nixon, Pardo habló con BBC Mundo.


Usted hizo parte fundamental del establecimiento político que luchó contra el narco durante décadas. ¿Cree que se equivocaron en algo?

En los años 80 ya había pasado el boom de la marihuana y empezaba el de la cocaína. Los carteles estaban en auge. Hoy ya no existen. Pablo Escobar y su cartel de Medellín ya no están y el cartel de Cali fue extraditado.

Cuando era ministro de Defensa, entre el 91 y el 94, fumigamos la amapola y Colombia hoy es un productor marginal de ese producto base para la producción de heroína.

La prioridad era librarnos de narcoterrorismo y nos libramos.

¿Tenían o tienen países como Colombia o México una opción distinta a seguir y apoyar la política antidrogas de Washington?

Nuestros países no tenían ni tienen alternativa a seguir con la guerra contra las drogas.

Es clave, antes y ahora, estar en sintonía con Estados Unidos, porque su influencia nos marca en todo sentido: económico, militar y político.

Y en este gobierno (de Estados Unidos) de Joe Biden no se muestra ningún signo de cambio.

¿Qué impacto tuvo el narcotráfico en la economía colombiana?

La revaluación del peso es uno, y eso le restó competitividad a la economía legal, porque quitó los incentivos para exportar. Colombia sería un país más próspero si no hubiera narcotráfico.

El dólar callejero está tradicionalmente más bajo que el dólar en las casas de cambio o en los bancos.

Pero además hay un efecto cultural. La riqueza fácil, la idea de que todo vale para enriquecerse, marcó a este país. Hasta en los colegios hay cierta admiración por los narcos.

El narcotráfico ha sido una desgracia para Colombia.

Campesino cocalero

AFP

Sabemos que no solo en Colombia, sino en Perú y México, importantes dirigentes políticos recibieron dinero de esa industria. ¿Hasta qué punto el narcotráfico se convirtió en un eje de la política?

Hay un ejemplo en Colombia que prefiero no nombrar. Mejor sí lo nombro: Ernesto Samper (presidente entre el 94 y el 98 cuya campaña presidencial recibió dineros del narco).

¿Quién se ha beneficiado de la guerra contra las drogas?

Los narcos y las agencias antidrogas.

En Colombia se han intentado todo tipo de estrategias para sustituir cultivos ilegales por legales. Pero ¿tiene sentido seguir insistiendo en esas estrategias mientras las drogas sean el negocio más rentable para un campesino?

Sustituir es la opción más sostenible para los campesinos, que son el eslabón más débil, el que menos gana. No hay un solo campesino rico. Solo sobreviven.

Las ganancias no están ahí, sino en los intermediarios.

Pero ¿sustituir es mejor opción que legalizar?

No es tan sencillo. Hay que atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas: pobreza, informalidad, exclusión.

Luego romper el prohibicionismo con políticas de descriminalización a pequeñas dosis y de salud pública que ataquen la adicción.

Eso debe ir de la mano de cooperación internacional, porque un país productor no supera este trauma solo.

Guerra contra las drogas

AFP

¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir al narcotráfico en la persistencia de problemáticas como la criminalidad, la sobrepoblación carcelaria o la corrupción en América Latina?

La criminalidad está altamente relacionada con la droga.

La sobrepoblación carcelaria tiene que ver con jóvenes que en su mayoría son acusados de tráfico de drogas.

La corrupción en sentido estricto no tiene que ver con drogas, pero la cultura del “todo vale” es un incentivo para la corrupción.

¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de volver a hacer aspersiones con glifosato para erradicar cultivos de coca?

Estoy a favor de la aspersión para el cultivo de amapola, que es una mata más débil. Pero la coca es más fuerte. La amapola requiere de una aspersión mientras que la coca requiere múltiples aspersiones.

Estados Unidos, que ha estado 19 años en Afganistán, no ha fumigado nunca. Probablemente en Afganistán no tienen en cuenta los efectos cancerígenos, sino que reconocen que la efectividad no está probada.

Considerando los afectos cancerígenos del glifosato, el proyecto de Duque es una locura.

Primero porque su efectividad es nula. Segundo porque va a generar una agitación social en las zonas productoras.

Y tercero porque va a repercutir en costosas demandas legales al presidente, al ministro de Defensa y, en últimas, al Estado.

Es más fácil y más barato sustituir.


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