Fiscalía no puede clasificar caso Odebrecht porque implica a funcionarios corruptos: INAI
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Fiscalía no puede clasificar caso Odebrecht porque implica a funcionarios corruptos: INAI

El nuevo criterio abre la puerta para que otras investigaciones relacionadas con hechos de corrupción también puedan ser transparentadas.
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20 de mayo, 2019
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El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió que la identidad de los funcionarios implicados en la investigación penal del Caso Odebrecht y su declaraciones no pueden seguir bajo reserva, debido a que se trata de un caso relacionado con posibles hechos de corrupción, lo que legalmente anula su clasificación.

Se trata de un nuevo criterio adoptado por el pleno del Instituto en la resolución de dos recursos de queja: el RRA 1035/19 y el RRA 1128/19 (este último promovido por Animal Político), en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de proporcionar los datos. Previo a este criterio, el INAI ya había ordenado abrir el caso Odebrecht, pero solo por considerarlo de interés público.

La FGR se ha negado a transparentar el caso (incluso con demandas de amparo promovidas en el anterior sexenio y en el actual), argumentando que las carpetas de investigación y averiguaciones previas son información clasificada.

Pero de acuerdo con las nuevas resoluciones de los comisionados, el nombramiento del primer fiscal anticorrupción del país, ocurrido el pasado 12 de febrero, automáticamente hizo entrar en vigor las reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción, que se habían expedido desde 2015 con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

En dicha reforma se establecieron una serie de delitos que se tipifican como hechos de corrupción, entre ellos el cohecho y el enriquecimiento ilícito,  que son las conductas delictivas por las cuales se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 correspondiente al caso Odebrecht.

La entrada en vigor de dicha reforma resulta de vital importancia, explica la resolución, porque el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla dos excepciones por las cuales una averiguación o carpeta de investigación tiene que ser desclasificada: que se trate de graves violaciones a derechos humanos, o que se trate de hechos de corrupción.

De esta forma, al haberse nombrado fiscal anticorrupción y con ello entrar en vigor las reformas al Código Penal, se activa la tipificación de delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito en hechos de corrupción. Es decir, el caso Odebrecht es un caso de hechos de corrupción, advierte la resolución, y por tanto cae en uno de los dos supuesto por el cual no se puede mantener clasificado.

Se trataría de una situación similar a la del caso Ayotzinapa, cuyas carpetas de investigación tuvieron que ser abiertas por recaer en la otra excepción: la de un caso de graves violaciones a derechos humanos.

Esta situación anula el argumento de la PGR de que ningún caso podría tipificarse como de corrupción porque no se había nombrado a un fiscal, y por tanto no entraba en vigor la reforma en la materia, situación que ya ocurrió. Y en consecuencia se actualiza una de las dos condiciones de desclasificación descritas en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia.

“Resulta evidente que las conductas que se persiguen en el caso Odebrecht están catalogadas como actos u hechos de corrupción, toda vez que existe la acusación de posibles sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht, lo que sin duda es considerado en el Código Penal Federal reformado así como en el artículo IV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como actos de corrupción”, indica la resolución.

Por los anteriores motivos es que el pleno del INAI, de manera unánime, determinó revocar la negativa de FGR en el caso Odebrecht, y le instruye a que proporcione la información a la luz del nuevo criterio adoptado.

Respuesta pendiente, amparos en marcha

Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado una respuesta a las resoluciones RRA 1035/19 y RRA 1128/19 en las que INAI ordena abrir datos del caso, por tratarse de hechos de corrupción.

Lo que sí ha hecho hasta ahora, de forma reiterada, es negarse a acatar las anteriores resoluciones del INAI en las cuales, bajo el argumento del interés público por encima de la afectación privada, ya se había ordenado transparentar el caso. Incluso ha recurrido a la promoción de varios amparos para no acatar la instrucción.

Por citar la negativa más reciente. El pasado 7 de mayo la FGR remitió a Animal Político el oficio FGR/UTAG/DG/002969/2019 en la que da cumplimiento a la resolución RRA 1129/19, derivada de otra solicitud de este medio solicitando información del caso Odebrecht. El INAI había resuelto que por ser un tema de interés público debía informarse.

Peor la Fiscalía dijo que se encuentra en una “una imposibilidad jurídica” para proporcionar la información debido a que cuenta con suspensiones definitivas derivadas de las demandas de amparo 1386/2018-V y 148/2019, promovidas en contra de anteriores requerimientos del INAI para transparentar el caso Odebrecht.

Cabe señalar que en sus nuevas resoluciones el INAI ha sostenido que dichas demandas de amparo no deberían ser un obstáculo para informar, pues fueron promovidas en el contexto de otros recursos de revisión, y por lo tanto solo serían aplicables a los anteriores.

Por otro lado el oficio entregado por la FGR  contradice lo dicho por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una conferencia de prensa del pasado 5 de mayo, en la cual aseguró que estaba a favor de la transparencia en el caso Odebrecht, pero dijo que estaba impedido de llevarlo a cabo por demandas de amparo que – insistió el fiscal – provienen del sexenio pasado y no de la actual gestión.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Poder Judicial Federal (consultados en la página de expedientes del Consejo de la Judicatura) la demanda de amparo 148/2019 referida por la FGR en su escrito, fue promovida el pasado 8 de febrero de 2019 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, el cual el 19 de febrero determinó conceder la suspensión definitiva.

Es decir, se trata de una nueva demanda de amparo promovida en la administración del fiscal General Gertz Manero.

Quien también promovió una demanda de amparo en contra de resoluciones del INAI en el caso Odebrecht es el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, uno de los investigados por los presuntos sobornos de la constructora. En este caso un tribunal federal ratificó que los datos personales de Lozoya deben estar bajo reserva, pero a su vez negó la petición del exfuncionario priista para que se tuviera bajo reserva el expediente completo de la investigación.

En todos estos casos los jueces federales aún no han determinado de fondo si conceden o no los amparos, pues las audiencias para ello se han aplazado en repetidas ocasiones.

¿Se abre la caja de pandora?

El nuevo criterio utilizado para la desclasificación del caso Odebrecht podría ser utilizado también para que múltiples casos relacionados con presuntos hechos de corrupción comiencen a transparentarse, de acuerdo con el comisionado Joel Salas.

El comisionado indicó que con la entrada en vigor de las reformas en materia de corrupción es claro que no aplica la reserva de información para ninguno de estos casos.

Incluso, al emitir un voto particular en la nueva resolución del caso Odebrecht, Joel Salas advierte que desde un inicio resulta improcedente cualquier argumento de reserva en contra de transparentar este caso, ya que, contrario a lo considerado por otros comisionados, está claro desde un inicio que se trata de un hecho de corrupción y, por tanto, su apertura debe ser una regla general y no una excepción.

“Desde mi perspectiva la naturaleza de la información relacionada con actos de corrupción, per se, obedece a la regla general de publicidad, sin medir actualización previa de reserva”, señala Joel Salas quien, además, también advirtió que esta regla general no debería estar condicionada al nombramiento de un fiscal.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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