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Cuartoscuro

De los cientos de detenidos por huachicoleo, solo uno era funcionario de Pemex y no hubo sentencia

Aunque desde 2016 se aprobó la Ley especial contra robo de combustible que agrava penas, no se registra ni un funcionario de Pemex sentenciado por este crimen conocido como huachicoleo.
Cuartoscuro
14 de mayo, 2019
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En enero de 2016 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos que además de tipificar múltiples delitos relacionados con el denominado “huachicoleo”, endureció las penas a los funcionarios públicos que resulten cómplices por comisión u omisión de esta práctica.

Pero datos oficiales revelan que, de enero de 2016 a febrero de 2019, ni un solo servidor o exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido declarado culpable de ser cómplice de delitos contemplados en la referida ley. De hecho solamente hay un caso, que data de 2016, de un servidor público de Pemex detenido sin que dicho proceso haya sido  exitoso.

Lee: De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia

Lo anterior pese a que incluso se han realizado operativos en refinerías donde se han detectado supuestas tomas clandestinas o se han realizado sabotajes, y a que distintas autoridades – incluido el presidente – han señalado que esos delitos no serían posibles sin la complicidad de trabajadores de la paraestatal.

Animal Político solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) – vía solicitudes de transparencia – un balance sobre el número de personas detenidas, procesadas y sentenciadas desde que se aprobó la referida ley especial que ayudaría a prevenir y castigar con mayor eficiencia este tipo de conductas delictivas.

La dependencia a través de sus distintas áreas reportó una cifra de más de 2 mil personas detenidas por su probable responsabilidad en robo de combustible o alguno de los otros ilícitos que contempla la mencionada ley.

No obstante, al cuestionársele cuántos de ellos son servidores públicos o exservidores públicos de Pemex, reportó un solo caso que data de 2016 y cero casos de 2017 a la fecha.

Y en cuanto a procesos que hayan culminado exitosamente con alguna sentencia en contra de un funcionario o exfuncionario de la empresa por esta misma causa, la FGR informó que la cifra es de cero casos hasta la fecha.

Este balance contrasta con acciones que, en su momento, se han anunciado para combatir el robo de hidrocarburo dentro de la propia empresa paraestatal pero que al menos en cuestión de servidores públicos identificados y sancionados no ha dado resultados.

Por ejemplo, apenas el pasado 7 de enero (ya durante la actual administración) se desplegó un importante operativo encabezado por la Secretaria de la Defensa y la Marina en la refinería de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, todos los trabajadores fueron revisados e incluso se habló del decomiso de teléfonos celulares. Pero no se anunciaron los resultados.

Una acción similar se realizó en mayo del año pasado en la misma refinería, cuando fuerzas federales intervinieron sorpresivamente en la misma e incluso se habló de personas detenidas.

Cabe señalar que en enero de este mismo año el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el robo de combustible no era posible sin lo que denominó “una complicidad plena” en el interior de Petróleos Mexicanos, pues acusó que aun cuando se contaba con sistemas de monitoreo de ductos que permitían corroborar la operación de tomas clandestinas, no se emprendieron mayores acciones al respecto.

Lee: En el sexenio de Peña Nieto hubo 2 mil detenidos por huachicol, apenas el 11% fue sentenciado

En un informe dado a conocer el pasado 6 de mayo el fiscal General del país, Alejandro Gertz Manero, dijo que desde diciembre de 2018 se han detenido a más de 620 funcionarios por presuntos hechos de corrupción en el gobierno y que Petróleos Mexicanos era una de las dependencias involucradas.

No obstante, y de acuerdo con las cifras oficiales de la propia Fiscalía, al menos hasta febrero ninguno de esos casos estaría relacionado con robos de combustible.

Sentencias contra huachicoleo: eficacia de 3%

En el informe proporcionado por distintas áreas de la Fiscalía General se advierte que desde la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos – de enero de 2016 a febrero de 2019 – se detuvieron y pusieron a disposición a 2 mil 193 personas por robo de hidrocarburos en distintas modalidades.

Y se detalla que en este mismo periodo la Fiscalía logró que los jueces sometieran a proceso a 376 de las personas detenidas por ilícitos contemplados en la referida ley, y de ellos dictaron sentencia condenatoria en contra de 70. Todos estos casos ya conducidos con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.

Estos datos arrojan que del total de personas detenidas, la Fiscalía logra que jueces vinculen a proceso solamente al 17.14%, mientras que el porcentaje de personas que llegan a sentencia condenatoria es de apenas un 3.1%.

Te puede interesar: Hidalgo cerró 2018 como el estado con más tomas clandestinas; en 4 años aumentaron 1,352%

Lo anterior puede deberse a que el Ministerio Público decidió de inicio que no había evidencia suficiente para llevar ante los detenidos ante el juez o a que, en su defecto, sí los llevó pero falló en aportar los elementos suficientes para que el proceso penal se mantuviera y concluyera con una sentencia.

Animal Político publicó ayer que en el caso de 655 personas que fueron detenidas por presunto robo de combustible ya en el sexenio actual, fue la propia Fiscalía General la que determinó dejar en libertad al 56% de ellas al considerar que no había datos iniciales para sustentar una eventual acusación.

¿Y además de los detenidos?

Se solicitó a la Fiscalía General conocer además de la cifra de personas detenidas, los recursos económicos y los bienes de distinto tipo que se han asegurado como resultado de los operativos y las investigaciones relacionadas con robo de combustible desde que entró en vigor la ley especializada en esta materia.

Lee también: General acusado de huachicoleo negoció la compra de un software de espionaje para Pemex

En cuanto a dinero la FGR reportó el aseguramiento de 8 millones 143 mil 157 pesos de los cuales poco más de 940 mil pesos que equivalen a casi el 12% corresponden a dinero decomisado desde diciembre de 2018 es decir, durante la actual administración También se reportó el decomiso de 2 mil 800 dólares.

Por otro lado la fiscalía reportó el aseguramiento de 544 vehículos de 2016 a la fecha, entre pipas utilizadas para transportar el combustible robado y  automóviles de otro tipo. Además se reportó el decomiso de 80 inmuebles y de 58 armas de fuego.

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AFP

El 'silencio sepulcral' de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EU

Miles de personas abandonaron Centroamérica en los últimos meses. Pero ante la "tragedia humanitaria", como algunos llaman al fenómeno, contrasta el silencio de dos de los países con mayor número de migrantes.
AFP
9 de julio, 2019
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Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500,000 personas.

Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.

De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.

La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.

La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.

Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.

La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.

BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.

“Silencio sepulcral”

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.

La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a 15.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur.

Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.

Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.

El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.

También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

Protestas Honduras

AFP
Desde hace meses Honduras padece una creciente ola de protestas en las calles.

Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.

“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.

“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.

Dinero de EE.UU.

Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.

Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Migración frontera sur

AFP
Desde hace semanas México endureció su política migratoria.

Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.

Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.

En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.

También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.

Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.

Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.

De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.

Albergue Ciudad Juárez

AFP
Los albergues en la frontera norte de México están saturados.

Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.

La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.

“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.

“No culpamos a nadie”

Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?

Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.

La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.

Jimmy Morales

AFP
El presidente Jimmy Morales de Guatemala envió 1.000 policías a la frontera con México.

Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.

La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.

Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.

“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.

Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.

El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.

“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.

“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.


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