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Cámara de Diputados de Brasil.
Proyecto de Bolsonaro busca prohibir que se hable de política y sexualidad en escuelas de Brasil
Mediante un proyecto de ley, apoyado por evangélicos y militares, el gobierno de Brasil impondría un nuevo método de enseñanza y cambiaría la versión de la dictadura militar de 1964.
Cámara de Diputados de Brasil.
Por Vasconcelo Quadros (traducido por Diajanida Hernández) / Agencia Pública
4 de mayo, 2019
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Una de las primeras apariciones de Jair Bolsonaro como presidente electo en Brasil sonó como la lectura de una orden del día en los cuarteles y repercutió como un brote de esquizofrenia en las redes sociales. Con un mensaje “a todos los jóvenes del Brasil”, el capitán retirado que gobierna Brasil desde el 1 de enero se dirigió a los estudiantes de la educación básica: “Vamos a filmar lo que sucede en las aulas de clase y vamos a divulgarlo. Padres, adultos, hombres de bien tienen el derecho de saber lo que esos ‘profesores’” – entrecomilló la palabra con gestos – “andan haciendo en las aulas. Entren en contacto con nosotros”, exhortó Bolsonaro.

El presidente respondía a un estudiante de la provincia de Espírito Santo que envió un video en el que la profesora, irritada por estar siendo grabada sin su consentimiento, amenazaba con procesarlo. La declaración de Bolsonaro fue la señal que impulsó al proyecto de ley llamado “Escuela Sin Partido” para las redes sociales y afectó de lleno la pauta de la Cámara de los Diputados. Como en un acto de magia, los diputados empezaron intensos y estridentes debates hasta el cierre de los trabajos en 2018. Ahora, con el reinicio de los trabajos en febrero, el proyecto debe volver al debate.

La Escuela sin Partido pregona que el profesor se debe limitar a enseñar materias como Biología, Matemática, Portugués, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. O sea, quedaría prohibido discutir en un aula de clases temas como el aborto, el embarazo en la adolescencia o el sida, a pesar del carácter epidémico de la enfermedad. Si aprobada, la ley va afectar todo un sistema que, solo en la educación básica, tiene 48,6 millones de alumnos y 2,2 millones de profesores distribuidos en más de 184 mil escuelas.

El proyecto de ley 7.180 fue introducido en la Cámara de Diputados en 2014. En 2016, ya con otras nueve propuestas anexadas, la mesa creó la Comisión Especial para tratar el tema. La bancada evangélica, que domina la comisión, intentó aprobar el proyecto en la Cámara antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, pero fue obstruida por la oposición.

Toda la propuesta está basada en reclamos aislados y genéricos, que llegaron a la comisión en los últimos dos años a través de relatos de diputados conservadores, y de correos electrónicos o videos entregados por seguidores de Bolsonaro. Los reclamos están relacionados con manifestaciones en ambientes escolares en los que profesores se manifiestan por el aborto, madres reclamando la politización y páginas de libros didácticos en las que se insta al alumno a hablar sobre la gestión del expresidente Lula.

Los diputados fundamentan el proyecto con pesquisas que llegaron a la Comisión Especial y asustan a los conservadores. Según las mismas, el predominio de la “adoctrinación ideológica” en las escuelas es de la izquierda, en cuyo campo se sitúan 84,5% de los profesores, entre los cuales figuras como Ernesto “Che” Guevara son vistas positivamente por 86% y Vladimir Lenin por 65%, conforme a los apuntes del Instituto Census.

Alentados por la victoria y todavía con el clima de hostilidad postelectoral, seguidores del presidente electo incitaron los alumnos a grabar videos o mandar mensajes por correo electrónico con denuncias contra profesores “marxistas” envueltos en la adoctrinación en las aulas de clase – algo que causó repercusiones en todo país.

Guiñada ultraderechista en la educación

Tanto empeño de Bolsonaro para lograr la aprobación del proyecto en el final de 2018 es parte de un plan meticuloso, en opinión de especialistas consultados por la Agencia Pública. Una vez aprobado, la Escuela sin Partido abriría el camino para una reforma profunda en la educación, con la substitución de los contenidos de los libros didácticos y la implantación de nuevas reglas de acceso a la cátedra, cuyo objetivo sería poner en marcha una revisión de la historia de la dictadura (1964-1985), que sería recontada con la inclusión de una versión más apetecible a los militares.

Esa es la opinión del presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Heleno Araújo, que ve un claro movimiento de Bolsonaro para usar el Ministerio de Educación como eje de un fuerte golpe de timón a la derecha. “Legitimado por el voto, Jair Bolsonaro se volvió un peligro para la educación libre. Él va a querer usar los instrumentos del Estado para subvertir ideas e intentar cambiar la historia. No tengo duda de que va a hacer una revisión del sistema educativo para seleccionar lo que le interesa. Los libros que hablen de lo que fue realmente la dictadura no serán aprobados. Así, intentarán descartar lo que no le interesa al nuevo sistema para poner en el lugar que quieren a la derecha y al militarismo”, dice Araújo, que le hace seguimiento al trámite del proyecto en el Congreso.

“Ellos quieren escuela de un solo partido, donde prevalezca la voluntad de ellos. No quieren que se diga que hubo dictadura, tortura, muertes, destierros. Hay hasta gente diciendo que nunca hubo esclavitud en Brasil y que los africanos que llegaron aquí compraron pasajes para viajar en los navíos que transportaban esclavos”, señala el exsenador Cristovam Buarque (PPS-DF), profesor y referente del mundo académico en el área de educación.

“Ellos quieren escuela de un solo partido, donde prevalezca la voluntad de ellos. No quieren que se diga que hubo dictadura, tortura, muertes, destierros”, afirma el senador Cristovam Buarque. Foto: PPS-DF.

Para Cristovam es necesario prestar atención a lo que declaró el general Aléssio Ribeiro Souto, asesor de Bolsonaro y miembro del grupo que estudia los cambios en el área de educación, al anunciar, en entrevistas, que el futuro gobierno, modificará, sí, el contenido de la enseñanza. El general afirmó textualmente que los libros didácticos de historia “que no contengan la verdad sobre 1964 tienen que ser eliminados de las escuelas brasileñas”.

Como “verdades” del gobierno electo, según el general, están también el salto desarrollista que dio el país en el periodo militar, el llamado “milagro económico”, y la revisión de los currículos de los profesores. Alineado al proyecto, cree que la escuela no es lugar para discutir sobre ideología, religión o comportamiento sexual, tareas que por el nuevo orden, según él, pertenecen a la familia del alumno. Aunque lo contactamos, el general no quiso hablar.

En la última semana de enero, el vicepresidente Hamilton Mourão afirmó en entrevista al El País Brasil: “Soy un crítico de llamar de dictadura ese período.

Soy un crítico muy fuerte porque, llamar a dictadura un período que, cada cuatro años, cambiaba el presidente es una dictadura muy diferente. En ese período hubo un gran progreso económico en el país. El Brasil fue llevado adelante”. Y completó, suavizando la cuestión de las torturas practicadas por los militares: “Guerra es guerra”.

“Quieren borrar la violencia practicada por la dictadura presentando una nueva versión conveniente, sin consultar a profesores ni a alumnos. Saben que las escuelas y las universidades, que son bastiones contra el oscurantismo, se opondrían. Por eso quieren amordazarlas, censurando la libertad de pensamiento, para implantar un proyecto de partido único”, afirma Yuri Soares, director de políticas sociales del Sindicato de los Profesores del Distrito Federal.

“Donde se implementó la Escuela sin Partido, como en Alemania o la Unión Soviética, no funcionó. Resultó en el surgimiento de generaciones tristes, insatisfechas, tan carentes de libertades que no aprendieron a pensar”, afirma el senador Cristovam Buarque.

Entretanto, los indicios de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que determina el artículo 286 de la Constitución de 1988, que garantiza la enseñanza plural y la libertad de cátedra, indican que el proyecto puede ser rechazado cuando sea evaluado en el Tribunal Supremo Federal, antes del receso judicial. 

Relator de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) solicitada contra un proyecto idéntico pero de nivel estadual, aplicado en la provincia de Alagoas, el ministro Luiz Roberto Barroso no deja duda de que vê el tema como inconstitucional. “La idea de la neutralidad política e ideológica es antagónica a la de la protección al pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas y de la promoción de la tolerancia, tal como está previsto en la Ley de Directrices y Bases”, escribió en su opinión el ministro en su opinión.

Barroso critica indirectamente la tentativa de circunscribir a las familias el control sobre la orientación de género, política o religiosa. “Los padres no pueden pretender limitar el universo informativo de sus hijos o imponer una escuela que no vincule cualquier contenido con el cual no estén de acuerdo”. Según el ministro, eso impediría el acceso de los jóvenes “al dominio completo de la vida”, caracterizando, hila, “una evidente violación al pluralismo y a su derecho de aprender”.

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Rafael Correa sobre el arresto de Julian Assange: Es una de las traiciones más grandes en la historia latinoamericana
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arremetió contra el actual mandatario del país, Lenín Moreno, en su análisis sobre la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
12 de abril, 2019
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Una venganza personal y una traición. En estos términos califica el expresidente de Ecuador Rafael Correa la expulsión del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres y su posterior arresto este jueves.

Correa señala directamente al actual presidente de su país, Lenín Moreno, como responsable de “una de las traiciones más grandes de la historia latinoamericana”.

En entrevista concedida a la BBC en Bruselas, Bélgica, Correa afirmó que la detención de Assange no le sorprende, aunque sí le resulta increíble “la brutalidad con la que se llevó a cabo”.

Cuestión de horas

“La suerte de Julian Assange ya estaba echada”, dijo Correa, que presidió Ecuador de 2007 a 2017.

“Desde el inicio de su gobierno, Lenín Moreno negoció con Estados Unidos la entrega de Julian Assange; eso ya se sabe, no es opinión, hay pruebas.

“Cuando recibió a Paul Manafort (exconsejero de Donald Trump) el 30 de mayo de 2017, testigos presenciales dicen que el mismo Lenín Moreno ofreció entregar a Julian Assange a cambio de que EE.UU. le dé ayuda financiera.

“Luego recibió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, el año pasado y acordaron tres cosas: aislar a Venezuela, dejar en la impunidad a Chevron y sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador”, señaló.

“Lenín Moreno es una marioneta de Estados Unidos”, denunció el exmandatario.

Caso de corrupción

Para Correa, el elemento que terminó por acelerar el desenlace de este jueves fue la difusión por parte de WikiLeaks de los Papeles INA, un caso de corrupción que supuestamente involucra a Moreno y su familia.

“El último factor fue que WikiLeaks publicó hace unos días un caso de corrupción muy serio que implica a la familia de Lenín Moreno y al propio Lenín Moreno”, señaló el exmandatario.

“Es el final para él, terminará en la cárcel. Por eso, por venganza, quiso sacar a Assange de la embajada antes de salir del gobierno”.

Respeto al derecho internacional

Correa reveló que durante su presidencia, el gobierno ecuatoriano mantuvo conversaciones sobre el caso Assange, también con Suecia, “en el más estricto marco de respeto mutuo”.

“Somos -o éramos- un país soberano, no teníamos que pedir permiso a nadie para otorgar un asilo”, expuso.

“Jamás hemos querido impedir la marcha de la justicia, como se quiso decir en un momento. Suecia siempre pudo interrogar a Julian Assange en la embajada, como finalmente lo hizo, pero después de muchos años”.

El exmandatario contó que su gobierno revisó el caso de Assange durante dos meses antes de concederle el asilo en junio de 2012 y explicó por qué lo aprobaron.

“No estuvimos de acuerdo con todo lo que (Assange) hizo. Por ejemplo, creo que los países sí necesitan mantener alguna información confidencial.

“Lo que quisimos impedir después de estudiar su caso es que lo extraditaran a EE.UU. donde los halcones norteamericanos querían juzgarlo con una ley que incluía la pena de muerte.

“No tenía posibilidades de un juicio justo y podía exponerse a la pena de muerte, lo cual contradice la Constitución ecuatoriana, contradice el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención de San José, y contradice todos los instrumentos de derechos humanos”, subrayó.

Qué pasará con Assange

El expresidente ecuatoriano le dijo a la BBC que, durante su gobierno, tanto Reino Unido como Estados Unidos no se atrevieron a presionarle a él directamente, aunque sí hubo conversaciones entre cancilleres y embajadores.

“El gobierno británico fue muy arrogante, no quisieron ser flexibles. La solución estaba en sus manos, que le hubieran dado un salvoconducto para que abandonara la embajada”, opinó.

En cuanto a lo que pasará con el fundador de WikiLeaks a partir de ahora, Correa tiene una imagen bastante clara: “Yo creo que va a ser extraditado, espero que no lo sea, pero no veo otra opción. Para eso lo sacaron de la embajada, para entregárselo a los estadounidenses”.

*La entrevista fue realizada por Bruno Boelpaep, periodista de la BBC en Bruselas.


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