Pueblo milenario cercano a Santa Lucía exige consulta; el gobierno dice que no hace falta
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Itxaro Arteta

Pueblo milenario cercano a Santa Lucía exige consulta; el gobierno dice que no hace falta

Aunque la comunidad está a menos de un kilómetro de la obra, las autoridades consideran que no impactará en ésta y por eso no se les debe consultar.
Itxaro Arteta
7 de mayo, 2019
Comparte

La comunidad de San Lucas Xolox, en el Estado de México, se prepara para festejar en 2020 los mil años de su fundación. Es el pueblo más viejo de la zona que rodea a la base aérea de Santa Lucía y presume que su nombre viene de que ahí estuvo el imperio del rey chichimeca Xólotl. Sin embargo, el actual gobierno no lo consideró un pueblo indígena al que había que consultar para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

En el municipio de Tecámac, al que pertenece Xolox, hay 12 pueblos que se consideran originarios, junto con Zumpango y Nextlalpan, los otros que rodean a la base, suman 20. Pero solo se realizó una consulta en uno de ellos, San Miguel Xaltocan, Nextlalpan, el pasado 10 de marzo. En el resto, ni siquiera se instalaron casillas de la consulta pública que el equipo de transición organizó en octubre en todo el país para decidir si se cancelaba el Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco y se construía otro en Santa Lucía.

Lee: Gobierno ofreció agua, desarrollo e inversión a cambio de apoyo al aeropuerto en Santa Lucía

Algunos habitantes han comenzado a organizarse y ya han juntado alrededor de 350 firmas para pedir al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que se les reconozca como tal y se haga una consulta sobre la obra, ya que hasta ahora las únicas negociaciones han sido entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del proyecto, y los campesinos para que vendan sus tierras. Los pobladores quieren que se considere a toda la comunidad por lo que les va a implicar en cuanto a ruido, desabasto de agua, inseguridad y otras afectaciones de la megaobra.

El coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar, confirmó a Animal Político que aunque Xolox tiene más hablantes de lengua indígena que Xaltocan, se decidió no hacer consulta porque el Instituto consideró que la obra no va a impactar de manera significativa la vida de la comunidad, ubicada a menos de un kilómetro de la pista aérea.

xolox

Maquinaria pesada en el cerro de Xolox

Negociación entre militares y campesinos

Filiberto Mena tiene una tienda de alimentos justo en la pequeña plaza central del pueblo, al costado de la iglesia, donde también se ubican las oficinas del comisariado ejidal. Desde la puerta de su negocio, notó en el último mes una presencia inusual de militares entrando y saliendo a hablar con los campesinos.

Después se enterarían, cuenta, de que los ejidatarios acordaron que se negociara solo con ellos la venta de tierras necesarias para el proyecto, sin comunicarse con el resto de los habitantes.

Aguilar, del INPI, confirmó en entrevista que este acuerdo existió.

Lee: Falta consultar a 19 comunidades indígenas sobre el aeropuerto de Santa Lucía

“Cuando hicimos entrevistas con algunos propietarios, ellos dijeron que no querían que se involucrara la comunidad en el diálogo y en la negociación de la venta de sus tierras”, señaló al explicar las razones por las que no hubo consulta en Xolox.

Benjamín Galindo, otro vecino del pueblo, dice que entonces los inconformes decidieron acercarse y exigir que también se negocie con ellos.

“Nos dimos cuenta algunos y dijimos: ¿Qué está pasando? Empezamos a ver militares que venían y tuvo que salir la información. En una de sus reuniones nos metimos prácticamente a la brava. Yo soy hijo de ejidatario, no soy ejidatario, pero ellos nos conocen, entonces no nos pueden decir que no. Nos acercamos y cuando se desocuparon de con los ejidatarios, entramos. ‘¿Y ustedes quiénes son?’, nos preguntaron. ‘Nosotros somos del pueblo, y estos ejidatarios no van a decidir sobre 15 mil habitantes que somos’”, recuerda.

En respuesta, agrega, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) envió un representante para abrir el diálogo.

“Aquí los únicos felices son los ejidatarios. La comunidad no tan contenta, y no porque no les toque, sino porque ¿qué va a ser de nosotros?”, reclama Mena. “Nadie va a detener el progreso, pero cuando menos que se planee, esa sería una de las peticiones. Que haya comunicación, sentarse a platicar”.

Lee también: AMLO dice que consultó a los pueblos cercanos a Santa Lucía y dieron el sí al aeropuerto

Temen sobreexplotación de recursos, contaminación e inseguridad

Xolox tiene su propio sistema de agua potable, que incluso se puede beber, extraída directamente del subsuelo. En la zona hay una red de pozos de la cuenca Cuautitlán-Pachuca, que abastece parte del consumo de la Ciudad de México, pero que según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya tiene una sobreexplotación de 800 %.

La principal preocupación de los pobladores de Xolox —igual que en San Miguel Xaltocan, donde el gobierno prometió solucionar sus problemas de desabasto— es el agua, tanto la de la cuenca, como la que van a perder si se empieza a poblar todo el territorio que rodea a la base y ocurre una sobreexplotación de recursos.

Te puede interesar: Terminal de Santa Lucía se inaugurará en 2021 pero operará a toda su capacidad en 2069

Parte del territorio del pueblo es el cerro Tláloc, donde se hacen ceremonias que mezclan la misa católica con rituales prehispánicos, como la danza de los Voladores de Papantla. La subida es escarpada, llena de nopales entre los que los vecinos han abierto brechas, y donde aseguran que había vestigios arqueológicos.

Sin embargo, la parte de atrás está devastada por una mina que extrae material pétreo. Desde lo alto, donde se puede ver claramente la pista aérea existente, que empieza a dos kilómetros de ese punto, también se ve que todos los montes de alrededor tienen excavaciones. A los pobladores les preocupa que la actividad minera aumente en la región y que se afecte la vegetación de los cerros, que sirve para la captación de agua.

xolox

Mina en el cerro de Xolox

Por otro lado, hay un cárcamo de salida de aguas negras que está en las tierras que se van a vender a la Sedena, así que se preguntan a dónde va a ir a dar eso. Pero nadie les ha dado información al respecto.

“En Xaltocan negociaron, y no para beneficio propio, sino para la misma comunidad. Y eso es lo que se trata de hacer, que aquí se venga a hacer una consulta. El progreso no lo vamos a detener; si ya nos tocó estar aquí, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda”, insiste Mena.

Además de estos elementos, les preocupa que pueda aumentar la inseguridad. Ya es considerado foco rojo por la cantidad de asaltos que hay en el transporte público que va a Tecámac y Zumpango, y porque dicen que el crimen organizado ha tirado cadáveres por ahí. En otros pueblos, aseguran, cuando se ha sabido que hay personas con fuertes cantidades de dinero después de la venta de sus tierras, ya se han dado levantones.

No hace falta consulta porque no afectará a la comunidad, dice el INPI

Sin embargo, para el INPI, ninguna de estas preocupaciones implica un impacto significativo en la vida de la comunidad, y por ello descartó hacer una consulta.

El coordinador de Derechos Indígenas, Hugo Aguilar, explicó que desde enero empezaron a analizar la situación de los pueblos alrededor del proyecto de aeropuerto, para emitir un criterio técnico. El primer elemento a considerar, es que haya más de 40 % de hablantes de lengua originaria, condición que no se da en ningún caso.

Lee: El segundo grupo aeroportuario más grande de Europa hará el plan maestro de Santa Lucía

Pero otro elemento es la autoadscripción, es decir, que la comunidad se considere indígena porque mantiene tradiciones, formas de organización y rituales prehispánicos. En San Miguel Xaltocan, el único lugar donde se votó la aprobación al aeropuerto, habitantes relataron a Animal Político que el propio INPI se acercó a ellos para preguntarles si se querían autoadscribir como pueblo indígena y obtener los beneficios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de hacer una consulta previa, libre e informada sobre decisiones y obras que vayan a afectar al pueblo.

Xolox

Plaza central de San Lucas Xolox

El tema clave fue, según Aguilar, que en Xaltocan hay un ejido de propiedad compartida sobre tierras que hacen falta para la ampliación de la base aérea, mientras que en el resto de pueblos cada campesino es dueño de su parcela.

“En el caso de San Lucas Xolox, hay un número más elevado de hablantes de lengua indígena que en Xaltocan, con ellos también podríamos concluir que sí son comunidad indígena, en Xolox y Ozumbilla; sin embargo, encontramos nosotros que estas dos comunidades ya no tienen propiedad colectiva sobre la tierra. Entonces ya no hay una afectación directa o significativa al patrimonio colectivo de la comunidad.

Habitantes refieren que, según historiadores, este códice Xolox sería de entre 1720 o 1740.

Ellos ya hace años adoptaron el dominio pleno sobre sus tierras de propiedad colectiva y hoy en día tienen pequeñas propiedades en las inmediaciones del aeropuerto y sobre la superficie que va a ser afectada por la ampliación del aeropuerto. Entonces al tener esta circunstancia, pues nosotros emitimos la opinión de que la afectación ya recae sobre personas en lo individual, y ya no sobre la colectividad como tal”, expuso Aguilar.

Te puede interesar: Sedena administrará aeropuerto civil de Santa Lucía y beneficios económicos serán para el Ejército: AMLO

—¿Pero además de las tierras, el pueblo está al lado, tendrá algún impacto por las obras, no?—, se le cuestionó

“Así es. Pero mire, nosotros estamos guiándonos con un criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cuatro años. La Suprema Corte dice que no todos los temas son consultables, sino solo aquellos que generen un impacto significativo en la vida de la comunidad. Entonces, por el momento, con los elementos del proyecto que tenemos, el impacto significativo que van a sufrir las comunidades pues es sobre sus tierras”.

Aguilar no descartó, sin embargo, que los estudios que se realicen a partir de ahora puedan mostrar que sí habrá algún daño medioambiental o de otro tipo que los lleve a volver a valorar la obligación de hacer una consulta. También reconoció que los pueblos tienen el derecho a pedir que se les considere indígenas, como están tratando de tramitarlo en San Lucas Xolox, pero insistió en que aun si logran este reconocimiento, los reclamos sobre medio ambiente, agua, ruido e inseguridad, no son válidos para los criterios del INPI.

“Si es que ellos pidieran ser consultados para el tema del aeropuerto, nosotros tendríamos que analizar los elementos que se tienen, que son el plano de afectación de tierras, y es lo más que tenemos. Con esos elementos, nosotros seguiríamos diciendo: no es necesaria la consulta. Eso no quiere decir que no se pueda hacer consulta, porque una posición progresista y de plena tutela de derechos, pues sí, aunque no sea necesario, se puede consultar. Pero no es obligatorio hacer la consulta. Digamos, no afectaría en la construcción del aeropuerto, la validez del proyecto, el hecho de que no se consulte, porque se puede demostrar que no hay un impacto significativo en la comunidad”, sostuvo Aguilar.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
Comparte

Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=JGbkCxkQ2zQ&t=24s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.