Televisoras, bancos y equipos de futbol, en la lista de beneficiados por la condonación de impuestos
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Televisoras, bancos y equipos de futbol, en la lista de beneficiados por la condonación de impuestos

170 empresas se vieron beneficiadas durante años por el gobierno federal, de éstas, 52 lograron juicios de amparo para mantenerse en anonimato.
Cuartoscuro
22 de mayo, 2019
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Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara un decreto para terminar con la condonación de impuestos a grandes empresas, al menos 52 de éstas han conseguido, mediante impugnaciones en cortes federales, que sus nombres y montos no sean dados a conocer.

Según el diario Reforma el pasado 8 de mayo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló, a través de un informe, que 52 de las 170 empresas beneficiadas en los últimos 12 años, impugnaron una orden de 2016 dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para dar a conocer los detalles sobre los favores fiscales y los nombres de las empresas beneficiadas. Actualmente esas 52 empresas consiguieron juicios de amparo.

Leer: Gobierno dejará de condonar impuestos a grandes empresas; en 12 años dejaron de pagar 400 mmdp

Entre estas 52 empresas, beneficiadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hay: tiendas departamentales, televisoras, equipos de futbol y farmacéuticas.

Reforma mencionó la existencia de un “informe especial”, emitido por el SAT, que contiene los nombres de las empresas pero no las cantidades que les fueron condonadas durante años.

En un comunicado, el SAT negó que haya elaborado algún documento con las características mencionadas por el diario, un “informe especial”, aunque no negó que las empresas mencionadas sí hayan recibido el beneficio de la condonación.

Algunas de las compañías beneficiadas y que se encuentran en juicios de amparo, según el reporte de Reforma, son:

Del sector bancario: Banamex, Banorte, Banco Azteca, BBVA Bancomer, Elecktra,GNP, HSBC, Inbursa, Santander, American Express, Scotiabank Inverlat y Servicios Financieros Soriana.

Telefonía: América Móvil y AT&T.

Sector Automotriz: General Motors y Volkswagen.

Alimentos: Jumex y Herdez.

Equipos de Futbol: Club América y Gyali (Necaxa).

Industria Farmacéutica: Farmacias del Ahorro y Pfizer.

Industrias: Cemex, Condumex, Minera México, HYLSA y Ferrocarril Mexicano.

Tiendas departamentales: Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro y Sanborns.

Televisoras: Televisa, TV Azteca y Cablevisión.

Otras empresas: 7 Eleven, Grupo Carso, IBM y Operadora Comercial de Desarrollo (Cinépolis).

Los 52 juicios de amparo se consiguieron luego de que el INAI ordenara al SAT dar conocer los nombres de los beneficiarios de condonaciones de enero de 2007 a diciembre 2013, así como las cantidades de éstas de enero 2007 a mayo 2015 y los motivos por los cuales se concedieron desde enero de 2014 a mayo 2016.

Leer: Organismos proponen más impuestos a grandes empresas y no retirar recursos a las OSC

El pasado lunes, el presidente López Obrador firmó el decreto para terminar con las condonaciones e informó que en los últimos dos sexenios las grandes empresas dejaron de pagar más de 400 mil millones de pesos, como resultado de este beneficio.

Margarita Ríos Fajart, titular del SAT, detalló que entre 2007 y 2018 se condonaron impuestos a 108 contribuyentes, que equivalen a 400,902 millones de pesos a valor actual. Éstos concentraron el 54% del monto total de las condonaciones fiscales.

Ríos Fajart agregó que de esos 108 contribuyentes 45 se ampararon, cuyo monto de condonación era de 134 mil millones de pesos.Tanto el mandatario como la titular del SAT no dieron a conocer los nombres de los 108 contribuyentes pues, dijeron, están resguardados por el secreto bancario.

El SAT se negaba a brindar información 

En el sexenio pasado, un particular solicitó al SAT el nombre de las empresas a las que se condonó el pago de impuestos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El INAI ordenó al SAT dar a conocer la lista pero éste la entregó incompleta.

Anteriormente Artículo 19 y Animal Político también interpusieron un amparo para conocer la lista de las 36 empresas beneficiadas con la condonación o cancelación de adeudos fiscales en 2013.

En aquel momento, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, resolvió que el SAT atenta contra el derecho a la información y el derecho a la justicia al negarse a transparentar los datos.

Leer: Los países de América Latina donde se pagan más y menos impuestos

Sin embargo, el SAT impugnó esa resolución y no presentó la información. 

Para 2015, el INAI resolvió el recurso RDA 5354/15 a favor de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ordenando al SAT transparentar los montos y la información sobre los beneficiarios que recibieron una condonación y cancelación de adeudos fiscales, en el periodo 2007 a mayo 2015.

Pero de nuevo el SAT incumplió con la resolución, y Fundar también presentó un amparo,  “alegando la violación al derecho de acceso a la información y al derecho de acceso a la justicia”.

 

Con información de Reforma (suscripción necesaria).

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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