Campamento otomí en colonia Juárez teme desalojo; vecinos acusan inacción de autoridades
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Foto: Alberto Pradilla

Campamento otomí en colonia Juárez teme desalojo; vecinos acusan inacción de autoridades

Vecinos en la colonia Juárez exigen que se levante el campamento. Alegan ruidos, suciedad y delincuencia. Integrantes del campamento otomí dicen que los acusan sin razón.
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Lorenza tiene 28 años y teme perder sus escasas pertenencias. Todo lo que esta mujer puede considerar como suyo cabe en una tienda de campaña hecha con plásticos, por la que se filtra el agua si llueve demasiado. En el centro,  hay un colchón en el que todavía duermen sus tres hijas; Maren, Viviana y María Laura. Las tres están cubiertas casi hasta arriba con varias mantas. A su alrededor el mobiliario es escaso. Apenas dos armarios, un televisor y un montón de cestas en las que se amontona la ropa.

Esta tienda de campaña se encuentra en el campamento otomí, ubicado a la altura del número 18 de la calle Roma, en la colonia Juárez.

“Queremos una vivienda digna y progresar”, dice la mujer. Explica que una de las cosas que más le duelen son los reproches cuando vende en la calle. Cuando le dicen que se busque un trabajo, que se regrese al pueblo, que es una india. “Si no fuese por los indígenas la gente no tendría sus casas. ¿Quiénes son los que las construyen?”, argumenta.

Son las 8 de la mañana. En el campamento los habitantes comienzan a desperezarse. Una mujer limpia la ropa en una pila. Otro joven ata los hilos con los que fabrica pulseras que luego venderá en la calle. En algunas de las tiendas hay carteles de apoyo a Marichuy, la candidata del Consejo Nacional Indígena, o de recuerdo a Samir Flores, activista contra la termoeléctrica de Morelos asesinado hace más de tres meses.

El campamento empieza a despertar, hay personas que comienzan sus rutinas y otros que no han dormido en toda la noche: son los que montan guardia para avisar si ven algo sospechoso.

Creen que pueden ser desalojados en cualquier momento.

Desde hace dos décadas, integrantes de la comunidad otomí, triqui y náhuatl residen en la colonia Juárez. Primero se instalaron en el predio de la embajada de España en tiempos de la República española (de 1931 a 1936, aunque estuvo en funcionamiento hasta el fin de la guerra civil, en 1939). El sismo de 2017 dañó el edificio y, un año después, fueron desalojados. Se establecieron en dos campamentos: uno en la calle Londres 7 y el otro en Roma 18.

La mayor parte de los integrantes del campamento proceden de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro.

“Desde chiquita yo estaba ahí. Ahí dentro estábamos más seguros. Aquí corremos riesgos, pasan los carros, no podemos estar seguros aquí afuera. Pasan borrachos, gente que no vive aquí y nos pueden hacer algo. Ahí lo teníamos cerrado”.

Joaquina tiene 22 años y no conoce otra vida que no sea la de la Juárez. Llegó con su madre cuando tenía dos años y ahora su hija, de 5, acude al colegio cada día tras dormir en una tienda de campaña. Dice que le gustaría tener una “vivienda digna” y que por eso se mantienen aquí, porque esperan que las autoridades les ofrezcan una solución. Viste traje tradicional otomí y dice sentirse molesta cuando le acusan de no ser indígena.

Estas mujeres relatan ser discriminadas. Aseguran haber sido insultadas por su condición de indígena y, al mismo tiempo, acusadas de no serlo.

La preocupación más urgente para ambas es otra. Lorenza y Joaquina tienen en mente lo ocurrido el pasado 30 de mayo. Sus compañeros de la calle Londres, con quienes compartían condiciones de vida, pero no organización, fueron expulsados en un operativo coordinado entre la alcaldía de Cuauhtémoc y la secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Ellos evitaron el desahucio. Pero no se sienten a salvo. Creen que en aquel momento eludieron el desahucio porque mantenían una mesa de diálogo institucional, pero no confían en las autoridades.

Leer: ‘No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’: testimonios del desalojo en la colonia Juárez

Temen que ocurra lo mismo con ellos. Son 80 personas las que siguen pernoctando cubiertos por precarios plásticos.

“El alcalde dijo la semana pasada que esta semana podrían venir. Tenemos el temor de que pueda ocurrir”, dice Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que acompaña al campamento.

“El miedo que tenemos todos es que lleguen, nos vayan a golpear, nos tiren las cosas como pasó con los otros compañeros”, dice Isabel, otra de las residentes en tienda de campaña. Ella vende artesanías. En concreto, unas muñecas cuyo precio oscila entre los 120 y los 240 pesos. Teme que si viene la policía no pueda recuperar el material para fabricar las muñecas. Es lo que les ha ocurrido a los que vivían en Londres 7. Según explica Roberto, uno de los expulsados, la alcaldía no les devolvió sus pertenencias. Únicamente seis familias de las que fueron desalojadas permanecen en un plantón en el Zócalo. “No tenemos otro lugar a dónde ir”, dice Roberto.

Reunión de los vecinos con el alcalde Núñez

La otra cara de la moneda son los vecinos de la zona. Exigen que se levante el campamento. Alegan ruidos, suciedad y delincuencia. Ellos fueron la razón de que se expulsase a los ocupantes de la calle Londres, según Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Los vecinos alegan que, tras el primer desalojo, se ha desatendido su petición de terminar con el trabajo. Según explica Alberto, uno de los residentes que comenzó a organizar reuniones contra la presencia del campamento, acudieron dos ocasiones a la audiencia pública de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaun. También solicitaron audiencia privada con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez.

Únicamente lograron una reunión abierta con Núñez. El encuentro tuvo lugar el jueves 13 de junio. Se celebró en la plaza Giordano Bruno, justo frente al campamento de la calle Roma. Acudieron vecinos y también algún representante de la comunidad otomí. Según Alberto Gutiérrez solo se llegó a un acuerdo: reforzar la seguridad. Ahora hay un policía permanente en la zona.

Sobre las demandas de los residentes, que se centran básicamente en la expulsión del campamento, no hay más novedades. En la alcaldía de Cuauhtémoc aseguran que el objetivo es celebrar otro encuentro. Si tuviesen previsto desalojar tampoco lo dirían.

A pesar de ello el rumor de que puede llegar el desalojo en cualquier momento está en el ambiente. Les llegó a los comunitarios, que el sábado convocaron una conferencia de prensa para denunciar su situación. También les ha llegado a los vecinos, en cuyas redes se extendieron los rumores sobre una posible expulsión.

No solo los vecinos se han reunido con las autoridades. Los miembros de la comunidad otomí aseguran haber mantenido reuniones con Larisa Ortiz, directora de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Según denuncia Diego García, recibieron una visita en la que la institución se comprometió a apoyar con agua y colchones. El agua llegó solo en una ocasión. La versión es corroborada por fuentes de la secretaría, que aseguran que están ejerciendo de enlace entre los comunitarios y otras instituciones como el Invi, el Instituto de Vivienda.

Los residentes en el campamento no han variado sus demandas: dicen que están dispuestos a levantar sus tiendas si se les garantiza una vivienda en la colonia. Aseguran que ofrecieron comprar el predio, que la ley tiene mecanismos de expropiación, pero que las autoridades no tienen voluntad.

Leer >> Diputados rectifican ley sobre desalojos en CDMX; redacción anterior beneficiaba a invasores, dicen

Aunque mantienen posiciones antagónicas, comunidad otomí y vecinos tienen un punto en común: ambos se sienten abandonados por las instituciones. Después del desalojo del 30 la situación ha regresado a una tensa calma. Y eso inquieta a todo el mundo.

La sensación en el ámbito institucional es que no hay nadie que se haga cargo del conflicto. Animal Político preguntó al Gobierno de la Ciudad de México, a la secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Pueblos Indígenas y a la alcaldía de Cuauhtémoc. Cada institución pasó a la pelota a otra sin explicar algún tipo de plan para resolver el conflicto.

Mientras tanto, en la calle Londres, la desalojada, ya se han realizado las labores de limpieza. Lo mismo ocurre en el interior del predio. Esta zona está custodiada por agentes armados. Uno de ellos se identificó como policía del Estado de México. Se trata de una práctica habitual: subcontratar agentes públicos para custodiar terrenos privados.

“Parece que lo reactivo fue el poder del dueño del inmueble”, dice Alberto Gutiérrez, uno de los impulsores del grupo vecinal. Sospecha que se limpió una parte del terreno para poder construir, y que las diferentes instituciones van a darles la espalda.

Según los acampados, el predio es titularidad de una inmobiliaria llamada Eduardo S.A. de C.V. En la alcaldía de Cuauhtémoc, sin embargo, indican que el terreno todavía está en disputa.

No es fácil vivir en un campamento en mitad de la calle Roma. Isabel explica que no tienen agua corriente, que tienen que recogerla de la toma de un parque cercano. Dice que lo hacen de noche, porque si no los vecinos se molestan. También se queja de que los residentes les culpan de hechos en los que ellos, asegura, no tienen responsabilidad. Como los desperfectos en el pavimento, que ellos achacan a las tuberías que pasan por debajo.

“Aquí no hay drogas ni delincuencia, nadie de aquí roba”, dice la mujer. Explica, por ejemplo, que la víspera hubo un problema con cuatro jóvenes de la comunidad. Según su versión, alguien les acusó de robar en un Oxxo, aparecieron varias patrullas, un agente llegó a sacar un arma.

Es probable que la versión que tengan los vecinos de la calle sea completamente diferente.

Hay dos mundos completamente opuestos en una pequeña calle de la colonia Benito Juárez y solo coinciden en una cosa: creen que las autoridades no quieren abordar soluciones al problema.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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