Conacyt promete que ningún centro de investigación va a colapsar; reorganizará gastos
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Conacyt promete que ningún centro de investigación va a colapsar; reorganizará gastos

El director adjunto de los Centros Públicos de Investigación, Alejandro Díaz, asegura que trabajan con Hacienda para reorganizar sus gastos antes de agosto, plazo en el que algunos han señalado que ya no podrán pagar sus cuentas.
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11 de junio, 2019
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) promete que ningún Centro Público de Investigación (CPI) va a colapsar y que resolverá con Hacienda la reorganización de sus gastos antes de agosto, plazo en el que algunos han señalado que ya no podrán pagar sus cuentas.

El director adjunto de los CPI, Alejandro Díaz, asegura en entrevista con Animal Político que se ha distorsionado la situación de los Centros, porque cuando el presidente ordenó reservar recursos, se refería a lo destinado a actividades administrativas, mientras que Conacyt ha indicado que no se afecte la operación sustantiva de investigación. Sin embargo, los Centros han tenido la libertad de tomar dinero de unas partidas para usarlo en otras, y eso ha generado el desajuste.

“El problema es que durante muchos años, nunca se corrigió que los Centros usaban ese rubro de gasto administrativo para trabajo de campo. Entonces lo que estamos haciendo ahora, trabajando con ellos, es resolver estas inconsistencias en el manejo de sus recursos para que tengan el recurso en las partidas que tienen que ser”, afirma.

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En enero, detalla, empezaron los trabajos para ordenar y reducir gastos, y durante todos estos meses ha estado reuniéndose periódicamente con cada uno de los directores de los 27 Centros que conforman la red para analizar caso por caso.

Lo primero, fue que ordenaron a los CPI buscar un ahorro del 5 %. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 les otorgó 5 mil 815 millones de pesos; pero con las reservas ordenadas, están disponibles solo 5 mil 650 millones, según Díaz, lo que implica 138 millones menos de lo que habían recibido en 2018.

También en enero pidieron a los Centros un análisis de su gasto para aclarar en qué hacía falta, pero solo lo presentaron el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej), Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Con este último, incluso, se elaboró una propuesta para negociarla con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que sirviera de vía replicable para los otros en cuanto a reordenar el gasto.

Pero el 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un memorándum en el que ordenó a toda la administración pública nuevas medidas de austeridad, como reducir 30 % los gastos en materiales de oficina y combustibles, y hasta en 50 % la subcontratación de servicios con terceros.

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Entonces, los CPI anunciaron que tendrían que despedir a personal técnico que apoyaba en proyectos de investigación, algunos como el Instituto Mora advirtieron que podrían despedir a 40% de trabajadores eventuales, y más de tres mil científicos firmaron una carta para pedir al gobierno reconsiderar las medidas.

Díaz, que coordina los centros ante el Conacyt, afirma que siempre se ha tenido el problema de que, como los investigadores son considerados servidores públicos, cualquier medida destinada a los funcionarios les afecta, además de que, si bien el comunicado estaba dirigido a mandos medios y de enlace, la libertad con la que cada Centro utiliza sus recursos ha provocado dudas sobre de dónde recortar.

Pero asegura que desde el principio han buscado solventar la situación.

“Ha sido muy complejo porque son 27 centros distintos, de diferente naturaleza jurídica –los casos de asociaciones civiles, sociedades civiles–, diferentes tamaños, diferentes estructuras administrativas, entonces no son homogéneos. Ordenarlo no es fácil, es complejo, porque hay que revisar caso por caso, sentarnos en esta mesa, ellos tienen que decirnos cómo están gastando, cómo justifican cierto gasto, y en qué necesitan que el Conacyt como coordinadora los apoye para solventar eso. Pero en ningún momento ningún centro va a colapsar. Estamos muy cerca trabajando con Hacienda para que esto no suceda, y Hacienda está muy sensibilizada respecto a lo que está pasando. Pero necesitamos que los directores, como cada quién tiene libertad para ejercer el gasto, que cada quién nos diga qué están haciendo”, detalla.

Lee: Viajes de investigadores del Conacyt se restringieron para evitar “turismo político”: AMLO

 Ruta establecida

El 31 de mayo, cada Centro entregó al Conacyt sus justificaciones de gastos del dinero que les reservaron, después de que se realizaran juntas de gobierno para aprobar la ruta legal a seguir en cada caso.

El CIDE, uno de los que en los últimos meses varios académicos han alertado porque podría ser inviable a fin de año, confirmó en los primeros días de junio mediante su cuenta de Twitter que se había definido una ruta para atender sus problemas presupuestales.

La presión en ese Centro, explica Díaz, es porque es uno de los que más recursos usa del capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos, referido a servicios externos, que fue uno de los que se ordenó reducir.

En el PEF consta, efectivamente, que el 21 % de los 355 millones de pesos que recibió este año están etiquetados de esa manera. Nueve de los 27 CPI destinan más del 20 % de su gasto a ese capítulo, que incluye la contratación de servicios profesionales externos.

No todos los CPI manifestaron su confianza en la ruta emprendida tras sus juntas de gobierno. El pasado viernes, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) envió a su comunidad académica una carta en la que informó que tuvo que recortar una dirección de área, una subidrección, dos coordinaciones y dos jefaturas de departamento, en atención a la orden de reducir 20% lo destinado a mandos medios y superiores, razón por la cual también se les quitaron los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada.

Además, despidió a 10 personas contratadas mediante el capítulo 3000, “servicios generales”, por la orden de reducir 30 % las remuneraciones que salían de ahí. El CIESAS tiene etiquetados para ese rubro 19 % de sus 282 millones de pesos.

Sin embargo, en la carta también reconoció que “hasta el ejercicio 2018 la SHCP permitía hacer adecuaciones internas y externas que provenían de las economías realizadas en distintas partidas para subsanar otras en las que faltaban recursos. Esta posibilidad hoy está cancelada”, con lo cual advirtió que sin esa libertad, tal vez no pueda afrontar pagos de aguinaldos, primas vacacionales, de antigüedad y liquidaciones de las plazas que se recorten.

Déficit no es nuevo

En mayo pasado, los investigadores del Ciatej recibieron un oficio donde se les prohibía cargar hasta el celular, para ahorrar energía eléctrica, además de otra serie de restricciones ordenadas para poder afrontar las medidas de austeridad y no enfrentarse a no poder pagar la cuenta de luz.

Sin embargo, Díaz asegura que esto no es nuevo. Cada año, explica, en diciembre eran necesarias adecuaciones presupuestales para ayudar a los Centros porque ya no les alcanzaba para pagar el agua, la luz o prestaciones laborales. Tan solo en 2018, asegura, 15 CPI presentaron un déficit que sumó 176 millones de pesos.

En la Cuenta Pública de 2018 se pudo constatar que cinco Centros ejercieron al final del año más dinero del que tenían presupuestado para pago de luz. El de la mayor deuda fue justamente el Ciatej, a quien se le dieron 2 millones 850 mil pesos con este fin, seguido del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que necesitó 2 millones 841 mil pesos; el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, un millón y medio; el Centro de Investigación Científica de Yucatán, 737 mil; y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 289 mil pesos extras.

Lee: Austeridad impuesta a Centros de Investigación limita hasta cargar el celular y provocará despidos

“Lo que queremos este año es que se pongan en orden, justifiquen sus gastos. Si este año ordenan y podemos sanear, entonces ya no tendríamos ampliaciones presupuestarias al final de los siguientes años”, señala Díaz. “Si se logra ordenar el gasto, podemos hacer mucho por la ciencia y el desarrollo tecnológico de este país. Y este año tendrá que ser así con los Centros, tienen que ordenar su gasto, evitar los gastos superfluos, ajustarlos al memorándum de austeridad sin afectar su actividad, y en ese sentido esa es nuestra tarea como coordinadora”.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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