El vínculo legal y profesional entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el despacho de abogados que defiende al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es un hecho que debieron informar y transparentar los funcionarios implicados, tanto por un tema de moralidad y ética pública, así como para prevenir un escenario de posible conflicto de interés.

El no haberlo hecho equivale a una omisión que, a su vez, puede dar paso a faltas administrativas de consideración. Lo anterior sin dejar de lado lo más importante: que mina la confianza de los ciudadanos en la investigación de uno de los casos más emblemáticos de corrupción en lo últimos años en México y en el extranjero.

En entrevista, por separado, tanto Alejandro Gertz como Javier Coello rechazaron que exista un conflicto de interés. Ambos reconocieron que el poder notarial que el fiscal general entregó en 2015 al abogado para representarlo, sigue vigente. 

Sin embargo, ante los cuestionamientos de los reporteros sobre la vigencia del poder notarial, Gertz dijo que pediría su cancelación. 

“Imagínese si en ese momento iba yo a saber que este abogado iba a defender a una persona a la que nosotros estamos enfrentando. Imposible de saber, pero creo que es una buena reflexión, voy a pedir que le cancelen todos los poderes”, dijo en entrevista el día 21 de junio pasado.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que la legislación en México no contempla como un delito omisiones en la declaración de intereses que luego pueden entrar en conflicto. No obstante, precisaron que el hecho sí abre la puerta a circunstancias posteriores que pueden derivar en delitos como una inadecuada o mala administración de justicia, ejercicio ilegal del servicio público, cohecho, entre otros, por lo que resulta necesario que se inicie una investigación profunda sobre lo que ahora se revela.

A continuación se presenta una síntesis con la revisión al caso de cada uno de los expertos consultados.

Eduardo Bohórquez

Bohórquez advirtió que los escenarios de “conflicto de interés aparente” como el que a su juicio puede presentarse en la relación de Gertz Manero con Javier Coello Trejo y  Javier Coello Zuarth —abogados de Lozoya pero también apoderados legales del actual fiscal general y vinculados con él en hechos recientes— son delicados porque merman la confianza de los ciudadanos, una situación importante sobre todo en investigaciones de hechos de alto impacto como es este caso.

Por ello, señala, es que existen las declaraciones de intereses en las que asuntos de este tipo pueden manifestarse y se desactivan riesgos. El problema viene cuando —como en este caso— no se reporta proactiva y públicamente por los funcionarios sino que se descubre a través de un hallazgo periodístico.

Decidir si hay un escenario de conflicto de interés o no, añade Bohórquez, no lo puede definir directamente la persona involucrada. Sería un contrasentido. Pero sí puede —y tiene un formulario para hacerlo detallado— definir cuáles son sus intereses para prevenir escenarios futuros y que se tomen medidas si una situación así se presenta.

“Cumplir con esto es lo menos que podíamos esperar del primer fiscal autónomo nacional que tiene este país. Ocultar los intereses es lo que nos ha traído hasta acá. Es un tema de ética pública fundamental” dice.

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El director de Transparencia Mexicana señala que el hecho de que Gertz no incluyera en su declaración los poderes legales conferidos a Coello Trejo y otros —hecho reconocido por el propio fiscal general— sí es una omisión que debe dar paso a una investigación interna.

Juan Jesús Garza Onofre

Doctor en Filosofía del Derecho e investigador de la Universidad de Alicante, España

Para Garza Onofre la actuación del despacho Coello puede —al tener activos vínculos profesionales tanto con Gertz Manero como con Lozoya Austin— ser cuestionable, pero el problema fundamental está en la Fiscalía General. El ocultar y mantener un vínculo con un grupo que ahora es la contraparte abre el escenario a un potencial conflicto de interés que, al no haberse reportado ante los órganos de control correspondientes, no se puede prevenir.

Esta situación, recalca el jurista, puede derivar en la comisión de posibles faltas administrativas graves.

“La Ley Orgánica de la FGR en la que en su artículo 45, inciso 2, habla de las incompatibilidades del servicio público y dice que en el ejercicio de sus funciones la FGR no podrá conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflicto de interés. Aquí tenemos problemas de índole administrativo, y también éticos” sostiene.

Garza Onofre recuerda que la elección de un abogado (y más la de un apoderado legal) no es tan simple como elegir quien te haga un examen de la vista o qué ropa te pones. Dichas personas conocen datos muy personales y se crean vínculos, y más aún si la relación data de 20 años, como señaló Coello Zuarth en su declaración.

De ahí que incluso cuando el poder legal le hubiera sido retirado a Coello, el interés se mantendría. “Esto es como un divorcio, se puede terminar el nexo jurídico, pero eso no borra dos décadas de relación e intereses compartidos”, ejemplifica.

Estefanía Medina Ruvalcaba

Cofundadora de TOJIL A.C. y exfuncionaria de la Visitaduría General de PGR

Desde el punto de vista de la experta en derecho penal, lo que el fiscal general tendría que haber hecho es contemplar en su declaración de interés el nexo profesional y legal con el despacho Coello Trejo, y excusarse de conocer y declarar de una investigación en donde, por razones de dicha relación, podría caer en un aparente conflicto de interés.

“Pero contrario a ello, el fiscal general ha sido muy proclive a hablar del caso Odebrecht con declaraciones que incluso pueden arruinar el caso cuando, por ejemplo, anunció que lo consignaría en 60 días, una situación muy absurda porque alertas a los involucrados. Además,  adelantando parte de la estrategia al decir que sería por crimen organizado”, dijo Medina.

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Al igual que el resto de los especialistas, la abogada sostiene que la omisión de haber declarado dicho interés no equivale a la comisión de un delito, pero sí a una falta desde la perspectiva ética y administrativa. Se deja sin reportar una relación entre partes hoy confrontadas “que continúa” y que abre la puerta a diversos riesgos.

En ese contexto, la abogada sostiene que debe iniciarse una investigación en la misma Fiscalía tras la revelación de estos hallazgos, aunque advirtió —al igual que otros entrevistados— que las áreas a las que correspondería, como la Fiscalía de Asuntos Internos, carecen de la autonomía suficiente pues están subordinadas al fiscal general.

Pablo Montes

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Experto en conflicto de interés

Coincide en que una declaración de interés ayuda a clarificar en qué situaciones un funcionario puede encontrarse ante la circunstancia de un conflicto de interés aparente y que, por ende, se tomen las previsiones necesarias. La omisión en el caso de Gertz con Coello es que esto no se hizo y representa una omisión que afecta la confianza en todo el proceso e incluso en sus eventuales resultados.

“La historia hubiera sido distinta si los servidores de la FGR o el mismo fiscal hubieran dicho ‘esto pasa (sobre el vínculo con Coello, la defensa de Lozoya) y proponemos designar a alguien especializado o no meterme en el caso’. Eso es como se debió de haber actuado” dijo.

Además del tema de la omisión, Montes considera que Gertz debió romper el vínculo jurídico que mantiene con Coello Trejo desde el momento en que asumió como fiscal y supo que dicho abogado representa a una de las personas a las que ahora está investigando. Pero dicha situación, como reconoció el propio Gertz en entrevista con Quinto Elemento Lab y Animal Político, no había ocurrido por lo menos hasta el viernes pasado.

Reyna Velasco Guerrero

Abogada experta en derecho penal, administrativo  y laboral. Universidad Autónoma de Hidalgo

Velasco Guerrero considera que aun cuando Gertz le hubiera retirado el nombramiento de apoderado legal a Coello Trejo, eso no es suficiente para deshacer el conflicto existente entre las partes pues la relación ya existe, como lo prueba incluso la reciente declaración voluntaria de Coello Zuarth como testigo del hoy fiscal. El equipo de Coello testificó apenas en marzo pasado a favor del fiscal Gertz en el caso que involucra la muerte de su hermano, Federico Gertz.

Pero la abogada considera que como parte de una investigación seria, también debería verificarse si el despacho de Coello no ha incurrido en algún delito. “El Código Penal Federal, en su artículo 232, contempla el delito de abogados, patronos y litigantes, que sería el delito que estaría cometiendo Coello, porque representa los intereses de ambas partes”.

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Y, como Estefanía Medina, advierte que es importante que la Fiscalía Anticorrupción de la FGR atraiga el caso, pues se trata de una instancia autónoma a la oficina del fiscal general.

Ángel Junquera Sepúlveda

Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

A deferencia de los expertos anteriores, Junquera consideró que, en todo caso, la responsabilidad de romper el vínculo es de los abogados particulares y no del hoy fiscal general. El entrevistado supuso al responder para esta investigación, que Gertz había retirado ya el poder legal conferido a Coello Trejo, situación que no es así según lo confirmado por el propio fiscal.

“Gertz contrató a sus abogados antes de ser fiscal, lo que debería de hacer Coello Trejo es renunciar a esa defensa porque quien toma el asunto de Lozoya es él y lo toma de manera posterior, incluso él se da cuenta que existe un proceso en contra de Lozoya y lo hizo público derivado de las notas periodísticas” señaló Junquera.

De acuerdo con el abogado, el conflicto de interés tendría lugar solo si el fiscal general tuviera una actuación en el expediente auxiliando a Coello. Sin embargo, coincidió en que lo más conveniente sería romper el vínculo legal para “no tener por parte del fiscal, así como también por parte de los abogados, un posible conflicto de interés”.

Si Junquera fuera el abogado, dice, renunciaría a la defensa de Lozoya y hablaría con el primer cliente —en este caso Gertz—, para aclarar que no puede llevar el asunto que él litigará como fiscal, pero, insiste, el conflicto no es de Gertz, porque “él contrata a Coello antes de que Lozoya hiciera los actos que se le imputan”. Por lo tanto, concluye que es Coello quien falta al código de ética que rige la abogacía.