Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, y Cristóbal Sánchez, activista por los derechos de los migrantes, se encuentran ya en libertad. El juez Héctor Manuel Cervantes Martínez determinó que no los vinculará a proceso y que, por lo tanto, debían ser liberados. En ambos casos consideró que ninguno se encontraba en el lugar en el que señalaron los denunciantes. No obstante, avisa de que el Ministerio Público puede seguir con sus pesquisas.
“Yo y los migrantes somos la moneda de pago para quedar bien con Donald Trump. Fui el cordero sacrificado porque esto no fue más que un montaje”, dijo Mujica a Animal Político al abandonar el penal de Tapachula. En su opinión, su arresto y el de Cristóbal Sánchez no pueden entenderse al margen de las negociaciones entre México y Estados Unidos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforzar la frontera sur con 6 mil agentes de la Guardia Nacional y aceptar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a cambio de que Washington no impusiera aranceles.
En medio de este proceso fueron detenidos Mujica y Sánchez. Ocurrió el 5 de junio y sus casos tienen fuertes paralelismos. Los dos son defensores de los derechos de los migrantes con amplia trayectoria; los dos habían sido arrestados durante el último año en el contexto de las caravanas y los dos fueron acusados de tráfico de personas basándose en la declaración, precisamente, de centroamericanos que querían llegar a Estados Unidos.
En última instancia, los dos quedaron en libertad porque el juez consideró que ninguno de ellos estaba en el lugar en el que le situaron sus denunciantes.
En el caso de Cristóbal Sánchez se trata de una pareja de hondureños que aseguró que, el 29 de marzo, contactaron con el activista en Tecún Umán, el último municipio de Guatemala antes de cruzar a México a través del río Suchiate. Según esta versión, Sánchez habría recibido 8 mil dólares por pasarles al otro lado y ayudarles en el traslado a través de Chiapas.
Los testimonios de amigos que estuvieron con él aquella jornada desmontaron esta versión. Varias personas declararon haber estado con él en una fiesta en Ciudad de México y presentaron pruebas como los mensajes de WhatsApp o las ubicaciones del teléfono celular.
La acusación que pesaba sobre Irineo Mujica buscaba vincularse más a su presencia en una caravana. Según la denuncia, el activista habría cobrado 7 mil pesos a una pareja de hondureños el 27 de febrero en un puente cerca de Mapastepec, Chiapas.
En aquel entonces, cientos de centroamericanos transitaban en grupo por los estados del sur del país.
En su declaración, Mujica no negó haber estado cerca de la comitiva, aunque dijo que se limitó a “documentar” lo que estaba ocurriendo y que no “acompañó” debido al miedo a la “criminalización”.
Mujica alegó que el día en el que la denuncia le ubicaba en Mapastepec él se encontraba en Chahuites, Oaxaca, donde durante dos años gestionó una casa del migrante. Los querellantes fueron muy precisos con la hora: afirmaron que el activista recibió el dinero alrededor de las 9:30 horas. Este, sin embargo, presentó una testigo que certificó que a esa hora le vio en Chahuites.
Para ratificar su versión, el activista citó a declarar a Rubén Figueroa, del Movimiento de Migrantes Mesoamericano. Este declaró que el mismo día en el que la denuncia ubica a Mujica recogiendo presuntamente el dinero en Mapastepec, este celebró una reunión en Ixtepec, Oaxaca, en la que estuvieron defensores de los derechos de los migrantes como Jessica Cárdenas o el padre Alejandro Solalinde.
El religioso es, precisamente, una de las personas que ha mostrado una posición más crítica con los arrestados, especialmente con Mujica. En declaraciones con Animal Político un día después de los arrestos, aseguró que llevaba tiempo escuchando las acusaciones de cobrar a migrantes y censuró las caravanas por “hacer daño a México”.
Mujica y Sánchez se encuentran en libertad, pero la audiencia pero aún no se resuelve uno de los principales debates jurídicos. El juez no ha entrado al fondo del asunto sobre la presunta ilicitud de las romerías de centroamericanos.
Según la Ley de Migración, el tránsito sin papeles es una falta administrativa, pero no un delito.
Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige Mujica, expresó a través de un comunicado su satisfacción por la liberación de los dos activistas y agradeció el apoyo de los grupos de la sociedad civil que mostraron su preocupación por las detenciones.
El arresto de Mujica y Sánchez llega en un contexto de mucha presión hacia la migración procedente de la frontera sur y algunas organizaciones que la acompañan. Pueblo Sin Fronteras fue señalado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como “reclutador” de centroamericanos para las caravanas.
La presión de Estados Unidos ha provocado un incremento en los retenes del Instituto Nacional de Migración, que provoca que quienes tratan de alcanzar el norte se vean obligados a replegarse y caminar más escondidos y vulnerables.
