Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE
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Cuartoscuro Archivo

Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE

Lo que resulte de esta audiencia pondrá a prueba la promesa del gobierno federal de no seguir criminalizando a defensores de tierra y territorio, advierte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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3 de junio, 2019
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Este 3 de junio es el juicio oral para determinar la situación legal de 16 defensores del agua y el territorio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), organización que ha peleado desde 2003 contra la construcción de una hidroeléctrica de la CFE sobre el cauce del río Papagayo, que cruzaría el núcleo agrario de 47 pueblos del Acapulco rural, en Guerrero. 

En 2003, la CFE inició los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec. Las obras consistieron en la ampliación de caminos, el rastreo y perforación con  maquinaria, la destrucción de un cerro, la tala de árboles, el desmonte de vegetación forestal y la construcción de campamentos.

Los comuneros de Cacahuatepec denunciaron que no los consultaron antes, y que el proyecto no contaba con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer el cambio de uso de suelo. 

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que lleva la defensa legal de los pobladores opuestos a la obra, explicó en un comunicado que “la construcción de la presa hidroeléctrica afectaría a 5 municipios del estado de Guerrero, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que implicaría el desplazamiento de más de 20 mil personas, además de diversas afectaciones a alrededor de 70 mil más que viven en la zona”.

Leer >> Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

El mismo informe sobre el proyecto de CFE entregado a la Semarnat ratifica que “la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico La Parota involucra reacomodo de poblados, por lo que paralelamente al estudio de impacto ambiental se realizarán actividades para obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo de áreas forestales, uso del agua, aprovechamiento de materiales pétreos y ocupación y expropiación de tierra”.

Los pobladores decidieron defender su territorio y obligaron a la CFE a sacar la maquinaria que ya se encontraba en Cacahuatepec, para realizar los trabajos. Campamentos integrados sobre todo por mujeres se apostaron en puntos estratégicos, para impedir una nueva incursión de las máquinas. 

Acompañados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollah, los opositores al proyecto impulsaron una batalla legal por la protección de sus tierras y del Río Papagayo. También formaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop). 

Desde entonces, el Consejo ha protestado contra el impacto social y ambiental del proyecto. En 2013 dieron un paso más para proteger sus tierras y garantizar la seguridad.

De acuerdo a lo documentado por Tlachinollan sobre la historia de la organización, “ante la creciente inseguridad en Cacahuatepec, los abusos de empresarios extractores de rocas del río y la hostilidad gubernamental contra el Cecop, Cacahuatepec solicitó integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que ha extendido su sistema de seguridad y justicia a cargo de las propias comunidades indígenas”. 

Cacahuatepec recibió el visto bueno de la CRAC para conformar su policía comunitaria. Se integró El Comité de Enlace de la Región Cacahuatepec y se asignó como sede la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. A ese grupo de comunitarios formado en 2013 pertenecen los presos de quienes este 3 de junio se define su situación jurídica. 

¿De qué los acusan? 

Alrededor de las tres de la mañana del 7 de enero, de acuerdo a lo documentado por Tlachinollan y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), los policías comunitarios de Cacahuatepec realizaban un rondín en La Concepción, para resguardar un baile que se celebraba en el pueblo por una fiesta local, cuando un grupo de civiles les disparó. Eusebio Helaciano Melchor y el comandante Ulises García Martínez recibieron balazos por la espalda. Sus compañeros repelieron la agresión. 

Ocho personas resultaron muertas esa madrugada, lo dos policías comunitarios que recibieron las balas y seis personas del grupo que disparó. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado el caso señalaron como responsable de la emboscada a Florentino Melchor, comisariado de bienes comunales, quien estaba a favor de la puesta en marcha de la hidroeléctrica de la CFE. 

“A lo que se apuesta para imponer este tipo de proyectos es a la división en las comunidades. Convence a unos, les dan dinero, les prometen cosas y así destruyen el tejido social. Empiezan las pugnas y los ataques”, dice Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan. 

A las 11 de la mañana de ese mismo 7 de enero de 2018, la fuerza pública irrumpió en La Concepción. “Revisaron casas sin orden de cateo y golpearon a los pobladores”, asegura Rosales. Tres policías comunitarios más resultaron muertos: Alexis Santos Castillo, Crescencio Everardo Lorenzo y Feliciano Ascencio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que los ejecutaron extrajudicialmente. “Los policías comunitarios fueron ultimados ya estando rendidos”, asevera Rosales. 

De ese operativo de más de 200 policías estatales, acompañados por ministeriales y por integrantes del Ejército, resultaron detenidas 38 personas.

El abogado precisa que a 25 los incomunicaron y los torturaron, y “así, en ese aislamiento y sometidos a tratos crueles, es cómo se obtiene la prueba de rodizonato de sodio para saber si habían disparado”.

Rosales afirman que también se les sembraron armas. “Las mismas que decomisaron cuando catearon la comunidad, armas que son de bajo calibre, que los campesinos tienen en su casa para cuidar la parcela, el ganado; en las comunidades eso es común. Esas armas que sacaron de los domicilios sin tener una orden de cateo son las que les sembraron a los compañeros”. 

Por eso, agrega, “es que las supuestas pruebas con las que armaron la acusación contra los comunitarios se les han ido cayendo. El 6 de febrero, el juez desechó las pruebas de rodizonato confirmando que se tomaron de forma ilegal, sin la presencia de los abogados de los acusados y que la perito no obtuvo el consentimiento de los involucrados para tomarla”.

Quedan como pruebas, explica el abogado, los testimonios que señalan a los detenidos como culpables, “testimonios sobre todo de familiares de los civiles que resultaron muertos. Y las armas sembradas a los detenidos, de las que no hay un peritaje científico que indique que fueron disparadas el día de los hechos ni que las balas son las que impactaron en los cuerpos de los fallecidos”. 

Los 16 integrantes de Cecop –enfatiza el defensor– “fueron criminalizados por el Estado por oponerse a La Parota, los encarcelaron para desarticular un movimiento de resistencia”.

Dicen las autoridades “que el proyecto de la hidroeléctrica ya no existe, que ya frenó, y que cuál criminalización, pero es que saben que Cecop continuará su lucha por la defensa del Río Papagayo, que está siendo saqueado ahora por los empresarios que extraen grava de forma indiscriminada y con toda impunidad, les dan permisos para sacar un determinado número de metros cúbicos y ellos sacan lo doble y no hay quien los supervise”.

Lo que Tlachinollan y OMCT esperan respecto al juicio de hoy, dice Rosales, es que se haga justicia. “Las irregularidades en el proceso ya se evidenciaron, ahora esperemos que los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelvan de manera independiente y que se considere el desahogo de las pruebas, porque solo les quedan los testimonios y son insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal establece que debe haber pruebas más allá de toda duda razonable para dictar una condena, si hay dudas debe dictarse una sentencia absolutoria”.

Lo que resulte de esta audiencia, afirma, “puede dar un buen o un mal respecto al nuevo sistema de justicia penal y lo que ha prometido el gobierno federal” sobre liberar a los presos políticos.

Leer: Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía

“Está a prueba este sistema que debe ser garantista y debe pugnar porque el inocente no esté encarcelado, y también está a prueba la palabra del presidente de que no se va a seguir criminalizando y no se va a seguir metiendo a la cárcel a los luchadores sociales”.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
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7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

Getty Images
106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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