Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE
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Cuartoscuro Archivo

Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE

Lo que resulte de esta audiencia pondrá a prueba la promesa del gobierno federal de no seguir criminalizando a defensores de tierra y territorio, advierte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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3 de junio, 2019
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Este 3 de junio es el juicio oral para determinar la situación legal de 16 defensores del agua y el territorio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), organización que ha peleado desde 2003 contra la construcción de una hidroeléctrica de la CFE sobre el cauce del río Papagayo, que cruzaría el núcleo agrario de 47 pueblos del Acapulco rural, en Guerrero. 

En 2003, la CFE inició los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec. Las obras consistieron en la ampliación de caminos, el rastreo y perforación con  maquinaria, la destrucción de un cerro, la tala de árboles, el desmonte de vegetación forestal y la construcción de campamentos.

Los comuneros de Cacahuatepec denunciaron que no los consultaron antes, y que el proyecto no contaba con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer el cambio de uso de suelo. 

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que lleva la defensa legal de los pobladores opuestos a la obra, explicó en un comunicado que “la construcción de la presa hidroeléctrica afectaría a 5 municipios del estado de Guerrero, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que implicaría el desplazamiento de más de 20 mil personas, además de diversas afectaciones a alrededor de 70 mil más que viven en la zona”.

Leer >> Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

El mismo informe sobre el proyecto de CFE entregado a la Semarnat ratifica que “la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico La Parota involucra reacomodo de poblados, por lo que paralelamente al estudio de impacto ambiental se realizarán actividades para obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo de áreas forestales, uso del agua, aprovechamiento de materiales pétreos y ocupación y expropiación de tierra”.

Los pobladores decidieron defender su territorio y obligaron a la CFE a sacar la maquinaria que ya se encontraba en Cacahuatepec, para realizar los trabajos. Campamentos integrados sobre todo por mujeres se apostaron en puntos estratégicos, para impedir una nueva incursión de las máquinas. 

Acompañados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollah, los opositores al proyecto impulsaron una batalla legal por la protección de sus tierras y del Río Papagayo. También formaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop). 

Desde entonces, el Consejo ha protestado contra el impacto social y ambiental del proyecto. En 2013 dieron un paso más para proteger sus tierras y garantizar la seguridad.

De acuerdo a lo documentado por Tlachinollan sobre la historia de la organización, “ante la creciente inseguridad en Cacahuatepec, los abusos de empresarios extractores de rocas del río y la hostilidad gubernamental contra el Cecop, Cacahuatepec solicitó integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que ha extendido su sistema de seguridad y justicia a cargo de las propias comunidades indígenas”. 

Cacahuatepec recibió el visto bueno de la CRAC para conformar su policía comunitaria. Se integró El Comité de Enlace de la Región Cacahuatepec y se asignó como sede la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. A ese grupo de comunitarios formado en 2013 pertenecen los presos de quienes este 3 de junio se define su situación jurídica. 

¿De qué los acusan? 

Alrededor de las tres de la mañana del 7 de enero, de acuerdo a lo documentado por Tlachinollan y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), los policías comunitarios de Cacahuatepec realizaban un rondín en La Concepción, para resguardar un baile que se celebraba en el pueblo por una fiesta local, cuando un grupo de civiles les disparó. Eusebio Helaciano Melchor y el comandante Ulises García Martínez recibieron balazos por la espalda. Sus compañeros repelieron la agresión. 

Ocho personas resultaron muertas esa madrugada, lo dos policías comunitarios que recibieron las balas y seis personas del grupo que disparó. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado el caso señalaron como responsable de la emboscada a Florentino Melchor, comisariado de bienes comunales, quien estaba a favor de la puesta en marcha de la hidroeléctrica de la CFE. 

“A lo que se apuesta para imponer este tipo de proyectos es a la división en las comunidades. Convence a unos, les dan dinero, les prometen cosas y así destruyen el tejido social. Empiezan las pugnas y los ataques”, dice Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan. 

A las 11 de la mañana de ese mismo 7 de enero de 2018, la fuerza pública irrumpió en La Concepción. “Revisaron casas sin orden de cateo y golpearon a los pobladores”, asegura Rosales. Tres policías comunitarios más resultaron muertos: Alexis Santos Castillo, Crescencio Everardo Lorenzo y Feliciano Ascencio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que los ejecutaron extrajudicialmente. “Los policías comunitarios fueron ultimados ya estando rendidos”, asevera Rosales. 

De ese operativo de más de 200 policías estatales, acompañados por ministeriales y por integrantes del Ejército, resultaron detenidas 38 personas.

El abogado precisa que a 25 los incomunicaron y los torturaron, y “así, en ese aislamiento y sometidos a tratos crueles, es cómo se obtiene la prueba de rodizonato de sodio para saber si habían disparado”.

Rosales afirman que también se les sembraron armas. “Las mismas que decomisaron cuando catearon la comunidad, armas que son de bajo calibre, que los campesinos tienen en su casa para cuidar la parcela, el ganado; en las comunidades eso es común. Esas armas que sacaron de los domicilios sin tener una orden de cateo son las que les sembraron a los compañeros”. 

Por eso, agrega, “es que las supuestas pruebas con las que armaron la acusación contra los comunitarios se les han ido cayendo. El 6 de febrero, el juez desechó las pruebas de rodizonato confirmando que se tomaron de forma ilegal, sin la presencia de los abogados de los acusados y que la perito no obtuvo el consentimiento de los involucrados para tomarla”.

Quedan como pruebas, explica el abogado, los testimonios que señalan a los detenidos como culpables, “testimonios sobre todo de familiares de los civiles que resultaron muertos. Y las armas sembradas a los detenidos, de las que no hay un peritaje científico que indique que fueron disparadas el día de los hechos ni que las balas son las que impactaron en los cuerpos de los fallecidos”. 

Los 16 integrantes de Cecop –enfatiza el defensor– “fueron criminalizados por el Estado por oponerse a La Parota, los encarcelaron para desarticular un movimiento de resistencia”.

Dicen las autoridades “que el proyecto de la hidroeléctrica ya no existe, que ya frenó, y que cuál criminalización, pero es que saben que Cecop continuará su lucha por la defensa del Río Papagayo, que está siendo saqueado ahora por los empresarios que extraen grava de forma indiscriminada y con toda impunidad, les dan permisos para sacar un determinado número de metros cúbicos y ellos sacan lo doble y no hay quien los supervise”.

Lo que Tlachinollan y OMCT esperan respecto al juicio de hoy, dice Rosales, es que se haga justicia. “Las irregularidades en el proceso ya se evidenciaron, ahora esperemos que los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelvan de manera independiente y que se considere el desahogo de las pruebas, porque solo les quedan los testimonios y son insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal establece que debe haber pruebas más allá de toda duda razonable para dictar una condena, si hay dudas debe dictarse una sentencia absolutoria”.

Lo que resulte de esta audiencia, afirma, “puede dar un buen o un mal respecto al nuevo sistema de justicia penal y lo que ha prometido el gobierno federal” sobre liberar a los presos políticos.

Leer: Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía

“Está a prueba este sistema que debe ser garantista y debe pugnar porque el inocente no esté encarcelado, y también está a prueba la palabra del presidente de que no se va a seguir criminalizando y no se va a seguir metiendo a la cárcel a los luchadores sociales”.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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