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Cuartoscuro Archivo

Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE

Lo que resulte de esta audiencia pondrá a prueba la promesa del gobierno federal de no seguir criminalizando a defensores de tierra y territorio, advierte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Cuartoscuro Archivo
3 de junio, 2019
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Este 3 de junio es el juicio oral para determinar la situación legal de 16 defensores del agua y el territorio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), organización que ha peleado desde 2003 contra la construcción de una hidroeléctrica de la CFE sobre el cauce del río Papagayo, que cruzaría el núcleo agrario de 47 pueblos del Acapulco rural, en Guerrero. 

En 2003, la CFE inició los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec. Las obras consistieron en la ampliación de caminos, el rastreo y perforación con  maquinaria, la destrucción de un cerro, la tala de árboles, el desmonte de vegetación forestal y la construcción de campamentos.

Los comuneros de Cacahuatepec denunciaron que no los consultaron antes, y que el proyecto no contaba con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer el cambio de uso de suelo. 

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que lleva la defensa legal de los pobladores opuestos a la obra, explicó en un comunicado que “la construcción de la presa hidroeléctrica afectaría a 5 municipios del estado de Guerrero, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que implicaría el desplazamiento de más de 20 mil personas, además de diversas afectaciones a alrededor de 70 mil más que viven en la zona”.

Leer >> Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

El mismo informe sobre el proyecto de CFE entregado a la Semarnat ratifica que “la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico La Parota involucra reacomodo de poblados, por lo que paralelamente al estudio de impacto ambiental se realizarán actividades para obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo de áreas forestales, uso del agua, aprovechamiento de materiales pétreos y ocupación y expropiación de tierra”.

Los pobladores decidieron defender su territorio y obligaron a la CFE a sacar la maquinaria que ya se encontraba en Cacahuatepec, para realizar los trabajos. Campamentos integrados sobre todo por mujeres se apostaron en puntos estratégicos, para impedir una nueva incursión de las máquinas. 

Acompañados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollah, los opositores al proyecto impulsaron una batalla legal por la protección de sus tierras y del Río Papagayo. También formaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop). 

Desde entonces, el Consejo ha protestado contra el impacto social y ambiental del proyecto. En 2013 dieron un paso más para proteger sus tierras y garantizar la seguridad.

De acuerdo a lo documentado por Tlachinollan sobre la historia de la organización, “ante la creciente inseguridad en Cacahuatepec, los abusos de empresarios extractores de rocas del río y la hostilidad gubernamental contra el Cecop, Cacahuatepec solicitó integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que ha extendido su sistema de seguridad y justicia a cargo de las propias comunidades indígenas”. 

Cacahuatepec recibió el visto bueno de la CRAC para conformar su policía comunitaria. Se integró El Comité de Enlace de la Región Cacahuatepec y se asignó como sede la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. A ese grupo de comunitarios formado en 2013 pertenecen los presos de quienes este 3 de junio se define su situación jurídica. 

¿De qué los acusan? 

Alrededor de las tres de la mañana del 7 de enero, de acuerdo a lo documentado por Tlachinollan y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), los policías comunitarios de Cacahuatepec realizaban un rondín en La Concepción, para resguardar un baile que se celebraba en el pueblo por una fiesta local, cuando un grupo de civiles les disparó. Eusebio Helaciano Melchor y el comandante Ulises García Martínez recibieron balazos por la espalda. Sus compañeros repelieron la agresión. 

Ocho personas resultaron muertas esa madrugada, lo dos policías comunitarios que recibieron las balas y seis personas del grupo que disparó. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado el caso señalaron como responsable de la emboscada a Florentino Melchor, comisariado de bienes comunales, quien estaba a favor de la puesta en marcha de la hidroeléctrica de la CFE. 

“A lo que se apuesta para imponer este tipo de proyectos es a la división en las comunidades. Convence a unos, les dan dinero, les prometen cosas y así destruyen el tejido social. Empiezan las pugnas y los ataques”, dice Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan. 

A las 11 de la mañana de ese mismo 7 de enero de 2018, la fuerza pública irrumpió en La Concepción. “Revisaron casas sin orden de cateo y golpearon a los pobladores”, asegura Rosales. Tres policías comunitarios más resultaron muertos: Alexis Santos Castillo, Crescencio Everardo Lorenzo y Feliciano Ascencio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que los ejecutaron extrajudicialmente. “Los policías comunitarios fueron ultimados ya estando rendidos”, asevera Rosales. 

De ese operativo de más de 200 policías estatales, acompañados por ministeriales y por integrantes del Ejército, resultaron detenidas 38 personas.

El abogado precisa que a 25 los incomunicaron y los torturaron, y “así, en ese aislamiento y sometidos a tratos crueles, es cómo se obtiene la prueba de rodizonato de sodio para saber si habían disparado”.

Rosales afirman que también se les sembraron armas. “Las mismas que decomisaron cuando catearon la comunidad, armas que son de bajo calibre, que los campesinos tienen en su casa para cuidar la parcela, el ganado; en las comunidades eso es común. Esas armas que sacaron de los domicilios sin tener una orden de cateo son las que les sembraron a los compañeros”. 

Por eso, agrega, “es que las supuestas pruebas con las que armaron la acusación contra los comunitarios se les han ido cayendo. El 6 de febrero, el juez desechó las pruebas de rodizonato confirmando que se tomaron de forma ilegal, sin la presencia de los abogados de los acusados y que la perito no obtuvo el consentimiento de los involucrados para tomarla”.

Quedan como pruebas, explica el abogado, los testimonios que señalan a los detenidos como culpables, “testimonios sobre todo de familiares de los civiles que resultaron muertos. Y las armas sembradas a los detenidos, de las que no hay un peritaje científico que indique que fueron disparadas el día de los hechos ni que las balas son las que impactaron en los cuerpos de los fallecidos”. 

Los 16 integrantes de Cecop –enfatiza el defensor– “fueron criminalizados por el Estado por oponerse a La Parota, los encarcelaron para desarticular un movimiento de resistencia”.

Dicen las autoridades “que el proyecto de la hidroeléctrica ya no existe, que ya frenó, y que cuál criminalización, pero es que saben que Cecop continuará su lucha por la defensa del Río Papagayo, que está siendo saqueado ahora por los empresarios que extraen grava de forma indiscriminada y con toda impunidad, les dan permisos para sacar un determinado número de metros cúbicos y ellos sacan lo doble y no hay quien los supervise”.

Lo que Tlachinollan y OMCT esperan respecto al juicio de hoy, dice Rosales, es que se haga justicia. “Las irregularidades en el proceso ya se evidenciaron, ahora esperemos que los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelvan de manera independiente y que se considere el desahogo de las pruebas, porque solo les quedan los testimonios y son insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal establece que debe haber pruebas más allá de toda duda razonable para dictar una condena, si hay dudas debe dictarse una sentencia absolutoria”.

Lo que resulte de esta audiencia, afirma, “puede dar un buen o un mal respecto al nuevo sistema de justicia penal y lo que ha prometido el gobierno federal” sobre liberar a los presos políticos.

Leer: Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía

“Está a prueba este sistema que debe ser garantista y debe pugnar porque el inocente no esté encarcelado, y también está a prueba la palabra del presidente de que no se va a seguir criminalizando y no se va a seguir metiendo a la cárcel a los luchadores sociales”.

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Reuters

El caso del afroestadounidense condenado a muerte que fue juzgado 6 veces por el mismo crimen en EU

Curtis Flowers es acusado de cuatro homicidios, pero se ha librado de la pena capital debido a motivos raciales que han causado polémica durante sus juicios.
Reuters
24 de junio, 2019
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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este sábado la condena del afroestadounidense Curtis Flowers, sentenciado a muerte por sexta vez en Mississippi, debido a que la Fiscalía excluyó a los jurados negros del juicio.

Los jueces dictaminaron 7-2 que su derecho a un juicio justo había sido violado.

Flowers, de 49 años y que lleva 22 en prisión, ha sido juzgado seis veces por los asesinatos de cuatro trabajadores de una tienda de muebles en Winona, Mississippi, en 1996.

Y el estado podría llevarlo a juicio por séptima vez por el mismo caso.

¿Qué pasó en los juicios?

Flowers fue declarado culpable en los tres primeros procesos, el primero con un jurado compuesto exclusivamente por individuos blancos y los dos siguientes con un solo integrante negro. El cuarto y quinto fueron juicios nulos.

Corte Suprema de Estados Unidos.

Getty Images
Los fiscales en EE.UU. pueden descartar a un número limitado de posibles integrantes del jurado al inicio de un caso sin dar una razón, pero es ilegal hacerlo por motivos de raza.

La Corte Suprema de Mississippi anuló las tres primeras condenas por “numerosos casos de conducta indebida de la fiscalía”, incluida la discriminación contra los jurados negros.

Los fiscales en EE.UU. pueden descartar a un número limitado de posibles jurados al inicio de un caso sin dar una razón, pero una resolución de la Corte Suprema de 1986 hizo que fuera ilegal hacerlo por motivos de raza.

En el sexto juicio, los fiscales desestimaron a cinco de los seis miembros afroestadounidenses, lo que, según Flowers, era discriminatorio.

La Corte Suprema de Mississippi emitió la sexta condena, pero la Corte Suprema de EE.UU la anuló el viernes.

¿Qué dijo la Corte Suprema de EE.UU.?

El juez Brett Kavanaugh, quien emitió por escrito la opinión de la mayoría, dijo que el Estado había estado “involucrado en cuestionamientos dramáticamente dispares” de posibles jurados basados en la raza.

Curtis Flowers antes de ser enviado a prisión

In The Dark
Curtis Flowers lleva en prisión desde 1997.

En su veredicto señaló que, en particular, uno de los jueces negros excluidos, Carolyn Wright, estaba “en una situación similar” a los miembros blancos a quienes la Fiscalía no se oponía.

Por su parte, el juez Samuel Alito señaló que era “arriesgado” que el caso fuera procesado “una vez más por el mismo fiscal”.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Doug Evans, quien es blanco, ha llevado el caso de Flowers las seis veces anteriores.

¿Qué dijeron los jueces disidentes?

Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch no estuvieron de acuerdo.

Habitación donde se ejecuta la pena de muerte

Getty Images
Curtis Flowers enfrenta la pena de muerte.

El juez Thomas dijo que la decisión de la mayoría era “manifiestamente incorrecta” y dijo que la nueva decisión prolongaría la “pesadilla” de las familias de las víctimas.

También señaló que la mayoría no cuestionó el veredicto de culpabilidad o la imparcialidad del jurado, solo la conducta del fiscal.

El juez Thomas, el único afroestadounidense de la corte, señaló que la defensa también había utilizado ataques para eliminar a posibles jurados blancos.

¿Cómo ocurrieron los asesinatos?

Los asesinatos ocurrieron el 16 de julio de 1996 en Winona, Mississippi, una pequeña ciudad con una población de alrededor de 5,000 habitantes, 53% de ellos negros y 46% blancos.

La dueña de la tienda, Bertha Tardy de 59 años, el repartidor, Robert Golden de 42 años, el empleado a tiempo parcial, Derrick Stewart de 16 años, y la contadora Carmen Rigby, de 45 años, fueron asesinados a tiros en la tienda de muebles Tardy.

Golden era negro; las otras víctimas eran blancas.

Flowers había trabajado en la tienda, pero había sido despedido recientemente. Tardy, la dueña de la tienda, habría retenido su paga después de despedirlo. Faltaban cerca de US$300 dólares en la tienda después de los asesinatos.

Flowers no tenía una coartada para la mañana en que ocurrieron los asesinatos, pero tampoco tenía antecedentes penales.

Los testigos y la evidencia en la escena fueron impugnados.

Archie y Lola Flowers

Ben Depp/APM Reports
Los padres de Curtis Flowers, Archie y Lola.

¿Cuál es la reacción?

Después de la decisión, Benny Rigby, cuya esposa Carmen murió en el tiroteo, dijo al periódico local Clarion Ledger de Mississippi: “No hay justicia”.

“Si fuera blanco, ya lo habrían ejecutado”, agregó Rigby.

Pero la familia de Flowers se alegró con la resolución.

Su hermano mayor, Archie Flowers Jr, dijo que los tribunales “deberían haberlo dejado ir”.

“No hay duda en nuestras mentes de que él es inocente y Dios lo demostró hoy”.


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