A pesar de los esfuerzos para transparentar y dar legalidad a los gastos durante las campañas políticas de 2016, 2017 y 2018, el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores se encargaron de analizar e investigar qué sucede con el financiamiento y gasto ilegal de las campañas en México.
El equipo compuesto por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad; Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, y los investigadores Leonardo Núñez y Ximena Mata, documentaron el financiamiento y el gasto ilegal en las campañas políticas.
En entrevista con Animal Político, Amparo Casar explicó que en esta investigación no estudiaron los usos y abusos de los recursos públicos en materia electoral sino en las campañas.
La investigación comenzó con las elecciones a gubernaturas en 2016 y 2017, para después incorporar las elecciones de 2018.
“El hallazgo más notable, aunque no necesariamente el más importante, desde mi punto de vista es que, en promedio, por cada peso que los candidatos reportan al Instituto Federal Electoral, en realidad gastan 25 pesos por debajo de la mesa”, señaló.
“Lo que reportamos aquí, por un lado, es la simulación y los incentivos que hay para meter dinero bajo la mesa. El hallazgo más notable es de los 25 por debajo de la mesa, aparte de que constituyen una clara ilegalidad y una clara violación a la normatividad que tiene una consecuencia gravísima sobre las elecciones”, agregó.
¿Qué hay después de ganar?
El problema, destaca la investigación, está cuando la persona llega al cargo y la cantidad de compromisos adquiridos que obtuvo para obtener ese puesto.
“Recibió dinero del crimen organizado, ya sea del sector privado, ya sea del sector público, ya llega con compromisos, en términos de la vida pública que va a llevar a cabo”, explicó Casar.
Además, explicó que en el caso del sector privado se ve beneficiado al otorgarles los contratos de estructura o de compras de gobierno, mientras que empresarios dan contratos de uniformes y botas de policías o desayunos escolares.
El caso del narcotráfico es un sector que no fue estudiado en el libro pero que conforma la tercera fuente de financiamientos y gasto ilegal en las campañas, de acuerdo con Integralia y MCCI.
También destacan que los partidos políticos solo llegan a reportar el 30 % de los gastos que pueden pueden realizar (topes de campaña).
“Encontramos que en las elecciones el dinero que circula en la economía es mucho más de lo que pasa en años donde no hay elecciones”, señaló Leonardo Núñez.
De acuerdo con el investigador, el libro documenta el desvío de recursos públicos y la entrada de dinero ilegal por parte del sector privado a las campañas, que es lo que explica los 25 pesos por cada peso reportado que entra debajo de la mesa.
De los 25 pesos al destino final de los recursos
Los investigadores señalaron que, en promedio, una campaña de gobernador cuesta 850 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos hechos, pese a que el tope de gastos de una campaña así suele se de 47 millones. Incluso, lo que reportan en promedio son 22 millones.
“Entonces la distancia entre los 47 millones a 850 millones de pesos es de 25, digamos que ese es el número promedio. Esto se fue tajando por medio de las entrevistas en las que encontramos el mismo número y misma proporción”, agregaron.
Amparo Casar concluye que, en Dinero bajo la mesa, más allá de los 25 pesos que se obtienen ilegalmente “no todo ese dinero entra a las campañas… hay una parte que queda en el bolsillo del político, del operador, de la autoridad, en fin, creo que eso también es importante decirlo”, sentenció.
Con autorización de editorial Grijalbo, Animal Político te regala el primer capítulo del libro Debajo de la mesa de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad en colaboración con Integralia Consultores.
