Estafa Maestra: Auditoría denuncia ante FGR a otras dos universidades por presuntos desvíos millonarios
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Estafa Maestra: Auditoría denuncia ante FGR a otras dos universidades por presuntos desvíos millonarios

Las dos nuevas universidades denunciadas son el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Politécnica de Tlaxcala.
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29 de junio, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso este viernes otras dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de dos universidades por el presunto desvío millonario de recursos públicos a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Las dos universidades denunciadas penalmente son el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en el estado de Tabasco, y la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

La Auditoría las denunció luego de que señalara numerosas irregularidades en los convenios que estas dos universidades públicas firmaron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en las cuentas públicas 2016 y 2017, cuando Rosario Robles era la titular de esa dependencia del gobierno federal.

De acuerdo con la investigación de la Auditoría, las dos universidades recibieron 356 millones de pesos para que le brindaran a la Sedatu una serie de servicios.

Sin embargo, las universidades entregaron la mayor parte de ese dinero a empresas fantasma o irregulares provocando un presunto daño al erario, que ahora tendrá que investigar la Fiscalía para llevarlo ante justicia.

Estas dos denuncias penales se suman a las 30 presentadas entre 2014 y octubre de 2018 relacionadas con La Estafa Maestra por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.

Entre esas 32 denuncias en total, la Auditoría ha llevado ante la Fiscalía a dependencias como Sedesol y Sedatu, y a las universidades autónomas del Estado de México, Morelos, Zacatecas, Tabasco y Campeche; y las politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y Francisco I. Madero, en Hidalgo, entre otras.

También denunció al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a Radio y Televisión de Hidalgo, y Televisora de Hermosillo (Telemax).

En todos los casos, el sistema de desvío es siempre el mismo: una dependencia de gobierno hace convenios con universidades o sistemas de radio para hacer supuestos servicios. Éstos, a su vez, subcontratan a empresas que resultan ser fantasma, y, por tanto, el dinero desaparece. Y esto ocurre por el uso de la excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre entes públicos sin necesidad de pasar por una licitación pública.

Universidad en Comalcalco participó en presuntos desvíos en Sedatu y Pemex

En octubre de 2015 y mayo de 2016, el Instituto Superior Tecnológico de Comalcalco (ITSC) firmó tres convenios con la Sedatu, por los que recibió 168 millones 388 mil pesos de dinero público para la prestación de servicios como “diagnóstico de la situación actual de la Vivienda en México y sus Alternativas”, e “incrementar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas”.

Sin embargo, en su investigación la Auditoría encontró que, a pesar de recibir el dinero público, el Instituto no presentó la documentación de los convenios firmados con Sedatu, ni los comprobantes de pago, ni los entregables de los servicios que supuestamente hizo.

Lo que sí hallaron los auditores fue que con ese dinero se subcontrató a varias empresas, que tampoco dieron los servicios.

Entre éstas se encuentra Contabilidad y Soluciones INNER SA de CV, una empresa que, según constató la ASF en una visita domiciliaria, no tiene instalaciones reales, ni estructura, ni personal alguno laborando. Es decir, solo existe en el papel y simula operaciones comerciales.

Esta compañía ‘”papel” también fue utilizada en el presunto desvío millonario al estilo Estafa Maestra que tuvo lugar en otro convenio firmado entre Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en el que esta empresa “fachada” se llevó casi 43 millones de pesos. 

Falsificación de firmas de funcionarios de Sedatu

El informe de la Auditoría también señala que el entonces director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña, aseguró que no celebró ningún contrato ni convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, ni con ninguna otra, ya que no estaba facultado para hacerlo por ley.

Por lo que denunció que su firma fue falsificada en el primer convenio específico SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/016, del 3 de mayo de 2016, con esa universidad.

Lo anterior coincide, además, con la denuncia que el pasado 13 de junio interpuso ante la Fiscalía el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, quien señaló que su firma fue falsificada en otros dos convenios generales firmados entre la Sedatu y  el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco para la realización de una serie de servicios. En este caso, se trata de los convenios SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, del 11 de enero de 2016.

Tanto Enrique González Tiburcio, como Armando Saldaña, denunciaron, además, que sus firmas fueron falsificadas en otros convenios firmados entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en los que la Auditoría también señaló desvíos millonarios al estilo Estafa Maestra.

Sin embargo, en el caso de González Tiburcio, a pesar de que acudió ante la Fiscalía en calidad de denunciante, los peritos de la entonces PGR determinaron que la firma en el convenio fraudulento sí es verdadera, por lo que el exfuncionario pasó a ser imputado por el delito de “falsedad de declaración”, y posteriormente vinculado a proceso el pasado 30 de enero.

Lee aquí el informe íntegro de la Auditoría sobre el Instituto de Comalcalco.

Además del convenio con Sedatu denunciado por la ASF ante la Fiscalía, el Instituto Superior de Comalcalco firmó otros convenios con Pemex Exploración y Producción (PEMEX-PEP) que derivaron en otros presuntos desvíos de recursos públicos.

En 2013, esta universidad tabasqueña firmó hasta seis convenios con Pemex-PEP por 385 millones de pesos. De ese dinero, Animal Político documentó en la investigación La Estafa Maestra que 358 millones fueron a parar a las cuentas bancarias de empresas fantasma, a través de la ya mencionada violación a la ley federal de adquisiciones. Mientras que los 27 millones restantes se los quedó la universidad solo por hacer de intermediaria con las compañías fraudulentas.

Distracción de recursos 

En cuanto a la otra universidad denunciada, la Politécnica de Tlaxcala, ésta firmó entre 2016 y 2017 nueve convenios de colaboración con la Sedatu, que le pagó 188 millones 634 mil pesos a cambio de una serie de servicios, como “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala”, o el “servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.

Sin embargo, en una auditoría forense -la número 1611-DS-, la ASF detectó que la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.

Una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría, “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.

Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente” a una persona moral de las subcontratadas que no guardan ninguna relación con los convenios específicos firmados con Sedatu, aunado a que dos personas morales más a quienes se les realizó pagos por supuestos servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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