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Cuartoscuro

¿Cómo planea el gobierno distribuir medicamentos? Estos son los costos y los riesgos

Asesores sanitarios, integrantes de la industria farmacéutica y especialistas mostraron su preocupación sobre el cambio de esquema de distribución.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega y Manu Ureste
14 de junio, 2019
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Durante más de 30 años, el gobierno de México ha trasladado la responsabilidad y los costos de la distribución de medicinas a empresas especializadas, que aprovecharon la oportunidad para invertir en infraestructura y logística que les permitió tener un negocio sólido. 

Pero, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió hacerse cargo de la distribución de los medicamentos, argumentando que esta decisión es para evitar posibles actos de corrupción, como inflar los precios de las medicinas y prácticas monopólicas, y también para recortar los elevados costos que se generaban en la adquisición y distribución de los fármacos. 

El Ejecutivo está diseñando un nuevo esquema de distribución, en el que la Secretaría de Hacienda encargó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que asuma la responsabilidad de repartir las medicinas en todo el país, informó en una nota El Universal.  

Lo anterior quedó refrendado el pasado 5 de junio, cuando se publicaron las bases de la licitacion para la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este 2019. Con la nueva licitación, cuyo fallo está previsto para el próximo 20 de junio en un proceso “abreviado”, los fabricantes entregarán directamente los medicamentos en siete almacenes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y después de la entrega, el gobierno será 100 % responsable de los fármacos.

De esta forma, se rompe con el esquema anterior, en el que, hasta noviembre pasado, eran los distribuidores quienes compraban los medicamentos a los fabricantes, los repartían, y luego pagaban a los laboratorios, en una especie de financiamiento al sector público.

Asesores en temas de logística sanitaria, integrantes de la industria farmacéutica y especialistas en el tema mostraron su preocupación sobre el cambio de esquema, argumentando que tal y como publicó Animal Político el 31 de mayo,el IMSS no tiene la infraestructura, el transporte especializado, ni el presupuesto, para repartir fármacos en todo el país.

Jacobo García Villarreal, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explica que los medicamentos, por sus características inherentes, pueden requerir ciertas condiciones especiales, por ejemplo, de temperatura. Además, pueden tener términos de caducidad que obligan a la oportunidad en su distribución.  

“Sería importante, por eso, conocer públicamente cuál es el plan para la distribución y su relación costo-beneficio con respecto a otras alternativas posibles. Por ahora, lo que sabemos es lo que ha circulado en los medios, que es que aparentemente el IMSS llevará a cabo la distribución y, desde luego, surge la pregunta de si el IMSS tiene las capacidades y los medios para hacerlo cumpliendo los cuatro criterios básicos en esto: oportunidad, eficiencia, calidad y suficiencia”.

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No se puede fabricar medicinas en 10 días

Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló en entrevista que la primera preocupación de su sector es el tiempo en el que deben fabricar y entregar mil millones de piezas de medicamentos en los próximos seis meses que restan del año, lo que equivale a 166 millones de fármacos al mes, el 16 % del total.

“(El gobierno) nos ha dicho que la magnitud de la primera entrega en el primer mes sería 15 o 20 % del total de los productos. Esto supone que muchos medicamentos deberán estar listos en muy corto plazo de tiempo, ya que, desde el primer fallo de la licitación hasta la entrega, son solo 10 días. Por lo que solo podrán cumplir quienes ganen la licitación y cuenten con el producto ya fabricado en plaza”. 

Sin embargo, Gual explicó que por lo general los laboratorios empiezan a fabricar hasta que ganan una licitación, por lo que que quizá no podrían entregar en los primeros días de julio, tal y como pidió la Secretaría de Hacienda como requisito para participar en la licitación consolidada para este segundo semestre del año.

“Un vez que se gana la licitación, es cuando se importa la materia prima del producto, se hacen las pruebas de calidad, y luego la fabricación del medicamento. Y para eso se necesitan entre dos y tres meses”, señaló el director de Canifarma

Los riesgos en el transporte

A la industria farmacéutica tampoco le convence las novedades en la distribución, especialmente el anuncio de que será el IMSS la institución que la asumirá, ya que los medicamentos requieren condiciones muy especiales de conservación y traslado con las que el Seguro Social no cuenta hasta ahora debido a que es una institución que nació para dar servicios de salud, y no para distribuir medicinas.

Por ejemplo, se requiere de una flota de camiones frigoríficos para mantener durante todo el traslado la cadena de frío, con el fin de que los fármacos no se descompongan, no pierdan su efectividad, y, sobre todo, no afecten a la salud de los pacientes.

Además, según el reglamento de Insumos para la Salud y la NOM-059-SSA1-2015, los transportes que se utilicen para la distribución deben reunir condiciones muy específicas, como estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos, y que puedan limpiarse con facilidad. 

En caso de necesitar equipamiento con cámara de refrigeración, deberán usar un control gráfico de temperatura. El vehículo tendrá que reunir los requisitos y condiciones de seguridad para evitar desvíos o robos de los productos. Y los operadores deberán estar capacitados en el manejo de insumos para la salud, así como para aplicar medidas de emergencia ante eventualidades y accidentes. 

Todo lo anterior, para evitar casos recientes como el que denunció Adrián Quiroz, presidente de la organización civil Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Quiroz señaló que los antirretrovirales para los usuarios del seguro popular están llegando a la Clínica Condesa y de ahí se están distribuyendo en camionetas de los diferentes estados y hasta en ambulancias a los diferentes puntos de la República, “con riesgo de que no se conserven a la temperatura adecuada y hasta de que se los roben, porque estamos hablando de cargamentos que valen millones de pesos”. 

“La cuestión aquí es que transportar medicamentos no es transportar cualquier otro producto -enfatizó por su parte Rafael Gual, de Canifarma-. Es decir, se requiere de un cuidado muy especial. Y por eso nos preocupa que se haya deslindado de este proceso a la industria farmacéutica para que los medicamentos lleguen a los destinatarios a tiempo y en condicones óptimas”.

Las exigencias para el almacenaje

Otro aspecto crítico es el almacenaje de las medicinas. Sobre este punto cabe precisar que, si bien para el próximo semestre el gobierno comprará mil millones de piezas de medicamento, lo común es que para un año se lleguen a comprar hasta 2 millones 400 mil fármacos, los cuales hay que guardar en almacenes equipados con alta tecnología para conservarlos en condiciones óptimas hasta su distribución y llegada final al paciente. 

Y en este punto, el sector farmacéutico también tiene muchas dudas. Un asesor de la industria de logística sanitaria expuso que, actualmente, el almacén más grande de productos farmacéuticos en el país es uno que da servicio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajdores del Estado (ISSSTE).

Este almacén tiene 25 mil metros cuadrados y más de 100 unidades de transporte con capacidad de manejo de red fría (camiones de 16 toneladas y camionetas de 5 y 3.5 toneladas), pero apenas mueve mensualmente alrededor de 20 millones de piezas al mes. Una cifra que está lejos de los 166 millones de piezas de medicamentos que se deberá almacenar y distribuir al mes, en el próximo semestre de este año.

“Es decir, se necesitaría, al menos, 10 almacenes como ese y alrededor de mil unidades de transporte con red fría para hacer el abastecimiento de todos los fármacos”, señaló el asesor, quien pidió el anonimato.

Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015 establece que los almacenes deben contar con un sistema de gestión de riesgos de calidad, con personal calificado, con equipos y procesos (cámaras frías, refrigeradores, congeladores, transportes, sistemas computarizados, entre otros) y control de productos devueltos. 

Además, la Ley General de Salud establece que en los almacenes farmacéuticos debe haber un responsable de garantizar la identidad, pureza y seguridad de los productos. Este rol deben asumirlo químicos farmacobiólogos, químicos farmacéuticos industriales, o al menos alguien ligado al área de farmacia, con título y cédula profesional. 

Si se pretendiera adquirir almacenes con estas caractrísticas, el asesor dijo que el gasto ronda los 400 o 500 millones de pesos anuales y eso arrendando todo. La inversión principal sería en sistemas de tecnología para manejar el almacén e iría de los 20 a los 100 millones, según su complejidad. Y se necesitaría entre 12 y 18 meses para tener listo ese sistema.

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Otros factores críticos

La logística de los medicamentos también involucra otros factores críticos que, con el nuevo modelo de distribución, el gobierno tendrá que asumir.

Por ejemplo, para el manejo de fárcamos que requieren receta médica, es necesario, por ley, contar con libros de control en cada punto de la cadena de suministro.

Es decir, cada vez que uno de estos productos pasa por un almacén, por un hospital, clínica o farmacia, el responsable sanitario debe resguardar un registro escrito a mano, con el detalle de entrada y salida. Esto, para asegurar que en todas las fases, hasta su consumo, estos fármacos pasaron solo por lugares autorizados para su manejo y dispensación. 

Otros productos, como los biológicos o biotecnológicos (vacunas, insulinas, factores antihemofílicos), requieren mantenerse en temperaturas controladas entre 2 y 8 grados centígrados o en congelación. Cualquier desviación en estos parámetros puede significar que el producto pierda sus atributos y no cure, o que pueda acarrear efectos secundarios adversos. 

Otro componente a considerar en la logística de medicamentos es la trazabilidad, que permita conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un lote de productos a lo largo de la cadena de suministro. 

Sobre este punto, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que los fármacos deben controlarse por lotes, “porque si se presenta algún riesgo con ellos, se debe poder identificar dónde está cada pieza de cada lote para poderla recuperar, incluso si ya la tiene el paciente”. 

Los entrevistados coincidieron en señalar que la distribución de medicamentos es un mecanismo costoso y complejo, y que no cualquiera puede asumir y garantizar que la entrega será oportuna y con los parámetros necesarios de calidad y seguridad para no afectar la salud de los pacientes. 

Animal Político buscó a la Secretaría de Hacienda y al IMSS para conocer más a detalle el plan para que el gobierno distribuya millones de medicinas. Pero, hasta el momento de publicar esta nota, no hubo respuesta a las solicitudes de entrevista.

Hay que acabar con prácticas monopólicas: gobierno

A pesar de las dudas y de la inconformidad en el sector farmacéutico y de logística con el nuevo esquema de distribución, el presidente López Obrador ha señalado públicamente en múltiples ocasiones que este nuevo esquema tiene su razón de ser en dos objetivos: uno, acabar con viejas prácticas de corrupción en la industria sanitaria, como inflar los precios de las medicinas y acaparar el mercado. Y dos, recortar gastos en la distribución, siguiendo el principio de “austeridad republicana”.

Por ello, el presidente anunció el pasado 9 de abril, el veto a tres distribuidores de medicamentos, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA De CV Y Maypo, quienes en el 2018 vendieron 62.4 % de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS, por 34 mil 280 millones de pesos.

En el oficio 009/03/20/19 enviado el 20 de marzo a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, el mandatario aseguró que el “hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.

Días después, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo que citó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos. 

Aunque aclaró, en un comunicado, que la investigación inició de oficio el 19 de mayo de 2016 y concluyó el 8 de enero de 2019. El organismo informó que, conforme al procedimiento, los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas referentes con las imputaciones.

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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