¿Cómo planea el gobierno distribuir medicamentos? Estos son los costos y los riesgos
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¿Cómo planea el gobierno distribuir medicamentos? Estos son los costos y los riesgos

Asesores sanitarios, integrantes de la industria farmacéutica y especialistas mostraron su preocupación sobre el cambio de esquema de distribución.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega y Manu Ureste
14 de junio, 2019
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Durante más de 30 años, el gobierno de México ha trasladado la responsabilidad y los costos de la distribución de medicinas a empresas especializadas, que aprovecharon la oportunidad para invertir en infraestructura y logística que les permitió tener un negocio sólido. 

Pero, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió hacerse cargo de la distribución de los medicamentos, argumentando que esta decisión es para evitar posibles actos de corrupción, como inflar los precios de las medicinas y prácticas monopólicas, y también para recortar los elevados costos que se generaban en la adquisición y distribución de los fármacos. 

El Ejecutivo está diseñando un nuevo esquema de distribución, en el que la Secretaría de Hacienda encargó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que asuma la responsabilidad de repartir las medicinas en todo el país, informó en una nota El Universal.  

Lo anterior quedó refrendado el pasado 5 de junio, cuando se publicaron las bases de la licitacion para la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este 2019. Con la nueva licitación, cuyo fallo está previsto para el próximo 20 de junio en un proceso “abreviado”, los fabricantes entregarán directamente los medicamentos en siete almacenes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y después de la entrega, el gobierno será 100 % responsable de los fármacos.

De esta forma, se rompe con el esquema anterior, en el que, hasta noviembre pasado, eran los distribuidores quienes compraban los medicamentos a los fabricantes, los repartían, y luego pagaban a los laboratorios, en una especie de financiamiento al sector público.

Asesores en temas de logística sanitaria, integrantes de la industria farmacéutica y especialistas en el tema mostraron su preocupación sobre el cambio de esquema, argumentando que tal y como publicó Animal Político el 31 de mayo,el IMSS no tiene la infraestructura, el transporte especializado, ni el presupuesto, para repartir fármacos en todo el país.

Jacobo García Villarreal, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explica que los medicamentos, por sus características inherentes, pueden requerir ciertas condiciones especiales, por ejemplo, de temperatura. Además, pueden tener términos de caducidad que obligan a la oportunidad en su distribución.  

“Sería importante, por eso, conocer públicamente cuál es el plan para la distribución y su relación costo-beneficio con respecto a otras alternativas posibles. Por ahora, lo que sabemos es lo que ha circulado en los medios, que es que aparentemente el IMSS llevará a cabo la distribución y, desde luego, surge la pregunta de si el IMSS tiene las capacidades y los medios para hacerlo cumpliendo los cuatro criterios básicos en esto: oportunidad, eficiencia, calidad y suficiencia”.

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No se puede fabricar medicinas en 10 días

Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló en entrevista que la primera preocupación de su sector es el tiempo en el que deben fabricar y entregar mil millones de piezas de medicamentos en los próximos seis meses que restan del año, lo que equivale a 166 millones de fármacos al mes, el 16 % del total.

“(El gobierno) nos ha dicho que la magnitud de la primera entrega en el primer mes sería 15 o 20 % del total de los productos. Esto supone que muchos medicamentos deberán estar listos en muy corto plazo de tiempo, ya que, desde el primer fallo de la licitación hasta la entrega, son solo 10 días. Por lo que solo podrán cumplir quienes ganen la licitación y cuenten con el producto ya fabricado en plaza”. 

Sin embargo, Gual explicó que por lo general los laboratorios empiezan a fabricar hasta que ganan una licitación, por lo que que quizá no podrían entregar en los primeros días de julio, tal y como pidió la Secretaría de Hacienda como requisito para participar en la licitación consolidada para este segundo semestre del año.

“Un vez que se gana la licitación, es cuando se importa la materia prima del producto, se hacen las pruebas de calidad, y luego la fabricación del medicamento. Y para eso se necesitan entre dos y tres meses”, señaló el director de Canifarma

Los riesgos en el transporte

A la industria farmacéutica tampoco le convence las novedades en la distribución, especialmente el anuncio de que será el IMSS la institución que la asumirá, ya que los medicamentos requieren condiciones muy especiales de conservación y traslado con las que el Seguro Social no cuenta hasta ahora debido a que es una institución que nació para dar servicios de salud, y no para distribuir medicinas.

Por ejemplo, se requiere de una flota de camiones frigoríficos para mantener durante todo el traslado la cadena de frío, con el fin de que los fármacos no se descompongan, no pierdan su efectividad, y, sobre todo, no afecten a la salud de los pacientes.

Además, según el reglamento de Insumos para la Salud y la NOM-059-SSA1-2015, los transportes que se utilicen para la distribución deben reunir condiciones muy específicas, como estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos, y que puedan limpiarse con facilidad. 

En caso de necesitar equipamiento con cámara de refrigeración, deberán usar un control gráfico de temperatura. El vehículo tendrá que reunir los requisitos y condiciones de seguridad para evitar desvíos o robos de los productos. Y los operadores deberán estar capacitados en el manejo de insumos para la salud, así como para aplicar medidas de emergencia ante eventualidades y accidentes. 

Todo lo anterior, para evitar casos recientes como el que denunció Adrián Quiroz, presidente de la organización civil Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Quiroz señaló que los antirretrovirales para los usuarios del seguro popular están llegando a la Clínica Condesa y de ahí se están distribuyendo en camionetas de los diferentes estados y hasta en ambulancias a los diferentes puntos de la República, “con riesgo de que no se conserven a la temperatura adecuada y hasta de que se los roben, porque estamos hablando de cargamentos que valen millones de pesos”. 

“La cuestión aquí es que transportar medicamentos no es transportar cualquier otro producto -enfatizó por su parte Rafael Gual, de Canifarma-. Es decir, se requiere de un cuidado muy especial. Y por eso nos preocupa que se haya deslindado de este proceso a la industria farmacéutica para que los medicamentos lleguen a los destinatarios a tiempo y en condicones óptimas”.

Las exigencias para el almacenaje

Otro aspecto crítico es el almacenaje de las medicinas. Sobre este punto cabe precisar que, si bien para el próximo semestre el gobierno comprará mil millones de piezas de medicamento, lo común es que para un año se lleguen a comprar hasta 2 millones 400 mil fármacos, los cuales hay que guardar en almacenes equipados con alta tecnología para conservarlos en condiciones óptimas hasta su distribución y llegada final al paciente. 

Y en este punto, el sector farmacéutico también tiene muchas dudas. Un asesor de la industria de logística sanitaria expuso que, actualmente, el almacén más grande de productos farmacéuticos en el país es uno que da servicio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajdores del Estado (ISSSTE).

Este almacén tiene 25 mil metros cuadrados y más de 100 unidades de transporte con capacidad de manejo de red fría (camiones de 16 toneladas y camionetas de 5 y 3.5 toneladas), pero apenas mueve mensualmente alrededor de 20 millones de piezas al mes. Una cifra que está lejos de los 166 millones de piezas de medicamentos que se deberá almacenar y distribuir al mes, en el próximo semestre de este año.

“Es decir, se necesitaría, al menos, 10 almacenes como ese y alrededor de mil unidades de transporte con red fría para hacer el abastecimiento de todos los fármacos”, señaló el asesor, quien pidió el anonimato.

Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015 establece que los almacenes deben contar con un sistema de gestión de riesgos de calidad, con personal calificado, con equipos y procesos (cámaras frías, refrigeradores, congeladores, transportes, sistemas computarizados, entre otros) y control de productos devueltos. 

Además, la Ley General de Salud establece que en los almacenes farmacéuticos debe haber un responsable de garantizar la identidad, pureza y seguridad de los productos. Este rol deben asumirlo químicos farmacobiólogos, químicos farmacéuticos industriales, o al menos alguien ligado al área de farmacia, con título y cédula profesional. 

Si se pretendiera adquirir almacenes con estas caractrísticas, el asesor dijo que el gasto ronda los 400 o 500 millones de pesos anuales y eso arrendando todo. La inversión principal sería en sistemas de tecnología para manejar el almacén e iría de los 20 a los 100 millones, según su complejidad. Y se necesitaría entre 12 y 18 meses para tener listo ese sistema.

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Otros factores críticos

La logística de los medicamentos también involucra otros factores críticos que, con el nuevo modelo de distribución, el gobierno tendrá que asumir.

Por ejemplo, para el manejo de fárcamos que requieren receta médica, es necesario, por ley, contar con libros de control en cada punto de la cadena de suministro.

Es decir, cada vez que uno de estos productos pasa por un almacén, por un hospital, clínica o farmacia, el responsable sanitario debe resguardar un registro escrito a mano, con el detalle de entrada y salida. Esto, para asegurar que en todas las fases, hasta su consumo, estos fármacos pasaron solo por lugares autorizados para su manejo y dispensación. 

Otros productos, como los biológicos o biotecnológicos (vacunas, insulinas, factores antihemofílicos), requieren mantenerse en temperaturas controladas entre 2 y 8 grados centígrados o en congelación. Cualquier desviación en estos parámetros puede significar que el producto pierda sus atributos y no cure, o que pueda acarrear efectos secundarios adversos. 

Otro componente a considerar en la logística de medicamentos es la trazabilidad, que permita conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un lote de productos a lo largo de la cadena de suministro. 

Sobre este punto, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que los fármacos deben controlarse por lotes, “porque si se presenta algún riesgo con ellos, se debe poder identificar dónde está cada pieza de cada lote para poderla recuperar, incluso si ya la tiene el paciente”. 

Los entrevistados coincidieron en señalar que la distribución de medicamentos es un mecanismo costoso y complejo, y que no cualquiera puede asumir y garantizar que la entrega será oportuna y con los parámetros necesarios de calidad y seguridad para no afectar la salud de los pacientes. 

Animal Político buscó a la Secretaría de Hacienda y al IMSS para conocer más a detalle el plan para que el gobierno distribuya millones de medicinas. Pero, hasta el momento de publicar esta nota, no hubo respuesta a las solicitudes de entrevista.

Hay que acabar con prácticas monopólicas: gobierno

A pesar de las dudas y de la inconformidad en el sector farmacéutico y de logística con el nuevo esquema de distribución, el presidente López Obrador ha señalado públicamente en múltiples ocasiones que este nuevo esquema tiene su razón de ser en dos objetivos: uno, acabar con viejas prácticas de corrupción en la industria sanitaria, como inflar los precios de las medicinas y acaparar el mercado. Y dos, recortar gastos en la distribución, siguiendo el principio de “austeridad republicana”.

Por ello, el presidente anunció el pasado 9 de abril, el veto a tres distribuidores de medicamentos, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA De CV Y Maypo, quienes en el 2018 vendieron 62.4 % de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS, por 34 mil 280 millones de pesos.

En el oficio 009/03/20/19 enviado el 20 de marzo a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, el mandatario aseguró que el “hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.

Días después, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo que citó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos. 

Aunque aclaró, en un comunicado, que la investigación inició de oficio el 19 de mayo de 2016 y concluyó el 8 de enero de 2019. El organismo informó que, conforme al procedimiento, los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas referentes con las imputaciones.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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