Gobierno de AMLO niega que cambio a programa de estancias viole derechos
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Gobierno de AMLO niega que cambio a programa de estancias viole derechos

De acuerdo con el gobierno federal no hay datos precisos para probar que la modificación del programa de estancias vulneró derechos humanos, y acusó a la CNDH de exceder sus funciones porque más de mil juicios de amparo continúan en proceso.
Cuartoscuro
26 de junio, 2019
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El gobierno federal rechazó la recomendación de la CNDH en la que se señaló que los cambios al programa de estancias infantiles vulneró derechos humanos de niños, madres, padres y personal docente.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informaron que la decisión se dio tras un análisis en el que se determinó que “no existe justificación para concluir que el Estado mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad” de derechos.

De acuerdo con las dependencias, el otorgar directamente el dinero a los padres y madres tienen les proporciona “condiciones que les faciliten continuar en el mercado laboral ya que cuentan con un apoyo económico para el cuidado de sus hijas e hijos permitiendo que sea la familia, como núcleo esencial de la sociedad, la que decida libremente sobre la forma en cómo se aprovechan los beneficios del programa”.

Lee: Cancelación de estancias infantiles dejó a niños sin cuidado y puso en riesgo el trabajo de sus padres: CNDH

Tras un “análisis profundo por parte de especialistas de las dependencias involucradas” de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal concluyó que:

-“Bajo un enfoque de progresividad e interseccionalidad, el programa amplía su espectro de protección”, pues focaliza la atención a niños y niñas con discapacidad, personas que viven en municipios indígenas o en condiciones de pobreza y altos índices de violencia.

-El modelo del programa actual garantiza la continuidad en la protección de los derechos de las personas beneficiarias y amplía su espectro de cobertura sin intermediación, que “permite que todas las necesidades de cuidado y asistencia sean cumplidas de acuerdo a las decisiones que tomen las madres y padres como garantes de sus hijos e hijas”.

  • No se ha demostrado que entregar directamente los recursos a los beneficiarios les genere un perjuicio y, por el contrario “se deja observar la ampliación de la libertad que se les otorga para decidir dónde les resulta mayormente conveniente llevar a sus hijos a recibir cuidados de primera infancia”.
  • La CNDH no justifica por qué considera que los recursos de las transferencias económicas directas a las familias podrían ser utilizados para fines distintos.
  • La CNDH debió ponderare por encima del interés económico de las estancias infantiles los derechos de las madres, padres y sus hijos, de los cuales solo el 0.7% se quejaron por el cambio de modalidad.

Te puede interesar: Matrícula de 50 estancias infantiles en CDMX y Edomex bajó 21% en febrero, tras desaparición de subsidio

Acerca de las supuestas violaciones a los derechos de los responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, el gobierno federal subrayó que el convenio para subsidiarlas concluyó el 31 de diciembre de 2018, por lo que no existe un instrumento jurídico bajo el cual se deba seguir entregándoles recursos.

“Debido a esta situación se determinó que no existen violaciones o restricciones a los derechos de las y los responsables, ni de los trabajadores de las estancias, ya que no hay algún impedimento por parte del Estado para que puedan seguir ejerciendo su actividad”, explica el comunicado.

El gobierno federal expresó su “preocupación” porque, de acuerdo con su análisis, la CNDH utilizó “datos imprecisos y argumentos infundados para intentar responsabilizar a cuatro instituciones del Gobierno de México por la implementación de una política pública social que busca apoyar a sectores que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad”.

Las cuatro dependencias acusaron a la CNDH de “exceder sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de 1,292 juicios de Amparo y un procedimiento de Contradicción de Tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De acuerdo con el escrito, los únicos amparos que se han resuelto definitivamente han sido en sentido de sobreseimiento para determinar que no existen violaciones a los derechos humanos de los responsables de las estancias, y en 7 casos se ha dado el desistimiento de los padres.

Lee también: Irregularidades en estancias infantiles: Más de 97 mil niños no fueron localizados en su domicilio

Acerca de las evidencias presentadas por la CNDH, el gobierno federal señaló que “es claro que no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la Recomendación”, ni analizó las Reglas de Operación del programa, “puesto que en distintos puntos de la misma se señala que no hay un análisis de varios elementos que sí contienen los documentos”.

Las dependencias también reclamaron porque la recomendación emitida les pide realizar acciones “de imposible cumplimiento para las que requerirían atribuciones que no les son propias”, como el responsabilizar a la Secretaría de Bienestar y a la de Hacienda “por cuestiones exclusivas de la Cámara de Diputados como la autorización del Presupuesto Federal”.

El pasado 10 de junio, la CNDH emitió una recomendación en la que determinó que la cancelación del Programa de Estancias Infantiles fue una medida regresiva que violó diversos derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de estos centros.

Entre los puntos recomendatorios de la CNDH destacó que pidió a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos violados, y establecer un instrumento para verificar el uso de los recursos económicos para servicios de atención y cuidado infantil.

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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