Gobierno de AMLO niega que cambio a programa de estancias viole derechos
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Gobierno de AMLO niega que cambio a programa de estancias viole derechos

De acuerdo con el gobierno federal no hay datos precisos para probar que la modificación del programa de estancias vulneró derechos humanos, y acusó a la CNDH de exceder sus funciones porque más de mil juicios de amparo continúan en proceso.
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26 de junio, 2019
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El gobierno federal rechazó la recomendación de la CNDH en la que se señaló que los cambios al programa de estancias infantiles vulneró derechos humanos de niños, madres, padres y personal docente.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informaron que la decisión se dio tras un análisis en el que se determinó que “no existe justificación para concluir que el Estado mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad” de derechos.

De acuerdo con las dependencias, el otorgar directamente el dinero a los padres y madres tienen les proporciona “condiciones que les faciliten continuar en el mercado laboral ya que cuentan con un apoyo económico para el cuidado de sus hijas e hijos permitiendo que sea la familia, como núcleo esencial de la sociedad, la que decida libremente sobre la forma en cómo se aprovechan los beneficios del programa”.

Lee: Cancelación de estancias infantiles dejó a niños sin cuidado y puso en riesgo el trabajo de sus padres: CNDH

Tras un “análisis profundo por parte de especialistas de las dependencias involucradas” de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal concluyó que:

-“Bajo un enfoque de progresividad e interseccionalidad, el programa amplía su espectro de protección”, pues focaliza la atención a niños y niñas con discapacidad, personas que viven en municipios indígenas o en condiciones de pobreza y altos índices de violencia.

-El modelo del programa actual garantiza la continuidad en la protección de los derechos de las personas beneficiarias y amplía su espectro de cobertura sin intermediación, que “permite que todas las necesidades de cuidado y asistencia sean cumplidas de acuerdo a las decisiones que tomen las madres y padres como garantes de sus hijos e hijas”.

  • No se ha demostrado que entregar directamente los recursos a los beneficiarios les genere un perjuicio y, por el contrario “se deja observar la ampliación de la libertad que se les otorga para decidir dónde les resulta mayormente conveniente llevar a sus hijos a recibir cuidados de primera infancia”.
  • La CNDH no justifica por qué considera que los recursos de las transferencias económicas directas a las familias podrían ser utilizados para fines distintos.
  • La CNDH debió ponderare por encima del interés económico de las estancias infantiles los derechos de las madres, padres y sus hijos, de los cuales solo el 0.7% se quejaron por el cambio de modalidad.

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Acerca de las supuestas violaciones a los derechos de los responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, el gobierno federal subrayó que el convenio para subsidiarlas concluyó el 31 de diciembre de 2018, por lo que no existe un instrumento jurídico bajo el cual se deba seguir entregándoles recursos.

“Debido a esta situación se determinó que no existen violaciones o restricciones a los derechos de las y los responsables, ni de los trabajadores de las estancias, ya que no hay algún impedimento por parte del Estado para que puedan seguir ejerciendo su actividad”, explica el comunicado.

El gobierno federal expresó su “preocupación” porque, de acuerdo con su análisis, la CNDH utilizó “datos imprecisos y argumentos infundados para intentar responsabilizar a cuatro instituciones del Gobierno de México por la implementación de una política pública social que busca apoyar a sectores que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad”.

Las cuatro dependencias acusaron a la CNDH de “exceder sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de 1,292 juicios de Amparo y un procedimiento de Contradicción de Tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De acuerdo con el escrito, los únicos amparos que se han resuelto definitivamente han sido en sentido de sobreseimiento para determinar que no existen violaciones a los derechos humanos de los responsables de las estancias, y en 7 casos se ha dado el desistimiento de los padres.

Lee también: Irregularidades en estancias infantiles: Más de 97 mil niños no fueron localizados en su domicilio

Acerca de las evidencias presentadas por la CNDH, el gobierno federal señaló que “es claro que no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la Recomendación”, ni analizó las Reglas de Operación del programa, “puesto que en distintos puntos de la misma se señala que no hay un análisis de varios elementos que sí contienen los documentos”.

Las dependencias también reclamaron porque la recomendación emitida les pide realizar acciones “de imposible cumplimiento para las que requerirían atribuciones que no les son propias”, como el responsabilizar a la Secretaría de Bienestar y a la de Hacienda “por cuestiones exclusivas de la Cámara de Diputados como la autorización del Presupuesto Federal”.

El pasado 10 de junio, la CNDH emitió una recomendación en la que determinó que la cancelación del Programa de Estancias Infantiles fue una medida regresiva que violó diversos derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de estos centros.

Entre los puntos recomendatorios de la CNDH destacó que pidió a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos violados, y establecer un instrumento para verificar el uso de los recursos económicos para servicios de atención y cuidado infantil.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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