El gobierno federal rechazó la recomendación de la CNDH en la que se señaló que los cambios al programa de estancias infantiles vulneró derechos humanos de niños, madres, padres y personal docente.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informaron que la decisión se dio tras un análisis en el que se determinó que “no existe justificación para concluir que el Estado mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad” de derechos.
De acuerdo con las dependencias, el otorgar directamente el dinero a los padres y madres tienen les proporciona “condiciones que les faciliten continuar en el mercado laboral ya que cuentan con un apoyo económico para el cuidado de sus hijas e hijos permitiendo que sea la familia, como núcleo esencial de la sociedad, la que decida libremente sobre la forma en cómo se aprovechan los beneficios del programa”.
Tras un “análisis profundo por parte de especialistas de las dependencias involucradas” de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal concluyó que:
-“Bajo un enfoque de progresividad e interseccionalidad, el programa amplía su espectro de protección”, pues focaliza la atención a niños y niñas con discapacidad, personas que viven en municipios indígenas o en condiciones de pobreza y altos índices de violencia.
-El modelo del programa actual garantiza la continuidad en la protección de los derechos de las personas beneficiarias y amplía su espectro de cobertura sin intermediación, que “permite que todas las necesidades de cuidado y asistencia sean cumplidas de acuerdo a las decisiones que tomen las madres y padres como garantes de sus hijos e hijas”.
- No se ha demostrado que entregar directamente los recursos a los beneficiarios les genere un perjuicio y, por el contrario “se deja observar la ampliación de la libertad que se les otorga para decidir dónde les resulta mayormente conveniente llevar a sus hijos a recibir cuidados de primera infancia”.
- La CNDH no justifica por qué considera que los recursos de las transferencias económicas directas a las familias podrían ser utilizados para fines distintos.
- La CNDH debió ponderare por encima del interés económico de las estancias infantiles los derechos de las madres, padres y sus hijos, de los cuales solo el 0.7% se quejaron por el cambio de modalidad.
Acerca de las supuestas violaciones a los derechos de los responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, el gobierno federal subrayó que el convenio para subsidiarlas concluyó el 31 de diciembre de 2018, por lo que no existe un instrumento jurídico bajo el cual se deba seguir entregándoles recursos.
“Debido a esta situación se determinó que no existen violaciones o restricciones a los derechos de las y los responsables, ni de los trabajadores de las estancias, ya que no hay algún impedimento por parte del Estado para que puedan seguir ejerciendo su actividad”, explica el comunicado.
El gobierno federal expresó su “preocupación” porque, de acuerdo con su análisis, la CNDH utilizó “datos imprecisos y argumentos infundados para intentar responsabilizar a cuatro instituciones del Gobierno de México por la implementación de una política pública social que busca apoyar a sectores que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad”.
Las cuatro dependencias acusaron a la CNDH de “exceder sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de 1,292 juicios de Amparo y un procedimiento de Contradicción de Tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De acuerdo con el escrito, los únicos amparos que se han resuelto definitivamente han sido en sentido de sobreseimiento para determinar que no existen violaciones a los derechos humanos de los responsables de las estancias, y en 7 casos se ha dado el desistimiento de los padres.
Acerca de las evidencias presentadas por la CNDH, el gobierno federal señaló que “es claro que no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la Recomendación”, ni analizó las Reglas de Operación del programa, “puesto que en distintos puntos de la misma se señala que no hay un análisis de varios elementos que sí contienen los documentos”.
Las dependencias también reclamaron porque la recomendación emitida les pide realizar acciones “de imposible cumplimiento para las que requerirían atribuciones que no les son propias”, como el responsabilizar a la Secretaría de Bienestar y a la de Hacienda “por cuestiones exclusivas de la Cámara de Diputados como la autorización del Presupuesto Federal”.
El pasado 10 de junio, la CNDH emitió una recomendación en la que determinó que la cancelación del Programa de Estancias Infantiles fue una medida regresiva que violó diversos derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de estos centros.
Entre los puntos recomendatorios de la CNDH destacó que pidió a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos violados, y establecer un instrumento para verificar el uso de los recursos económicos para servicios de atención y cuidado infantil.
