El INE advierte sobre riesgos de reforma electoral impulsada por Morena
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Cuartoscuro Archivo

El INE advierte sobre riesgos de reforma electoral impulsada por Morena

Legisladores de Morena plantean desaparecer el Consejo General del INE, las 300 juntas distritales y los organismos electorales locales de los 32 estados.
Cuartoscuro Archivo
18 de junio, 2019
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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y otros consejeros advirtieron este martes que medidas como desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)” y eliminar el Consejo General del Instituto, planteadas por Morena, no significarían ahorros y podrían “poner contra las cuerdas el sistema democrático” del país. 

Estarían en riesgo “la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político en el que se ha avanzado tras décadas de lucha democrática”, expresó Córdova.

Los consejeros participaron en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado en la Cámara de Diputados, convocados por la bancada de Morena, para avanzar hacia una reforma electoral.

En días previos se conoció el planteamiento de legisladores de ese partido.

El diputado federal Pablo Gómez, de acuerdo con Reforma, acusó que organismos autónomos como el INE “se sirven ya no con la cuchara grande, sino con el cucharón”, y dijo que propondría desaparecer el Consejo General, las 300 juntas distritales del INE y los Oples de los 32 estados, con lo que el Instituto se haría cargo de organizar las elecciones locales.

“Una de las reformas necesarias es que desaparezca el Consejo General del Instituto, que es un órgano político que, en determinado momento, fue necesario”, apuntó.

“El Consejo General como instrumento de conciliación entre los partidos ya no es necesario, porque todos los diferendos van al Tribunal (Electoral)”.

Otras medidas que proponen legisladores de Morena son reducir el salario de los consejeros y funcionarios del INE, reducir el número de integrantes del Consejo General de 11 a 7 consejeros, y reducir hasta en un 50% el financiamiento de los partidos políticos. 

Los foros, convocados por el Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y del Estado, coordinado por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, se llevarán a cabo del 18 al 20 de junio en San Lázaro, con participación de consejeros del INE y estatales, legisladores, magistrados electorales y especialistas, indicó Notimex.

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, insistió ante los legisladores en el foro en defender que el sistema electoral funciona y funciona bien.

Si lo que se quiere es reducir costos, dijo, puede lograrse sin desaparecer la estructura que se ha construido en el último lustro, ni incrementar las atribuciones de la autoridad electoral.

Pueden funcionar medidas como “la modificación de la Ley General de Partidos Políticos para que en el cálculo de las prerrogativas de los partidos locales, se multiplique el padrón de cada estado por el 30% y no por el 65% de una UMA (Unidad de Medida y Actualización), podría ahorrar casi 2 mil 500 millones de pesos al año”, mencionó

Además, dijo, “el voto en urna electrónica implicaría economías de recursos por 4 mil 500 millones de pesos”.

Si se aprobara la iniciativa que plantea desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados desde la Cámara de Diputados, agregó Córdova, “no sólo se generarían problemas operativos, sino que habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral, a partir de una cooptación política” de las autoridades electorales.

“Lo digo con todas las letras, así como estamos no puede el INE organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y, además, las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”, advirtió.

Aunque debe haber autocrítica, mencionó, la mejora del sistema electoral representa el menor de los problemas que enfrenta el país.

“Volvamos la vista atrás, a 1989, y quizá la única asignatura en la que hemos avanzado consistentemente es la de contar con elecciones libres, equitativas y confiables. No ocurre lo mismo con los problemas de desigualdad, pobreza, inseguridad, corrupción e impunidad entre otros ominosos pendientes”.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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