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Irineo Mujica se ofreció a colaborar con la Fiscalía y testificar dos meses antes de ser detenido

En un escrito en abril, Mujica pidió a la Fiscalía conocer si él o Pueblo Sin Fronteras estaban siendo objeto de alguna investigación.
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Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, se ofreció hace dos meses a testificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando tuvo la sospecha de que existía una investigación en su contra y contra Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige.

Lo hizo mediante un escrito remitido el 2 de abril a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Su oficina dio por recibida esta comunicación el 8 de abril. Dos meses después, el 5 de junio, Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora. Está acusado, junto al también activista Cristóbal Sánchez, arrestado en Ciudad de México, de tráfico de personas. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Tapachula, Chiapas, lugar donde se inició la carpeta en su contra.

Según informó la FGR, la acusación contra Mujica y Sánchez se basa en el testimonio de migrantes hondureños que habrían asegurado que ambos les ayudaron a cruzar de Guatemala a México, y les cobraron por ello.

Este delito se incluye en el artículo 159 de la Ley de Migración y está pensado para los casos de “polleros”, los guías que cobran altas sumas de dinero a los centroamericanos para atravesar México, e incluso para alcanzar Estados Unidos.

Leer: ¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?

Mújica y Sánchez son dos conocidos activistas, con muchos años de experiencia en las rutas migratorias en dirección a Estados Unidos.

Las detenciones llegan después de que en febrero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalase a Pueblo Sin Fronteras como “reclutadora” de migrantes en Centroamérica para sumarse a las caravanas. Estas denuncias siempre han sido negadas por parte de la organización, que desde entonces viene advirtiendo de los intentos de “criminalización” en su contra.

En el escrito de Mujica, al que tuvo acceso Animal Político, solicitaba información sobre si él o Pueblo Sin Fronteras estaba siendo objeto de alguna investigación por parte de la fiscalía. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, el activista se remitía al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos para ofrecerse a “suministrar información para el desarrollo de dicha investigación”.

Un documento similar fue presentado por otros seis miembros de Pueblo Sin Fronteras.

Esta organización dio a conocer que estuvo presente en el acto convocado por Lopez Obrador en Tijuana, en el que se defendió el acuerdo por el que México intensificará el control migratorio a cambio de que Estados Unidos no imponga aranceles a sus productos. El colectivo que dirige Irineo Mújica exigió la liberación de los dos activistas arrestados y entregó una carta al equipo del presidente, que se habría comprometido a hacérsela llegar a Lopez Obrador.

Mujica estaba en otro sitio

Según el relato de la FGR, Mujica cobró a unos migrantes por introducirlos en México y transportarlos a finales de febrero de este año. En la nota que hizo pública, la Fiscalía aseguró que las declaraciones de los migrantes contra Mujica y Sánchez se produjeron en abril y mayo, pero de acuerdo con un documento oficial al que Animal Político tuvo acceso, esta carpeta está abierta desde tres meses antes.

Alex Mensing, director de proyectos de Pueblo Sin Fronteras, asegura que su organización tiene pruebas de que el Mujica no estaba en el lugar de Chiapas en el que lo ubica la denuncia, lo que demostraría su inocencia.

En aquel momento, en Chiapas y Oaxaca se encontraban cientos de migrantes centroamericanos que entraron en el país en el contexto de la primera caravana del año, la que llegó a la frontera el 18 de enero. Muchos de los integrantes de este grupo alcanzaron diversos puntos de la frontera en el norte.

La acusación contra Sánchez se encuentra en las mismas circunstancias: los querellantes le sitúan en un lugar en el que sus allegados afirman que no estaba.

La denuncia interpuesta por una pareja de hondureños asegura que el activista les recogió, junto a su hija menor de edad y otros dos familiares, en Tecún Umán, Guatemala, el 29 de marzo. Según este relato, que incluye el robo de las pertenencias de los migrantes a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Sánchez los acompañó durante el trayecto y les cobró una importante suma de dinero en dólares, que fueron entregados en una bolsa en Tecún Umán, el último municipio de Guatemala antes de entrar a México.

Fuentes cercanas al ahora detenido aseguran que existen varios testigos que aportarán pruebas de que aquel día Sánchez se encontraba en una fiesta en Ciudad de México, a casi 1,200 kilómetros de distancia. La coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, Mariana Zaragoza, habló de esa denuncia en su intervención en Aristegui Noticias el viernes en la mañana.

El jueves hubo una primera audiencia en los juzgados de Tapachula en la que los abogados de Mujica y Sánchez pidieron que el proceso se desarrollara con los detenidos en libertad. El juez rechazó el requerimiento alegando el riesgo de fuga por la falta de arraigo en Chiapas, el “peligro para los denunciantes” o, en el caso de Cristóbal Sánchez, su movilidad por todo el país.

Al margen de este operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el jueves que había congelado 26 cuentas de personas físicas y jurídicas a las que vincula con el tráfico de personas y con las caravanas.

“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con EU: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”, dijo Hacienda en una nota. Cabe recordar que la caravana de octubre de 2018 marchó prácticamente en bloque hasta Baja California y la gran mayoría de sus integrantes alcanzaron únicamente Tijuana o Mexicali.

Denuncias por “criminalización”

El proceso contra estos dos activistas llega en un contexto de polarización y presiones por parte de Estados Unidos. Por un lado, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han denunciado los arrestos, calificándolos de “detenciones arbitrarias”, e incluso Felipe González, relator de la ONU para las personas migrantes, mostró su preocupación.

Sin embargo, desde el auge de las caravanas en abril de 2018 y especialmente en octubre de ese mismo año, también se han sucedido las voces críticas con activistas como Mujica, a quien se señaló como instigador de las marchas a pesar de que él siempre lo ha negado. Está el caso de Sánchez Cordero, que señaló a Pueblo Sin Fronteras como el “reclutador” de migrantes. Este discurso ha sido avalado por otros defensores, como el padre Alejandro Solalinde. Desde finales de 2018 el sacerdote viene acusando a la organización de “instrumentalizar” las caravanas y de acarrear “polleros”.

Solalinde, en declaraciones a Animal Político, afirmó conocer la versión de que Mujica había cobrado a centroamericanos por ser trasladados de boca de los propios migrantes, y que ahora estaba siendo corroborada por Fiscalía. Dijo que no presentó denuncia alguna porque a él no le corresponde, pero sí afirmó haber hablado con el director de PSF en varias ocasiones sobre este asunto. Según el sacerdote, Mujica siempre negó las acusaciones y en la última vez que se encontraron, a finales de marzo, le aseguró que pondría el asunto en manos de sus abogados.

Solalinde conoce a los arrestados desde hace muchos años. De hecho, el sacerdote ha participado en alguna de las caravanas que, desde 2011, atraviesan México en dirección hacia Estados Unidos.

En octubre, el religioso, que siempre se presenta como una figura muy cercana a López Obrador, compartió asamblea en Tapanatepec en Oaxaca, con integrantes de Pueblo Sin Fronteras como Ginna Garibo. Era el momento de auge de las caravanas y miles de personas se hacinaban, desparramadas, en el suelo de la plaza del pequeño municipio chiapaneco.

En aquel encuentro se discutió sobre la estrategia a seguir una vez alcanzada Ciudad de México. Ahí se manifestó el divorcio entre ambas formas de entender el apoyo a los migrantes. Solalinde consideraba que el contexto (Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y la pronta llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México) no recomendaba alcanzar la frontera. Los integrantes de Pueblo Sin Fronteras (Irineo Mujica no estaba en la cabecera, ya que había sido detenido previamente en Ciudad Hidalgo) defendían que fuesen los migrantes los que tomasen la iniciativa, y que ellos acompañarían estas decisiones.

“Siempre hemos dado la palabra a las personas migrantes, hemos reconocido su voluntad política. Creemos que la caridad no es la solución, que es una parte importante de labor humanitaria, pero que de lo que se trata es de que la gente tome su liderazgo”, dice Alex Mensing, que defiende sus acciones como “desobediencia civil”.

Pueblo Sin Fronteras es una organización que se funda en Dallas, Estados Unidos, en 2009. Su objetivo en un primer momento era proteger a los jornaleros latinoamericanos. Sin embargo, su trabajo se extendió a la frontera sur, y comenzaron a organizar y acompañar algunas de las caravanas que se desarrollan en México desde 2011. La organización está compuesta por abogados y activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses. Todos ellos son voluntarios y ninguno recibe un salario.

Actualmente gestionan tres albergues en Caborca, Sonoyta (Sonora) y Tijuana (Baja California).

Su historia ha sido vinculada a la de las caravanas a pesar de que la organización no forma parte de este fenómeno en su inicio.

Según recuerda la antropóloga norteamericana Amelia Frank Vitale, presente en la primera de estas marchas, esta tuvo lugar en enero de 2011 entre Arriaga e Ixtepec. Desde entonces se desarrollaron diversas iniciativas, como “Toma la Bestia” en 2012 (contexto de auge de los movimientos como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos) o el Via Crucis de 2014, en el que más de mil migrantes llegaron hasta Ciudad de México y protagonizaron una protesta ante Los Pinos, entonces residencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Las caravanas crecen en una década en la que se implementa el Plan Frontera Sur y se disparan las redadas contra migrantes, así como las denuncias de violaciones contra los derechos humanos de las personas en tránsito, tanto por parte de grupos criminales como de las autoridades.

El parteaguas con las caravanas se produce en octubre de 2018, cuando se convoca la primera marcha que sale desde Centroamérica y no desde México. Ocurrió el 12 de octubre, y en aquella primera jornada apenas 200 personas se reunieron en la estación de autobuses de San Pedro Sula, en Honduras.

El proceso contra Mujica y Sánchez viene también condicionado por las presiones de Estados Unidos a México para que blinde aún más su frontera sur. El jueves, mientras el juez determinaba que los activistas debían seguir en prisión, el canciller, Marcelo Ebrad, anunció un contingente de 6,000 integrantes de la Guardia Nacional destinados a Chiapas. El número de deportaciones se ha incrementado un 100% desde que López Obrador está en el Gobierno.

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Qué se sabe de las redadas masivas de inmigrantes que planea el gobierno de EU

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tiene órdenes para alrededor de un millón de personas, pero reconoció que no hay capacidad ni infraestructura para detener a tantos.
12 de julio, 2019
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Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos conviven con el temor a ser deportados. Pero últimamente ese miedo se ha intensificado.

Desde hace semanas se viene hablando de una masiva operación para arrestar a miles de indocumentados con el objetivo de expulsarlos del país.

Los medios la daban por segura el cuarto domingo de junio y, aunque no sucedió, el pasado 5 de julio el presidente Donald Trump dijo que los arrestos masivos empezarían “bastante pronto”.

Ahora el diario The New York Times (NYT), que cita bajo anonimato a funcionarios activos y antiguos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), afirma que la ola de redadas tendrá lugar el próximo fin de semana.

La operación hace parte de la política migratoria de mano dura del presidente Trump, un asunto que será un tema clave en su campaña de reelección en 2020.

Mientras tanto, activistas y organizaciones que brindan apoyo a los inmigrantes se han “preparado” para la llegada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Los gobiernos locales con políticas de protección a los inmigrantes sin documentación y políticos opositores a Trump, por su parte, han rechazado la iniciativa.

“Va a pasar, absolutamente”

Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo el miércoles que ICE tiene órdenes para alrededor de un millón de personas, pero reconoció que no hay capacidad ni infraestructura para detener a tantos.

“Va a pasar, absolutamente”, aseguró Cuccinelli sobre las redadas en declaraciones a reporteros en la Casa Blanca.

Un seguidor de Trump

Getty Images
Los seguidores de Trump apoyan por lo general el endurecimiento en las políticas migratorias.

El presidente Trump, por su parte, rechazó hablar de “redadas” en declaraciones el pasado viernes.

“No las llamo así, estamos removiendo gente, toda esa gente que a lo largo de los años ha venido ilegalmente“, dijo.

“Al menos 2.000 inmigrantes”

Los agentes que hablaron con el NYT declararon que el objetivo de ICE es desplegarse en al menos una decena de ciudades grandes para, como mínimo, arrestar 2.000 inmigrantes sobre los que penden órdenes de deportación, algunas como resultado de haber faltado a sus audiencias en las cortes.

La operación fue inicialmente anunciada para junio por Trump en un inusual tuit.

Pero días después, el 22 de junio, el mandatario declaró que retrasaba el proceso por dos semanas a pedido de la oposición demócrata

Un hombre arrestado por ICE

Getty Images
En Estados Unidos hay alrededor de 11,1 millones de inmigrantes indocumentados.

“Para ver si demócratas y republicanos se unen y trabajan en una solución para los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur”, dijo Trump.

Sin embargo, y de acuerdo a lo reportado por medios en EE.UU., el operativo fue pospuesto cuando funcionarios de ICE se resistieron a la posibilidad de arrestar a bebés o niños.

En Estados Unidos, se estima que hay alrededor de 11,1 millones de inmigrantes indocumentados.

¿Cómo será el operativo?

Funcionarios de ICE declararon el mes pasado que los operativos se enfocarían en arrestar a inmigrantes indocumentados que llegaron recientemente a Estados Unidos, en un esfuerzo por reducir el aumento en los cruces fronterizos.

De acuerdo a funcionarios del DHS citados por el NYT, el pasado febrero muchos de esos inmigrantes recibieron una notificación para reportarse ante una oficina de ICE y abandonar Estados Unidos.

Un vocero del ICE dijo en un comunicado el miércoles que, aunque no daría detalles de las operaciones, la agencia prioriza el arresto y deportación de inmigrantes “ilegales que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza”.

Un hombre sostiene un cartel que dice "No somos criminales, trabajamos"

Getty Images
Muchos inmigrantes indocumentados tienen trabajos estables y familia en Estados Unidos.

El 90% de los arrestados por ICE en el año fiscal 2018 (octubre de 2017 a septiembre de 2018), continúa el escrito, “tenían o una sentencia criminal o delitos penales pendientes, eran fugitivos de ICE o habían reingresado en el país después de ser previamente removidos”.

Sin embargo, advierte que todos aquellos “en violación de las leyes migratorias” pueden ser objeto de arresto, detención o deportación.

Las familias de inmigrantes que sean arrestadas juntas, señalaron funcionarios al NYT, serán llevadas cuando sea posible a centros de detención en Texas y Pennsylvania.

Pero por limitaciones de espacio, algunas podrían ser llevadas a habitaciones de hotel hasta que se resuelva la fecha de deportación.

Las redadas, continuó el reporte del diario, incluirán deportaciones “colaterales”, en las que las autoridades pueden detener a inmigrantes que estaban en el lugar por casualidad aunque su detención no sea el objetivo de la operación.

¿Qué dicen inmigrantes y activistas?

“El lunes conocimos el caso de una familia que estaba en su casa en Los Ángeles cuando 15 agentes de ICE llegaron a preguntar por alguien a quien no conocían. La familia, conformada por madre, padre y dos niños, no abrió la puerta”, le dice a BBC Mundo Jorge-Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés).

Parte de la estrategia de ICE ha sido realizar arrestos en comunidades residenciales.

Getty Images
Parte de la estrategia de ICE ha sido realizar arrestos en comunidades residenciales.

Cabrera describe también la situación de un hombre que fue detenido por tres agentes del ICE en la misma ciudad el martes, cuando iba a comprar comida en un restaurante.

“Dijeron estar buscando al dueño del vehículo, que era un familiar de él, pero igual lo arrestaron“, cuenta.

“Esto es un ejemplo de un arresto colateral“, agrega.

La organización no está clara sobre si estas detenciones forman parte del operativo de ICE “porque este tipo de cosas pasa todos los días“, dice Cabrera.

Tanto CHIRLA como otras organizaciones difunden información a las comunidades de inmigrantes sobre cómo reaccionar si llegan a ser detenidos o si un agente de ICE toca la puerta.

gráfica

BBC

María Bilbao, de la organización United We Dream en su sede de Miami, le dice a BBC Mundo que las detenciones recientes que han registrado han sido en la oficina de ICE en Miramar.

“Son personas que llegan a presentarse ante las autoridades obligatoriamente porque tienen un caso abierto y una orden de deportación”, señala Bilbao.

Los expertos en leyes dicen que la presencia ilegal en Estados Unidos no es un delito en la mayoría de los casos.

Sin embargo, sí es una infracción administrativa que pone a la persona en riesgo de ser deportada, lo cual es un proceso que toma un largo tiempo.

La entrada sin documentos a Estados Unidos es un delito menor. Entonces, alguien que está en el país sin un permiso válido podría estar violando la ley.

¿Qué puede pasar?

Es probable que abogados defensores de los inmigrantes introduzcan mociones para reabrir los casos de los afectados, lo que retrasaría o detendría por completo su expulsión de Estados Unidos, reportó el NYT.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios del DHS al mismo diario, se ha regado la voz dentro de comunidades de inmigrantes sobre cómo evitar un arresto, principalmente al negarse a abrir la puerta cuando llame un agente de ICE, pues legalmente la agencia no puede entrar a una residencia a la fuerza.

Apenas se conocieron los reportes de un posible operativo el domingo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) introdujo una demanda federal en nombre de varias organizaciones contra el gobierno de Trump con el fin de proteger a los solicitantes de asilo.

La demanda argumenta que las órdenes de deportación son inválidas para aquellos que no tuvieron una oportunidad justa de pedir asilo.

La mayoría provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La ACLU argumenta “grandes errores burocráticos” que llevaron a que no se enviaran los avisos para comparecer ante el tribunal.

Según la organización, miles de personas recibieron órdenes de deportación sin siquiera haber tenido una audiencia en la corte.

¿Por qué ahora?

Funcionarios del gobierno han declarado a medios locales que los operativos forman parte de una estrategia para desmotivar a más familias a migrar a Estados Unidos sin documentos.

El país vio un aumento récord de cruces fronterizos por puertos no oficiales este año, especialmente en el número de familias con niños.

Como consecuencia, las instalaciones para procesar a inmigrantes han desbordado su capacidad y han sido objeto de denuncias por hacinamiento y negligencia.

El DHS reportó el miércoles que 104.344 inmigrantes fueron detenidos tras cruzar la frontera sin documentos durante junio, un 28% menos que en mayo, pero una cifra todavía mucho más alta que la registrada en el mismo mes el año pasado.

“Aunque los número han bajado en junio, todavía estamos en medio de una crisis humanitaria“, advirtió Ken Cuccinelli, director interino del USCIS.


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