Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, se ofreció hace dos meses a testificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando tuvo la sospecha de que existía una investigación en su contra y contra Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige.
Lo hizo mediante un escrito remitido el 2 de abril a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Su oficina dio por recibida esta comunicación el 8 de abril. Dos meses después, el 5 de junio, Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora. Está acusado, junto al también activista Cristóbal Sánchez, arrestado en Ciudad de México, de tráfico de personas. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Tapachula, Chiapas, lugar donde se inició la carpeta en su contra.
Según informó la FGR, la acusación contra Mujica y Sánchez se basa en el testimonio de migrantes hondureños que habrían asegurado que ambos les ayudaron a cruzar de Guatemala a México, y les cobraron por ello.
Este delito se incluye en el artículo 159 de la Ley de Migración y está pensado para los casos de “polleros”, los guías que cobran altas sumas de dinero a los centroamericanos para atravesar México, e incluso para alcanzar Estados Unidos.
Mújica y Sánchez son dos conocidos activistas, con muchos años de experiencia en las rutas migratorias en dirección a Estados Unidos.
Las detenciones llegan después de que en febrero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalase a Pueblo Sin Fronteras como “reclutadora” de migrantes en Centroamérica para sumarse a las caravanas. Estas denuncias siempre han sido negadas por parte de la organización, que desde entonces viene advirtiendo de los intentos de “criminalización” en su contra.
En el escrito de Mujica, al que tuvo acceso Animal Político, solicitaba información sobre si él o Pueblo Sin Fronteras estaba siendo objeto de alguna investigación por parte de la fiscalía. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, el activista se remitía al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos para ofrecerse a “suministrar información para el desarrollo de dicha investigación”.
Un documento similar fue presentado por otros seis miembros de Pueblo Sin Fronteras.
Esta organización dio a conocer que estuvo presente en el acto convocado por Lopez Obrador en Tijuana, en el que se defendió el acuerdo por el que México intensificará el control migratorio a cambio de que Estados Unidos no imponga aranceles a sus productos. El colectivo que dirige Irineo Mújica exigió la liberación de los dos activistas arrestados y entregó una carta al equipo del presidente, que se habría comprometido a hacérsela llegar a Lopez Obrador.
Mujica estaba en otro sitio
Según el relato de la FGR, Mujica cobró a unos migrantes por introducirlos en México y transportarlos a finales de febrero de este año. En la nota que hizo pública, la Fiscalía aseguró que las declaraciones de los migrantes contra Mujica y Sánchez se produjeron en abril y mayo, pero de acuerdo con un documento oficial al que Animal Político tuvo acceso, esta carpeta está abierta desde tres meses antes.
Alex Mensing, director de proyectos de Pueblo Sin Fronteras, asegura que su organización tiene pruebas de que el Mujica no estaba en el lugar de Chiapas en el que lo ubica la denuncia, lo que demostraría su inocencia.
En aquel momento, en Chiapas y Oaxaca se encontraban cientos de migrantes centroamericanos que entraron en el país en el contexto de la primera caravana del año, la que llegó a la frontera el 18 de enero. Muchos de los integrantes de este grupo alcanzaron diversos puntos de la frontera en el norte.
La acusación contra Sánchez se encuentra en las mismas circunstancias: los querellantes le sitúan en un lugar en el que sus allegados afirman que no estaba.
La denuncia interpuesta por una pareja de hondureños asegura que el activista les recogió, junto a su hija menor de edad y otros dos familiares, en Tecún Umán, Guatemala, el 29 de marzo. Según este relato, que incluye el robo de las pertenencias de los migrantes a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Sánchez los acompañó durante el trayecto y les cobró una importante suma de dinero en dólares, que fueron entregados en una bolsa en Tecún Umán, el último municipio de Guatemala antes de entrar a México.
Fuentes cercanas al ahora detenido aseguran que existen varios testigos que aportarán pruebas de que aquel día Sánchez se encontraba en una fiesta en Ciudad de México, a casi 1,200 kilómetros de distancia. La coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, Mariana Zaragoza, habló de esa denuncia en su intervención en Aristegui Noticias el viernes en la mañana.
El jueves hubo una primera audiencia en los juzgados de Tapachula en la que los abogados de Mujica y Sánchez pidieron que el proceso se desarrollara con los detenidos en libertad. El juez rechazó el requerimiento alegando el riesgo de fuga por la falta de arraigo en Chiapas, el “peligro para los denunciantes” o, en el caso de Cristóbal Sánchez, su movilidad por todo el país.
Al margen de este operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el jueves que había congelado 26 cuentas de personas físicas y jurídicas a las que vincula con el tráfico de personas y con las caravanas.
“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con EU: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”, dijo Hacienda en una nota. Cabe recordar que la caravana de octubre de 2018 marchó prácticamente en bloque hasta Baja California y la gran mayoría de sus integrantes alcanzaron únicamente Tijuana o Mexicali.
Denuncias por “criminalización”
El proceso contra estos dos activistas llega en un contexto de polarización y presiones por parte de Estados Unidos. Por un lado, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han denunciado los arrestos, calificándolos de “detenciones arbitrarias”, e incluso Felipe González, relator de la ONU para las personas migrantes, mostró su preocupación.
Sin embargo, desde el auge de las caravanas en abril de 2018 y especialmente en octubre de ese mismo año, también se han sucedido las voces críticas con activistas como Mujica, a quien se señaló como instigador de las marchas a pesar de que él siempre lo ha negado. Está el caso de Sánchez Cordero, que señaló a Pueblo Sin Fronteras como el “reclutador” de migrantes. Este discurso ha sido avalado por otros defensores, como el padre Alejandro Solalinde. Desde finales de 2018 el sacerdote viene acusando a la organización de “instrumentalizar” las caravanas y de acarrear “polleros”.
Solalinde, en declaraciones a Animal Político, afirmó conocer la versión de que Mujica había cobrado a centroamericanos por ser trasladados de boca de los propios migrantes, y que ahora estaba siendo corroborada por Fiscalía. Dijo que no presentó denuncia alguna porque a él no le corresponde, pero sí afirmó haber hablado con el director de PSF en varias ocasiones sobre este asunto. Según el sacerdote, Mujica siempre negó las acusaciones y en la última vez que se encontraron, a finales de marzo, le aseguró que pondría el asunto en manos de sus abogados.
Solalinde conoce a los arrestados desde hace muchos años. De hecho, el sacerdote ha participado en alguna de las caravanas que, desde 2011, atraviesan México en dirección hacia Estados Unidos.
En octubre, el religioso, que siempre se presenta como una figura muy cercana a López Obrador, compartió asamblea en Tapanatepec en Oaxaca, con integrantes de Pueblo Sin Fronteras como Ginna Garibo. Era el momento de auge de las caravanas y miles de personas se hacinaban, desparramadas, en el suelo de la plaza del pequeño municipio chiapaneco.
En aquel encuentro se discutió sobre la estrategia a seguir una vez alcanzada Ciudad de México. Ahí se manifestó el divorcio entre ambas formas de entender el apoyo a los migrantes. Solalinde consideraba que el contexto (Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y la pronta llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México) no recomendaba alcanzar la frontera. Los integrantes de Pueblo Sin Fronteras (Irineo Mujica no estaba en la cabecera, ya que había sido detenido previamente en Ciudad Hidalgo) defendían que fuesen los migrantes los que tomasen la iniciativa, y que ellos acompañarían estas decisiones.
“Siempre hemos dado la palabra a las personas migrantes, hemos reconocido su voluntad política. Creemos que la caridad no es la solución, que es una parte importante de labor humanitaria, pero que de lo que se trata es de que la gente tome su liderazgo”, dice Alex Mensing, que defiende sus acciones como “desobediencia civil”.
Pueblo Sin Fronteras es una organización que se funda en Dallas, Estados Unidos, en 2009. Su objetivo en un primer momento era proteger a los jornaleros latinoamericanos. Sin embargo, su trabajo se extendió a la frontera sur, y comenzaron a organizar y acompañar algunas de las caravanas que se desarrollan en México desde 2011. La organización está compuesta por abogados y activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses. Todos ellos son voluntarios y ninguno recibe un salario.
Actualmente gestionan tres albergues en Caborca, Sonoyta (Sonora) y Tijuana (Baja California).
Su historia ha sido vinculada a la de las caravanas a pesar de que la organización no forma parte de este fenómeno en su inicio.
Según recuerda la antropóloga norteamericana Amelia Frank Vitale, presente en la primera de estas marchas, esta tuvo lugar en enero de 2011 entre Arriaga e Ixtepec. Desde entonces se desarrollaron diversas iniciativas, como “Toma la Bestia” en 2012 (contexto de auge de los movimientos como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos) o el Via Crucis de 2014, en el que más de mil migrantes llegaron hasta Ciudad de México y protagonizaron una protesta ante Los Pinos, entonces residencia del presidente Enrique Peña Nieto.
Las caravanas crecen en una década en la que se implementa el Plan Frontera Sur y se disparan las redadas contra migrantes, así como las denuncias de violaciones contra los derechos humanos de las personas en tránsito, tanto por parte de grupos criminales como de las autoridades.
El parteaguas con las caravanas se produce en octubre de 2018, cuando se convoca la primera marcha que sale desde Centroamérica y no desde México. Ocurrió el 12 de octubre, y en aquella primera jornada apenas 200 personas se reunieron en la estación de autobuses de San Pedro Sula, en Honduras.
El proceso contra Mujica y Sánchez viene también condicionado por las presiones de Estados Unidos a México para que blinde aún más su frontera sur. El jueves, mientras el juez determinaba que los activistas debían seguir en prisión, el canciller, Marcelo Ebrad, anunció un contingente de 6,000 integrantes de la Guardia Nacional destinados a Chiapas. El número de deportaciones se ha incrementado un 100% desde que López Obrador está en el Gobierno.
