Irineo Mujica se ofreció a colaborar con la Fiscalía y testificar dos meses antes de ser detenido
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Irineo Mujica se ofreció a colaborar con la Fiscalía y testificar dos meses antes de ser detenido

En un escrito en abril, Mujica pidió a la Fiscalía conocer si él o Pueblo Sin Fronteras estaban siendo objeto de alguna investigación.
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Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, se ofreció hace dos meses a testificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando tuvo la sospecha de que existía una investigación en su contra y contra Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige.

Lo hizo mediante un escrito remitido el 2 de abril a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Su oficina dio por recibida esta comunicación el 8 de abril. Dos meses después, el 5 de junio, Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora. Está acusado, junto al también activista Cristóbal Sánchez, arrestado en Ciudad de México, de tráfico de personas. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Tapachula, Chiapas, lugar donde se inició la carpeta en su contra.

Según informó la FGR, la acusación contra Mujica y Sánchez se basa en el testimonio de migrantes hondureños que habrían asegurado que ambos les ayudaron a cruzar de Guatemala a México, y les cobraron por ello.

Este delito se incluye en el artículo 159 de la Ley de Migración y está pensado para los casos de “polleros”, los guías que cobran altas sumas de dinero a los centroamericanos para atravesar México, e incluso para alcanzar Estados Unidos.

Leer: ¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?

Mújica y Sánchez son dos conocidos activistas, con muchos años de experiencia en las rutas migratorias en dirección a Estados Unidos.

Las detenciones llegan después de que en febrero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalase a Pueblo Sin Fronteras como “reclutadora” de migrantes en Centroamérica para sumarse a las caravanas. Estas denuncias siempre han sido negadas por parte de la organización, que desde entonces viene advirtiendo de los intentos de “criminalización” en su contra.

En el escrito de Mujica, al que tuvo acceso Animal Político, solicitaba información sobre si él o Pueblo Sin Fronteras estaba siendo objeto de alguna investigación por parte de la fiscalía. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, el activista se remitía al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos para ofrecerse a “suministrar información para el desarrollo de dicha investigación”.

Un documento similar fue presentado por otros seis miembros de Pueblo Sin Fronteras.

Esta organización dio a conocer que estuvo presente en el acto convocado por Lopez Obrador en Tijuana, en el que se defendió el acuerdo por el que México intensificará el control migratorio a cambio de que Estados Unidos no imponga aranceles a sus productos. El colectivo que dirige Irineo Mújica exigió la liberación de los dos activistas arrestados y entregó una carta al equipo del presidente, que se habría comprometido a hacérsela llegar a Lopez Obrador.

Mujica estaba en otro sitio

Según el relato de la FGR, Mujica cobró a unos migrantes por introducirlos en México y transportarlos a finales de febrero de este año. En la nota que hizo pública, la Fiscalía aseguró que las declaraciones de los migrantes contra Mujica y Sánchez se produjeron en abril y mayo, pero de acuerdo con un documento oficial al que Animal Político tuvo acceso, esta carpeta está abierta desde tres meses antes.

Alex Mensing, director de proyectos de Pueblo Sin Fronteras, asegura que su organización tiene pruebas de que el Mujica no estaba en el lugar de Chiapas en el que lo ubica la denuncia, lo que demostraría su inocencia.

En aquel momento, en Chiapas y Oaxaca se encontraban cientos de migrantes centroamericanos que entraron en el país en el contexto de la primera caravana del año, la que llegó a la frontera el 18 de enero. Muchos de los integrantes de este grupo alcanzaron diversos puntos de la frontera en el norte.

La acusación contra Sánchez se encuentra en las mismas circunstancias: los querellantes le sitúan en un lugar en el que sus allegados afirman que no estaba.

La denuncia interpuesta por una pareja de hondureños asegura que el activista les recogió, junto a su hija menor de edad y otros dos familiares, en Tecún Umán, Guatemala, el 29 de marzo. Según este relato, que incluye el robo de las pertenencias de los migrantes a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Sánchez los acompañó durante el trayecto y les cobró una importante suma de dinero en dólares, que fueron entregados en una bolsa en Tecún Umán, el último municipio de Guatemala antes de entrar a México.

Fuentes cercanas al ahora detenido aseguran que existen varios testigos que aportarán pruebas de que aquel día Sánchez se encontraba en una fiesta en Ciudad de México, a casi 1,200 kilómetros de distancia. La coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, Mariana Zaragoza, habló de esa denuncia en su intervención en Aristegui Noticias el viernes en la mañana.

El jueves hubo una primera audiencia en los juzgados de Tapachula en la que los abogados de Mujica y Sánchez pidieron que el proceso se desarrollara con los detenidos en libertad. El juez rechazó el requerimiento alegando el riesgo de fuga por la falta de arraigo en Chiapas, el “peligro para los denunciantes” o, en el caso de Cristóbal Sánchez, su movilidad por todo el país.

Al margen de este operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el jueves que había congelado 26 cuentas de personas físicas y jurídicas a las que vincula con el tráfico de personas y con las caravanas.

“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con EU: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”, dijo Hacienda en una nota. Cabe recordar que la caravana de octubre de 2018 marchó prácticamente en bloque hasta Baja California y la gran mayoría de sus integrantes alcanzaron únicamente Tijuana o Mexicali.

Denuncias por “criminalización”

El proceso contra estos dos activistas llega en un contexto de polarización y presiones por parte de Estados Unidos. Por un lado, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han denunciado los arrestos, calificándolos de “detenciones arbitrarias”, e incluso Felipe González, relator de la ONU para las personas migrantes, mostró su preocupación.

Sin embargo, desde el auge de las caravanas en abril de 2018 y especialmente en octubre de ese mismo año, también se han sucedido las voces críticas con activistas como Mujica, a quien se señaló como instigador de las marchas a pesar de que él siempre lo ha negado. Está el caso de Sánchez Cordero, que señaló a Pueblo Sin Fronteras como el “reclutador” de migrantes. Este discurso ha sido avalado por otros defensores, como el padre Alejandro Solalinde. Desde finales de 2018 el sacerdote viene acusando a la organización de “instrumentalizar” las caravanas y de acarrear “polleros”.

Solalinde, en declaraciones a Animal Político, afirmó conocer la versión de que Mujica había cobrado a centroamericanos por ser trasladados de boca de los propios migrantes, y que ahora estaba siendo corroborada por Fiscalía. Dijo que no presentó denuncia alguna porque a él no le corresponde, pero sí afirmó haber hablado con el director de PSF en varias ocasiones sobre este asunto. Según el sacerdote, Mujica siempre negó las acusaciones y en la última vez que se encontraron, a finales de marzo, le aseguró que pondría el asunto en manos de sus abogados.

Solalinde conoce a los arrestados desde hace muchos años. De hecho, el sacerdote ha participado en alguna de las caravanas que, desde 2011, atraviesan México en dirección hacia Estados Unidos.

En octubre, el religioso, que siempre se presenta como una figura muy cercana a López Obrador, compartió asamblea en Tapanatepec en Oaxaca, con integrantes de Pueblo Sin Fronteras como Ginna Garibo. Era el momento de auge de las caravanas y miles de personas se hacinaban, desparramadas, en el suelo de la plaza del pequeño municipio chiapaneco.

En aquel encuentro se discutió sobre la estrategia a seguir una vez alcanzada Ciudad de México. Ahí se manifestó el divorcio entre ambas formas de entender el apoyo a los migrantes. Solalinde consideraba que el contexto (Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y la pronta llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México) no recomendaba alcanzar la frontera. Los integrantes de Pueblo Sin Fronteras (Irineo Mujica no estaba en la cabecera, ya que había sido detenido previamente en Ciudad Hidalgo) defendían que fuesen los migrantes los que tomasen la iniciativa, y que ellos acompañarían estas decisiones.

“Siempre hemos dado la palabra a las personas migrantes, hemos reconocido su voluntad política. Creemos que la caridad no es la solución, que es una parte importante de labor humanitaria, pero que de lo que se trata es de que la gente tome su liderazgo”, dice Alex Mensing, que defiende sus acciones como “desobediencia civil”.

Pueblo Sin Fronteras es una organización que se funda en Dallas, Estados Unidos, en 2009. Su objetivo en un primer momento era proteger a los jornaleros latinoamericanos. Sin embargo, su trabajo se extendió a la frontera sur, y comenzaron a organizar y acompañar algunas de las caravanas que se desarrollan en México desde 2011. La organización está compuesta por abogados y activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses. Todos ellos son voluntarios y ninguno recibe un salario.

Actualmente gestionan tres albergues en Caborca, Sonoyta (Sonora) y Tijuana (Baja California).

Su historia ha sido vinculada a la de las caravanas a pesar de que la organización no forma parte de este fenómeno en su inicio.

Según recuerda la antropóloga norteamericana Amelia Frank Vitale, presente en la primera de estas marchas, esta tuvo lugar en enero de 2011 entre Arriaga e Ixtepec. Desde entonces se desarrollaron diversas iniciativas, como “Toma la Bestia” en 2012 (contexto de auge de los movimientos como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos) o el Via Crucis de 2014, en el que más de mil migrantes llegaron hasta Ciudad de México y protagonizaron una protesta ante Los Pinos, entonces residencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Las caravanas crecen en una década en la que se implementa el Plan Frontera Sur y se disparan las redadas contra migrantes, así como las denuncias de violaciones contra los derechos humanos de las personas en tránsito, tanto por parte de grupos criminales como de las autoridades.

El parteaguas con las caravanas se produce en octubre de 2018, cuando se convoca la primera marcha que sale desde Centroamérica y no desde México. Ocurrió el 12 de octubre, y en aquella primera jornada apenas 200 personas se reunieron en la estación de autobuses de San Pedro Sula, en Honduras.

El proceso contra Mujica y Sánchez viene también condicionado por las presiones de Estados Unidos a México para que blinde aún más su frontera sur. El jueves, mientras el juez determinaba que los activistas debían seguir en prisión, el canciller, Marcelo Ebrad, anunció un contingente de 6,000 integrantes de la Guardia Nacional destinados a Chiapas. El número de deportaciones se ha incrementado un 100% desde que López Obrador está en el Gobierno.

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Las 17 primeras medidas con las que Joe Biden empieza a revertir las políticas de Trump

El presidente número 46º de EU, que asumió el mando este miércoles, tiene una larga lista de prioridades. Estas son las primeras medidas que tomó tras asumir el cargo.
21 de enero, 2021
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Biden

Reuters
Joe Biden tomó sus primeras decisiones como presidente firmando las órdenes ejecutivas.

Diecisiete acciones ejecutivas para empezar.

Con apenas unas pocas horas en el cargo de presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos y directivas para poner en marcha su promesa de revertir con urgencia los cuatro años de políticas de Donald Trump.

Una muestra de que Biden no quiere perder tiempo para encarar las crisis del país es que Trump, en comparación, firmó ocho órdenes ejecutivas en las dos primeras semanas en la Casa Blanca, y Obama, nueve.

Biden firmó, ente otras, la orden del mandato de usar mascarillas y mantener la distancia social en edificios públicos, así como el regreso al Acuerdo de París contra el cambio climático.

Aquí te damos más detalles de los temas que han recibido la atención inmediata del nuevo presidente.

Combatir la pandemia del coronavirus

Coordinación contra la covid-19

Biden firmó una orden nombrando a Jeffrey Zients como coordinador de respuesta contra la covid-19 en un intento de que haya una dirección y una guía desde el gobierno federal.

Máscaras por 100 días

Uno de los primeros pasos de Biden fue la orden ejecutiva que requiere que los estadounidenses usen mascarilla en edificios públicos de todo el país para frenar el contagio de covid-19 y también dio inicio al reto de usar máscara al menos por 100 días para prevenir que el coronavirus siga extendiéndose.

No hay garantía de que los gobernadores estatales que hasta ahora se han opuesto a las órdenes de uso de mascarillas cambien repentinamente de opinión. Y hay cierto consenso en que no hay autoridad legal que otorgue a un presidente el poder de ordenar el uso de mascarillas a nivel nacional.

Joe Biden.

Getty Images
La primera orden que firmó Biden es la que ordena usar mascarilla en edificios de propiedad del gobierno federal.

Biden parece haber admitido ese punto y dice que él personalmente tratará de persuadir a los gobernadores para que actúen.

Si no hacen caso, se comprometió a hacer llamadas a alcaldes y funcionarios municipales para reclutarlos para la causa. Tampoco se sabe aún cómo hará cumplir esa orden.

La pandemia de coronavirus, que se había cobrado hasta este miércoles la vida de más de 400.000 personas en EE.UU., será la principal prioridad del nuevo gobierno.

Es “una de las batallas más importantes que enfrentará nuestro gobierno”, dijo Biden, y prometió implementar su estrategia sobre la covid-19 de inmediato.

Mensaje que dice "se requieren mascarillas".

Getty Images
Biden ordenó usar mascarillas en los edificios públicos del país.

Reencuentro con la OMS

Biden revirtió la decisión del gobierno de Trump de que EE.UU. abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A mitad de 2020, Trump anunció sus planes para que el país abandone la OMS, acusándola de gestionar mal la pandemia de covid-19 después de que surgiera el virus en China y diciendo que no había hecho “reformas muy necesarias”.

El doctor Anthony Fauci dirigirá la delegación de Estados Unidos en la OMS a partir de este jueves.

Broches sobre la vacunación

Getty Images
Biden tratará de hacer llegar las vacunas a un mayor número de estadounidenses.

Política de inmigración

Eliminar la prohibición de entrada a EE.UU. desde países musulmanes

La prohibición de la entrada a EE.UU. firmada por Trump solo siete días después de asumir el cargo en enero de 2017 fue otra de las primeras políticas en ser eliminadas por el nuevo mandatario.

La prohibición inicialmente afectaba a personas de siete países de mayoría musulmana, pero la lista se modificó tras una serie de impugnaciones judiciales.

Ahora restringe el ingreso a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte.

Un camino hacia la ciudadanía

En otra importante promesa sobre inmigración, Biden envió un proyecto de ley al Congreso que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

“Y todos esos supuestos soñadores, esos niños del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), serán certificados nuevamente de inmediato para poder permanecer en este país y emprender el camino hacia la ciudadanía“, había dicho a finales de octubre.

Biden envió este miércoles un memorándum al Departamento de Seguridad Nacional y al fiscal general para preservar el programa DACA, que protege de la amenaza de la deportación a los inmigrantes que llegaron como indocumentados cuando eran niños.

Protesta de inmigrantes

AFP
Biden quiere hacer más fácil el camino a la ciudadanía de muchos inmigrantes.

El equipo de Biden ha anunciado que el nuevo presidente crearía un grupo de trabajo para reunir a unos 545 niños migrantes separados de sus padres en la frontera sur de EE.UU.

En diciembre, los colaboradores del entonces presidente electo admitieron que necesitaría más tiempo para revertir una de las políticas de Trump, los Protocolos de Protección al Migrante que obligan a miles de solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias de los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Si bien se trató de un compromiso del “primer día”, los asesores ahora dicen que podría tomar alrededor de seis meses abordarlo.

Otra orden ejecutiva revoca el plan de excluir del censo a los que no son ciudadanos, y otra acaba con el agresivo esfuerzo de la administración Trump por encontrar y deportar a inmigrantes indocumentados

Poner fin a la construcción del muro fronterizo

Como prometió, Biden detuvo la construcción de un proyecto representativo de la presidencia de Trump: el muro fronterizo entre EE.UU. y México. Su equipo de campaña lo había calificado como “una pérdida de dinero” que “desvía recursos críticos de las amenazas reales”.

El equipo dijo que, en cambio, desviará los fondos federales hacia esfuerzos como nuevas medidas de control fronterizo.

Trump firmando el muro en la frontera con México.

AFP
El muro de Trump no seguirá creciendo.

Medidas económicas

Alivio para inquilinos y propietarios (y para estudiantes)

Biden firmó otra orden para extender una moratoria sobre los desalojos y las ejecuciones hipotecarias de viviendas, que se congelaron al principio de la pandemia, así como para ampliar la pausa actual en los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles federales.

También aprobó una moratoria para el pago de las deudas estudiantiles hasta final de septiembre.

Mensaje contra los desalojos

Getty Images
Evitar los desalojos es otra de las prioridades de Biden.

Medio ambiente y cambio climático

De vuelta al Acuerdo de París

Otra medida que Biden tomó en su primer día en el cargo fue volver a unirse al acuerdo climático de París, un tratado global que tiene como objetivo mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 2 °C y “esforzarse por limitar” el aumento aún más, a 1,5 °C.

El predecesor de Biden sacó a Estados Unidos del acuerdo de 2015. La salida se hizo oficial el 4 de noviembre, convirtiendo a EE.UU. en la primera nación del mundo en salir.

Letrero que advierte sobre calor extremo

Reuters
Biden sí parece interesado en combatir el cambio climático.

“No se equivoquen, regresar al Acuerdo de París no es un mero simbolismo, es un acto envuelto en un poderoso significado político”, dice Matt McGrath, corresponsal de Medio Ambiente de la BBC.

“Si bien volver a unirse al pacto implica la simple firma de una carta y una espera de 30 días, no podría haber una señal más profunda de intención por parte de este gobierno entrante. Volver a París significa que Estados Unidos tendrá que seguir las reglas una vez más”, señala.

“Esas reglas significan que en algún momento de 2021, EE.UU. tendrá que mejorar su compromiso anterior de reducir las emisiones de carbono, realizado en la capital francesa en 2015”, escribe McGrath.

Biden también se ha comprometido a “subir la apuesta” y apuntar a estándares más altos en medidas de mitigación climática, y convocar una cumbre mundial sobre el clima dentro de los primeros 100 días en el cargo.

Biden ha dicho que quiere trabajar con el Congreso para promulgar una legislación este año que permitirá a EE.UU. alcanzar emisiones netas cero para 2050.

Cancelación del oleoducto de Keystone XL

Es una medida que ya ha provocado la alarma entre sus vecinos de Canadá. Biden rescindió el permiso transfronterizo para el controvertido oleoducto Keystone XL.

El proyecto permitiría transportar petróleo desde la región canadiense de Alberta hasta el territorio estadounidense de Nebraska.

Opositores del oleoducto Keystone XL en una manifestación en 2017.

AFP/Getty Images
Biden ordenó rescindir de inmediato el permiso transfronterizo para el controvertido oleoducto Keystone XL.

Reformas sociales

La deuda nacional con la cuestión racial es la cuarta crisis, junto a la covid-19, la economía y el clima, que Biden dijo que debía abordarse rápidamente.

Algunas de esas políticas, como abordar las disparidades raciales en vivienda y atención médica, se superponen con sus otros planes.

El presidente designó a Susan Rice para liderar un esfuerzo de todas las agencias del gobierno para acabar con el “racismo sistémico”, para lo que las agencias deberán hacer un informe sobre equidad en sus filas.

Joe Biden

Reuters
Joe Biden fue juramentado este miércoles como presidente de Estados Unidos.

Una orden ejecutiva firmada este miércoles prohíbe la discriminación laboral en el gobierno federal basada en la orientación sexual y asegura protección para la comunidad LGBTQ.

En la campaña, Biden se comprometió con la comunidad LGBT a dirigir recursos para ayudar a prevenir la violencia contra las personas transgénero, poner fin a la prohibición en el Ejército y restaurar la orientación para los estudiantes transgénero en las escuelas.

Otra prioridad en el futuro es aprobar en el Congreso la Ley de Igualdad que agregaría la orientación sexual y la identidad de género a las leyes federales de derechos civiles existentes, aunque no está claro qué tan rápido puede aprobar esa legislación.


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