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Cuartoscuro Archivo

Del discurso humanitario a los soldados en la frontera, el giro en la política migratoria del gobierno

“La política migratoria mexicana no puede estar subordinada a la del gobierno de Donald Trump”, decía en noviembre quien fue el primer titular del INM en el gobierno de López Obrador, Tonatiuh Guillén.
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17 de junio, 2019
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En tan solo siete meses desde que arrancara en diciembre pasado la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria de México ha dado un giro de 180 grados en el discurso y, sobre todo, en los hechos.

En poco más de medio año, México pasó de presumir una nueva política “humanitaria”, basada en el respeto a los derechos humanos, a enviar 6 mil soldados a su frontera sur para detener y deportar a miles de migrantes, ante las demandas del gobierno estadounidense de Donald Trump.

El pasado viernes se produjo un nuevo episodio en este cambio de política: en pleno contexto de la firma el 7 de junio del acuerdo con Estados Unidos, en el que Trump dio un plazo a México de 45 días para contener el flujo migrante, con la amenaza de imponer aranceles, López Obrador anunció que el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), la dependencia encarga de realizar las detenciones, encarcelamientos y las deportaciones, será el excoordinador de las prisiones mexicanas, Francisco Garduño Yáñez.

Garduño llega en sustitución de Tonatiuh Guillén, un comisionado de perfil académico -fue director del Colegio de la Frontera Norte-, que abogaba públicamente por mantenerse independiente de las presiones de Trump.

“La política migratoria mexicana no puede estar subordinada a la del gobierno de Donald Trump”, dijo en una entrevista con Animal Político en noviembre del año pasado, en la que también dijo que el uso de soldados y policías para detener migrantes sería “la última excepción y no la regla”.

Ante este cambio, organizaciones civiles criticaron que la llegada al INM de un funcionario “de perfil carcelario” confirma el regreso a una política basada en un enfoque de seguridad nacional, cuya máxima expresión se vivió durante el sexenio pasado de Peña Nieto con el lanzamiento del Plan Frontera Sur.

“El nombramiento del nuevo comisionado es congruente con el regreso a una política migratoria enfocada en el uso de la fuerza, para detener y deportar a personas sin documentos”, apuntó en entrevista Ana Saiz, directora de la organización civil Sin Fronteras.

Por su parte, Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que el nombramiento de Francisco Garduño “es una señal clara” de que hay una vuelta a un perfil policiaco al frente del INM, tal y como sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se eligió como comisionado al exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas.

“Para la sociedad civil es una mala señal -recalcó Xicontécatl-. Y no es una casualidad que, en este momento, cuando se busca detener y deportar a más migrantes, se ponga al frente del INM a un experto en cárceles”.

No obstante, los entrevistados coincidieron en señalar que la llegada de Francisco Garduño al INM es solo un paso más en el cambio de política migratoria, que ya estaba en marcha meses atrás; especialmente desde abril pasado, cuando ante el aumento inédito de las caravanas migrantes -según el gobierno, en solo tres meses hasta 300 mil migrantes entraron en seis caravanas para llegar a Estados Unidos-, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, endureció su discurso para comenzar a plantear que, si bien México mantenía el enfoque de derechos humanos, el fenómeno migratorio es una cuestión de “seguridad nacional”. Por lo que recalcó la necesidad de ordenar los flujos.

Un ordenamiento que pasó rápidamente del discurso a los hechos.

El 23 de abril, por ejemplo, se repitieron las escenas del gobierno pasado con el Plan Frontera Sur, de detenciones masivas y de persecuciones de policías contra migrantes, entre ellos niños y adolescentes. Ese día, en Pijijiapan, Chiapas, el INM detuvo a casi 400 migrantes.

El 4 de junio, Animal Político documentó historias de migrantes, especialmente cubanos, detenidos en operativos del INM en colaboración con policía y soldados, mientras descansaban en hoteles de Tapachula, a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. Mientras que 24 organizaciones civiles de Estados Unidos, México y Centroamérica, documentaron en una Misión de Observación Civil que en las redadas masivas se está separando a familias enteras, vulnerando el principio de unidad familiar y sus derechos humanos.

Y apenas el pasado sábado, un día después del nombramiento de Francisco Garduño, el INM informó que interceptó en Veracruz a cuatro tráileres en los eran trasladados 791 migrantes indocumentados hacia la frontera norte.

Todo lo anterior también pasó a reflejarse en las estadísticas oficiales, que apuntan a un nuevo boom en las detenciones: solo en mayo pasado, se registraron 22 mil capturas, un 119% más que el año pasado, y un 175% más en comparación con enero, el primer mes del nuevo gobierno de López Obrador.

“Cuando nombraron a Tonatiuh hubo grandes expectativas de un cambio real en la política migratoria, porque sí es alguien que tiene un conocimiento muy amplio del tema, y, sobre todo, de las necesidades de los migrantes”, apuntó Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante Saltillo.

“Pero ese discurso nunca llegó a cambiar las prácticas de la política migratoria mexicana -matizó Ana Saiz, de Sin Fronteras-. Porque las detenciones siguieron y las deportaciones aumentaron. Es decir, nunca vimos materializado el discurso de la 4T, salvo algunas excepciones”, añadió la activista.

Entre esas excepciones están las imágenes de enero pasado, cuando agentes de migración otorgaron miles de tarjetas de visitante por razones humanitarias a los migrantes que ingresaron al país, por el puente internacional entre México y Guatemala, y no clandestinamente atravesando en balsas el Río Suchiate.

La entrega de esas visas fue destacada por la prensa internacional, entre ella The New York Times, como el paradigma de la nueva política migratoria del gobierno de López Obrador. Aunque la entrega de esas visas duró poco. Apenas dos semanas, el tiempo en el que el INM anunció que puso fin al programa.

Rumbo al tercer país seguro

Otro punto clave donde, progresivamente, se está produciendo también un cambio en la postura de México es en el tema del refugio a los migrantes.

Desde el inicio del nuevo gobierno de López Obrador, múltiples actores, entre ellos Segob, Cancillería, y la propia Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), han repetido que México no aceptará ser un “tercer país seguro”.

Esta figura significa que los centroamericanos que busquen refugiarse de la violencia de las pandillas que azota, especialmente, a Honduras y El Salvador, no podrían pedir refugio en Estados Unidos, como es la intención de la mayoría, sino que solo podrían hacerlo en México, lo cual provocaría que México asumiera todo el peso en la gestión de los refugiados.

“De ninguna manera lo aceptaremos”, dijo el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas, el 19 de diciembre pasado.

Sin embargo, un día después, el 20 de diciembre, Estados Unidos decidió de manera unilateral que enviará a quienes soliciten asilo en su territorio a México, para que esperen aquí la resoluciones de sus casos, decisión que México aceptó argumentando que lo hacía para proteger a los migrantes.

Y siete meses después, el 7 de junio pasado, se produjo un nuevo paso hacia el tercer país seguro con la firma del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Tras ese acuerdo, el canciller Marcelo Ebrard ha enviado mensajes contradictorios. Si bien ha reiterado que México no aceptará ser tercer país seguro, en una conferencia de prensa el pasado 11 de junio también admitió que, si en el plazo de 45 días señalado por la administración Trump no se consigue reducir el flujo migratorio, entonces habría una nueva negociación.

Y ahí sí, estaría en la mesa la posibilidad de que México asuma ese nuevo rol. Algo que podría suponer el colapso del ya de por sí colapsado sistema de refugio mexicano, que para este año, a pesar de que las solicitudes de asilo aumentaron 82%, experimentó un recorte en su modesto presupuesto de poco más de 20 millones de pesos, para atender miles de solicitudes.

Por ahora, lo que sí es un hecho es que, tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, México presentó un nuevo plan fronterizo, en el que Marcelo Ebrard detalló que, a la par de endurecer las medidas de contención con el ya anunciado envío de la Guardia Nacional, más la contratación de otros 825 agentes para el INM, también se propondrán otras medidas para la protección de los migrantes, y para ofrecerles la posibilidad de trabajo y asilo en México.

Sin embargo, en el contexto de ese nuevo plan, el canciller también dijo una frase que resume el giro de 180 grados en la política migratoria de derechos humanos, y en la que, básicamente, avisó que no son bienvenidos los migrantes que busquen llegar a Estados Unidos a través de suelo mexicano.

“(Si eres migrante) probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir: no queremos que atravieses nuestro territorio si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear a un problema a nuestro país”, señaló.

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Cómo se frenó la hiperinflación en Venezuela (y por qué no es tan buena noticia)

Durante varias semanas entre febrero y marzo, la tasa de inflación en Venezuela redujo de forma notable su ritmo de crecimiento, según las estimaciones. Sin embargo, algunos economistas consideran que las causas de ese fenómeno son preocupantes.
19 de abril, 2019
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Es una buena noticia. Pero podría no durar mucho. La hiperinflación que sufre Venezuela desde finales del año 2017, la mayor actualmente en el mundo, registró una marcada desaceleración durante varias semanas entre los meses de febrero y marzo pasado, según las estimaciones de las firmas de análisis.

Desde el inicio de este proceso la inflación diaria registrada en ese país se ubicaba en un promedio de 2,9% diario pero durante esas semanas mencionadas anteriormente descendió hasta el 0,7% diario.

Venezuela no publica datos oficiales de inflación desde hace años.

En medio de esa desaceleración hubo productos cuyo precio llegaron a estancarse y, en algunos casos, como en el de los embutidos, los quesos y otros productos perecederos, incluso descendió al ser ofrecidos a la venta con fuertes descuentos.

Es un motivo de alivio y de pequeño respiro para los venezolanos, que encaran numerosos problemas de diversa índole por la crisis económica que sufre el país.

Algunos expertos, sin embargo, no creen que esto sea el inicio del fin de la hiperinflación.

“Eso es algo que puede considerarse como un síntoma bueno, pero se produjo por las causas equivocadas y es algo que no se puede prolongar en el tiempo”, advierte Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, a BBC Mundo.

Pero, ¿exactamente qué ocurrió?

Medidas radicales

A finales de 2018, la inflación en Venezuela crecía a una tasa superior al 100% mensual. A partir de 50% es cuando pasa de inflación a hiperinflación.

Billetes de bolívares.

Getty Images
La inflación ha hecho perder valor al bolívar de forma acelerada.

En enero llegó a superar el 200% como consecuencia de una fuerte devaluación de la moneda aplicada por el gobierno: la tasa de cambio oficial se ubicó por encima de la registrada en el mercado paralelo, el más usado tradicionalmente por el control cambiario que impone el gobierno chavista.

Como consecuencia de ello, las ventas de los comercios de desplomaron en enero y siguieron cayendo aún más el mes siguiente.

“Ese proceso continuó en marzo, cuando se produjo la gran crisis eléctrica que acentuó la situación depresiva por las bajas ventas y es un factor adicional de parálisis”, afirma Herrera.

Señala que la caída del consumo llevó a la acumulación de inventarios y obligó a empresas y comercios a reducir precios para poder cobrar y seguir operando, en un momento en el cual la banca no estaba ofreciendo créditos.

Según Herrera y otros expertos, esta imposibilidad de acudir al sistema financiero fue un elemento fundamental en la desaceleración de la hiperinflación.

Desde septiembre pasado, el Banco Central de Venezuela decidió aumentar de forma progresiva el encaje o reserva legal (el porcentaje de los depósitos recibidos por las entidades financieras y que por ley estas no pueden utilizar).

La principal finalidad de esta reserva es contar con fondos que permitan evitar una crisis de liquidez. Sin embargo, en el contexto de la política monetaria también suele utilizarse para restringir el crédito y así reducir la inflación. Al final de cuentas, si las personas y las empresas disponen de menos dinero tienen que limitar sus gastos.

Una mujer ante un banco en Venezuela.

Getty Images
El aumento del encaje legal al 100% limitó severamente la capacidad de los bancos de otorgar créditos.

En el caso de Venezuela, la decisión de las autoridades fue llevar el encaje legal hasta el 100%, el máximo nivel posible y uno que -según Herrera- no tiene precedentes.

De esta forma, las entidades financieras vieron severamente restringida su capacidad para otorgar créditos.

El Banco Central de Venezuela presentó esta medida como parte de la política de intervención en el mercado cambiario que prevé ejecutar en coordinación con el Poder Ejecutivo, dentro del “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad” anunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Así, con la restricción de la liquidez se estaría apuntando a reducir la cantidad de bolívares circulantes y disponibles para comprar dólares.

De esta manera, se intentaría evitar que la moneda venezolana se siguiera devaluando, lo que también es una fuente importante de inflación en un país en el que gran parte de los productos que se consumen son importados.

Algunos economistas, sin embargo, no consideran esta política como la más apropiada.

El gobierno entendió que la hiperinflación es un problema monetario pero, en lugar de asumir el costo y dejar de emitir dinero inorgánico (que es la raíz principal de la hiperinflación), sigue emitiendo dinero por su cuenta pero obliga a la banca a que deje de prestar”, señala a BBC Mundo Guillermo Arcay, economista de Ecoanalítica y profesor de Macroeconomía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

Arcay afirma que el BCV aumenta la masa monetaria en promedio en 18% mensual.

Nicolás Maduro.

Getty Images
Maduro atribuye la hiperinflación a la supuesta guerra económica.

Aunque el fenómeno de la hiperinflación es relativamente reciente en Venezuela, ese país registra altas tasas de inflación desde hace varios años, algo que muchos economistas atribuyen al hecho de que el elevado gasto público se financia por la vía de la emisión de dinero inorgánico, esto es, que no tiene su correspondiente respaldo.

Esa visión, sin embargo, ha sido rechazada de forma reiterada por el oficialismo.

“La causa determinante de la hiperinflación en Venezuela no es el aumento de la cantidad de dinero, es la manipulación política y criminal del tipo de cambio“, escribió en un análisis en noviembre pasado la economista Pascualina Curcio, quien fue viceministra del gobierno de Maduro y es profesora de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

El gobierno venezolano acusa de los problemas de escasez e hiperinflación a una guerra económica desatada en su contra por parte de la oposición y de Estados Unidos, quienes a su vez, achacan estos problemas a las malas políticas y a la supuesta corrupción del Ejecutivo venezolano.

El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a Venezuela, incluidas al sector petrolero, clave de la economía del país.


El bolívar no aguantó mucho

Por Guillermo Olmo, corresponsal del BBC News Mundo en Venezuela

En un país como Venezuela, en el que las autoridades no difunden datos sobre el comportamiento de la economía, la cotización del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo se ha convertido en uno de los pocos indicadores fiables para la mayoría.

Durante los meses de febrero y marzo, al contrario de lo que había sido la tónica de los últimos años, la cotización del “bolo”, como conocen los venezolanos a su moneda, se mantuvo relativamente estable.

Un dólar se cambiaba aproximadamente por 3.500 bolívares, y así fue durante varias semanas, como resultado, según los expertos, de las medidas drásticas de contracción de la liquidez aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero, como temían los especialistas, su efecto ha sido efímero.

Esta semana el dólar ya se estaba cambiando por más de 5.000 bolívares. Todo parece indicar que, de nuevo, el bolívar cae sin freno.


Graves consecuencias

Aunque las estimaciones de los analistas indican que la hiperinflación registró una desaceleración y que, incluso, hubo productos que llegaron a bajar de precio, Arcay asegura que se trató de un fenómeno efímero y que la gente no lo pudo apreciar en su vida cotidiana.

“En este proceso, el ingreso de las personas se mantuvo igual en términos nominales, por lo que -en realidad- su calidad de vida siguió deteriorándose a un paso rápido“, apunta.

Dos mujeres saliendo de un supermercado.

Getty Images
La hiperinflación reduce la capacidad adquisitiva de los venezolanos.

Destaca que otra de las herramientas que usó el gobierno de Maduro fue rezagar el gasto fiscal, evitando desde enero decretar aumentos de salarios en el sector público, pese a que en lo que va de año la inflación acumulada ya debe superar el 500%.

El gobierno de Maduro volvió a devaluar el tipo de cambio oficial esta semana, lo que usualmente anticipa un aumento de la inflación.

Tamara Herrera apunta a un pronóstico sombrío.

“Esto es algo que no se puede repetir de forma reiterada porque vas a llevar al quiebre a las empresas y a los comercios. Entonces, vas a llegar al fin de la hiperinflación por la vía de la liquidación de la actividad económica. Le bajaste la fiebre al enfermo pero lo hiciste a costa de llevarlo a un estado precomatoso“, concluye.


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