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Niños en crianza temporal: lejos de su familia, idioma e identidad

Por generaciones, la agencia de Illinois para el bienestar infantil ha fracasado a la hora de atender adecuadamente a las familias de habla hispana cuyos niños tiene bajo su cuidado.
Propublica
Por Melissa Sánchez y Duaa Eldeib / ProPublica
29 de junio, 2019
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Cuando nació su hijo en 2014, Jorge Matías tomó al bebé en sus brazos y lo arrulló con las canciones de cuna que aprendió en Guatemala cuando era niño. Bromeaba con la madre del bebé, diciéndole que crecería hablando español y que algún día ellos charlarían ese idioma en secreto para que ella no los entendiera.

Pero el niño nació con heroína en su organismo, y, cuando su cuerpo la eliminó por completo, los funcionarios de bienestar infantil de Illinois lo colocaron en un hogar de crianza temporal. Para recuperarlo, Matías tuvo que satisfacer una lista larga de requisitos, los cuales incluyeron terminar su relación con la madre del menor que era adicta a la heroína.

Matías visitó al bebé en la oficina de la administradora de su caso, le cambió los pañales, y, aprendió a prepararle el biberón mientras que documentaba su crecimiento con fotografías y videos en su teléfono celular.

Poco antes de cumplir un año, durante una visita con su padre en la biblioteca y con la madre de crianza temporal sentada cerca, el niño dijo lo que Matías consideró su primera palabra. No en español. Ni en inglés. Sino que en eslovaco. Mamka. Mami.

En ese momento Matías se dio cuenta de que su hijo se criaba con un idioma que él no entendía y temió lo que sucedería si transcurría más tiempo antes de recuperarlo.

Matías buscó amistad con compañeros de ascendencia europea oriental con quienes trabajaba en carpintería, y aprendió a usar aplicaciones de idiomas en su teléfono para buscar palabras y frases útiles. Poco a poco recopiló varias en eslovaco: Cobija. Leche. Arriba. Abajo. Tomates. Pollo.

Pero no pudo mantenerse al ritmo. Hacia el verano de 2016, cuando el niño cumpliría dos años, Matías le comentó a su terapeuta durante una sesión requerida, que se preocupaba por su incapacidad creciente de poderse comunicar con su hijo.

Seis meses después, el menor comenzó a gritar cuando Matías pasaba por él para sus visitas. Lloraba por su padre de crianza temporal. Lo llamaba “ocko”, palabra eslovaca para papá.

Una Historia de Fracasos

Durante más de cuarenta años, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (Department of Children and Family Services, DCFS) de Illinois, ha tenido la obligación, según una orden judicial federal, de colocar a hijos de padres latinos y de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se hable su idioma.

La orden, también conocida como el Decreto de consentimiento Burgos, tiene la potencia de beneficiar a miles de familias en un estado que cuenta con una de las poblaciones de hispanohablantes más grandes del país. De hecho, ese decreto de consentimiento se cita a menudo como modelo para la nación, habiendo sido nombrado en un estudio reciente acerca de la forma en que las agencias de bienestar infantil estadounidenses atienden a las familias de inmigrantes. Este es un tema que se ha vuelto aún más crítico en la actualidad por el ambiente político relativo a la inmigración.

Sin embargo, una investigación de ProPublica Illinois encontró que el DCFS ha fallado repetidas veces con su obligación de ayudar a las familias de habla hispana. La agencia sigue colocando a menores en hogares donde no se habla el idioma de sus padres, además de asignar a administradores de caso que no hablan español, con padres que no manejan bien el inglés. Cientos de familias se han visto afectadas a través de las generaciones; desde la primera cuyo apellido nombró el decreto de consentimiento, y, hasta la actualidad, con la historia de los hijos de Matías que fueron colocados en un hogar de crianza provisional en el cual no se hablaba ni inglés ni español.

Los expedientes muestran que, en algunos casos, la brecha del idioma hizo que los trabajadores sociales no captaran información relacionada con investigaciones de abuso y negligencia, lo cual se aunó a las lesiones y muertes de niños y niñas al cuidado del estado. Las deficiencias se extienden a las agencias privadas que trabajan con estas familias y a los abogados encargados de supervisar el cumplimiento de la orden judicial.

“Están destruyendo familias”, dijo Layla Suleiman González, ex funcionaria del juzgado federal encargada del decreto de consentimiento, dedicada actualmente a la docencia en Loyola University Chicago. “Cuando se le quita el idioma a un niño, o a una niña, también se le quita su identidad y su conexión con la familia, la comunidad y la cultura”.

Los expedientes de la agencia muestran casi trescientas posibles infracciones del Decreto Burgos desde 2005. Es casi seguro que esa cantidad esté por debajo de la verdadera cuenta, ya que, a menudo, los datos básicos de un caso, tales como raza, etnia e idioma de preferencia, han sido poco confiables o hasta falsificados por personal.

El DCFS no puede proporcionar un conteo coherente de los menores de padres hispanohablantes que están actualmente en hogares de crianza temporal donde no se habla español. Inicialmente, la agencia proporcionó datos que indicaron que más de cincuenta niños colocados recientemente podrían infringir el decreto de consentimiento. Jassen Strokosch, vocero del DCFS, dijo posteriormente que solo había dos infracciones. En mayo, mencionó que la agencia había revisado cada caso y que la cifra correcta era de menos de veinticinco.

Finalmente, Strokosch admitió esta semana que les era “difícil proporcionar cifras precisas”, y añadió que en estos momentos “buscaban mejores formas de crear estos informes, desde arriba y hasta el fondo”.

El funcionario agregó que podría parecer que ciertas asignaciones infringían el decreto Burgos, pero que ese no era el caso en realidad debido a que la agencia pudo haber priorizado otros factores tales como las necesidades médicas del menor por arriba del idioma. Otras podrían infringir en las políticas de la agencia, pero no en el decreto Burgos, ya que ese decreto de consentimiento les corresponde a las familias en la zona de Chicago y las normas del DCFS se aplican en todo el estado.

No obstante, mencionó Strokosch, cumplir con el decreto Burgos, y asegurar que las familias de habla hispana en todo Illinois reciban servicios en su propio idioma, son prioridades del director suplente del DCFS, Mark Smith, asignado al puesto el pasado abril por el Gobernador J. B. Pritzker. Smith es el treceavo líder de la agencia en la última década.

“El DCFS tiene el compromiso de responder plenamente ante las necesidades de los menores y las familias que atendemos, proporcionando cuidados y servicios que toman en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas y de origen”, indicó Strokosch.

Es fácil ver cómo el decreto Burgos ha sido ignorado en una agencia que lleva un largo tiempo lidiando con casos notorios de niños fallecidos y cantidades enormes de expedientes, dijo Rubén Castillo, juez principal del Juzgado de Distrito de EE.UU. para el Norte de Illinois, y primer monitor judicial federal para el decreto de consentimiento. Agregó, también, que el DCFS se ha visto tan abrumado al reaccionar a las crisis, que no ha hecho prioridad de los asuntos específicos de los latinos,  quienes representan solo un 8 % de más de 16,000 menores al cuidado del estado.

“Yo sigo sin ver un gran empuje de parte de los directores del DCFS para contratar empleados hispanos, o buscar más familias de crianza temporal hispanas,” agregó Castillo. “Creo que ha habido demasiadas transiciones, demasiadas prioridades nuevas, demasiados casos de emergencia, demasiados niños que murieron en malas situaciones”.

Durante años, ninguna organización ajena al DCFS ha podido examinar si este cumple con el decreto judicial.

El Fondo México Americano de Defensa y Educación Legal (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF), grupo nacional de derechos civiles que representa a familias en litigios del decreto Burgos, dijo que el estado se ha rehusado repetidamente a proporcionar información que podría ayudarlos a monitorear el mismo. A través de entrevistas y una declaración escrita, los líderes de MALDEF indicaron que consideran opciones de tipo jurídico en la actualidad, pero que se inquietan que las protecciones otorgadas a las familias en el decreto de consentimiento, pudieran ser eliminadas si vuelven a enjuiciar al DCFS.

Preservar la familia es el principio básico que guía el bienestar infantil. Sin embargo, violar los derechos de los padres asignados en el decreto Burgos, puede retrasar la reunificación, proceso que de todos modos puede tardar años. Los niños que quedan apartados de sus progenitores podrían acabar con nombres anglicanizados o prácticas religiosas diferentes, o quedar inmersos en una cultura extranjera.

En algunos casos, las separaciones prolongadas hacen casi imposible que se pueda determinar lo mejor para estos menores: devolverlos a sus padres biológicos a quienes casi no conocen, o dejarlos con padres de crianza temporal que quizás no deberían de haberlos tenido tanto tiempo, aunque los hayan visto crecer y los quieran como si fueran propios.

Una promesa de efectuar reformas

Leopoldo e Iris Burgos se mudaron de Puerto Rico a Chicago en 1970, hablando solo español. En marzo de 1972, investigadores del DCFS tomaron la custodia de dos de sus hijos, Olga y Henry. El alegato específico en contra de estos padres sigue sin aclararse casi medio siglo después. Los informes noticiosos de fines de los ochentas dicen que los niños fueron encontrados asquerosos y picoteados por pollos que la familia criaba en su departamento.

Los administradores del caso de la agencia privada contratada por el DCFS colocaron a Olga, de unos tres años de edad en ese entonces, y a Henry, de 6, en dos hogares de crianza temporal distintos en los cuales solo se hablaba inglés.

Cuatro trabajadores sociales gestionaron el caso durante los tres años posteriores. Ninguno de ellos hablaba español.

Las barreras del idioma retrasaban hasta las interacciones más simples. En una declaración jurada, Iris Burgos dijo que no había visto a su hija durante siete meses, “porque no pude comunicarme con nadie” de la agencia.

Todos los comunicados enviados a la familia iban en inglés y a menudo servía de intérprete la hija mayor de los Burgos, de once años en ese entonces. No está claro por qué ni ella ni los demás hermanos fueron llevados para custodia.

Al caso no se le asignó un trabajador social bilingüe sino hasta tres años después de que la familia entrara al sistema de bienestar infantil. “Por primera vez”, agregó Iris Burgos en la declaración jurada, “sabemos lo que se espera de nosotros y cómo podemos planificar un programa que esperamos pueda devolvernos eventualmente a nuestros hijos”.

Lo que le sucedió a la familia Burgos era normal en esa época. En un estudio del DCFS de 1974, se determinó que el 80 % de los hijos y las hijas de padres latinos puestos al cuidado del estado, fueron colocados en hogares de crianza temporal no latinos; y, que, aproximadamente un 67 % de los casos de padres de habla hispana fue administrado por encargados que no hablaban ese idioma.

En noviembre de 1975, la Fundación de Asistencia Legal de Chicago (o Legal Assistance Foundation of Chicago), organización sin fines de lucro, presentó una demanda colectiva por violación de derechos civiles en contra del DCFS y de dos de sus proveedores, alegando discriminación sistemática en contra de familias latinas de habla hispana.

En menos de dos años después, el DCFS aceptó establecer reformas con la demanda aún pendiente. Entre estas, uno de los mandatos principales fue colocar a hijos de familias de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se les preservara su idioma. Si en dos meses no se pudiera encontrar un hogar adecuado, el estado necesitaría llevar un registro de todos los esfuerzos hechos por encontrarlo.

El decreto de consentimiento abarcaba a familias de habla hispana en Chicago, y sus suburbios, cuyos hijos fueran puestos bajo custodia del DCFS. Posteriormente, la agencia amplió sus políticas a todo el estado y a familias que habían sido investigadas por abuso o negligencia, pero cuyos menores no habían sido sacados del hogar.

El DCFS también aceptó aumentar la cantidad de hogares de crianza provisional de habla hispana, contratar más personal bilingüe y traducir los documentos del caso; además de prometer que llevaría un conteo preciso de las familias latinas cuyo idioma principal fuera el español, lo cual sería información esencial para dar seguimiento al cumplimiento.

Fue una meta ambiciosa que el DCFS luchó por lograr desde el principio.

Renuncia a sus derechos

Jorge Matías salió de Guatemala en 2003 cuando algunos familiares que vivían en Chicago fueron a visitar el pequeño pueblo donde había crecido con nueve hermanos y hermanas. En ese entonces era adolescente y trabajaba en las acequias de cultivos de plátanos después de haber terminado la preparatoria. El viaje de sus familiares de regreso a los Estados Unidos le brindó una oportunidad de buscar una vida mejor.

Matías y un pariente fueron detenidos por agentes migratorios cuando cruzaban la frontera a pie cerca de El Paso, pero fueron puestos en libertad rápidamente bajo la advertencia de que esperaran un citatorio por correo a través del cual se le indicaría cuándo presentarse ante el juzgado de inmigración.

Matías, de 34 años ahora, no pensó mucho acerca del encuentro y siguió su traslado a Chicago. En esa ciudad obtuvo un departamento cerca del barrio de Humboldt Park, mudándose con su padre quien había inmigrado años antes. Tan solo en unos años llegó a ganar hasta US$40,000 dólares anuales. “Comencé desde abajo,” dijo, “pero cuando aprendí carpintería pude ganar ese tipo de dinero”. Mandaba remesas a su madre cada varias semanas.

Cuando su padre regresó a Guatemala, Matías permaneció en Chicago. Le gustaba su vida en Humboldt Park, donde salía a pasear y escuchaba a los vecinos hablando español. Su rutina incluía irse en autobús a tomar clases de inglés por las tardes en el lado norte de la ciudad. Estudió ese idioma durante años y alcanzó entenderlo, aunque le seguía siendo difícil que otras personas lo entendieran al hablar.

En 2012, Matías viajaba una tarde en autobús a su clase cuando notó a Heather Penar. Le gustó su sonrisa y comenzó a charlar con ella. A su vez, ella le respondió en forma amigable y abierta. “Era alguien con quien podía practicar mi inglés”, recuerda Matías. “Me entendía”. Además, Penar también se sintió atraída por él. En una entrevista reciente ella dijo que nunca se había sentido “tan segura, cálida y protegida” con nadie antes de Matías.

Al principio salían juntos de manera informal. Compraban comida tailandesa o mexicana para llevar e iban al parque a platicar.

Matías le pidió que viviera con él cuando se enteró que estaba embarazada. Mencionaron casarse y vivir en el suburbio de Oak Park. Pero, dijo ella, su adicción a la heroína y a las pastillas Xanax descarriló sus planes.

Penar, que había sido condenada por robo y posesión de drogas, dijo que había escondido su adicción de Matías hasta el día que él la encontró desvanecida en el piso del baño. Él dijo que había pensado en dejarla pero que quería ayudarla a dejar las drogas. La llevó a una clínica en la que le administraron metadona.

En el verano de 2013, Penar dio a luz a un bebé varón que había sido expuesto a las drogas. Matías dijo que lo visitó en el hospital durante semanas, hasta que una prueba de paternidad mostró que él no era su padre y el bebé fue colocado en un hogar de crianza temporal.

Penar tuvo otro hijo expuesto a drogas el verano siguiente. La prueba de ADN que confirmaría que Matías era el padre no sería administrada sino hasta que el niño fuera colocado con los padres de crianza temporal, Jana y Peter Palenik, de origen eslovaco.

Children’s Home & Aid, la organización sin fines de lucro dedicada al bienestar infantil y contratada por el DCFS para administrar el caso, declinó exponer comentarios para este reportaje. Los Palenik rechazaron varias peticiones para entrevistarlos.

El DCFS indicó que las leyes estatales le prohíben hablar acerca de casos particulares. En abril, una jueza del Juzgado Juvenil del Condado de Cook dictó una orden para prohibir que ProPublica Illinois publique los nombres o las imágenes de los niños, citando la confidencialidad.

De acuerdo con los apuntes del expediente, un supervisor de Children’s Home & Aid informó posteriormente al DCFS que uno de los motivos por los que el niño no fue asignado a un hogar donde se hablara español, fue porque se retrasó la determinación de la paternidad. Ese retraso, agregó el supervisor, también fue un factor de la razón por la cual a los Palenik no se les informó acerca del idioma que deberían utilizar con el niño.

Transcurridas unas seis semanas desde que el bebé llegara al hogar de los Palenik, el DCFS le informó a Matías que podría solicitar un hogar en el que se hablara español. El expediente también indica que Matías mencionó tener familiares que podrían acoger a su hijo, aunque estaba contento con el cuidado que los Palenik ofrecían y no veía la necesidad de moverlo.

Matías, quien pensó que recuperaría a su hijo en unos cuantos meses, dijo que ese momento no habría podido imaginar que su decisión tendría efectos a largo plazo. En ese entonces él pensaba que los Palenik hablaban inglés en su casa. No supo que eran eslovacos sino hasta meses después de que su hijo fue enviado a vivir con ellos. Los Palenik le mencionaron al DCFS posteriormente que únicamente hablaban eslovaco en el hogar.

El expediente indica que el día después de la reunión con el DCFS, Matías le mencionó a una de las asistentes que él no “consideraba dominar el inglés completamente”. Entonces, la administradora de su caso, y una colega bilingüe de la agencia, le preguntaron si deseaba servicios en inglés o en español. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, ella ya no seguiría a cargo de su expediente. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, “ella encontraría servicios en español para las obligaciones que tendría que cumplir” para obtener la custodia.

Matías seleccionó el inglés. Al hacerlo, le informó posteriormente al DCFS un supervisor de Children’s Home & Aid, Matías había aceptado renunciar a sus derechos relacionados con el decreto Burgos.

El expediente del caso menciona que Matías indicó más tarde a los empleados del DCFS, que le habían dicho que podría llevarse a su hijo a casa más rápido si escogía el inglés.

Este trabajo  fue publicado en conjunto con el Chicago Sun-Times

Lee el reportaje completo, publicado por ProPublica y el Chicago Sun-Times, dando click aquí.

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"Pasé 8 meses trabajando para un cártel del narcotráfico México"

Cuando le surgió una oportunidad de trabajo bien remunerada, aunque potencialmente peligrosa, este joven decidió arriesgarse. ¿Qué hizo cuándo se vio obligado a reconocer que estaba trabajando para un cártel de narcotraficantes?
15 de agosto, 2019
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Eduardo*, 28 años

Si soy sincero conmigo mismo, supe para quién estaba realmente trabajando desde la primera vez que vi a mis jefes entrar a la oficina cargando enormes paquetes de dinero en efectivo.

Puntuales como un reloj, todos los días, a las 3:00 pm 10 hombres aparecían con lo que debían haber sido millones y una empleada los llevaba al banco. Nadie nunca hizo preguntas.

En ese momento me convencí de que lo que temía era verdad: estaba trabajando para un cártel de narcotraficantes.

Siempre supe de los cárteles, grupos del crimen organizado involucrados con el narcotráfico, incluso cuando era niño.

Mientras crecía, en México, la amenaza que representaban estas bandas criminales similares a la mafia siempre estuvo en el trasfondo de la vida cotidiana.

La mayoría de las veces, era posible bloquear los interminables informes de noticias o los rumores de asesinatos sangrientos.

Pero cuando finalmente se metieron en mi vida, me preocupaba no poder escapar.

Ilustración narcotráfico mexicano

BBC Three / iStock

Crecí en el tipo de lugar donde todos se conocen y las noticias viajan rápido.

Y empecé a comprender mejor lo peligrosos que eran los cárteles cuando tenía unos 15 años.

Era 2006, y un nuevo presidente, Felipe Calderón, acababa de asumir el cargo. Llegó al poder con la promesa de restaurar “el estado de derecho” en México, librando una guerra sangrienta contra el narcotráfico. Recuerdo que estaba tan decidido a luchar contra los cárteles que envió al ejército tras ellos.

Fue presidente hasta 2012, pero la batalla continuó después de que dejó el cargo. Y desde 2006, más de 200,000 personas murieron o desaparecieron en México como resultado de la guerra contra las drogas.

Los cárteles comenzaron a dividirse en grupos más pequeños, extendiéndose desde las áreas que originalmente controlaban.

Históricamente, gran parte del norte de México estaba controlada por el cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán, mientras que Los Zetas, un cártel formado por desertores del ejército, controlaban gran parte del este.

Pero las áreas controladas cambiaron y se fragmentaron a medida que surgieron nuevos cárteles y otros de dividieron. Se peleaban con AK-47 en el medio de la ciudad, nunca había visto algo así. Había personas que eran asesinadas y sus cuerpos arrojados a la calle.

Recuerdo que cuando era adolescente una vez iba caminando por la ciudad y escuché disparos a lo lejos. Me dieron escalofríos. No vi el momento del asesinato, pero más tarde vi el cuerpo tirado en la calle. Fue la primera vez que vi algo así. Fue horrible y quedé profundamente conmocionado.

Pero, lamentablemente, pronto se volvió normal.

Ilustración narcotráfico mexicano

BBC Three / iStock

Es impactante para mí ahora recordar cómo esta brutal violencia se convirtió en parte de nuestras vidas.

Algunas personas que conocía tenían miedo de iniciar negocios porque los miembros del cártel venían y trataban de extorsionarte. Si veían que usted tenía un negocio, como una tienda, venían y exigían una parte de las ganancias a cambio de “protección”; en otras palabras, “deme su dinero o lo mato“.

También los veía por ahí cuando salía de fiesta con mis amigos, cuando era adolescente. Por lo general, era un tipo grande con un montón de cadenas doradas, rodeado de mujeres hermosas, y yo me preguntaba qué lo hacía tan atractivo.

Una vez, el compañero de uno de ellos me amenazó. Me acusó de agarrar un trago de la mesa del jefe y me dijo que no quería volver a verme. Estaba aterrorizado: salí corriendo del club con el corazón a mil.

Atraído por el dinero

Cuando era niño, quería ser arqueólogo, porque me encanta la historia antigua, creo que inspirado por las películas de Indiana Jones.

Pero cuando se trataba de elegir una carrera, me decidí por algo que pensé que me haría ganar más dinero: el marketing. Un amigo mío me consiguió un trabajo en una revista local y, en poco tiempo, me labré una reputación.

Luego, un contacto que trabajaba para una agencia exitosa, cuyos clientes incluían restaurantes y bares propiedad de los cárteles de la droga, me preguntó si quería un trabajo independiente para ayudarlos con sus materiales promocionales.

Los cárteles tienen que actuar como negocios normales para poder ocultar el dinero que ganan con actividades ilegales. Y cuando descubrí lo que pagaban (el equivalente a más de 1,000 por el trabajo de un fin de semana), no pude decir que no.

Eso es casi 25,000 pesos mexicanos y el salario mínimo en México es de 102 pesos por día.

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El dinero me atrajo. Tenía 21 años y comencé a presumir un montón, a vivir como una estrella de rock, a divertirme y a invitar a tragos a todos mis amigos.

Sin embargo, no me fui de la casa de mis padres. No quería presumir demasiado, en caso de que la gente comenzara a hacer preguntas. Tenía mis sospechas en ese momento de que estas personas estaban involucradas con los cárteles, pero no sentía que fuera parte de eso. Todo lo que estaba haciendo era ayudarlos a promocionar sus bares y restaurantes.

Mis padres se preocuparon por mi estilo de vida y el tipo de personas para las que trabajaba. Me dijeron que tuviera cuidado pero, al principio, todo estuvo bien. No conocí a nadie del cártel, solo hacía mi trabajo y recibía mi dinero. Pero después de algunas semanas, uno de los jefes entró a la oficina.

Inmediatamente tuve la sensación de que algo no estaba bien y que no podía confiar en él. Estaba vestido de pies a cabeza con ropa de diseñador y había llegado en un auto grande.

A estos muchachos les encanta presumir y algunas personas piensan que son íconos de la moda. Cuando varios miembros del cártel fueron arrestados con una determinada camisa de polo de diseñador en 2010, todos querían esa camisa. Incluso hay un hashtag #narcofashion en Instagram.

Y el jefe me preguntó si quería más trabajo y más dinero. Dijo que iba a comenzar a hacer shows con cantantes de corridos, que es un tipo popular de música popular mexicana, y quería que yo ayudara con la promoción.

Ilustración narcotráfico mexicano

BBC Three / iStock

A veces, los capos de la droga hacen que estos cantantes escriban canciones sobre ellos, para hacerlos famosos.

Y en algunas partes de México, es ilegal cantar narcocorridos o canciones sobre narcotraficantes, porque embellecen la violencia del mundo del cártel. Hay una canción que dice: “Con cuerno de chivo y bazuca en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa…”.

También es peligroso: algunos cantantes han sido asesinados por cárteles rivales por cantar sobre el narcotraficante equivocado.

Para ese entonces, sin embargo, no sabía cuán involucrados con los cárteles podían estar esos conciertos de música. Se llevaban a cabo en granjas locales con unos 30,000 asistentes. Comencé a ir a los conciertos y había muchachos con armas enormes.

No me sentí seguro. Esa fue la primera vez que realmente tuve miedo de morir, porque simplemente no sabías si iba a aparecer un cártel rival e iba a estallar una pelea, o si la policía iba a irrumpir con armas de fuego.

Nada de eso pasó, pero sabía por las noticias de enfrentamientos entre cárteles, lo cual siempre era una posibilidad. Al mismo tiempo, sin embargo, también me sentí bastante protegido debido a toda la seguridad.

Y, de alguna manera, pasar el rato con estos tipos era divertido, si intentaba olvidar quiénes eran. Una vez que comencé a hacer los conciertos, me llevaron a mí y a mis colegas a lugares elegantes para cenar y tomar algo. Pero siempre fui consciente de que uno de ellos podía dispararme si quería.

Dilema moral

La cuestión moral de trabajar para estas personas también pesaba mucho en mi mente. Cuanto más me involucraba con estos tipos, más seguro estaba de que eran parte de un cártel.

Y aunque no estaba haciendo ninguna de las cosas realmente malas, como transportar drogas o matar gente, y tampoco fui testigo de que hicieran ese tipo de cosas, sabía que eso estaba sucediendo en alguna parte. No era miembro de ninguna pandilla criminal, pero aún así estaba involucrado, me pagaban con su dinero. Se sentía mal.

Para ese entonces iba más a la oficina y fue entonces cuando vi a los muchachos entrar con los paquetes de dinero en efectivo. El jefe también me llevó a algunas mansiones que estaba construyendo en las montañas. Eran enormes.

Vi a su jefe, el gran jefe, varias veces. Se mantenía alejado de las cosas, y principalmente se ocupaba del lado comercial de las cosas desde su casa. Tenía un jaguar como mascota y una bella esposa.

Ilustración narcotráfico mexicano

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Le pregunté a mi jefe directamente: “¿Eres parte de un cártel?”

Su respuesta fue ambigua.

“¿Quieres saber más, o quieres fingir que no sabes nada?”, me preguntó. Miré a mi alrededor, incómodo, pensando en la situación en la que me encontraba. Dije: “Vamos a fingir”.

Seguía yendo a los espectáculos en las granjas, pero me estaba sintiendo cada vez más incómodo. Ya no quería hacerlo, pero me preocupaba que dejarlo fuera peligroso.

Comencé a distanciarme de mis colegas de la agencia de marketing. Ya no me sentía protegido por estar cerca de estos tipos: era consciente de que, si alguna vez los llamaba para que me ayudaran, les debía un favor para siempre. Además, no soy el tipo de persona que se mete en problemas, y todo se estaba poniendo demasiado complicado para mí. Y un día, recibí una llamada del jefe.

“¿Todavía quieres trabajar con nosotros?”, preguntó.

Respiré hondo y decidí decir la verdad. “Para ser honesto, no”, le dije.

“Está bien, buena suerte“, respondió.

Le dije que iría a la oficina y recogería mi computadora y la cámara con la que solía tomar fotos promocionales. Hubo una pausa. “Está bien”, dijo de nuevo. “Buena suerte.”

Empecé a entrar en pánico. “¿Qué quieres decir? Son mis cosas”, le pregunté.

“Bueno, están en mi oficina”, respondió.

Sentí que me estaba amenazando y que algo malo podría pasarme si iba a buscar mi equipo. Decidí que era demasiado peligroso ir a buscar mis cosas, así que nunca las recuperé. Eran costosas, pero el riesgo no valía la pena.

Seguí haciendo el mismo tipo de trabajo, pero en conciertos y eventos que no estaban vinculados a los cárteles. En total, trabajé para ellos durante unos ocho meses.

Cuando hay un ataque terrorista, uno lo escucha en todo el mundo, y los mexicanos se emocionan realmente enviando apoyo en las redes sociales a París o Londres, o donde sea que haya ocurrido el último ataque horrible. Pero eso me hace pensar que no miramos a nuestro propio país.

Si hay un asesinato aquí, es como, ‘Oh, otra cabeza en la calle’. Amo a México, pero creo que es triste que estemos tan acostumbrados.

Quizás contar mi historia ayudará a las personas a darse cuenta de cómo es la vida allí y de cómo algo tan terrible puede parecer casi normal. Me alegro de ya no ser parte de ese mundo.

* Los nombres han sido cambiados.

Testimonio recogido por Thea de Gallier para BBC Three.


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