Niños en crianza temporal: lejos de su familia, idioma e identidad
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Niños en crianza temporal: lejos de su familia, idioma e identidad

Por generaciones, la agencia de Illinois para el bienestar infantil ha fracasado a la hora de atender adecuadamente a las familias de habla hispana cuyos niños tiene bajo su cuidado.
Propublica
Por Melissa Sánchez y Duaa Eldeib / ProPublica
29 de junio, 2019
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Cuando nació su hijo en 2014, Jorge Matías tomó al bebé en sus brazos y lo arrulló con las canciones de cuna que aprendió en Guatemala cuando era niño. Bromeaba con la madre del bebé, diciéndole que crecería hablando español y que algún día ellos charlarían ese idioma en secreto para que ella no los entendiera.

Pero el niño nació con heroína en su organismo, y, cuando su cuerpo la eliminó por completo, los funcionarios de bienestar infantil de Illinois lo colocaron en un hogar de crianza temporal. Para recuperarlo, Matías tuvo que satisfacer una lista larga de requisitos, los cuales incluyeron terminar su relación con la madre del menor que era adicta a la heroína.

Matías visitó al bebé en la oficina de la administradora de su caso, le cambió los pañales, y, aprendió a prepararle el biberón mientras que documentaba su crecimiento con fotografías y videos en su teléfono celular.

Poco antes de cumplir un año, durante una visita con su padre en la biblioteca y con la madre de crianza temporal sentada cerca, el niño dijo lo que Matías consideró su primera palabra. No en español. Ni en inglés. Sino que en eslovaco. Mamka. Mami.

En ese momento Matías se dio cuenta de que su hijo se criaba con un idioma que él no entendía y temió lo que sucedería si transcurría más tiempo antes de recuperarlo.

Matías buscó amistad con compañeros de ascendencia europea oriental con quienes trabajaba en carpintería, y aprendió a usar aplicaciones de idiomas en su teléfono para buscar palabras y frases útiles. Poco a poco recopiló varias en eslovaco: Cobija. Leche. Arriba. Abajo. Tomates. Pollo.

Pero no pudo mantenerse al ritmo. Hacia el verano de 2016, cuando el niño cumpliría dos años, Matías le comentó a su terapeuta durante una sesión requerida, que se preocupaba por su incapacidad creciente de poderse comunicar con su hijo.

Seis meses después, el menor comenzó a gritar cuando Matías pasaba por él para sus visitas. Lloraba por su padre de crianza temporal. Lo llamaba “ocko”, palabra eslovaca para papá.

Una Historia de Fracasos

Durante más de cuarenta años, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (Department of Children and Family Services, DCFS) de Illinois, ha tenido la obligación, según una orden judicial federal, de colocar a hijos de padres latinos y de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se hable su idioma.

La orden, también conocida como el Decreto de consentimiento Burgos, tiene la potencia de beneficiar a miles de familias en un estado que cuenta con una de las poblaciones de hispanohablantes más grandes del país. De hecho, ese decreto de consentimiento se cita a menudo como modelo para la nación, habiendo sido nombrado en un estudio reciente acerca de la forma en que las agencias de bienestar infantil estadounidenses atienden a las familias de inmigrantes. Este es un tema que se ha vuelto aún más crítico en la actualidad por el ambiente político relativo a la inmigración.

Sin embargo, una investigación de ProPublica Illinois encontró que el DCFS ha fallado repetidas veces con su obligación de ayudar a las familias de habla hispana. La agencia sigue colocando a menores en hogares donde no se habla el idioma de sus padres, además de asignar a administradores de caso que no hablan español, con padres que no manejan bien el inglés. Cientos de familias se han visto afectadas a través de las generaciones; desde la primera cuyo apellido nombró el decreto de consentimiento, y, hasta la actualidad, con la historia de los hijos de Matías que fueron colocados en un hogar de crianza provisional en el cual no se hablaba ni inglés ni español.

Los expedientes muestran que, en algunos casos, la brecha del idioma hizo que los trabajadores sociales no captaran información relacionada con investigaciones de abuso y negligencia, lo cual se aunó a las lesiones y muertes de niños y niñas al cuidado del estado. Las deficiencias se extienden a las agencias privadas que trabajan con estas familias y a los abogados encargados de supervisar el cumplimiento de la orden judicial.

“Están destruyendo familias”, dijo Layla Suleiman González, ex funcionaria del juzgado federal encargada del decreto de consentimiento, dedicada actualmente a la docencia en Loyola University Chicago. “Cuando se le quita el idioma a un niño, o a una niña, también se le quita su identidad y su conexión con la familia, la comunidad y la cultura”.

Los expedientes de la agencia muestran casi trescientas posibles infracciones del Decreto Burgos desde 2005. Es casi seguro que esa cantidad esté por debajo de la verdadera cuenta, ya que, a menudo, los datos básicos de un caso, tales como raza, etnia e idioma de preferencia, han sido poco confiables o hasta falsificados por personal.

El DCFS no puede proporcionar un conteo coherente de los menores de padres hispanohablantes que están actualmente en hogares de crianza temporal donde no se habla español. Inicialmente, la agencia proporcionó datos que indicaron que más de cincuenta niños colocados recientemente podrían infringir el decreto de consentimiento. Jassen Strokosch, vocero del DCFS, dijo posteriormente que solo había dos infracciones. En mayo, mencionó que la agencia había revisado cada caso y que la cifra correcta era de menos de veinticinco.

Finalmente, Strokosch admitió esta semana que les era “difícil proporcionar cifras precisas”, y añadió que en estos momentos “buscaban mejores formas de crear estos informes, desde arriba y hasta el fondo”.

El funcionario agregó que podría parecer que ciertas asignaciones infringían el decreto Burgos, pero que ese no era el caso en realidad debido a que la agencia pudo haber priorizado otros factores tales como las necesidades médicas del menor por arriba del idioma. Otras podrían infringir en las políticas de la agencia, pero no en el decreto Burgos, ya que ese decreto de consentimiento les corresponde a las familias en la zona de Chicago y las normas del DCFS se aplican en todo el estado.

No obstante, mencionó Strokosch, cumplir con el decreto Burgos, y asegurar que las familias de habla hispana en todo Illinois reciban servicios en su propio idioma, son prioridades del director suplente del DCFS, Mark Smith, asignado al puesto el pasado abril por el Gobernador J. B. Pritzker. Smith es el treceavo líder de la agencia en la última década.

“El DCFS tiene el compromiso de responder plenamente ante las necesidades de los menores y las familias que atendemos, proporcionando cuidados y servicios que toman en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas y de origen”, indicó Strokosch.

Es fácil ver cómo el decreto Burgos ha sido ignorado en una agencia que lleva un largo tiempo lidiando con casos notorios de niños fallecidos y cantidades enormes de expedientes, dijo Rubén Castillo, juez principal del Juzgado de Distrito de EE.UU. para el Norte de Illinois, y primer monitor judicial federal para el decreto de consentimiento. Agregó, también, que el DCFS se ha visto tan abrumado al reaccionar a las crisis, que no ha hecho prioridad de los asuntos específicos de los latinos,  quienes representan solo un 8 % de más de 16,000 menores al cuidado del estado.

“Yo sigo sin ver un gran empuje de parte de los directores del DCFS para contratar empleados hispanos, o buscar más familias de crianza temporal hispanas,” agregó Castillo. “Creo que ha habido demasiadas transiciones, demasiadas prioridades nuevas, demasiados casos de emergencia, demasiados niños que murieron en malas situaciones”.

Durante años, ninguna organización ajena al DCFS ha podido examinar si este cumple con el decreto judicial.

El Fondo México Americano de Defensa y Educación Legal (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF), grupo nacional de derechos civiles que representa a familias en litigios del decreto Burgos, dijo que el estado se ha rehusado repetidamente a proporcionar información que podría ayudarlos a monitorear el mismo. A través de entrevistas y una declaración escrita, los líderes de MALDEF indicaron que consideran opciones de tipo jurídico en la actualidad, pero que se inquietan que las protecciones otorgadas a las familias en el decreto de consentimiento, pudieran ser eliminadas si vuelven a enjuiciar al DCFS.

Preservar la familia es el principio básico que guía el bienestar infantil. Sin embargo, violar los derechos de los padres asignados en el decreto Burgos, puede retrasar la reunificación, proceso que de todos modos puede tardar años. Los niños que quedan apartados de sus progenitores podrían acabar con nombres anglicanizados o prácticas religiosas diferentes, o quedar inmersos en una cultura extranjera.

En algunos casos, las separaciones prolongadas hacen casi imposible que se pueda determinar lo mejor para estos menores: devolverlos a sus padres biológicos a quienes casi no conocen, o dejarlos con padres de crianza temporal que quizás no deberían de haberlos tenido tanto tiempo, aunque los hayan visto crecer y los quieran como si fueran propios.

Una promesa de efectuar reformas

Leopoldo e Iris Burgos se mudaron de Puerto Rico a Chicago en 1970, hablando solo español. En marzo de 1972, investigadores del DCFS tomaron la custodia de dos de sus hijos, Olga y Henry. El alegato específico en contra de estos padres sigue sin aclararse casi medio siglo después. Los informes noticiosos de fines de los ochentas dicen que los niños fueron encontrados asquerosos y picoteados por pollos que la familia criaba en su departamento.

Los administradores del caso de la agencia privada contratada por el DCFS colocaron a Olga, de unos tres años de edad en ese entonces, y a Henry, de 6, en dos hogares de crianza temporal distintos en los cuales solo se hablaba inglés.

Cuatro trabajadores sociales gestionaron el caso durante los tres años posteriores. Ninguno de ellos hablaba español.

Las barreras del idioma retrasaban hasta las interacciones más simples. En una declaración jurada, Iris Burgos dijo que no había visto a su hija durante siete meses, “porque no pude comunicarme con nadie” de la agencia.

Todos los comunicados enviados a la familia iban en inglés y a menudo servía de intérprete la hija mayor de los Burgos, de once años en ese entonces. No está claro por qué ni ella ni los demás hermanos fueron llevados para custodia.

Al caso no se le asignó un trabajador social bilingüe sino hasta tres años después de que la familia entrara al sistema de bienestar infantil. “Por primera vez”, agregó Iris Burgos en la declaración jurada, “sabemos lo que se espera de nosotros y cómo podemos planificar un programa que esperamos pueda devolvernos eventualmente a nuestros hijos”.

Lo que le sucedió a la familia Burgos era normal en esa época. En un estudio del DCFS de 1974, se determinó que el 80 % de los hijos y las hijas de padres latinos puestos al cuidado del estado, fueron colocados en hogares de crianza temporal no latinos; y, que, aproximadamente un 67 % de los casos de padres de habla hispana fue administrado por encargados que no hablaban ese idioma.

En noviembre de 1975, la Fundación de Asistencia Legal de Chicago (o Legal Assistance Foundation of Chicago), organización sin fines de lucro, presentó una demanda colectiva por violación de derechos civiles en contra del DCFS y de dos de sus proveedores, alegando discriminación sistemática en contra de familias latinas de habla hispana.

En menos de dos años después, el DCFS aceptó establecer reformas con la demanda aún pendiente. Entre estas, uno de los mandatos principales fue colocar a hijos de familias de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se les preservara su idioma. Si en dos meses no se pudiera encontrar un hogar adecuado, el estado necesitaría llevar un registro de todos los esfuerzos hechos por encontrarlo.

El decreto de consentimiento abarcaba a familias de habla hispana en Chicago, y sus suburbios, cuyos hijos fueran puestos bajo custodia del DCFS. Posteriormente, la agencia amplió sus políticas a todo el estado y a familias que habían sido investigadas por abuso o negligencia, pero cuyos menores no habían sido sacados del hogar.

El DCFS también aceptó aumentar la cantidad de hogares de crianza provisional de habla hispana, contratar más personal bilingüe y traducir los documentos del caso; además de prometer que llevaría un conteo preciso de las familias latinas cuyo idioma principal fuera el español, lo cual sería información esencial para dar seguimiento al cumplimiento.

Fue una meta ambiciosa que el DCFS luchó por lograr desde el principio.

Renuncia a sus derechos

Jorge Matías salió de Guatemala en 2003 cuando algunos familiares que vivían en Chicago fueron a visitar el pequeño pueblo donde había crecido con nueve hermanos y hermanas. En ese entonces era adolescente y trabajaba en las acequias de cultivos de plátanos después de haber terminado la preparatoria. El viaje de sus familiares de regreso a los Estados Unidos le brindó una oportunidad de buscar una vida mejor.

Matías y un pariente fueron detenidos por agentes migratorios cuando cruzaban la frontera a pie cerca de El Paso, pero fueron puestos en libertad rápidamente bajo la advertencia de que esperaran un citatorio por correo a través del cual se le indicaría cuándo presentarse ante el juzgado de inmigración.

Matías, de 34 años ahora, no pensó mucho acerca del encuentro y siguió su traslado a Chicago. En esa ciudad obtuvo un departamento cerca del barrio de Humboldt Park, mudándose con su padre quien había inmigrado años antes. Tan solo en unos años llegó a ganar hasta US$40,000 dólares anuales. “Comencé desde abajo,” dijo, “pero cuando aprendí carpintería pude ganar ese tipo de dinero”. Mandaba remesas a su madre cada varias semanas.

Cuando su padre regresó a Guatemala, Matías permaneció en Chicago. Le gustaba su vida en Humboldt Park, donde salía a pasear y escuchaba a los vecinos hablando español. Su rutina incluía irse en autobús a tomar clases de inglés por las tardes en el lado norte de la ciudad. Estudió ese idioma durante años y alcanzó entenderlo, aunque le seguía siendo difícil que otras personas lo entendieran al hablar.

En 2012, Matías viajaba una tarde en autobús a su clase cuando notó a Heather Penar. Le gustó su sonrisa y comenzó a charlar con ella. A su vez, ella le respondió en forma amigable y abierta. “Era alguien con quien podía practicar mi inglés”, recuerda Matías. “Me entendía”. Además, Penar también se sintió atraída por él. En una entrevista reciente ella dijo que nunca se había sentido “tan segura, cálida y protegida” con nadie antes de Matías.

Al principio salían juntos de manera informal. Compraban comida tailandesa o mexicana para llevar e iban al parque a platicar.

Matías le pidió que viviera con él cuando se enteró que estaba embarazada. Mencionaron casarse y vivir en el suburbio de Oak Park. Pero, dijo ella, su adicción a la heroína y a las pastillas Xanax descarriló sus planes.

Penar, que había sido condenada por robo y posesión de drogas, dijo que había escondido su adicción de Matías hasta el día que él la encontró desvanecida en el piso del baño. Él dijo que había pensado en dejarla pero que quería ayudarla a dejar las drogas. La llevó a una clínica en la que le administraron metadona.

En el verano de 2013, Penar dio a luz a un bebé varón que había sido expuesto a las drogas. Matías dijo que lo visitó en el hospital durante semanas, hasta que una prueba de paternidad mostró que él no era su padre y el bebé fue colocado en un hogar de crianza temporal.

Penar tuvo otro hijo expuesto a drogas el verano siguiente. La prueba de ADN que confirmaría que Matías era el padre no sería administrada sino hasta que el niño fuera colocado con los padres de crianza temporal, Jana y Peter Palenik, de origen eslovaco.

Children’s Home & Aid, la organización sin fines de lucro dedicada al bienestar infantil y contratada por el DCFS para administrar el caso, declinó exponer comentarios para este reportaje. Los Palenik rechazaron varias peticiones para entrevistarlos.

El DCFS indicó que las leyes estatales le prohíben hablar acerca de casos particulares. En abril, una jueza del Juzgado Juvenil del Condado de Cook dictó una orden para prohibir que ProPublica Illinois publique los nombres o las imágenes de los niños, citando la confidencialidad.

De acuerdo con los apuntes del expediente, un supervisor de Children’s Home & Aid informó posteriormente al DCFS que uno de los motivos por los que el niño no fue asignado a un hogar donde se hablara español, fue porque se retrasó la determinación de la paternidad. Ese retraso, agregó el supervisor, también fue un factor de la razón por la cual a los Palenik no se les informó acerca del idioma que deberían utilizar con el niño.

Transcurridas unas seis semanas desde que el bebé llegara al hogar de los Palenik, el DCFS le informó a Matías que podría solicitar un hogar en el que se hablara español. El expediente también indica que Matías mencionó tener familiares que podrían acoger a su hijo, aunque estaba contento con el cuidado que los Palenik ofrecían y no veía la necesidad de moverlo.

Matías, quien pensó que recuperaría a su hijo en unos cuantos meses, dijo que ese momento no habría podido imaginar que su decisión tendría efectos a largo plazo. En ese entonces él pensaba que los Palenik hablaban inglés en su casa. No supo que eran eslovacos sino hasta meses después de que su hijo fue enviado a vivir con ellos. Los Palenik le mencionaron al DCFS posteriormente que únicamente hablaban eslovaco en el hogar.

El expediente indica que el día después de la reunión con el DCFS, Matías le mencionó a una de las asistentes que él no “consideraba dominar el inglés completamente”. Entonces, la administradora de su caso, y una colega bilingüe de la agencia, le preguntaron si deseaba servicios en inglés o en español. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, ella ya no seguiría a cargo de su expediente. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, “ella encontraría servicios en español para las obligaciones que tendría que cumplir” para obtener la custodia.

Matías seleccionó el inglés. Al hacerlo, le informó posteriormente al DCFS un supervisor de Children’s Home & Aid, Matías había aceptado renunciar a sus derechos relacionados con el decreto Burgos.

El expediente del caso menciona que Matías indicó más tarde a los empleados del DCFS, que le habían dicho que podría llevarse a su hijo a casa más rápido si escogía el inglés.

Este trabajo  fue publicado en conjunto con el Chicago Sun-Times

Lee el reportaje completo, publicado por ProPublica y el Chicago Sun-Times, dando click aquí.

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

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La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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