En México se pesca a ciegas. Quienes viven de esta actividad lo hacen sin tener datos actualizados sobre cuáles especies están en peligro por la sobreexplotación. Esto además de provocar daños en el medio ambiente propiciará la desaparición de al menos cinco especies, y pérdidas económicas para el sector.
A través de su trabajo “Auditoría Pesquera, pescando a ciegas”, la organización Oceana encontró que la falta de actualización de la Carta Nacional Pesquera (CNP), documento oficial que concentra la información sobre las especies de peces y determina el manejo pesquero, ha ocasionado que al menos cinco especies, actualmente, se encuentren en el “limbo”.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que, al inicio de la actual administración se realizó un diagnóstico en materia de ordenamiento pesquero y acuícola en el que se detectó la expedición irresponsable de permisos y autorizaciones de pesca, así como documentos clonados y clonados, entre otras irregularidades.
Dichas especies son: el pulpo, que desde el año 2000 no cuenta con un registro sobre el número de población que hay; el huachinango, cuya pesca rebasa el nivel biológico aceptable; el mero, que está calificado con una pesca sobreexplotada y sin datos actualizados; el atún de aleta azul, también sobreexplotado por empresas mexicanas, y el tiburón, especie “amenazada” internacionalmente y que en México se comercializa sin restricción.
La Carta Nacional Pesquera indica que en México se pescan 735 especies, las cuales se agrupan en 83 fichas informativas que, en teoría, deberían actualizarse año con año por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca).
De las 83 fichas informativas o pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63% del total. De éstas, 14 (17%) están en deterioro por sobreexplotación; solo 11 (13%) podrían incrementar su aprovechamiento, y 6 (7%) presentan un estatus desconocido.
Sin embargo, un 80% no deberían estar sujetas a una mayor pesca, y sin embargo la actividad continúa.
A pesar de que estas cifras son preocupantes, la explotación pesquera podría ser aún mayor ya que, según la organización Oceana, desde el año 2000 la Carta Nacional Pesquera solo se ha actualizado 6 veces, en 2002, 2006, 2010, 2012 y 2018, es decir, no se cuentan con los datos de 13 años.
El Instituto Mexicano para la Competitividad revela en su estudio Pesca ilegal, una barrera para la competitividad que se estima el 50% de la pesca sea ilegal, y que por ello se presenta en gran medida la sobreexplotación de las especies.
Aunado a esto, Esteban García-Peña, director de Oceana, explicó que existen irregularidades en la veda de especies como el mero, atún aleta azul y el huachinango, para las cuales Conapesca sigue otorgando permisos de pesca.
Oceana explica que la Inapesca debería notificar a Conapesca sobre las especies sobreexplotadas y las características de las especies, pero no existe una colaboración y la falta de información solo se puede sancionar de manera administrativa.
Aumentan las embarcaciones pesqueras
A diferencia del rezago en los datos sobre las especies, lo que sí se tiene actualizado es el número de permisos y embarcaciones de pesca, que han aumentado significativamente. De 2011 a 2018, en promedio, cada año se otorgaron 5 mil 515 permisos para pescar. En ese periodo 2 mil 670 embarcaciones de pesca iniciaron operaciones.
Esta situación causa incertidumbre, opacidad y desconocimiento sobre la realidad del sector pesquero y pone en riesgo la sostenibilidad de la pesca para los próximos años, al no conocer las especies que deben cuidarse.
En su estudio, Oceana plantea que conocer el estado general actual del sector pesquero en México “es una labor compleja, debido a que hay un acceso limitado a la información sobre la disponibilidad y abundancia de los recursos pesqueros”.
Señalan que al analizar la CNP, además de los datos desactualizados, encontraron información con poco rigor científico y poco apego a las recomendaciones establecidas. “También es evidente la ineficacia y opacidad en cuanto al uso de recursos públicos y la inexistencia de procesos formales para la recuperación o restauración de pesquerías deterioradas”, agregan.
En la presentación de la investigación, Pedro Zapata, subdirector de Oceana explicó que “a veces no importa la clasificación de las especies en la carta, porque los permisos que otorga Conapesca a los pescadores son permisos por escamas, entonces pueden pescar cualquier pez y no hay una regulación”.
Oceana dice que es “urgente” evaluar el estado de la información, el manejo y la sostenibilidad de la pesca en México ya que el daño por la falta de datos no es solo para las especies sino también para los pescadores, la economía y el medio ambiente.
Las familias detrás de la pesca
De continuar con este descuido de información, Oceana argumenta que cientos de miles de personas que viven directamente de la pesca, así como sus familias, “verán mermadas sus condiciones de vida y alternativas alimentarias por la poca disponibilidad de especies para pescar”.
En todo el país alrededor de 295 mil personas trabajan directamente en la pesca, de las cuales, 238 mil se agrupan las pesquerías artesanales o ribereñas, zonas donde se captura a la mayoría de las especies descritas de las que se carecen de información completa y están sin planes de manejo.
Su economía también se vería mermada pues pescar con información descontextualizada pondría en riesgo al 68.4% de la pesca, lo cual implicaría una reducción significativa en ingresos directos, que hoy ascienden a 38 mil millones de pesos anuales.
Desde el punto de vista ambiental, la reducción o pérdida de especies tendría efectos negativos en el funcionamiento de los ecosistemas.
“Se perdería el mantenimiento de la biodiversidad y así se reduciría el número de especies pesqueras (…) su reducción ocasionaría la inestabilidad de las demás, al igual que de su volumen y disponibilidad”, acotan.
Ante esta situación, Oceana recomienda al gobierno de México crear políticas públicas que aseguren la participación efectiva y equitativa de los actores en el sector pesquero, con especial énfasis en quienes realizan la pesca.
“Es crucial que se trabaje, desde el gobierno federal, en la identificación y análisis de las pesquerías sobreexplotadas, así como la planeación y ejecución de las estrategias o acciones para su protección y restauración”, proponen.
Los resultados de la auditoría hecha por Oceana fueron entregados a Inapesca y a la Cámara de Diputados para promover un plan de búsqueda de restauración.
Irregularidades en autorizaciones pesqueras
Este lunes la Sader dio a conocer a través de un comunicado que al inicio de la actual administración un diagnóstico detectó irregularidades en la emisión de permisos y autorizaciones de pesca.
De acuerdo con la Secretaría, “las autorizaciones en materia de ordenamiento pesquero se realizaron sin el dictamen de viabilidad técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) y sin apego a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”.
“La Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de Conapesca recibió la actual administración con una serie de rezagos y presuntos actos de corrupción, que están siendo documentados ante las instancias competentes, a fin de que se proceda conforme a la ley”, aseguró.
Por ello, explicó que se puso en marcha un programa de Ordenación Pesquera, y se está trabajando en el rediseño de la Carta Nacional Pesquera con apartados sobre los efectos ambientales y el cambio climático, así como con normatividad e instrumentos de manejo pesquero.
Con información de Siboney Flores.
