Irineo Mujica, presidente de Pueblo Sin Fronteras (PSF) y Cristóbal Sánchez, activista en defensa de los derechos de los migrantes, fueron detenidos el miércoles por orden de la Fiscalía General de la República (FGR). Según fuentes cercanas a la investigación, los dos están acusados de tráfico de personas según el artículo 159 de la Ley de Migración, es decir, de haber introducido a extranjeros sin documentación en México y lucrarse con ello.
Se trata de un delito especial que está contemplado en los casos de “polleros” que cobran altas sumas a los migrantes por trasladarlos desde Guatemala, Honduras o El Salvador hasta Estados Unidos. Animal Político preguntó a Fiscalía por los detalles del operativo, pero al cierre de la nota no había dado una respuesta.
La organización Pueblo Sin Fronteras, formada por abogados y activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses, apoya desde hace años a los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. En febrero fue señalada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de ser la que “recluta” a los migrantes centroamericanos para participar en las caravanas que, desde octubre de 2018, tratan de atravesar México con destino a la frontera norte. Ya entonces, PSF denunció el intento de “criminalización” por parte del gobierno de México.
Mujica y Sánchez están acusados de tráfico de personas y han sido vinculados a las caravanas; un fenómeno que, en la práctica, permite a los migrantes atravesar México sin recurrir a un coyote, ya que avanzan en grupo como forma de protección.
Organizaciones de Derechos Humanos y de apoyo a los migrantes como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Cafemin (Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes), Movimiento Migrante Mesoamericano o el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunciaron el arresto como “detención arbitraria” y cuestionaron lo que consideran “una forma de criminalización contra las personas defensoras de los derechos humanos de los migrantes”.
Irineo Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora, alrededor de las 14:00 horas. Según informó Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige, el activista se encontraba en la oficina de una empresa de transporte propiedad de su familia. Este despacho está muy cerca de la garita fronteriza con Estados Unidos. Según este relato, que cita al hermano del detenido como testigo de la aprehensión, tres hombres vestidos de civil le esposaron sobre las 14:00 horas, cuando salió del despacho. Uno de ellos mostró una identificación y aseguró que existía una orden de captura. Dos horas después, Mujica era trasladado a Hermosillo, capital del estado.
Una hora después, aproximadamente, fue detenido Cristóbal Sánchez. Según fuentes cercanas al activista, seis personas vestidas de civil lo detuvieron al salir de su casa, en Xochimilco, Ciudad de México. Según este relato, los hombres afirmaron ser agentes “ministeriales”, sin mostrar identificación alguna ni la orden de aprehensión. Al parecer, Sánchez llegó a ser encañonado por uno de los agentes hasta que lo introdujeron un vehículo y lo trasladaron a la sede del Ministerio Público ubicada en Camarones.
Está previsto que ambos sean trasladados a Tapachula, donde se instruye la causa.
No es la primera vez que ambos son arrestados por su activismo a favor de los derechos de los migrantes. Mujica fue detenido en Ciudad Hidalgo el 17 octubre de 2018, un día antes de que la caravana procedente de Centroamérica fuese interceptada por decenas de antimotines en el puente internacional Rodolfo Robles, que une Guatemala y México. En aquel momento fue acusado de resistencia a la autoridad cuando acompañaba a un grupo de migrantes que se dirigía al puesto fronterizo para apoyar a los que querían entrar en territorio mexicano.
Por su parte, Sánchez fue arrestado el 15 de febrero en el exterior del estadio Jesús Martínez Palillo, en Ciudad de México. En aquel momento, una caravana de alrededor de dos mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños atravesaba México en dirección a la frontera norte. Sánchez, junto a otros activistas, acompañaba el tránsito. Fue detenido al interponerse cuando agentes de la Policía Federal trataban de arrestar a otro activista, en este caso hondureño, a quien identificaron como líder de la marcha. En febrero al menos dos activistas fueron arrestados y deportados a Honduras por ser considerados como promotores de la caravana.
Durante el último año, altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han señalado a Pueblo Sin Fronteras como promotor de las caravanas. El 28 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló a la organización como principal “reclutadora” para las caravanas migrantes. Lo hizo desde Washington, donde participaba en un foro organizado por el Instituto de Políticas Migratorias. Un mes después, también desde Estados Unidos, la misma funcionaria vaticinó la llegada de la “caravana madre” procedente de Honduras. Según sostuvo, 20 mil personas se preparaban para alcanzar México. Finalmente, apenas un 10% de estas estimaciones, unas 2 mil 500 personas transitaron por el sur de México hasta desperdigarse en su camino hacia el norte.
En realidad, el fenómeno de marchar en grupo hacia Estados Unido no es nuevo, aunque toma especial relevancia en 2018, cuando se convierte en un fenómeno masivo en el que llegan a participar más de diez mil personas.
En realidad, las caravanas llevan marchando desde 2011, aunque siempre partiendo desde territorio mexicano.
En 2018, por primera vez, una marcha fue convocada desde Centroamérica. Partió el 12 de octubre desde San Pedro Sula, en Honduras. Los integrantes de PSF no estaban en el inicio. Solo hicieron acto de presencia a partir de Tecún Umán, último municipio en la frontera de Guatemala, el 17 de octubre, justo cuando Irineo Mujica fue arrestado en Ciudad Hidalgo. Sus portavoces siempre han negado estar detrás de las caravanas y se han presentado como “acompañantes”.
Alex Mensing, director de programas de PSF, denunció las detenciones y aseguró que ambos son defensores “muy conocidos desde hace muchos años”. “Nos vemos señalados, como chivos expiatorios”, señaló. En su opinión, el operativo supone un ataque “contra cualquiera que critique la política migratoria” del gobierno de López Obrador, especialmente en lo relativo a las caravanas. Mensing recordó que, en los últimos meses, entre 20 y 25 mil personas atravesaron México en caravana. “Se trata de un porcentaje mínimo”, dijo, tras reivindicar a los dos detenidos como “defensores de los derechos de los migrantes”.
El discurso sobre las caravanas se ha endurecido en los últimos meses. Pasó de la aparente comprensión, por ser un modo de protección de los centroamericanos, a ser visto como un fenómeno “instrumentalizado”. En enero, cuando la primera caravana del año llegó a la frontera, el Gobierno mexicano dio más de 12 mil tarjetas de visitante por motivos humanitarios, que permitían libre tránsito por el país durante un año. Cinco meses después la política hacia las caravanas vuelve a ser de detención y arresto.
De hecho, el operativo contra los dos defensores llega en un contexto en el que se ha incrementado la presión contra los migrantes que tratan de cruzar México para llegar hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo que se practicaban los dos arrestos, agentes de la Instituto Nacional de Migración (INM), acompañados por Policía Federal y Guardia Nacional, se desplegaban en la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, en Chiapas, para arrestar a cerca de 400 indocumentados que atravesaron la frontera en caravana.
Además del aumento en el número de detenciones y deportaciones, el aumento de la presión en el control migratorio de las autoridades mexicanas puede documentarse a través de otras medidas que están llevando a cabo, como los operativos en hoteles y moteles de la frontera sur para capturar a personas sin documentos, y la orden que el Instituto Nacional de Migración dio a los propietarios, concesionarios y operadores de autotransportes de pasaje y turismo.
En un oficio fechado el 16 de abril de este año, el INM pidió a los transportistas que no trasladen a migrantes indocumentados en territorio nacional, bajo advertencia de ser sancionados si así lo hacen.
En el escrito firmado por el director jurídico del Instituto, Luis Alberto Cortés Ortiz, la autoridad migratoria cita los artículos 153 y 159 de la Ley de Migración vigente para recordar a los transportistas que quienes trasladen a migrantes sin documentos “serán sancionados con multa de mil a diez mil días de salario mínimo”, pudiendo, incluso, ser sancionados con penas de ocho a 16 años de prisión y multa de 5 mil a 15 mil días de salario mínimo, si la autoridad detecta que el traslado se hace “con propósito de tráfico” de personas y obtener un lucro de ello.
Esta medida, sin embargo, entra en contradicción con la propia Ley de Migración, que desde 2006 establece que la migración indocumentada no es un delito, sino una falta administrativa. Y, aunque si bien el INM asegura que con ella busca combatir a las redes de tráfico de personas que hacen uso del transporte público para llevar a los migrantes hasta la frontera norte, organizaciones civiles criticaron que también puede provocar el efecto de orillar, aún más, al migrante a la clandestinidad, puesto que tendrán que recurrir al tren conocido como La Bestia, o caminar a pie por caminos de terracería y monte, donde son presa fácil de la delincuencia y el crimen organizado.
