Cancelación de estancias infantiles dejó a niños sin cuidado y puso en riesgo el trabajo de sus padres: CNDH
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Cancelación de estancias infantiles dejó a niños sin cuidado y puso en riesgo el trabajo de sus padres: CNDH

La CNDH explicó que la cancelación del programa pone en riesgo el trabajo de madres y padres por la falta de acceso a servicios de cuidado infantil, y que se omitió valorar el interés superior de los menores que se beneficiaban de ellas.
Cuartoscuro
10 de junio, 2019
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La cancelación del Programa de Estancias Infantiles fue una “medida regresiva con la que se violan diversos derechos humanos” de niñas y niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de estos centros, determinó este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH explicó que la cancelación del programa pone en riesgo el trabajo de madres y padres por la falta de acceso a servicios de cuidado infantil, y que se omitió valorar el interés superior de los menores que se beneficiaban de ellas, a pesar de que se demostró que impactaban positivamente en su desarrollo.

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Además, trastocaron el “derecho a seguridad y certeza jurídicas de niños, madres, padres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, que derivaron en violaciones a derechos humanos”.

Acerca de los derechos de las niñas y niños, la CNDH documentó que se violaron los de interés superior, a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, de prioridad, al bienestar y a un sano desarrollo, a la educación, a la salud, a la inclusión, y al juego y esparcimiento.

El organismo también documentó la violación al derecho al trabajo y a la igualdad y empoderamiento económico de las personas responsables y trabajadoras de las estancias.

Tras la derogación del programa, vigente hasta el pasado 28 de febrero, la CNDH recibió 204 quejas, en las que se acusaron probables violaciones a derechos humanos que afectaban a por lo menos 5 mil 340 personas, entre ellas mil 662 niñas y niños, 2049 madres y padres, 1310 responsables de estancias infantiles y 117 diputados.

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De acuerdo a la investigación de la CNDH, expuesta en la Recomendación 29/2019 del organismo nacional, la eliminación del programa de estancias, sustituido por el Programa de Apoyo al Bienestar, derivó en las siguientes irregularidades, cometidas por la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Regulatoria (Conamer) fueron las siguientes:

-Se redujo en 50.16% el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles respecto del ejercicio fiscal 2018, incumpliendo las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social que prohíben expresamente la disminución de recursos a este tipo de apoyos.

-La Secretaría de Bienestar no subsanó en su totalidad las observaciones formuladas por la SHCP y la Conamer al anteproyecto de Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar.

-Se emitió la autorización del presupuesto para el Programa de Estancias Infantiles el 30 de enero de 2019; sin embargo, el 20 de febrero del mismo año se emitió una segunda autorización presupuestaria, esta vez para el Programa de Apoyo para el Bienestar, sin considerar que este no está previsto en el Presupuesto de Egresos considerado para este ejercicio fiscal.

-El 1 de febrero la Conamer publicó el anteproyecto de Reglas de Operación del Programa Estancias Infantiles y 19 días después, el 20 de febrero, publicó un segundo anteproyecto, el del Programa de Apoyo al Bienestar.

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-Se emitió inicialmente la autorización de impacto presupuestario para el Programa de Estancias Infantiles el 30 de enero de 2019; sin embargo, el 20 de febrero emitió una segunda autorización, esta vez para el Programa de Apoyo al Bienestar.

-Se reportaron irregularidades en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción al nuevo Programa, que dejó fuera a al menos 6 mil 620 niños que eran beneficiarios de las estancias infantiles, ya que los centros a los que acudían no fueron censados. Los cinco estados con mayor número de casos fueron Veracruz, Estado de México, Chiapas, Sonora y Puebla.

-Se omitió la fundamentación y motivación para cambiar la modalidad de entrega del subsidio a la transferencia económica directa a los padres, sin considerar mecanismos de supervisión para garantizar que el dinero se destine exclusivamente a servicios de cuidado y atención infantil.

-Se utilizaron recursos que habían sido etiquetados para las estancias infantiles en la ejecución del Programa de Apoyo al Bienestar, el cual es sustantivamente distinto y no está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

-La SHCP emitió la autorización presupuestaria del Programa de Apoyo al Bienestar a pesar de que la Secretaría de Bienestar no entregó el diagnóstico requerido para programas de nueva creación.

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Por lo expuesto, la CNDH recomendó a la Secretaría de Bienestar, entre otras acciones, que establezca un mecanismo que restituya aquellos derechos violados de niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para servicios de atención y cuidado infantil.

Asimismo, deberá actualizar el padrón de niñas y niños beneficiarios del entonces Programa de Estancias Infantiles y pagar retroactivamente a los centros los subsidios conforme ese registro, desde la última fecha en la que les hayan pagado.

La Secretaría de Bienestar deberá solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a expertos en derechos de ña niñez un análisis sobre el funcionamiento e impacto en los menores, relacionado con el mecanismo de restitución de derechos que se implemente.

En coordinación con el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, deberá diseñar una política pública nacional que de manera progresiva permita el acceso a todos los niños en primera infancia a un sistema de cuidados que provea servicios de atención integral.

A la SHCP se le recomendó implementar acciones para que la Secretaría de Bienestar remita el diagnóstico sobre el Programa de Apoyo al Bienestar que se le solicitó en el mes de febrero, y generar acciones que permitan verificar, previo a la autorización presupuestaria, que los anteproyectos de Reglas de Operación que se presenten en el gobierno federal estén establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda.

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Las secretarías de Bienestar y de Hacienda deberán garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos que deben asignarse, mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que el mecanismo de restitución cuente, por lo menos, con un presupuesto igual al que tuvo el Programa de Estancias Infantiles en 2018.

La Conamer deberá garantizar la transparencia y la mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación de programas de desarrollo social, verificar que cumplan con la normatividad aplicable y realizar un análisis de impacto regulatorio para evitar restricción, reducción de prestaciones o derechos de las personas.

Al Sistema DIF se recomienda que coordine la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles, centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Para reparar el daño a las víctimas, se determinó que las autoridades a quienes se dirige la recomendación implementen acciones para generar medidas de satisfacción y garantías de no repetición que den certeza del ejercicio de los derechos de los niños, las madres y padres trabajadores, así como a los responsables y trabajadoras de las estancias infantiles.

La CNDH aclaró que su pronunciamiento no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal o la investigación de irregularidades en el manejo de recursos públicos; sin embargo, señala, estas deben ejecutarse “sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres y padres, para evitar que se les prive de la oportunidad de acceder a servicios de cuidado y atención integral infantil”.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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