UABC evalúa vender terrenos para solventar crisis; universitarios exigen recortar salarios altos
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UABC evalúa vender terrenos para solventar crisis; universitarios exigen recortar salarios altos

Pese a que el gobierno del Estado ha hecho algunos abonos a su deuda con la Universidad Autónoma de Baja California, la cifra sigue rebasando los 900 millones de pesos
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El “deudómetro” de la Universidad Autónoma de Baja California no cede. El monto que el gobierno estatal debe a la universidad se redujo hace tres semanas, con un abono que bajó de 988 a 933 millones de pesos; sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo y la deuda regresó al punto de partida, pese a que el Estado realizó un pago más.

Mientras la deuda sigue, el personal de la máxima casa de estudios estatal recorta gastos en telefonía y gasolina, y la Tesorería evalúa cuáles de sus propiedades puede vender para recaudar fondos. 

La deuda del gobierno de Baja California con la universidad estatal es histórica, han señalado sus funcionarios y académicos, pero tuvo un pico en octubre de 2018, cuando el gobierno de Francisco Vega suspendió del todo los pagos presupuestales a la institución, dejándola sin su fuente de ingreso principal y obligándola a echar mano de su Fondo de Emergencias para pagar las nóminas.

Ante esta situación, el rector Daniel Valdez decidió colocar un “deudómetro” que informara públicamente a cuánto asciende la deuda cada día, en su sitio web y en mantas a la entrada de cada plantel.

La tarde del pasado lunes el conteo ascendió a mil 44 millones de pesos, pero ese mismo día el gobierno realizó un depósito de 28 millones y otro de 27 millones el martes, informó a este medio el tesorero de la Universidad, Víctor Alcántar. Con estos abonos, el adeudo regresa a los 988.5 millones con los que inició el “deudómetro”.

El tesorero informó a Animal Político de las nuevas medidas que está tomando la universidad para solventar sus gastos, previendo que el adeudo no sea liquidado en breve.

“Estamos haciendo un análisis de las propiedades que la universidad pudiera someter a la venta, una vez que el patronato universitario lo revise y lo autorice”, confirmó Alcántar Enríquez. Entre los terrenos que podrían vender o subastar, mencionó una reserva territorial para producción agrícola de 96 hectáreas, así como otras seis u ocho propiedades.

Sin embargo, precisó que los terrenos sólo se venderán si reciben una oferta adecuada por ellos, pues hasta el momento no es necesario rematarlos para obtener fondos.

“Nosotros podemos sacar a subasta los bienes y si no se ajustan a un precio mínimo de mercado, no lo subastamos y volveremos a integrar una nueva oferta. No vamos tampoco a malbaratar los bienes de la universidad”, puntualizó.

Aseguró que hasta el momento continúan las labores universitarias gracias a que se han financiado con los ingresos propios, con el Fondo de Emergencias –que ha servido en desastres como el terremoto de 2010- y recortando gastos en áreas no sustantivas, como vales de gasolina y paquetes de telefonía, que tradicionalmente ha financiado la universidad.

Lee: Deuda millonaria pone en riesgo 50% de los espacios en la UABC, advierte el rector

“El rector y todo mundo estamos pagando nuestros celulares, estamos haciendo reuniones virtuales a través de videoconferencias, tratar de abatir nuestras salidas en lo posible para que en estos momentos que son de emergencia gastar únicamente lo muy necesario y justificado”, precisó el tesorero.

Afirmó que las restricciones se han hecho sin afectar la vida académica y de investigación, materiales de laboratorio y bibliotecas; al igual que los pagos a proveedores y acreedores.

“Con ese esfuerzo hemos podido trabajar sin suspender labores ni nuestros compromisos principalmente con las nóminas, que es un tema sagrado”, dijo.

No obstante, el consejero universitario de la UABC, Daniel Jiménez, aseguró a este medio que para el periodo 2019-1 se cancelaron cinco programas que impactan directamente a la formación de los estudiantes: Becas, Programa de Investigación, Programa de Presencia Cultural, Proyecto de Servicio Social y el de repoblación del pez totoaba en el Alto Golfo de California.

“La exigencia de los estudiantes es que se pague el adeudo total, que haya transparencia en el uso de los recursos y que se haga una auditoría para saber dónde quedaron.

Adicionalmente, exigimos que se bajen los altos sueldos, particularmente el rector, los titulares y los mandos medios”, expresó Jiménez Trejo.

El consejo universitario, al que pertenece Daniel Jiménez, tiene una injerencia directa sobre los presupuestos de la universidad, al participar en la aprobación del proyecto anual que se envía al Ejecutivo. La inconformidad estudiantil se deriva del salario del rector Daniel Valdéz, que es de 132 mil pesos mensuales, según la secretaría de Transparencia de la institución.

Una ‘élite dorada’ en medio de la crisis

Los profesores de la UABC rechazan, sin embargo, que la universidad esté haciendo todo lo que puede para sobrellevar esta crisis financiera. Profesores jubilados y en activo entrevistados por Animal Político expresaron que la relación entre el gobierno y las autoridades universitarias es un juego de poder, en el que ambos obtienen beneficios a cambio de no ser fiscalizados o cuestionados.

“Hemos comentado que van a querer cortar el papel del baño, el café, y no el verdadero problema que nos tiene preocupados a muchos, que son los salarios altos de los funcionarios, que se fueron a los cielos”, dijo Laura Treviño, profesora retirada.

De acuerdo con el sitio de Transparencia de la Universidad, los exrectores de la UABC obtienen ingresos netos superiores a 50 mil pesos mensuales, que incluyen prestaciones como el Reconocimiento a la Antigüedad, concepto que ronda los 25 mil pesos; aunque este monto se paga no sólo a los exrectores sino a todo el personal académico y administrativo, según el tesorero, ya que se trata de una obligación contractual.

“Todos los profesores universitarios y todos los trabajadores administrativos tienen una prestación que empieza a generarse a partir del quinto año de trabajo y puede llegar hasta el 65% de quienes llevan 30 o más años de servicio a la universidad, ahí se topa. Esa la tenemos todos, es lo que generamos a lo largo de nuestra trayectoria”, puntualizó Alcántar.

Treviño y otra maestra que solicitó el anonimato porque sigue activa en la universidad, señalaron que existe una “burocracia dorada” conformada por funcionarios activos, el rector y los exrectores, que “indebidamente reciben una serie de privilegios, pensiones elevadas fuera de lo normal, espacios de trabajo, cosas que no deberían darle a los exrectores”.

Los 11 exrectores pertenecen al Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU), un órgano de investigación al que cada exrector ingresa de manera automática al retirarse, y dentro del cual pueden realizar o no proyectos de investigación que les generan altos ingresos.

Para las profesoras consultadas, el nivel de productividad de ese centro no justifica los onerosos gastos, que en el presupuesto 2019 de la Universidad están etiquetados por nueve millones de pesos tan sólo en salarios; mientras que los gastos operativos para todo el año están proyectados en solo 667 mil 551 pesos.

El tesorero de la UABC definió al CESU como un organismo de estudio, de opinión, consulta, orientación y apoyo a las funciones de la universidad, y citó como ejemplo de sus productos el Reglamento de propiedad intelectual de la universidad, que fue “promovido, trabajado y generado por el CESU”.

Explicó que entre los exrectores hay algunos jubilados, a los que la universidad ya no les paga salario, sino que reciben lo que les corresponde del sistema de pensiones de la universidad, “como cualquier profesor cuando se retira”. Y entre los activos, dijo, algunos reciben remuneraciones por proyectos específicos asignados dentro de su facultad, pero no en el CESU.

“Los que cobran algo adicional es porque hacen un trabajo adicional a sus funciones como profesores”, aseguró.

Pero los académicos consideran excesivos y poco transparentes estos pagos, particularmente en el contexto de una crisis financiera derivada de la millonaria deuda del Estado. Refieren que el beneficio mutuo que encuentran el rector y el gobierno es que el gobierno no fiscaliza a la universidad, y ésta no protesta lo suficiente ante la deuda.

“Esa burocracia dorada ha estado defendiendo que no se metan a ver sus números, ellos negocian con el gobierno del Estado y se la llevan suave”, señalaron las profesoras.

Por su parte, el también profesor retirado Daniel Solorio calificó como “suavecito y tibio” el reclamo que está haciendo actualmente el rector Valdez frente al adeudo: instalar lonas con un ‘deudómetro’ mientras por otro lado frena la protesta estudiantil, según su testimonio y el del estudiante Daniel Jiménez.

“El gobierno estatal no recibe reclamos de parte de las autoridades universitarias y estas hacen todo lo que pueden para que tampoco los estudiantes reclamen, por eso son muy pocas las voces estudiantiles y de personal académico que se escuchan a pesar de este problema tan severo”, lamentó el profesor Solorio.

En tanto, este domingo 2 de junio se celebrarán elecciones en Baja California para elegir a su próximo gobernador. El mandatario actual, Francisco ‘Kiko’ Vega, mantiene al estado endeudado con créditos bancarios que no se sabe en qué fueron utilizados, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación.

 

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Elecciones en Colombia: el país decidirá cuán profundo es el cambio que desea (y quién lo representa mejor)

Todos los candidatos de las presidenciales de este domingo, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Iván Duque, hablan de un cambio para Colombia. El favorito, Gustavo Petro, propone una ruptura en la historia. Esto es lo que está en juego.
29 de mayo, 2022
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Elecciones en Colombia

Getty Images

Todas las elecciones son históricas, pero unas más que otras. Todas las elecciones buscan un cambio, pero unas más que otras.

Lo que vive Colombia este domingo en las presidenciales promete ser histórico por la dimensión del cambio que puede significar.

Todos los candidatos, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Iván Duque, proponen un cambio; sea este moderado, profundo o conservador. Pero cambio.

Más del 85% de los colombianos piensa, según la encuesta Invamer, que el país va por mal camino. Desde los años 90, el momento más agudo del conflicto armado, no se reportaban números de pesimismo tan altos.

La política colombiana, a pesar del récord de violencia, se ha destacado por ser una de las más estables de América Latina: acá no hubo golpes de Estado, ni regímenes de facto, ni un gobierno que marcara una ruptura con los anteriores.

Pero esa estabilidad, también manifiesta en una economía sin altibajos, tiene sus críticos. O es considerada una “farsa” por una gran cantidad de colombianos que aluden a la violencia y a la desigualdad, una de las más altas del mundo, como resultados de gobiernos “oligárquicos” y “corruptos”.

Esos colombianos, la mayoría de ellos jóvenes, ahora parecen empoderados. Muchos de ellos llenaron las calles en 2019 y 2021, en olas de protestas inéditas para un país ensimismado por la guerra durante décadas.

El proceso de paz firmado con la guerrilla en 2016 parece haber abierto una caja de pandora de demandas sociales, económicas y culturales.

Elecciones en Colombia

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Al sentimiento de indignación hacia lo que acá llaman “el establecimiento” se añaden dos elementos sensibles: la crisis económica heredada de la pandemia, que aumentó el desempleo, la pobreza y la informalidad laboral, y un conflicto armado que amenaza con resurgir.

Todo esto ha hecho que los colombianos, en contra de todo pronóstico, se hayan puesto de acuerdo en algo: que hay que cambiar.

La pregunta, y eso es lo que tendrán que definir en estas presidenciales, es cómo y cuánto.

Alexander Vega

Getty Images
Por primera vez en muchos años el registrador, Alex Vega, es protagonista central de las elecciones. Y eso se deba a que el sistema electoral está cuestionado.

Los tipos de cambio

Las encuestas vaticinan que la de este domingo será la primera de dos rondas electorales. Para ganar en primera vuelta se necesita la mitad más uno de los votos, una ventaja que, según las encuestas, ningún candidato tiene a su favor.

En el tarjetón habrá ocho opciones, pero dos de ellas ya se retiraron.

Para sumar a las facetas inéditas de esta elección está que por primera vez existe un manto de dudas sobre el proceso electoral: los candidatos han declarado estar preocupados por la falta de garantías del sistema de votación. El terreno, quizá en como ninguna otra elección reciente, está embarrado.

El líder de las encuestas es Gustavo Petro, un viejo conocido de la política nacional cuyo triunfo, sin embargo, significaría una ruptura en la historia. La larga campaña ha estado marcada por su figura, que desafía a los gobernantes “de siempre”. Incluso existe la mínima posibilidad de que gane en primera vuelta.

Un gobierno de izquierda como el que él propone sería un hito histórico para un país sin experiencias realmente progresistas o revolucionarias en el poder. Muchos lo ven como “un salto al vacío”.

Exguerrillero del M19, valiente congresista y polémico alcalde de Bogotá entre 2012 y 2016, Petro ha hecho una carrera política a partir del enfrentamiento con la clase política gobernante y de la denuncia de la corrupción y la violación de derechos humanos.

Gustavo Petro

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Petro hace campaña con un enorme esquema de seguridad. Da los discursos con escudos antibalas. Candidatos como él en el pasado han sido asesinados.

Esta es la tercera vez que se lanza a la presidencia. Ahora propone un “pacto histórico” que congregue “diferentes”, al que se han adherido políticos de todas las ramas, incluidos algunos cuestionados en el pasado por el mismo Petro.

Su personalidad, catalogada por algunos como de “déspota” y “megalómana”, le genera un rechazo y una desconfianza que pueden pasarle factura en segunda vuelta.

El economista, especializado en medio ambiente, propone profundas reformas en pensiones, salud, educación, impuestos y subsidios. Promete una reforma agraria, pendiente por décadas en un país de enorme desigualdad en la propiedad de la tierra. Asegura que va a transformar la economía extractiva basada en exportaciones por una industrialista y agrícola con altos aranceles a las importaciones.

Su programa, de ser ejecutado, supondría un shock para un modelo económico que no sufrió grandes cambios por décadas. Un programa que asusta a algunos e ilusiona a otros. Y que vaticina un choque de poderes que puede traducirse en ingobernabilidad.

“Llegó el momento”, pregonó Petro en su cierre de campaña en Bogotá. “No necesitamos fusiles como ellos ni apuntar con una escopeta de gases lacrimógenos a nadie. Ni todos los fusiles juntos podrían cambiar la historia como sí lo puede cambiar un esfero (un bolígrafo). Un esfero es más importante que un fusil y lo vamos a demostrar”.

“El domingo cambiaremos la historia de Colombia”, dijo.

Federico Gutiérrez

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Federico Gutiérrez se muestra como un colombiano común, que habla y trabaja como el común. Es la carta del establecimiento gobernante.

En el segundo lugar de las encuestas está Federico Gutiérrez, mejor conocido como “Fico”.

Alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, Gutiérrez es el candidato más cercano a la derecha gobernante, aunque él se percibe como una opción de “cambio responsable” que busca “cambiar lo que no sirve y mejorar lo que sí sirve”, sobre todo en términos de seguridad y creación de empleo.

El ingeniero civil de 47 años se presenta como el “presidente de la gente” y usa un lenguaje simple e informal para sustentarlo. Dice haber ejecutado el 95% de su plan como alcalde. Su gran ventaja es el apoyo de los partidos tradicionales y las grandes élites regionales ligadas al empresariado. Esa es la fuerza que ha definido quién es presidente prácticamente toda la vida.

“Sí necesitamos el cambio”, exclamó en su arenga de cierre en Medellín.

“Un cambio que signifique un país sin hambre, sin odios, sin discursos de lucha de clases, sin corruptos y sin violentos”.

“Unamos a Colombia”, clamó, en lo que ha sido una de sus principales líneas de campaña: la unión.

Rodolfo Hernández

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Rodolfo Hernández está rodeado de jóvenes, pero tienen 77 años. Hizo una fortuna construyendo vivienda social. Es un enigma político.

El tercero en la mayoría de las encuestas es Rodolfo Hernández, una de las revelaciones de la elección.

De 77 años, el empresario de finca raíz y exalcalde de Bucaramanga ha hecho una campaña novedosa a través de TikTok, ejecutada por decenas de jóvenes que él llama “la muchachada” y en la que se presenta como un arrollador de la corrupción. Un personaje del común hastiado con quienes gobernaron este país.

No es claro si es de derecha o de izquierda, si votó sí o no por el acuerdo paz de 2016 con la guerrilla, pero promete reducir el gasto público, bajar impuestos, condonar deudas estudiantiles, modificar las prisiones y negociar con las guerrillas vigentes.

Desconocido a nivel nacional hace seis meses, el discurso chabacano y vehemente de Hernández parece seducir a la gente, de edades y clases diversas, sin ideología política pero preocupada por la corrupción y el clientelismo históricos. La gente que ve atractivo un candidato diferente, un “outsider”.

Si avanza a la segunda vuelta, como revelaron algunas encuestas justo antes de la veda electoral hace una semana, sería un sacudón para la campaña. El timing de su subida pudo haber sido perfecto.

Sergio Fajardo

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Sergio Fajardo, el candidato profesor, usa la educación como principal carta para cambiar el país.

El último candidato que en las encuestas tiene cierta chance de calificar a la segunda vuelta es Sergio Fajardo, quien hace cuatro años no entró por apenas 200.000 votos de diferencia con Petro.

El también exalcalde de Medellín, crítico de la derecha y de la izquierda, representa un “cambio sin rabia” que acabe con la polarización y una a los colombianos. Fajardo es un obsesivo de las formas, de la ética, de la decencia, del perjuicio de los atajos y el utilitarismo: “Como se llega al poder, se gobierna”, suele decir.

El doctor en Matemáticas ha sido uno de los grandes impulsores de la educación como base de los cambios económicos y políticos que pide Colombia. Tiene de su lado a economistas, ingenieros y gestores culturales de reconocimiento internacional.

La diferencia del Fajardo de ahora con el de hace cuatro años no es grande en términos discursivos ni programáticos. Su campaña ha estado plagada de errores y divisiones. Eso en parte explica una caída en las encuestas que él pide no tener en cuenta, sino “votar a conciencia”.

Colombiano votando

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Un país distinto

Aunque históricamente la abstención en Colombia ha sido alta, hasta ahora los colombianos nunca eligieron una opción de cambio tan drástica como la que podrían significar Petro o Hernández.

Solo el hecho de que ellos tengan opciones de ganar ya es un desarrollo histórico.

El hartazgo con el estado de las cosas es notable e inédito. Pero además se da tras una profunda transformación de las prioridades y preocupaciones de la gente.

Durante décadas los presidentes fueron elegidos por su postura ante el conflicto armado, las guerrillas, el terrorismo. Eso explica la inmensa popularidad de Álvaro Uribe en los últimos 20 años.

Pero este año la cosa cambió. Uribe, de hecho, está casi ausente en la campaña. El silencio sobre la guerra asombra. En su lugar se habla de pensiones, racismo, desigualdad, corrupción, medio ambiente.

Los colombianos, por primera vez, esperan cambios de fondo en estos temas. Y ahora irán a las urnas en busca de alguien que pueda ejecutarlos.

El país ya cambió. Ahora veremos si sus gobernantes también.


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