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'No somos racistas, pedimos seguridad, libre tránsito y vivienda para desalojados': Vecinos de la Juárez
Vecinos se quejan de los ruidos nocturnos, los malos olores y aseguran que se ha incrementado la delincuencia, por lo que piden que las autoridades levanten los campamentos que hay en la vía pública.
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Eduardo Gutiérrez tiene 36 años residiendo en la calle Roma, en la colonia Juárez. Desde hace más de dos décadas convive con la ocupación de lo que fue la embajada de la República española y, en el último año y medio, con un campamento levantado en la vía pública. Se queja de los ruidos nocturnos, dice que se ha incrementado la delincuencia y quiere que las autoridades levanten las tiendas como el jueves hicieron con las que se ubicaban en la calle Londres.

“Tengo tres trabajos, el primero empieza a las 6 de la mañana, soy encargado de un gimnasio. A las 4:20 horas ya tengo que levantarme. Si hay música o gente jugando a pelota en la madrugada es imposible”, afirma.

Gutiérrez forma parte del grupo Vecinos Unidos de la Colonia Juárez. En total son 210 residentes que se han unido para exigir a las autoridades que saquen a las aproximadamente 80 familias de la comunidad otomí que desde hace casi dos años viven en la calle Roma. El colectivo firmó una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’: testimonios del desalojo en la colonia Juárez

La disputa abierta tras la expulsión se mueve en dos terrenos. Por un lado, el de la utilización del espacio público y las quejas por la convivencia que realizan los vecinos. Por otro, el del derecho a la vivienda. Las comunidades que instalaron sus tiendas de campaña no tienen otro alojamiento y exigen a las autoridades una solución habitacional.

Este conflicto se desarrolla también en el contexto del debate abierto en el Congreso de la Ciudad de México sobre la ley de desalojos.

La historia de la ocupación en la colonia Juárez es larga y tiene que ver con un edificio simbólico: el que ejerció como embajada de la República española entre 1931 y 1939, cuando termina la guerra civil y se impone el general golpista Francisco Franco.

México no reconoció el régimen franquista y la legación quedó como algo simbólico. En 1977 se restablecen relaciones entre ambos países y el inmueble es clausurado. Ocho años después, tras el sismo de 1985, resultó seriamente dañado. Sin embargo, poco después sería ocupado por familias indígenas otomines, originarias del estado de Querétaro.

El terremoto de 2017 quebró uno de los muros y el campamento, que en aquel momento se concentraba en el predio de 1,000 metros cuadrados, se desparramó hacia el exterior.

Ya entonces, vecinos como Alberto Gutiérrez firmaron una carta dirigida a Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y Azucena Hernández, directora territorial Juárez-San Rafael del gobierno de la capital, en la que piden “la liberación inmediata de la calle Roma, el traslado de los afectados a los albergues que las autoridades y la sociedad civil han puesto a disposición de la población afectada”.

Lee: Diputados rectifican ley sobre desalojos en CDMX; redacción anterior beneficiaba a invasores, dicen

El desalojo se produjo un año después del sismo, en septiembre de 2018. Una actuación que derivó en enfrentamientos y que estaba amparada por una orden judicial. El terreno, anteriormente propiedad de la embajada española, está ahora en disputa. Tanto los vecinos como Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) de la Juárez y acompañante de la comunidad instalada en la calle Roma, denuncian que los documentos de propiedad están en reserva por existir un litigio judicial.

Los ocupantes, al verse en la calle, establecieron dos campamentos: uno en la Londres, evacuado policialmente el jueves; y otro en la Roma, que sigue en pie.

“Queremos libertad de tránsito y que se ofrezca una solución a estas personas”, dice Abigail Martínez, de 38 años, freelance en el ámbito de la comunicación y que lleva cuatro años como residente en la zona.

Ella, junto a Alberto Gutiérrez, de 37 años y vecino del lugar desde 1998, es una de las que inició el colectivo de descontentos. Asegura que, en el pasado, cuando la ocupación estaba cercada en el interior del predio, la convivencia era mejor. “Incluso algunos vecinos dejaban sus coches dentro y ellos se los guardaban”, dice. Ambos creen que los problemas se multiplicaron desde hace dos años, cuando comienza la toma del espacio público. Eduardo Gutiérrez, sin embargo, afirma que la delincuencia siempre fue un problema.

Los agravios que denuncian estos vecinos son múltiples. Van desde las molestias que genera la ocupación de la vía y que les impide transitar libremente hasta el ruido o los olores.

“Abrieron una letrina a cielo abierto”, dice Alberto Gutiérrez, que denuncia que se pueda establecer un campamento de estas características muy cerca del cruce entre Reforma e Insurgentes, el más importante de una de las megalópolis más grandes del mundo.

El incremento de la delincuencia es otro de los problemas que critican los vecinos. Alberto Gutiérrez, por ejemplo, dice que hace una semana que alguien le sustrajo las calaveras de su coche. Reconoce que no puede afirmar que fuera un integrante de la comunidad, pero muestra su convencimiento de que el ladrón está en alguna de esas tiendas.

Eduardo Gutiérrez, por su parte, recuerda disputas con algunos de los comunitarios en el momento en el que comenzó la ocupación de la vía. “No te dejan pasar y cuando les reclamas se ponen agresivos. Somos sus rehenes”, dice.

“Vas al Oxxo, te salen y te piden una moneda. Son adolescentes, menores de edad, te rodean. Al final terminas por no ir de noche por ahí”, se queja Abigaíl Martínez, que asegura que otras vecinas han referido el robo de sus celulares al ir a recargar al Oxxo o al 7Eleven.

El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, aseguró el jueves, durante su visita de supervisión a los trabajos de desalojo, que los vecinos habían denunciado la comisión de diversos delitos. Habló de venta de drogas, pero reconoció no tener constancia de denuncias ni de arrestos en la zona.

Sergio García, de la UPREZ, refuta estas acusaciones. “Hemos estado intentado erradicar la violencia familiar, el alcoholismo y las drogas. El Consejo Nacional Indígena, al que esta comunidad está adscrito, trabaja esto. Pero no es sencillo”, dice.

El activista vincula las denuncias de incremento de la delincuencia con el racismo contra la comunidad otomí y niega que haya subido el índice de delitos cometidos en el lugar. Dice que hay integrantes del campamento que han sido señalados de robo cuando se encontraban vendiendo chicles o limpiando parabrisas y denuncia su indefensión “por no hablar bien español”. Sí que reconoce que puede darse un fenómeno: personas que roban en las inmediaciones y que se adentran en el campamento para no ser detenidas.

Los vecinos, por su parte, rechazan las acusaciones de racismo. “Nos llaman fresifachos, pero nosotros no juzgamos si son dueños del terreno o son indígenas o no”, protesta Eduardo Gutiérrez. El residente denuncia que hay personas que han desistido de interponer denuncias por robos porque los señalados exigen traducción al otomi y “dilatan el proceso”.

Tras el desalojo de la calle Londres, el viernes fue una jornada de reuniones. Los vecinos se encontraron con Carlos Alberto Ulloa, secretario particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun.

Le entregaron una carta en la que denuncian que la ocupación de la vía se ha alargado por más de 20 meses. “Queremos que se trate dignamente a todos los que vivimos La Juárez. Necesitamos recuperar el libre tránsito por nuestras calles y que el gobierno atienda de fondo la problemática de las familias y en especial los niños que han pasado más de 600 días durmiendo en la calle”, dice la misiva, que pide “voluntad política” para desalojar a la Roma del mismo modo que se hizo con la Londres. El compromiso de Ulloa, según Alberto Gutiérrez, fue derivar las quejas “a las áreas correspondientes.

Ese mismo día se produjo otra reunión entre representantes de la comunidad ocupante de la calle Roma con Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y una apoderada de la inmobiliaria Eduardo S.A. de C.V., que se presenta como propietaria del predio de la embajada. Este encuentro fue confirmado tanto por Diego García, que acompaña a la comunidad otomí, como por una fuente de la alcaldía de Cuauhtémoc.

El encuentro ni siquiera comenzó, según García porque la enviada de la inmobiliaria desconocía los detalles del caso. Por este motivo, el lunes está convocada una nueva junta entre las tres partes. Este sector lleva en mesas de diálogo desde el primer desalojo, el de 2018. Según García, esta iniciativa incluye únicamente al sector Roma y no al de Londres, que fue el desalojado el jueves. “Siempre les invitamos a unirse”, asegura.

Paradójicamente, quienes nunca se han reunido son los integrantes de la comunidad otomí con los vecinos descontentos con la ocupación de la calle. Sergio García dice estar dispuesto a mantener esa reunión. Alberto Gutiérrez, residente, también se muestra partidario. “Si existiera la posibilidad de reunirnos sería muy positivo y, en lo personal, yo iría”, dice.

El desalojo del jueves no ha dejado satisfecho a los vecinos, que exigen que este se extienda a la calle Roma. El campamento otomí, por su parte, dice que no se levantará hasta que las autoridades ofrezcan una solución de vivienda.

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BBC/Gebrueder Beetz
"The Cleaners": los limpiadores digitales que deciden lo que ves (y lo que no ves) en internet
El trabajo de los moderadores de las redes sociales es altamente traumatizante. Cada día, deben analizar miles de imágenes perturbadoras y decidir sin son eliminadas o ignoradas en las redes sociales. Así lo muestra este documental de la BBC.
BBC/Gebrueder Beetz
21 de marzo, 2019
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A cientos de kilómetros de Silicon Valley, en el centro de Manila, unos equipos secretos de moderadores de internet deciden si decenas de miles de posts al día deben desaparecer de Google (YouTube), Facebook y Twitter.

Son los “limpiadores” de los rincones más oscuros de la red. Valoran qué se queda y qué se borra de la web antes de que tú lo veas.

Su trabajo consiste en navegar a través del contenido en línea más violento, perturbador, polémico y controvertido.

A veces se trata de videos de radicales violentos. Otras veces es propaganda política. También hay imágenes de personas que se autolesionan y todo tipo de pornografía infantil.

“Sin nosotros, internet sería un caos“, escribe uno de los “limpiadores” en un email desde Filipinas.

“Borramos imágenes, videos y textos que violan las normas de las redes sociales. La mayor parte del material que comprobamos aquí proviene de Europa y Estados Unidos”.

“Hay unidades más pequeñas en otros países, pero Filipinas es la más grande”, continúa el texto, sin especificar para qué empresa trabaja.

“Aquí hay miles de trabajadores”.

Ese correo electrónico forma parte de una investigación plasmada en un documental de los alemanes Hans Block y Moritz Riesewieck, que viajaron hasta Manila para mostrar el trabajo de estos moderadores en The Cleaners(“Los limpiadores).

The Cleaners es un documental de 125 minutos editado por la BBC que ha recibido muy buenas críticas desde que se estrenó en mayo de 2018.

Parte de una serie publicada por BBC Four, la cinta se adentra en las oficinas de los “limpiadores digitales” en Manila y recoge varios testimonios.

La película se gestó en el año 2013, cuando se descubrió que un video de abusos sexuales a un menor había sido publicado miles de veces en Facebook. Eso llevó a los cineastas a reflexionar sobre “lo que esconde la industria de las redes sociales”, dijo Riesewieck al poco de publicarse el documental.

La cinta plantea algunas preguntas interesantes: ¿quiénes “limpian” las redes sociales y con qué criterio operan? ¿Cuál es el límite entre moderación y censura? ¿cómo nos afectan esas decisiones?

“Policías” de las redes sociales

Los “limpiadores” de internet deben elegir entre una de estas dos opciones: ignorar o eliminar.

La presión es alta.

“Me dieron una advertencia. Si la empresa sabe que estoy hablando contigo, me veré en problemas. El cliente está amenazando con retirar todo el negocio”, le contó a los productores del documental un trabajador anónimo desde Filipinas.

Ese retrato de internet como un lugar oscuro y lleno de secretos contrasta con la visión de Mark Zuckerberg, quien ha comentado en alguna ocasión que su red social defiende la idea de una comunidad global, “que le da a todo el mundo el poder de compartir lo que quiera con quien quiera”.

Pero el trabajo de los moderadores es secreto.

“No puedes revelar nada. Nadie debe saber sobre este tipo de trabajo”, continúa otra mujer en condición de anonimato. “Si la gente lo supiera, tendría curiosidad”.

“La razón por la que hablo contigo es porque el mundo debe saber que estamos aquí, que hay alguien que comprueba las redes sociales”, explica otro “limpiador” filipino más adelante en el video.

“Hacemos lo mejor que podemos para que las plataformas sean seguras para todo el mundo”, agrega.

“No buscamos reconocimiento. Somos como policías. Nuestro principal objetivo es hacer que las plataformas sean lo mejor posibles. Alguien tiene que protegerlas, al igual que pasa con el mundo real”.

Otro moderador cuenta su experiencia: “Me apasiona mi trabajo, me gusta lo que hago”, afirma. “Los moderadores somos la seguridad, protegemos al usuario”.

Pero el trabajo puede llegar a ser mentalmente agotador.

25.000 fotos al día

“Llevo seis años siendo moderador. He visto muchos videos e imágenes”, asegura un hombre que no teme mostrarse ante la cámara.

“Vemos fotos en la pantalla. Después las analizamos y borramos aquellas que no cumplan las normas. Nuestro objetivo diario son 25.000 fotos“, explica.

“La principal misión de la moderación en internet es limpiar lo sucio. Esa es nuestra responsabilidad, asegurarnos de que nada sospechoso se publica en internet”.

Otro “limpiador” explica que ayuda a la gente: “Evito que se propague la explotación infantil. Tengo que identificar terrorismo. Detener el ciberbullying“.

Otra moderadora asegura que cuando comenzó su entrenamiento para ese trabajo no sabía de qué se trataba. “Recuerdo que sentí que ya lo quería dejar”.

Dice que lo más chocante que ha visto son niños explotados sexualmente. “Era una niña de unos 6 años”, recuerda. “No me lo puedo quitar de la cabeza”.

Confiesa que habló con su jefe y le dijo que no podía hacer el trabajo, pero él le insistió en que debía hacerlo porque había firmado un contrato.

Y lo hizo porque le aterraba trabajar en un basurero, como mucha gente de Filipinas, para sobrevivir.

“No estaba acostumbrada a ver este tipo de imágenes”, cuenta otra moderadora. “Fue duro, pero al final se convirtió en un placer culpable”.

Ya no soy la misma que antes. Es como un virus que se ha metido en mi cabeza. Necesito parar. Algo va mal”.

Según los testimonios de los “limpiadores” entrevistados en el documental, hay 37 organizaciones terroristas cuyo contenido está vetado en internet. Esa lista proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

“Tienes que memorizarlo todo sobre los terroristas: sus banderas, sus lemas… y moderarlo”, explica.

“El trabajo daña tu cerebro y te hace pensar que la violencia está bien, que matar a otros, poner bombas, es algo normal. Ves cuerpos saltando por los aires. Pero solo puedes ‘saltar’ tres videos al día”.

También señalan que ha habido suicidios, pero las compañías prefieren que no se sepa.

¿Qué es inapropiado?

Para empresas como Google, Fcaebook o Twitter, la labor de la moderación presenta ciertos conflictos.

“Empecé en Google en 2004. Es un privilegio haber formado parte del desarrollo de la infraestructura del mundo en que vivimos ahora, de algo tan poderoso y con el potencial real de cambiar vidas”, dice la abogada estadounidense Nicole Wong, quien trabajó para Google y Twitter como asesora jurídica.

“Empiezas con las preguntas: ¿Qué crees que debería estar en tu plataforma? ¿Qué es inapropiado?“.

Wong dice que las empresas pueden elegir si dejar que se publique todo sin antes revisarlo o, por el contrario, permitir “la mayoría de las cosas” y solo revisar aquello que recibe quejas.

La decisión no es fácil.

La abogada declaró frente a un tribunal para Google en 2005, cuando se investigó a la compañía por la facilidad con la que se encontraba la pornografía infantil en el buscador. “Estamos haciendo todo lo que podemos”, dijo entonces.

Algunos critican esa respuesta.

“Cuando abres las compuertas y pides a todo el mundo que emita sus propios videos, publique su vida y lo comparta todo, la gente responde”, dice Sarah T. Roberts, de la Universidad de California (EE.UU.).

“La gente con todo tipo de motivaciones e intereses responde”.

“Cuando Facebook y Google aseguran que no tienen empleados en Manila, pueden hacerlo legítimamente usando personal de una firma externa”, aclara.

“Es cierto que las nóminas no vienen de Google y Facebook, vienen de una firma subcontratada de Filipinas”.

Roberts dice que los moderadores de las redes sociales son entes invisibles para millones de usuarios de las plataformas “que nunca se plantean demasiado quién hace el trabajo de limpieza”.

Pero hay quienes sí lo hacen.

Decisiones editoriales

Abdulwahab Tahhan trabaja en Airwars, una organización no gubernamental fundada por Chris Woods, un experiodista en la BBC, dedicada ofrecer transparencia sobre colisiones aéreas en Siria y en otros países en guerra.

“Cada vez que vemos una foto o un video en las redes sociales lo archivamos inmediatamente porque sabemos que después puede ser eliminado. Es muy importante para nosotros documentar esas imágenes“, explica.

“Esos videos se necesitan, son parte de la guerra, proporcionan información”, defiende.

“Pero el problema es que a menudo son clasificados como videos de Estado Islámico. Son muy gráficos, así que son borrados”.

Tahhan considera que la “cesura de YouTube” está afectando a “muchas organizaciones con videos sobre la destrucción en Siria cuyas cuentas han sido suspendidas”.

En cambio, Wong dice que la decisión de borrar el contenido se basa en el “contexto” de cada plataforma y que ese material puede representar una “amenaza” o ser visto como noticia o como una sátira.

“Eso hace que sea muy difícil saber si ciertas piezas de contenido deben eliminarse o no”.

Pero el trabajo de los moderadores no siempre es revisado por los supervisores. De hecho, la mayoría de las veces no lo es, señala uno de los “limpiadores”.

Apenas el 3% es revisado, según su testimonio.

En general, las redes sociales establecen que cuando hay genitales y menores en la imagen, se debe borrar el contenido.

Sin embargo, hay imágenes satíricas, políticas o artísticas que son censuradas por esa cuestión. También puede haber fotografías que muestren una realidad social. Pero, al final, quien toma la decisión editorial es el moderador.

“Tenemos que tener pensamiento crítico”, dice David Kaye, un experto de la ONU especializado en libertad de expresión.

“A la gente no debería sorprenderle si en el futuro hay menos información disponible; si lo que hay en internet es menos atrevido, menos provocativo”.

“Yo pienso que eso nos hará ser una sociedad más pobre”.

Mientras tanto en Manila los “limpiadores” continúan con su labor.

“Los algoritmos no pueden hacer lo que hacemos”, dice uno de ellos.


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