'No somos racistas, pedimos seguridad, libre tránsito y vivienda para desalojados': Vecinos de la Juárez
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'No somos racistas, pedimos seguridad, libre tránsito y vivienda para desalojados': Vecinos de la Juárez

Vecinos se quejan de los ruidos nocturnos, los malos olores y aseguran que se ha incrementado la delincuencia, por lo que piden que las autoridades levanten los campamentos que hay en la vía pública.
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Eduardo Gutiérrez tiene 36 años residiendo en la calle Roma, en la colonia Juárez. Desde hace más de dos décadas convive con la ocupación de lo que fue la embajada de la República española y, en el último año y medio, con un campamento levantado en la vía pública. Se queja de los ruidos nocturnos, dice que se ha incrementado la delincuencia y quiere que las autoridades levanten las tiendas como el jueves hicieron con las que se ubicaban en la calle Londres.

“Tengo tres trabajos, el primero empieza a las 6 de la mañana, soy encargado de un gimnasio. A las 4:20 horas ya tengo que levantarme. Si hay música o gente jugando a pelota en la madrugada es imposible”, afirma.

Gutiérrez forma parte del grupo Vecinos Unidos de la Colonia Juárez. En total son 210 residentes que se han unido para exigir a las autoridades que saquen a las aproximadamente 80 familias de la comunidad otomí que desde hace casi dos años viven en la calle Roma. El colectivo firmó una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’: testimonios del desalojo en la colonia Juárez

La disputa abierta tras la expulsión se mueve en dos terrenos. Por un lado, el de la utilización del espacio público y las quejas por la convivencia que realizan los vecinos. Por otro, el del derecho a la vivienda. Las comunidades que instalaron sus tiendas de campaña no tienen otro alojamiento y exigen a las autoridades una solución habitacional.

Este conflicto se desarrolla también en el contexto del debate abierto en el Congreso de la Ciudad de México sobre la ley de desalojos.

La historia de la ocupación en la colonia Juárez es larga y tiene que ver con un edificio simbólico: el que ejerció como embajada de la República española entre 1931 y 1939, cuando termina la guerra civil y se impone el general golpista Francisco Franco.

México no reconoció el régimen franquista y la legación quedó como algo simbólico. En 1977 se restablecen relaciones entre ambos países y el inmueble es clausurado. Ocho años después, tras el sismo de 1985, resultó seriamente dañado. Sin embargo, poco después sería ocupado por familias indígenas otomines, originarias del estado de Querétaro.

El terremoto de 2017 quebró uno de los muros y el campamento, que en aquel momento se concentraba en el predio de 1,000 metros cuadrados, se desparramó hacia el exterior.

Ya entonces, vecinos como Alberto Gutiérrez firmaron una carta dirigida a Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y Azucena Hernández, directora territorial Juárez-San Rafael del gobierno de la capital, en la que piden “la liberación inmediata de la calle Roma, el traslado de los afectados a los albergues que las autoridades y la sociedad civil han puesto a disposición de la población afectada”.

Lee: Diputados rectifican ley sobre desalojos en CDMX; redacción anterior beneficiaba a invasores, dicen

El desalojo se produjo un año después del sismo, en septiembre de 2018. Una actuación que derivó en enfrentamientos y que estaba amparada por una orden judicial. El terreno, anteriormente propiedad de la embajada española, está ahora en disputa. Tanto los vecinos como Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) de la Juárez y acompañante de la comunidad instalada en la calle Roma, denuncian que los documentos de propiedad están en reserva por existir un litigio judicial.

Los ocupantes, al verse en la calle, establecieron dos campamentos: uno en la Londres, evacuado policialmente el jueves; y otro en la Roma, que sigue en pie.

“Queremos libertad de tránsito y que se ofrezca una solución a estas personas”, dice Abigail Martínez, de 38 años, freelance en el ámbito de la comunicación y que lleva cuatro años como residente en la zona.

Ella, junto a Alberto Gutiérrez, de 37 años y vecino del lugar desde 1998, es una de las que inició el colectivo de descontentos. Asegura que, en el pasado, cuando la ocupación estaba cercada en el interior del predio, la convivencia era mejor. “Incluso algunos vecinos dejaban sus coches dentro y ellos se los guardaban”, dice. Ambos creen que los problemas se multiplicaron desde hace dos años, cuando comienza la toma del espacio público. Eduardo Gutiérrez, sin embargo, afirma que la delincuencia siempre fue un problema.

Los agravios que denuncian estos vecinos son múltiples. Van desde las molestias que genera la ocupación de la vía y que les impide transitar libremente hasta el ruido o los olores.

“Abrieron una letrina a cielo abierto”, dice Alberto Gutiérrez, que denuncia que se pueda establecer un campamento de estas características muy cerca del cruce entre Reforma e Insurgentes, el más importante de una de las megalópolis más grandes del mundo.

El incremento de la delincuencia es otro de los problemas que critican los vecinos. Alberto Gutiérrez, por ejemplo, dice que hace una semana que alguien le sustrajo las calaveras de su coche. Reconoce que no puede afirmar que fuera un integrante de la comunidad, pero muestra su convencimiento de que el ladrón está en alguna de esas tiendas.

Eduardo Gutiérrez, por su parte, recuerda disputas con algunos de los comunitarios en el momento en el que comenzó la ocupación de la vía. “No te dejan pasar y cuando les reclamas se ponen agresivos. Somos sus rehenes”, dice.

“Vas al Oxxo, te salen y te piden una moneda. Son adolescentes, menores de edad, te rodean. Al final terminas por no ir de noche por ahí”, se queja Abigaíl Martínez, que asegura que otras vecinas han referido el robo de sus celulares al ir a recargar al Oxxo o al 7Eleven.

El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, aseguró el jueves, durante su visita de supervisión a los trabajos de desalojo, que los vecinos habían denunciado la comisión de diversos delitos. Habló de venta de drogas, pero reconoció no tener constancia de denuncias ni de arrestos en la zona.

Sergio García, de la UPREZ, refuta estas acusaciones. “Hemos estado intentado erradicar la violencia familiar, el alcoholismo y las drogas. El Consejo Nacional Indígena, al que esta comunidad está adscrito, trabaja esto. Pero no es sencillo”, dice.

El activista vincula las denuncias de incremento de la delincuencia con el racismo contra la comunidad otomí y niega que haya subido el índice de delitos cometidos en el lugar. Dice que hay integrantes del campamento que han sido señalados de robo cuando se encontraban vendiendo chicles o limpiando parabrisas y denuncia su indefensión “por no hablar bien español”. Sí que reconoce que puede darse un fenómeno: personas que roban en las inmediaciones y que se adentran en el campamento para no ser detenidas.

Los vecinos, por su parte, rechazan las acusaciones de racismo. “Nos llaman fresifachos, pero nosotros no juzgamos si son dueños del terreno o son indígenas o no”, protesta Eduardo Gutiérrez. El residente denuncia que hay personas que han desistido de interponer denuncias por robos porque los señalados exigen traducción al otomi y “dilatan el proceso”.

Tras el desalojo de la calle Londres, el viernes fue una jornada de reuniones. Los vecinos se encontraron con Carlos Alberto Ulloa, secretario particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun.

Le entregaron una carta en la que denuncian que la ocupación de la vía se ha alargado por más de 20 meses. “Queremos que se trate dignamente a todos los que vivimos La Juárez. Necesitamos recuperar el libre tránsito por nuestras calles y que el gobierno atienda de fondo la problemática de las familias y en especial los niños que han pasado más de 600 días durmiendo en la calle”, dice la misiva, que pide “voluntad política” para desalojar a la Roma del mismo modo que se hizo con la Londres. El compromiso de Ulloa, según Alberto Gutiérrez, fue derivar las quejas “a las áreas correspondientes.

Ese mismo día se produjo otra reunión entre representantes de la comunidad ocupante de la calle Roma con Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y una apoderada de la inmobiliaria Eduardo S.A. de C.V., que se presenta como propietaria del predio de la embajada. Este encuentro fue confirmado tanto por Diego García, que acompaña a la comunidad otomí, como por una fuente de la alcaldía de Cuauhtémoc.

El encuentro ni siquiera comenzó, según García porque la enviada de la inmobiliaria desconocía los detalles del caso. Por este motivo, el lunes está convocada una nueva junta entre las tres partes. Este sector lleva en mesas de diálogo desde el primer desalojo, el de 2018. Según García, esta iniciativa incluye únicamente al sector Roma y no al de Londres, que fue el desalojado el jueves. “Siempre les invitamos a unirse”, asegura.

Paradójicamente, quienes nunca se han reunido son los integrantes de la comunidad otomí con los vecinos descontentos con la ocupación de la calle. Sergio García dice estar dispuesto a mantener esa reunión. Alberto Gutiérrez, residente, también se muestra partidario. “Si existiera la posibilidad de reunirnos sería muy positivo y, en lo personal, yo iría”, dice.

El desalojo del jueves no ha dejado satisfecho a los vecinos, que exigen que este se extienda a la calle Roma. El campamento otomí, por su parte, dice que no se levantará hasta que las autoridades ofrezcan una solución de vivienda.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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