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Cuartoscuro

Uno de cada cuatro agentes del INM carece de control de confianza vigente; es la fuerza federal menos confiable

Datos del SESNSP muestran además que en el país hay más de 27 mil policías locales que siguen en activo, pese a reprobar las pruebas de confianza. Sinaloa y Guerrero son focos rojos.
Cuartoscuro
31 de julio, 2019
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Uno de cada cuatro agentes de migración desplegados actualmente en el país, no debería de estar trabajando porque carece de la certificación en regla que exige la ley para poder desempeñar dicha función. Dichos elementos no han aprobado o no han renovado sus exámenes de control de confianza.

De hecho, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son la fuerza federal con la menor proporción de agentes federales en activo con exámenes aprobados vigentes. Incluso se encuentran por debajo del promedio total de policías estatales y municipales aprobados.

Así lo revela la última actualización de los exámenes de control de confianza publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio, en su sitio de obligaciones de transparencia.

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El control de confianza es un procedimiento obligatorio tanto para el ingreso así como para la permanencia de los elementos de las instituciones de seguridad en el país, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consiste en una batería de cinco exámenes, entre ellos toxicológicos y de polígrafo, que se tienen que renovar cada tres años. 

De acuerdo con dicho balance en el país hay un total de 400 mil 584 policías y agentes de seguridad adscritos a corporaciones públicas, tanto locales como federales. De ese total existen  131 mil 123, que equivalen al 32% (en total nacional casi 1 de cada 3 elementos) que no tienen el control de confianza aprobado y/o vigente.

En el caso específico de las fuerzas federales, el universo completo es de 63 mil 877 elementos, de los cuales el 94% son efectivos aprobados en control de confianza, y el 83% mantienen dicha aprobación vigente.

El desglose por dependencia muestra que el INM se encuentra muy por debajo de ese promedio federal. Sus datos arrojan que posee un universo en activo de 4 mil 133 agentes. De este total el 78% tienen certificado de aprobación del procedimiento de control de confianza. Y a ellos hay que restar un 3% que ya caducó.

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Lo anterior significa que el 25% de los elementos del  INM no cuenta con los requisitos para estar en activo. Entre ese grupo se encuentra un 3% de agentes que ya fueron evaluados y reprobaron, pero no han sido removidos, así como un 15% que no han sido sometidos siquiera a los exámenes.

Esto datos cobran relevancia si se toma en cuenta que el INM se encuentra en un proceso de crecimiento, derivado de la estrategia migratoria puesta en marcha por México para fortalecer la vigilancia en la frontera sur y norte del país.

FGR y penales, con rezago en renovación

En cuanto a otras fuerzas federales estas arrojan números más altos respecto al  porcentaje de agentes desplegados aprobados, aunque con una cifra inferior en cuanto a evaluaciones vigentes.

Por ejemplo. La Fiscalía General de la República reporta una cifra de 14 mil 693 agentes ministeriales en activo, de los cuales el 97% ya fueron examinados y aprobaron, aunque solo el 71% mantiene vigente su certificación de confianza.

Lee: Despiden a 500 agentes migratorios por corrupción; es una ‘limpia’ al INM, dice AMLO

Mientras que en el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) – institución responsable de los penales federales – los datos muestran que de los 3 mil 344 custodios en activo, el 89% superó las evaluaciones de control de confianza, aunque actualmente solo el 48% – menos de la mitad – se encuentran vigentes

Y en el caso de la Policía Federal (corporación en vías de desaparición pues será sustituida por la Guardia Nacional), hasta el cierre de junio aun reportaba 41 mil 707 elementos en activo, el 90% de ellos con evaluaciones aprobadas y además vigentes, un porcentaje muy superior al de otras fuerzas federales.

Guerrero, BCS y Sinaloa: focos rojos

En cuanto a las fuerzas policiales locales (estatales, municipales y ministeriales), los datos del SESNSP arrojan que de 336 mil 707 elementos en activo, hay 258 mil 601, que equivalen al 77%, que son elementos aprobados con certificado vigente. El 23% restante se encuentra en alguna situación incompleta o irregular.

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El dato más preocupante es el de 27 mil 36 elementos (el 8% del total de policías del país), que en definitiva no superó los controles de confianza y deben ser separados del cargo, pero continúan en activo.

Entre los estados la fuerza policial de menor confianza es la de Sinaloa. La entidad reporta apenas un 48% de sus 6 mil 900 elementos estatales, municipales y ministeriales con el certificado de confianza vigente. Más preocupante es que del 52% que no lo tiene, el 48% es porque reprobó el procedimiento uy ya tendrían que haber sido dados d baja.

Lo anterior significa que prácticamente 1 de cada 2 policías en Sinaloa no tiene posibilidad de seguirlo siendo.

Otro foco rojo se encuentra en Guerrero, entidad en la que apenas el 44% 9 mil 103 elementos de seguridad pública tiene al día de hoy un certificado vigente de que superó el control de confianza. Un nivel aún más bajo que el de Sinaloa. Aunque en Guerrero el porcentaje de agentes reprobados es de 24%, mientras que el resto corresponde a personal no evaluado o con certificados caducos.

Baja California Sur es otro caso a destacar con apenas el 57% de sus 2 mil 986 policías locales con aprobación vigente. El porcentaje de elementos en activo pese a estar reprobados es de 30%, prácticamente 1 de cada 3 elementos. 

Lee: Bajo la lluvia, migrantes duermen en la calle en espera de asilo en México

Y en San Luis Potosí los datos muestran que de los 6 mil 347 elementos de seguridad en activo, poco más de la mitad (52%) no tienen vigentes sus exámenes de control de confianza. Aunque en este caso solo un 15% de los irregulares se encuentran en condición de no aprobados.

En el caso de Ciudad de México – la entidad con la mayor fuerza policial del país – los datos muestran que de sus poco más de 52 mil 200 policías, el 80% se encuentra con el control de confianza vigente, y solo hay un 2% de efectivos reprobados.

¿Y la Guardia Nacional?

Aunque la Guardia Nacional ya se encuentra formalmente en operaciones desde mayo pasado, los datos del Secretariado Ejecutivo aún no muestran cuál es el estatus de sus elementos en materia de control de confianza.

Lee: Delegados de migración en estados fronterizos son inexpertos

Cabe recordar que el pasado 30 de abril la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un esquema “especial” de aplicación de estas pruebas a los elementos de la Guardia con la finalidad de que el proceso sea más ágil. Hasta ahora no se han dado a conocer resultados del mismo.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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