FGR abre nueva investigación por caso de Pemex y Agro Nitrogenados; investiga pérdidas por más de 460 mdd
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Altos Hornos de México

FGR abre nueva investigación por caso de Pemex y Agro Nitrogenados; investiga pérdidas por más de 460 mdd

La carpeta de investigación se inició tras una denuncia interpuesta por la Auditoría; irregularidades abarcan administraciones de tres exdirectores de Pemex.
Altos Hornos de México
30 de julio, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables, tras la detección de múltiples irregularidades entre 2015 y 2018, en el proceso de adquisición y puesta en marcha del complejo de fertilizantes conocido como Agro Nitrogenados, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con autoridades federales las irregularidades que se investigan, y que van desde pagos sin sustento hasta fallas en mantenimiento de equipos o sobrecostos, habrían ocasionado pérdidas para el Estado superiores a los 460 millones de dólares. Todo ello durante la gestión de tres exdirectores de Petróleos Mexicanos: Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina.

Lee más: Alemania abre investigación contra Emilio Lozoya y su esposa por lavado de dinero

La nueva carpeta de investigación – abierta la semana pasada – es resultado de una denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y sustentada en cinco dictámenes de auditoría con sus informes técnicos correspondientes, que involucran a Pemex, y a sus filiales Pemex Fertilizantes y PMI Comercio Internacional S. A. de C. V.

Al tratarse de una denuncia de hechos, tendrá que ser la investigación que realice el Ministerio Público de la Federación la que determine quiénes son los servidores públicos que podrían resultar penalmente responsables, de este presunto quebranto al erario público.

Esta es la segunda investigación que la FGR inicia en el actual sexenio por irregularidades en la adquisición de plantas de fertilizantes, luego de que el pasado 5 de marzo la nueva administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal relacionada con la adquisición de Fertinal.

A ello se suma la indagatoria que desde el sexenio pasado se sigue en contra de exfuncionarios de Pemex por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para obtener distintos contratos de inversión.

Hasta ahora, de todos los exfuncionarios públicos que se encuentran bajo investigación, la Fiscalía solo ha procedido en contra de Emilio Lozoya.

Cabe señalar que el seguimiento de este nuevo caso, iniciado tras la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, estará a cargo de la recién creada Fiscalía Anticorrupción que dirige María de la Luz Mijangos, según lo confirmado por fuentes de la propia ASF.

SFP sanciona a exdirectivo de Pemex 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación por 10 años y una multa por unos 4,200 millones de pesos en contra del exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, José Manuel Carrera, quien también dirigió la filial PMI Comercio Internacional, durante la compra de Agronitrogenados

La sanción y la multa es por haber causado daño al erario público por la compra en 2013 por tres veces más de su valor de mercado y por la capitalización, en 2016, de la planta Agronitrogenados.

“La Unidad de Responsabilidades en Pemex notificó al exfuncionario de la sanción que le fue impuesta por ocultar información que derivó en una inversión en la planta por 760 millones de dólares, con lo que infringió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que no evitó las pérdidas para la empresa productiva del Estado”, indicó la dependencia en un comunicado.

Según documentos recabados, el exfuncionario tuvo conocimiento de que al momento de la compra la maquinaria de Agronitrogenados tenía 30 años de haberse adquirido y había dejado de operarse por más de 14 años, lo que disminuía su valor y vida útil.

Esta omisión también dio lugar a que en junio de 2016 se autorizara el incremento de la inversión de capital en la planta por un monto de 760 millones de dólares.

Lluvia de irregularidades

Las irregularidades que investiga la Fiscalía se encuentran en cinco informes de resultados de auditorías financieras y de cumplimiento, practicadas por la ASF en cuatro distintos ejercicios.

Se trata de las auditorías 498 DE, practicada a Pemex, y 532 DE a PMI Comercio Internacional, ambas de la cuenta pública 2015; la 438 DE a PMI Comercio Internacional de la cuenta pública 2016; así como las 463 DE y 471 DE a Pemex Fertilizantes, de las cuentas públicas 2017 y 2018, respectivamente.

Lo que los auditores concluyeron tras las revisiones multianuales es que la adquisición de las plantas de fertilizantes vendidas por la empresa Altos Hornos de México, derivaron en múltiples inconvenientes que generaron no solo una inversión poco rentable para el Estado, sino pérdidas que superarían ya los 460 millones de dólares.

Por ejemplo, en el dictamen de la auditoría 438 DE a PMI se estableció que los costos relacionados con la rehabilitación y puesta en marcha de las plantas adquiridas se habían estipulado originalmente en 195 millones de dólares, sin embargo, múltiples modificaciones posteriores al contrato elevaron dicho costo a 443 millones de dólares, es decir, 248 millones de dólares por arriba de lo contemplado originalmente

Y en la auditoría 471 DE se identificó un proceso de devaluación de las plantas del complejo, que para el año pasado ya ascendía a 212 millones 600 mil dólares, derivado de trabajos de rehabilitación que no se llevaron a cabo.

Se trata de estimaciones de pérdidas como resultado de esta inversión para Pemex y para el Estado Mexicano, aunque el monto total de los daños y perjuicios por los problemas derivados de todo este procedimiento aún no se ha cuantificado con exactitud.

Entre las irregularidades denunciadas destaca, por ejemplo, que la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados tenía los equipos incompletos, en mal estado o de plano inservibles, algunos con tres décadas de antigüedad y 18 años fuera de operación. Ello contribuyó a que los plazos de operación de la planta se alargaran mucho más allá de lo estipulado.

Se excluyeron de los contratos una serie de trabajos relevantes que se tenían que realizar para la operación de la planta, y por ende tampoco quedaron definidos los plazos. Se subcontrataron empresas con distintos criterios de adjudicación, y no se justificó el sobrecosto de diversos pagos realizados, además de que se realizaron avalúos iniciales que habrían sobreestimado el valor de la instalación.

A ello se suma la realización de pagos sin el debido soporte documental que ampare los trabajos llevados a cabo, pagos distintos por la rehabilitación de los mismos equipos, y la falta de capacidad técnica y humana de empresas subcontratadas para ejecutar en tiempo y forma diversos servicios.

En otro informe, la ASF añade  que en todo este procedimiento nunca se tomó en cuenta la disponibilidad de materias primas que se requería para llevar a cabo la puesta en marcha adecuada de todo el complejo, lo que terminó generando pérdida de dinero y tiempo.

También se detectaron costos adicionales del orden de 22 millones de pesos por el manejo de agua tratada, y de poco más de un millón de pesos por suministros de nitrógeno. Sumado a ello se llevó a cabo la entrega recepción de dos de las plantas del complejo, sin que se realizaran pruebas de confiabilidad, ni el aviso de término de los trabajos, ni certificados de que todo se realizó conforme a lo pactado en el contrato.

Los auditores advierten que un problema de origen, fue que “no se tomaron en cuenta los riesgos asociados al proyecto de inversión en su etapa de ejecución y operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un mercado alternativo”.

La deficiente planeación de todo lo anterior terminó ocasionándole a Pemex Fertilizantes problemas severos de liquidez y endeudamiento, y a Pemex y al país en general la pérdida de recursos en una inversión que ha dejado más problemas que beneficios. 

¿Quiénes son los responsables?

La denuncia interpuesta por la Auditoría, como todas las que presenta ante el Ministerio Público Federal, refiere una serie de hechos irregulares detectados a partir de sus auditorías, pero recae en los fiscales la tarea de identificar a quien resulte responsable, conforme avancen las investigaciones. Los delitos generalmente van desde ejercicio indebido del servicio público hasta posible peculado.

Lo que sí se advierte es que si bien la compra se habría materializado entre 2013 y 2015, con Lozoya al frente de la dirección de Pemex, las anomalías se continuaron detectando en todo el resto del sexenio, abarcando ya otras administraciones.

Desde el punto de vista de la nueva administración de Pemex, la responsabilidad en las inversiones de las plantas de fertilizantes y similares se extiende no solo a la dirección general de la empresa, sino a su Consejo de Administración. Así lo asentaron en la denuncia penal que interpusieron en el caso de Fertinal en marzo pasado, y de la que Animal Político  tiene copia.

En dicho documento la apoderada legal de Pemex y de Pemex Fertilizantes, Martha Edith Rodríguez Acosta, señala que los miembros del Consejo de Administración “son responsables, no solo administrativa y/o civilmente de los daños y perjuicios que llegare a causas a Petróleos Mexicanos por sus actos, hechos u omisiones, sino incluso también penalmente”.

En ese contexto la funcionaria identificó en la denuncia a varios integrantes del Consejo de Administración durante el proceso de análisis y compra de las plantas de fertilizantes, entre los que figuran Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Hacienda, y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Y en el caso específico de la compra de Agro Nitrogenados existe un acta de asamblea del Consejo de Administración con fecha del 17 de diciembre de 2013, donde se presentó esta inversión, y en la que figuran, entre otros, Enrique Ochoa Reza, entonces subsecretario de Hidrocarburos, y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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