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Altos Hornos de México

FGR abre nueva investigación por caso de Pemex y Agro Nitrogenados; investiga pérdidas por más de 460 mdd

La carpeta de investigación se inició tras una denuncia interpuesta por la Auditoría; irregularidades abarcan administraciones de tres exdirectores de Pemex.
Altos Hornos de México
30 de julio, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables, tras la detección de múltiples irregularidades entre 2015 y 2018, en el proceso de adquisición y puesta en marcha del complejo de fertilizantes conocido como Agro Nitrogenados, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con autoridades federales las irregularidades que se investigan, y que van desde pagos sin sustento hasta fallas en mantenimiento de equipos o sobrecostos, habrían ocasionado pérdidas para el Estado superiores a los 460 millones de dólares. Todo ello durante la gestión de tres exdirectores de Petróleos Mexicanos: Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina.

Lee más: Alemania abre investigación contra Emilio Lozoya y su esposa por lavado de dinero

La nueva carpeta de investigación – abierta la semana pasada – es resultado de una denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y sustentada en cinco dictámenes de auditoría con sus informes técnicos correspondientes, que involucran a Pemex, y a sus filiales Pemex Fertilizantes y PMI Comercio Internacional S. A. de C. V.

Al tratarse de una denuncia de hechos, tendrá que ser la investigación que realice el Ministerio Público de la Federación la que determine quiénes son los servidores públicos que podrían resultar penalmente responsables, de este presunto quebranto al erario público.

Esta es la segunda investigación que la FGR inicia en el actual sexenio por irregularidades en la adquisición de plantas de fertilizantes, luego de que el pasado 5 de marzo la nueva administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal relacionada con la adquisición de Fertinal.

A ello se suma la indagatoria que desde el sexenio pasado se sigue en contra de exfuncionarios de Pemex por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para obtener distintos contratos de inversión.

Hasta ahora, de todos los exfuncionarios públicos que se encuentran bajo investigación, la Fiscalía solo ha procedido en contra de Emilio Lozoya.

Cabe señalar que el seguimiento de este nuevo caso, iniciado tras la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, estará a cargo de la recién creada Fiscalía Anticorrupción que dirige María de la Luz Mijangos, según lo confirmado por fuentes de la propia ASF.

SFP sanciona a exdirectivo de Pemex 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación por 10 años y una multa por unos 4,200 millones de pesos en contra del exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, José Manuel Carrera, quien también dirigió la filial PMI Comercio Internacional, durante la compra de Agronitrogenados

La sanción y la multa es por haber causado daño al erario público por la compra en 2013 por tres veces más de su valor de mercado y por la capitalización, en 2016, de la planta Agronitrogenados.

“La Unidad de Responsabilidades en Pemex notificó al exfuncionario de la sanción que le fue impuesta por ocultar información que derivó en una inversión en la planta por 760 millones de dólares, con lo que infringió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que no evitó las pérdidas para la empresa productiva del Estado”, indicó la dependencia en un comunicado.

Según documentos recabados, el exfuncionario tuvo conocimiento de que al momento de la compra la maquinaria de Agronitrogenados tenía 30 años de haberse adquirido y había dejado de operarse por más de 14 años, lo que disminuía su valor y vida útil.

Esta omisión también dio lugar a que en junio de 2016 se autorizara el incremento de la inversión de capital en la planta por un monto de 760 millones de dólares.

Lluvia de irregularidades

Las irregularidades que investiga la Fiscalía se encuentran en cinco informes de resultados de auditorías financieras y de cumplimiento, practicadas por la ASF en cuatro distintos ejercicios.

Se trata de las auditorías 498 DE, practicada a Pemex, y 532 DE a PMI Comercio Internacional, ambas de la cuenta pública 2015; la 438 DE a PMI Comercio Internacional de la cuenta pública 2016; así como las 463 DE y 471 DE a Pemex Fertilizantes, de las cuentas públicas 2017 y 2018, respectivamente.

Lo que los auditores concluyeron tras las revisiones multianuales es que la adquisición de las plantas de fertilizantes vendidas por la empresa Altos Hornos de México, derivaron en múltiples inconvenientes que generaron no solo una inversión poco rentable para el Estado, sino pérdidas que superarían ya los 460 millones de dólares.

Por ejemplo, en el dictamen de la auditoría 438 DE a PMI se estableció que los costos relacionados con la rehabilitación y puesta en marcha de las plantas adquiridas se habían estipulado originalmente en 195 millones de dólares, sin embargo, múltiples modificaciones posteriores al contrato elevaron dicho costo a 443 millones de dólares, es decir, 248 millones de dólares por arriba de lo contemplado originalmente

Y en la auditoría 471 DE se identificó un proceso de devaluación de las plantas del complejo, que para el año pasado ya ascendía a 212 millones 600 mil dólares, derivado de trabajos de rehabilitación que no se llevaron a cabo.

Se trata de estimaciones de pérdidas como resultado de esta inversión para Pemex y para el Estado Mexicano, aunque el monto total de los daños y perjuicios por los problemas derivados de todo este procedimiento aún no se ha cuantificado con exactitud.

Entre las irregularidades denunciadas destaca, por ejemplo, que la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados tenía los equipos incompletos, en mal estado o de plano inservibles, algunos con tres décadas de antigüedad y 18 años fuera de operación. Ello contribuyó a que los plazos de operación de la planta se alargaran mucho más allá de lo estipulado.

Se excluyeron de los contratos una serie de trabajos relevantes que se tenían que realizar para la operación de la planta, y por ende tampoco quedaron definidos los plazos. Se subcontrataron empresas con distintos criterios de adjudicación, y no se justificó el sobrecosto de diversos pagos realizados, además de que se realizaron avalúos iniciales que habrían sobreestimado el valor de la instalación.

A ello se suma la realización de pagos sin el debido soporte documental que ampare los trabajos llevados a cabo, pagos distintos por la rehabilitación de los mismos equipos, y la falta de capacidad técnica y humana de empresas subcontratadas para ejecutar en tiempo y forma diversos servicios.

En otro informe, la ASF añade  que en todo este procedimiento nunca se tomó en cuenta la disponibilidad de materias primas que se requería para llevar a cabo la puesta en marcha adecuada de todo el complejo, lo que terminó generando pérdida de dinero y tiempo.

También se detectaron costos adicionales del orden de 22 millones de pesos por el manejo de agua tratada, y de poco más de un millón de pesos por suministros de nitrógeno. Sumado a ello se llevó a cabo la entrega recepción de dos de las plantas del complejo, sin que se realizaran pruebas de confiabilidad, ni el aviso de término de los trabajos, ni certificados de que todo se realizó conforme a lo pactado en el contrato.

Los auditores advierten que un problema de origen, fue que “no se tomaron en cuenta los riesgos asociados al proyecto de inversión en su etapa de ejecución y operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un mercado alternativo”.

La deficiente planeación de todo lo anterior terminó ocasionándole a Pemex Fertilizantes problemas severos de liquidez y endeudamiento, y a Pemex y al país en general la pérdida de recursos en una inversión que ha dejado más problemas que beneficios. 

¿Quiénes son los responsables?

La denuncia interpuesta por la Auditoría, como todas las que presenta ante el Ministerio Público Federal, refiere una serie de hechos irregulares detectados a partir de sus auditorías, pero recae en los fiscales la tarea de identificar a quien resulte responsable, conforme avancen las investigaciones. Los delitos generalmente van desde ejercicio indebido del servicio público hasta posible peculado.

Lo que sí se advierte es que si bien la compra se habría materializado entre 2013 y 2015, con Lozoya al frente de la dirección de Pemex, las anomalías se continuaron detectando en todo el resto del sexenio, abarcando ya otras administraciones.

Desde el punto de vista de la nueva administración de Pemex, la responsabilidad en las inversiones de las plantas de fertilizantes y similares se extiende no solo a la dirección general de la empresa, sino a su Consejo de Administración. Así lo asentaron en la denuncia penal que interpusieron en el caso de Fertinal en marzo pasado, y de la que Animal Político  tiene copia.

En dicho documento la apoderada legal de Pemex y de Pemex Fertilizantes, Martha Edith Rodríguez Acosta, señala que los miembros del Consejo de Administración “son responsables, no solo administrativa y/o civilmente de los daños y perjuicios que llegare a causas a Petróleos Mexicanos por sus actos, hechos u omisiones, sino incluso también penalmente”.

En ese contexto la funcionaria identificó en la denuncia a varios integrantes del Consejo de Administración durante el proceso de análisis y compra de las plantas de fertilizantes, entre los que figuran Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Hacienda, y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Y en el caso específico de la compra de Agro Nitrogenados existe un acta de asamblea del Consejo de Administración con fecha del 17 de diciembre de 2013, donde se presentó esta inversión, y en la que figuran, entre otros, Enrique Ochoa Reza, entonces subsecretario de Hidrocarburos, y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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