Mario Amador se siente atrapado.
Tiene 41 años, es hondureño, de Villanueva, departamento de Cortés, muy cerca de San Pedro Sula. Lleva meses en Ciudad de México. Es un tipo fibroso, que se expresa con seguridad, con el pelo pulcramente cortado y una nariz prominente que, unida a su piel tostada, le da aire de jeque árabe sin turbante. Que años atrás se convirtiese al islam solo es una curiosa coincidencia.
El hombre repite sin cesar que él es empresario, que conoce las leyes, que sabe de qué habla.
Pero sigue atrapado en el sistema legal mexicano desde el 18 de enero, cuando cruzó el puente internacional Rodolfo Robles, que une Guatemala con México, y pidió su condición de refugiado.
Llegó, como al menos otros 10,000 centroamericanos, en caravana. La última marcha exitosa, la que experimentó el espejismo de las tarjetas de visitante por motivos humanitarios, la calma antes de la tempestad que provocó el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que ha disparado la detención de migrantes. Entre el 18 y el 28 de enero, el Instituto Nacional de Migración emitió 13 mil 270 tarjetas. Se trató de una medida excepcional antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomase la política de arresto, detención y deportación.
Mario Amador se benefició de aquella excepción y ahora está a salvo, lo cual para él ya es un logro después de huir de la extorsión de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, las dos grandes pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos.
Pero no puede avanzar ni retroceder. Y eso, después de seis meses, le angustia.
Mario Amador es uno de los 31,355 extranjeros que, entre enero y junio, solicitaron protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). También es beneficiario de una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, un documento que le permite entrar y salir en el país, así como trabajar, durante un año. Sin embargo, él quiere que le reconozcan como refugiado. Que las autoridades admitan que necesita protección y que va a tener que quedarse en México, porque regresar a Honduras no está en los planes.
La ley dice que la Comar ya debería haber resuelto su caso. El plazo para que las autoridades determinen si alguien puede quedarse o no como exiliado es de 45 días hábiles, ampliables a otros 45 más.
El problema es que la institución está colapsada. El número de solicitudes se ha multiplicado en los últimos años de forma dramática. En 2013, apenas 1,296 personas pidieron refugio. Este año son 31,355 peticiones, más que en todo el año anterior, y el cálculo es que puedan llegar a superar las 90,000.
Las cifras muestran hasta qué punto la institución no puede procesar todas las solicitudes que le llegan. El año pasado solo se tramitaron 5,571 peticiones, por cerca de 29,648 demandas de asilo. En 2019 ya se han alcanzado las 31,355. Una de esas peticiones es la de Mario Amador, el empresario de Villanueva que huyó porque ya no podía pagar más a las pandillas.
El suyo es uno de los más de 50,000 casos que siguen pendientes de resolución a pesar de haber superado el plazo legal. En la Ciudad de México, 9,744 expedientes están en suspensión en trámite, es decir, que no aplican los márgenes que impone la normativa. Esta medida viene aplicándose desde 2017, cuando el sismo destruyó las oficinas de Comar en la megalópolis.
“Sigue llegando gente queriendo iniciar el procedimiento de asilo y la institución está colapsada, con largas filas de espera. A pesar de que se ha contratado a más gente, no parece que la Comar esté a la altura. El INM también está colapsado para las visas y sigue llegando mucha gente. Mientras sigan deteniendo tanta gente, si la política es detención y acoso hacia las organizaciones, en lugar de buscar otras alternativas de respuesta, vamos a dejar a un montón de gente en desprotección”, dijo Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita al Refugiado.
Está por ver cómo afectan las medidas anunciadas por Estados Unidos, que recientemente anunció que no aceptará ningún solicitante de asilo que haya pasado previamente por otro país y no solicitase protección. Esto, según la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), puede incrementar el colapso al que se enfrenta la Comar.
El coordinador, Andrés Ramírez, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que el gobierno incremente su presupuesto, que el pasado año se redujo en 5 millones de pesos a pesar de que la cifra de solicitantes se ha multiplicado.
Morir por manejar un taxi en San Pedro Sula
Mario Amador, que es el nombre que acordamos utilizar para la nota, es ajeno al incremento de la presión de Washington. Él pidió refugio antes y, además, tampoco es un caso habitual. Según explica, ni siquiera aspira a llegar a Estados Unidos. Lo que quiere es que México le reconozca su condición de refugiado y pueda rehacer su vida. Quizás en esta decisión tenga que ver que él mismo sabe que, en caso de querer cruzar la frontera norte de forma legal, tendría nulas opciones de ser aceptado. Según explica, vivió en Estados Unidos, en Los Ángeles, entre los 17 y los 33 años. Los últimos cuatro los pasó en prisión, en una cárcel cuyo nombre no quiere desvelar. “Tuve una disputa con un policía que trataba mal a un migrante. Siempre me he opuesto a las injusticias”, asegura.
Deportado a Honduras, Mario Amador tuvo que comenzar su vida de cero. Pero se encontró con una de las grandes amenazas que ahogan a los hondureños: el pago de la extorsión de las pandillas, que en jerga catracha se denomina “impuesto de guerra”.
“Tenía un camión y dos taxis. Los manejaban Josué Castañeda y Roberto Carlos Cruz”, explica. Pagaba 750 lempiras semanales (583 pesos) por cada taxi y 1,500 (1,166 pesos) por el camión. Según relata, pagaba a las dos pandillas. La mitad para el Barrio 18, la mitad para la MS.
La extorsión es un sistema perverso con una única regla fija: si no pagas, te matan. A ti o a tu familia o a tus empleados. El resto de normas las impone la pandilla y pueden cambiar de un día para otro.
A Mario Amador le cambiaron las reglas a finales de diciembre. Un enviado de la mara le dijo que se doblaba la tarifa. “Prácticamente iba a trabajar para ellos”, dice.
Ni siquiera le dio tiempo a alegar o negociar. El 4 de enero, Roberto Carlos Cruz, el piloto de 60 años que manejaba uno de sus taxis a cambio de una tarifa de 400 lempiras (310 pesos) diarias, fue asesinado. Un sicario del Barrio 18 lo mató a tiros en San Pedro Sula. Su antiguo jefe muestra la noticia del homicidio en su celular. Es la prueba de que él podría ser el siguiente.
No hizo falta más advertencias. Un día después, Mario Amador se encontraba en Ocotepeque, municipio fronterizo con Guatemala, dispuesto a escapar. Junto a él, Josué, el otro piloto, el que salvó la vida. Vendió lo que pudo, se aseguró de que sus hijas, que viven con su madre en el sur del país, recibirían la pensión, y no miró atrás. “Es más importante la vida que lo material”, dice.
Diez días después de huir tuvo conocimiento de que llegaría la caravana. Así que esperó. Hasta el momento, este incipiente movimiento se había mostrado como un modo exitoso de atravesar México. Por eso decidió sumarse. Lo que no sabía era que terminaría convertido en uno de los líderes de la marcha. “Me escogieron porque soy empresario, porque sé de leyes”, dice.
De deportado a empresario. De empresario a migrante. De migrante a líder de una caravana que simboliza el éxodo centroamericano. Años vertiginosos para Mario Amador, el hondureño.
El 18 de enero cruzó el puente Rodolfo Robles y pidió su asilo. Ahí empezó su otra odisea. La que enfrenta un tipo que huyó de una muerte segura para que México reconozca que no tenía otra opción que escapar.
“El 18 de enero tuve mi primera entrevista. El 8, la segunda. Ya hice las solicitudes que establece la ley”, protesta. El 20 de enero, dos días después de entrar en México, sufrió las amenazas de un hombre a quien vincula con la caravana de octubre. Dice que le echó en cara su liderazgo y que le advirtió que algo le podría ocurrir. Por eso su expediente fue trasladado desde Tapachula. Un detalle curioso: en su constancia de solicitud viene marcada la palabra “Caravana”. Como si estuviese marcado. Y eso le intranquiliza. Cree que la señal pueda ser similar a lo que ocurre en la frontera norte, donde solicitantes de asilo en Estados Unidos han referido haber sido interrogados sobre las marchas.
Alma Delia Cruz, delegada de Comar en Tapachula, niega que su institución estableciese diferencias entre solicitantes, dependiendo de cuál fue la forma de ingresar al país. “Es simplemente una cuestión operativa, para saber quiénes llegan de la frontera Suchiate y los que llegan a oficina”, explica. “No hay distinción de raza o de nacionalidad, hay un trato igualitario. No es una cuestión de ordenamiento legal”, afirma.
El colapso de la institución es evidente. Actualmente dispone de 17 funcionarios en Tapachula para atender las demandas. Solo este año, sus oficinas han registrado 9,878 casos con 19,793 personas.
Sin embargo, el expediente de Mario Amador ya no está en Chiapas. Y, a pesar de ello, también está paralizado. “Entiendo que se espere un tiempo, pero ¿qué requisitos quieren más de mí?”, se queja. Ha comenzado a estudiar electricidad industrial, quiere rehacer su vida en México, pero, asegura, necesita regularizar su situación.
La parálisis de Comar es su primer problema. Aunque no el único. Todavía tiene que ser aceptado. En 2018, de los 5,531 casos analizados, solo 2,938 fueron aceptados, lo que implica un 53%. Si Mario Amador fuese venezolano tendría prácticamente seguro que accedería a su condición de refugiado. 1,825 de los 1,853 solicitantes procedentes del país caribeño fueron reconocidos como exiliados el año pasado. Para los hondureños la tasa es mucho más baja. De los 1,939 reclamantes que se analizaron solo se aceptaron 536, el 28%.
Es cierto que estas cifras se incrementan si se toma en cuenta a las personas a las que se aplicó algún tipo de protección complementaria, como la visa humanitaria: en total, 1,211 hondureños fueron beneficiados con algún tipo de medida de cuidado, lo que supone el 62% de las solicitudes.
Según datos de la Comar, de los expedientes analizados en 2018 recibieron algún tipo de protección el 99% de los solicitantes venezolanos, el 62% de los hondureños, el 74% de los salvadoreños, el 90% de los nicaragüenses, el 49% de los guatemaltecos.
Con los datos en la mano, la solicitud de Mario Amador es un cara o cruz algo más favorable a ser aceptado. Pero no lo sabrá hasta que le citen en las oficinas de Comar.
“He sido paciente, he esperado mi resolución, pero hay momentos en los que uno siente desesperado”, protesta.
La Comar está colapsada, las solicitudes siguen incrementándose y la presión de Estados Unidos puede empeorar la situación. Este lunes se cumplen los 45 días de plazo impuestos por Donald Trump para que México incrementase las detenciones de migrantes. Está por ver qué evaluación realiza Washington. Mario Amador, mientras tanto, espera. No tiene otra opción.
