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Comisión de Ayuda al Refugiado, colapsada: 50 mil peticiones de asilo aún esperan respuesta

El número de solicitudes se ha multiplicado en los últimos años de forma dramática; en 2013, apenas 1,296 personas pidieron refugio. Este año son 31,355 peticiones.

Mario Amador se siente atrapado. 

Tiene 41 años, es hondureño, de Villanueva, departamento de Cortés, muy cerca de San Pedro Sula. Lleva meses en Ciudad de México. Es un tipo fibroso, que se expresa con seguridad, con el pelo pulcramente cortado y una nariz prominente que, unida a su piel tostada, le da aire de jeque árabe sin turbante. Que años atrás se convirtiese al islam solo es una curiosa coincidencia.

El hombre repite sin cesar que él es empresario, que conoce las leyes, que sabe de qué habla.

Pero sigue atrapado en el sistema legal mexicano desde el 18 de enero, cuando cruzó el puente internacional Rodolfo Robles, que une Guatemala con México, y pidió su condición de refugiado. 

Llegó, como al menos otros 10,000 centroamericanos, en caravana. La última marcha exitosa, la que experimentó el espejismo de las tarjetas de visitante por motivos humanitarios, la calma antes de la tempestad que provocó el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que ha disparado la detención de migrantes. Entre el 18 y el 28 de enero, el Instituto Nacional de Migración emitió 13 mil 270 tarjetas. Se trató de una medida excepcional antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomase la política de arresto, detención y deportación. 

Mario Amador se benefició de aquella excepción y ahora está a salvo, lo cual para él ya es un logro después de huir de la extorsión de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, las dos grandes pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos. 

Pero no puede avanzar ni retroceder. Y eso, después de seis meses, le angustia. 

Mario Amador es uno de los 31,355 extranjeros que, entre enero y junio, solicitaron protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). También es beneficiario de una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, un documento que le permite entrar y salir en el país, así como trabajar, durante un año. Sin embargo, él quiere que le reconozcan como refugiado. Que las autoridades admitan que necesita protección y que va a tener que quedarse en México, porque regresar a Honduras no está en los planes. 

La ley dice que la Comar ya debería haber resuelto su caso. El plazo para que las autoridades determinen si alguien puede quedarse o no como exiliado es de 45 días hábiles, ampliables a otros 45 más.

El problema es que la institución está colapsada. El número de solicitudes se ha multiplicado en los últimos años de forma dramática. En 2013, apenas 1,296 personas pidieron refugio. Este año son 31,355 peticiones, más que en todo el año anterior, y el cálculo es que puedan llegar a superar las 90,000. 

Las cifras muestran hasta qué punto la institución no puede procesar todas las solicitudes que le llegan. El año pasado solo se tramitaron 5,571 peticiones, por cerca de 29,648 demandas de asilo. En 2019 ya se han alcanzado las 31,355. Una de esas peticiones es la de Mario Amador, el empresario de Villanueva que huyó porque ya no podía pagar más a las pandillas.

El suyo es uno de los más de 50,000 casos que siguen pendientes de resolución a pesar de haber superado el plazo legal. En la Ciudad de México, 9,744 expedientes están en suspensión en trámite, es decir, que no aplican los márgenes que impone la normativa. Esta medida viene aplicándose desde 2017, cuando el sismo destruyó las oficinas de Comar en la megalópolis.   

“Sigue llegando gente queriendo iniciar el procedimiento de asilo y la institución está colapsada, con largas filas de espera. A pesar de que se ha contratado a más gente, no parece que la Comar esté a la altura. El INM también está colapsado para las visas y sigue llegando mucha gente. Mientras sigan deteniendo tanta gente, si la política es detención y acoso hacia las organizaciones, en lugar de buscar otras alternativas de respuesta, vamos a dejar a un montón de gente en desprotección”, dijo Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita al Refugiado.

Leer: Bajo la lluvia, migrantes duermen en la calle en espera de asilo en México

Está por ver cómo afectan las medidas anunciadas por Estados Unidos, que recientemente anunció que no aceptará ningún solicitante de asilo que haya pasado previamente por otro país y no solicitase protección. Esto, según la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), puede incrementar el colapso al que se enfrenta la Comar. 

El coordinador, Andrés Ramírez, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que el gobierno incremente su presupuesto, que el pasado año se redujo en 5 millones de pesos a pesar de que la cifra de solicitantes se ha multiplicado

Morir por manejar un taxi en San Pedro Sula

Mario Amador, que es el nombre que acordamos utilizar para la nota, es ajeno al incremento de la presión de Washington. Él pidió refugio antes y, además, tampoco es un caso habitual. Según explica, ni siquiera aspira a llegar a Estados Unidos. Lo que quiere es que México le reconozca su condición de refugiado y pueda rehacer su vida. Quizás en esta decisión tenga que ver que él mismo sabe que, en caso de querer cruzar la frontera norte de forma legal, tendría nulas opciones de ser aceptado. Según explica, vivió en Estados Unidos, en Los Ángeles, entre los 17 y los 33 años. Los últimos cuatro los pasó en prisión, en una cárcel cuyo nombre no quiere desvelar. “Tuve una disputa con un policía que trataba mal a un migrante. Siempre me he opuesto a las injusticias”, asegura.

Deportado a Honduras, Mario Amador tuvo que comenzar su vida de cero. Pero se encontró con una de las grandes amenazas que ahogan a los hondureños: el pago de la extorsión de las pandillas, que en jerga catracha se denomina “impuesto de guerra”. 

“Tenía un camión y dos taxis. Los manejaban Josué Castañeda y Roberto Carlos Cruz”, explica. Pagaba 750 lempiras semanales (583 pesos) por cada taxi y 1,500 (1,166 pesos) por el camión. Según relata, pagaba a las dos pandillas. La mitad para el Barrio 18, la mitad para la MS. 

La extorsión es un sistema perverso con una única regla fija: si no pagas, te matan. A ti o a tu familia o a tus empleados. El resto de normas las impone la pandilla y pueden cambiar de un día para otro. 

A Mario Amador le cambiaron las reglas a finales de diciembre. Un enviado de la mara le dijo que se doblaba la tarifa. “Prácticamente iba a trabajar para ellos”, dice.

Ni siquiera le dio tiempo a alegar o negociar. El 4 de enero, Roberto Carlos Cruz, el piloto de 60 años que manejaba uno de sus taxis a cambio de una tarifa de 400 lempiras (310 pesos) diarias, fue asesinado. Un sicario del Barrio 18 lo mató a tiros en San Pedro Sula. Su antiguo jefe muestra la noticia del homicidio en su celular. Es la prueba de que él podría ser el siguiente. 

No hizo falta más advertencias. Un día después, Mario Amador se encontraba en Ocotepeque, municipio fronterizo con Guatemala, dispuesto a escapar. Junto a él, Josué, el otro piloto, el que salvó la vida. Vendió lo que pudo, se aseguró de que sus hijas, que viven con su madre en el sur del país, recibirían la pensión, y no miró atrás. “Es más importante la vida que lo material”, dice. 

Diez días después de huir tuvo conocimiento de que llegaría la caravana. Así que esperó. Hasta el momento, este incipiente movimiento se había mostrado como un modo exitoso de atravesar México. Por eso decidió sumarse. Lo que no sabía era que terminaría convertido en uno de los líderes de la marcha. “Me escogieron porque soy empresario, porque sé de leyes”, dice.

De deportado a empresario. De empresario a migrante. De migrante a líder de una caravana que simboliza el éxodo centroamericano. Años vertiginosos para Mario Amador, el hondureño. 

El 18 de enero cruzó el puente Rodolfo Robles y pidió su asilo. Ahí empezó su otra odisea. La que enfrenta un tipo que huyó de una muerte segura para que México reconozca que no tenía otra opción que escapar. 

Leer >> Todos alerta: Migrantes eluden retenes en la carretera y corren en un intento de abordar el tren

“El 18 de enero tuve mi primera entrevista. El 8, la segunda. Ya hice las solicitudes que establece la ley”, protesta. El 20 de enero, dos días después de entrar en México, sufrió las amenazas de un hombre a quien vincula con la caravana de octubre. Dice que le echó en cara su liderazgo y que le advirtió que algo le podría ocurrir. Por eso su expediente fue trasladado desde Tapachula. Un detalle curioso: en su constancia de solicitud viene marcada la palabra “Caravana”. Como si estuviese marcado. Y eso le intranquiliza. Cree que la señal pueda ser similar a lo que ocurre en la frontera norte, donde solicitantes de asilo en Estados Unidos han referido haber sido interrogados sobre las marchas.

Alma Delia Cruz, delegada de Comar en Tapachula, niega que su institución estableciese diferencias entre solicitantes, dependiendo de cuál fue la forma de ingresar al país. “Es simplemente una cuestión operativa, para saber quiénes llegan de la frontera Suchiate y los que llegan a oficina”, explica. “No hay distinción de raza o de nacionalidad, hay un trato igualitario. No es una cuestión de ordenamiento legal”, afirma. 

El colapso de la institución es evidente. Actualmente dispone de 17 funcionarios en Tapachula para atender las demandas. Solo este año, sus oficinas han registrado 9,878 casos con 19,793 personas. 

Sin embargo, el expediente de Mario Amador ya no está en Chiapas. Y, a pesar de ello, también está paralizado. “Entiendo que se espere un tiempo, pero ¿qué requisitos quieren más de mí?”, se queja. Ha comenzado a estudiar electricidad industrial, quiere rehacer su vida en México, pero, asegura, necesita regularizar su situación.

La parálisis de Comar es su primer problema. Aunque no el único. Todavía tiene que ser aceptado. En 2018, de los 5,531 casos analizados, solo 2,938 fueron aceptados, lo que implica un 53%. Si Mario Amador fuese venezolano tendría prácticamente seguro que accedería a su condición de refugiado. 1,825 de los 1,853 solicitantes procedentes del país caribeño fueron reconocidos como exiliados el año pasado. Para los hondureños la tasa es mucho más baja. De los 1,939 reclamantes que se analizaron solo se aceptaron 536, el 28%.

Es cierto que estas cifras se incrementan si se toma en cuenta a las personas a las que se aplicó algún tipo de protección complementaria, como la visa humanitaria: en total, 1,211 hondureños fueron beneficiados con algún tipo de medida de cuidado, lo que supone el 62% de las solicitudes. 

Según datos de la Comar, de los expedientes analizados en 2018 recibieron algún tipo de protección el 99% de los solicitantes venezolanos, el 62% de los hondureños, el 74% de los salvadoreños, el 90% de los nicaragüenses, el 49% de los guatemaltecos. 

Con los datos en la mano, la solicitud de Mario Amador es un cara o cruz algo más favorable a ser aceptado. Pero no lo sabrá hasta que le citen en las oficinas de Comar.  

“He sido paciente, he esperado mi resolución, pero hay momentos en los que uno siente desesperado”, protesta. 

La Comar está colapsada, las solicitudes siguen incrementándose y la presión de Estados Unidos puede empeorar la situación. Este lunes se cumplen los 45 días de plazo impuestos por Donald Trump para que México incrementase las detenciones de migrantes. Está por ver qué evaluación realiza Washington. Mario Amador, mientras tanto, espera. No tiene otra opción. 

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Fusiles Barret, AR-15 y lanzacohetes, los arsenales estadounidenses del crimen organizado en México

Los cárteles mexicanos de narcotráfico suelen utilizar armas de guerra, la mayoría compradas ilegalmente en EE.UU. Su creciente capacidad de fuego preocupa a las autoridades de ambos países.
25 de octubre, 2019
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Es una de las imágenes más vistas en redes sociales: camionetas con ametralladoras patrullando las calles de Culiacán, Sinaloa, durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Autoridades y expertos identificaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

Emboscada Aguililla

AFP
El CJNG atacó a policías con granadas y fusiles de asalto en Aguililla, Michoacán.

Un ejemplo ocurrió el 14 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

“La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta”, le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráfico en los últimos años, coinciden especialistas.

Lanzacohetes

AFP
El CJNG usó lanzacohetes para derribar un helicóptero militar.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no solo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales.

En 2016, tras la tercera captura de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ello un Barret.

Ese modelo de arma se utilizó en enero de este año en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre los carteles del Noreste y El Golfo que causó la muerte a 21 personas, según la Fiscalía del estado.

Pero en distintos momentos las autoridades han confiscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena confiscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

Fusil Barret

AFP
El gobierno de México ha confiscado fusiles Barret a carteles de narcotráfico.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como “matapolicías”.

Al Cartel de Sinaloa se le han confiscado bazucas y morteros utilizados en el ejército estadounidense.

Algunos de estos ejemplares se exhiben en el Museo de los Enervantes en las instalaciones centrales de la Sedena, en Ciudad de México.

“Operación Frozen”

El creciente poder de fuego de los carteles de narcotráfico es uno de los problemas más graves del país reconocen autoridades.

De hecho tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas.

Culiacán

AFP
En la operación de Culiacán para rescatar a Ovidio Guzmán se usaron armas de guerra.

El operativo se llama “Frozen” y según el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte de una conversación telefónica con Donald Trump tras la fallida operación militar en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la estrategia consiste en “sellar las fronteras”, para impedir el tráfico ilegal de armas.

La vigilancia se aplicará especialmente en cinco de los principales sitios de cruce fronterizo, donde según la Sedena se concentra el paso irregular de arsenales.

López Obrador propuso que Estados Unidos utilice más sistemas de tecnología, como rayos X o detectores de metales en sus pasos fronterizos.

Más de 200.000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la SRE en el 70% de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego. Muchas son estadounidenses.

Homicidios en México

AFP
El 70% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego.

Las estimaciones oficiales indican que en los últimos diez años ingresaron al país unos dos millones de armas de fuego, de distintos calibres. De éstas se han confiscado 193.000 de acuerdo con la Sedena.

Con la operación “Frozen” se pretende reforzar la seguridad en las aduanas fronterizas donde, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen serios problemas.

En 29 de las 49 garitas aduanales “no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación”.

El dato corresponde al informe de la cuenta pública presentado en 2018 por la ASF, el organismo del Congreso responsable de fiscalizar la aplicación del presupuesto.

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir “camiones completos” con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

Fusil Barret

AFP
El fusil Barret es usado por las tropas de EE.UU.

“Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas”.

Por ejemplo en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

“Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias”.

El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráfico, pero no es el único.

En muchos casos, las autoridades han confiscado armas provenientes de Estados Unidos a bandas más pequeñas. Un ejemplo ocurrió en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confiscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.

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https://www.youtube.com/watch?v=kGxskMQ5l3E

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