En 2016, Monterrey resultó la ciudad más contaminada de México en el ranking de la Organización Mundial de la Salud; tres años después el gobierno de Nuevo León se ha negado a proporcionar información sobre los resultados emprendidos para atender esa problemática.
La negativa se da a pesar de que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, presentó en mayo de 2017 la estrategia estatal para la Calidad del Aire, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Dicha estrategia incluía acciones como el monitoreo de emisiones, un inventario de emisiones, protocolos de emergencia y la regulación de las fuentes fijas de contaminantes.
Sin embargo, en la actualidad, el gobierno estatal rechazó responder a la solicitud de un ciudadano —aún cuando un juez ordenó que diera respuesta—, que haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública pidió informes sobre las medidas implementadas, y las posibles afectaciones a la salud por la mala calidad del aire en Monterrey.
Lo anterior le ocurrió al abogado Hugo Carrillo, que en julio de 2018 le solicitó al gobierno de Nuevo León los resultados obtenidos para mejorar la calidad del aire en la capital del estado, además de pedir las acciones implementadas sobre la materia.
El abogado ingresó ante la oficialía de gobierno una petición con 19 preguntas.
El gobierno del estado respondió en marzo de 2019, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, que “ninguna norma le confiere a los ciudadanos de Nuevo León someter al Gobernador del Estado a un interrogatorio”.
La dependencia, además, respondió que el gobernador sólo estaba obligado, de acuerdo con lo que estipula el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a presentar su escrito anual sobre situaciones y perspectivas generales del Estado y la Administración Pública, en el que se encuentra el apartado ambiental y de equilibrio ecológico.
Tras la respuesta, el ciudadano decidió interponer un amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, que consideró que la respuesta del gobierno local era una “evasiva de la autoridad”, así que le solicitó emitir una respuesta conforme a su derecho al acceso a la información pública.
El gobierno de Nuevo León, por su parte, interpuso un recurso de revisión a la decisión del juez, donde insiste en mencionar que a los ciudadanos no les compete someter al gobernador a un interrogatorio.
A petición de Animal Político, el gobierno de Nuevo León explicó que su negativa se debe a que “tras ser una solicitud promovida en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León, la petición incurre en diversas violaciones de procedimiento que impiden a la administración responder lo peticionado”.
También señaló que entregará aquella información que corresponda a las facultades legales del estado, recordando que en la política ambiental participan los tres niveles de gobierno.
Al ser un caso abierto, agregó, no puede ahondar en detalles técnicos, aunque la resolución del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León les ordena emitir una respuesta al particular, sin determinar el sentido o contenido de la misma.
