Cárceles mexicanas reducen su población, son 57 mil 254 presos menos que hace cuatro años
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Cárceles mexicanas reducen su población, son 57 mil 254 presos menos que hace cuatro años

La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%.
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15 de julio, 2019
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En solo cuatro años la población en las cárceles en México cayó casi 25%. Mientras que al cierre de 2014 había 255 mil 638 internos en prisiones locales y federales del país, en 2019 el registro es de 198 mil 384 personas presas.

La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%. En suma, son 57 mil 254 menos.

Este descenso en la población penitenciaria, que contrasta totalmente con el crecimiento sostenido de 2006 a 2014, coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, eliminó el ingreso automático de personas a prisión preventiva dejando, esa medida solo para seis delitos. Esto hasta antes de una nueva reforma, aprobada hace dos meses, que volvió a expandir el catálogo.

La reducción de una cuarta parte de los internos en México también coincide con el crecimiento de la incidencia delictiva, y particularmente de los homicidios. Algunas personas, como el exjefe de Gobierno y exprocurador Miguel Ángel Mancera sostienen que ambas cosas se relacionan, que al estar menos en la cárcel hay más crimen. “No tengo duda de ello”, dijo a este medio. 

Leer: Mancera reconoce que aumentó inseguridad en la CDMX; lo atribuye a que presos dejan la cárcel

Pero diversos especialistas consultados por Animal Político aseguran que no hay correlación probada entre ambos fenómenos, sino que al contrario, la disminución de la sobrepoblación penitenciaria es un avance en derechos humanos.

No obstante, todos se muestran a favor de que se revise el funcionamiento de los operadores del sistema penal –policías, fiscales y jueces-  principalmente ante la reducción en el número de internos con sentencias, que también evidencian los datos que ahora se muestran.

A nivel estatal, en 27 de las 32 entidades federativas se redujo el número de internos en los últimos cuatro años. Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit son las entidades con el mayor porcentaje de decremento en su población penitenciaria, mientras que Ciudad de México es la entidad con la mayor cantidad de internos menos: casi 15 mil.

El punto de quiebre

La información oficial proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de solicitudes de transparencia, muestra claramente una curva de ascenso en la población penitenciaria que se extendió al menos ocho años, para luego dar paso a un punto de quiebre, a partir de cual inició un descenso acelerado en los últimos años.

De 2006 a 2014, periodo correspondiente al sexenio de Felipe Calderón y la mitad del de Enrique Peña Nieto, el crecimiento de la población penitenciaria fue sostenido casi todos los años. El país paso de contar con 210 mil 140 personas privadas de su libertad en cárceles federales y locales en 2006, a 255 mil 638 reos en 2014. 

Lo anterior equivale a un crecimiento, en ocho años, del 21.6% de la población penitenciaria, 45 mil internos más en ese periodo. El único año en el que hubo un ligero decremento fue de 2009 a 2010. 

Fue a partir de 2015 cuando la población penitenciaria comenzó a decrecer, y a un ritmo mucho más rápido que el de su crecimiento.

Ese año cerró con 247 mil 488 internos. En 2016 el registro fue de 217 mil 868; el año 2017 cerró con 204 mil 761 internos; en 2018 el registro fue de 197 mil 988, mientras que hasta abril de 2019 el balance se mantenía casi igual, con 198 mil 384 personas recluidas.

Lo anterior equivale a un descenso cercano a un 25% en la población penitenciaria. En números exactos: 57 mil 254 internos menos. Ello significa que la caída en el número de personas en las prisiones se revirtió en menos de la mitad del tiempo en el que creció. 

Como resultado el número de personas presas en 2019 es aún menor al registrado hace trece años, en 2016.

La caída de la población penitenciaria ha tenido un impacto significativo en el nivel de sobrepoblación en las cárceles, al menos en el promedio nacional.

En 2009 la cantidad de personas en prisión superaba en casi un 30% el total de lugares disponibles. Con el paso de los años se construyeron o ampliaron lo centros penitenciarios, pero aun así el nivel de sobrepoblación se mantuvo muy por arriba del 2o%

Pero a partir del ya descrito punto de quiebre en 2015, el promedio nacional de sobrepoblación penitenciaria comenzó a descender ubicándose en 18% en ese año, y desplomándose a 3% al año siguiente.

 Y desde 2017 hasta la fecha el total de espacios disponibles ha estado por encima del número de personas recluidas, llegando a un nivel de subocupación del 10% en 2019. Ello significa que de cada 10 espacios disponibles en las cárceles uno está libre, situación inédita hasta la fecha.

¿Qué pasó? Menos presuntos culpables

A partir de los datos oficiales proporcionados por el OADPRS, Animal Político comparó el perfil de la población penitenciaria en 2014, el año con el mayor número de personas presas, respecto al que se registra actualmente, en 2019.

El resultado muestra que la disminución obedece en mayor medida a la caída en el universo de personas encarceladas de forma preventiva, es decir, internos bajo proceso penal pero aun sin sentencia que confirme si son culpables o no.

La información muestra que en 2014, de las 247 mil 488 personas en reclusión, 144 mil 748 eran internos con sentencia condenatoria que equivalen a un 58.5% del total, mientras que 102 mil 740 eran internos en prisión preventiva, que representan un 41.5%.

Para este 2019, donde la población penitenciaria cayó a 198 mil 384 internos, la cifra de internos sentenciados es de 122 mil 913, mientras que el de internos de forma preventiva es de 75 mil 47.

Ello significa que el universo de sentenciados creció (respecto a 2015) a 62%, mientras que el de prisión preventiva disminuyó a 38%. 

Este cambio coincide plenamente con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que en 2015 había sido adoptado ya por la mayoría de los estados, y que a partir de junio de 2016 se volvió de aplicación obligatoria para todo el país.

Con el sistema acusatorio se eliminó el encarcelamiento preventivo automático de personas detenidas, por varios delitos. Ello bajo el principio de que privar de la libertad a una persona que sigue siendo inocente (hasta que en un juicio se pruebe lo contrario) es una medida cautelar que debía limitarse solo a delitos muy graves, como homicidios o crimen organizado, o en aquellos donde las fiscalías justifiquen, con pruebas, que el perfil del presunto culpable (por su peligrosidad o por que puede escapar) hace inviable mantenerlo en libertad durante el juicio.

Recientemente, en abril de este año, se publicó una nueva reforma constitucional en donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (automática). Entre los nuevos ilícitos incluidos está el de posesión de armas de fuego de alto calibre, así como diversos tipos de robo.

El incremento delictivo paralelo

El periodo en el que se ha reducido la población penitenciaria en el país, ya sea por una mayor salida de personas de prisión o un por menor ingreso a las mismas, ha coincidido con el incremento de los índices delictivos en delitos graves en México. Uno de los ejemplos más claros es el de los homicidios. 

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que de 2011 a 2014 se registró un descenso sostenido en la tasa de homicidios dolosos en el país. Pero a partir de 2015 esta situación comenzó a revertirse, con incrementos año con año, hasta llegar a una tasa récord en 2018 de 23.21 homicidios por cada cien mil personas. Fue un ascenso del 74% en los asesinatos, en solo cuatro años. 

Leer: Con 17,500 asesinatos, el primer semestre de AMLO es el más violento de los últimos sexenios

Otros delitos, como el robo de vehículo o a transeúnte, también han experimentado un ascenso en sus tasas en el orden del 10 a 20%.

Para el senador Miguel Ángel Mancera, quien en los últimos 12 años fue tanto procurador de la Ciudad así como Jefe de Gobierno, no existe duda sobre que la salida de internos de las prisiones ha repercutido de forma negativa en las condiciones de seguridad.

“La salida (de los centros penitenciarios) fue descontrolada, acelerada y sin los controles necesarios, y esto generó la escalada de violencia como lo he venido diciendo desde hace años, solo en la CDMX se pasó de 40 mil a 25 reos. Una situación sin precedente”, dijo en entrevista.

Expertos difieren: hay un avance en derechos humanos

Expertos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos difirieron del análisis hecho por Mancera y, por el contrario, señalan que la disminución de la población penitenciaria es un avance en materia de derechos humanos. Ello aun cuando consideran positivo que haya una constante evaluación y revisiones al sistema.

En el aspecto específico de si la reducción de las personas en prisión provocó un alza delictiva, Layda Negrete, Investigadora de la organización World Justice Project y coproductora del documental Presunto Culpable, dijo que se requeriría un análisis mucho más complejo, con diversas variables, y aun con ello es casi seguro que no exista dicho vínculo.

“Es una pregunta muy compleja para analizar las variables, y aun así no podríamos argumentar causalidad. Eso te lo diría como un científico social serio. Hay que recordar que antes, cuando subió la población penitenciaria entre 2012 y 2011 también subieron los homicidios. Por lo tanto no podemos hacer afirmaciones causales simplistas. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto”, señaló.

Alejandro Madrazo Lajous, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale e investigador del CIDE, sostuvo que no es posible probar un vínculo entre ambos temas porque muy probablemente no lo hay. Y subrayó que, por el contrario, la reducción de la sobrepoblación en las cárceles es un tema positivo y un avance obvio en materia de derechos humanos.

Sobre eso abunda Layda Negrete: “Las cárceles sobrepobladas tienen mayores riesgos a maltratar a las personas y a generar sistemas de autogobierno, donde la autoridad no es la que manda sino la población penitenciaria. Y además se está protegiendo de mejor forma la presunción de inocencia, no en el grado que quisiéramos ver, pero sí hay mayor protección de las condiciones de vida en prisión”.

Estefanía Medina Ruvalcaba, abogada fundadora de la organización TOJIL: Estrategia contra la impunidad, coincidió en que no hay información cualitativa que permita establecer una coincidencia entre violencia y población penitenciaria. No obstante, dijo que los datos deben dar pie a una evaluación del sistema de justicia en dos vertientes.

La primera es en cuanto al tema de las sentencias. La reducción de casi 20 mil internos presos con sentencia efectiva, explica Medina, debería ser estudiada con mayor profundidad para determinar si se debe a problemas que están enfrentando los fiscales, para obtener sentencias en el nuevo sistema penal, y de ser necesario corregir el rumbo en ese apartado.

Y la segunda es en el tema de la efectividad de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Medina dijo que aun cuando la personas bajo proceso no estén en prisión se requiere que las unidades de medidas cautelar realicen un seguimiento adecuado de las medidas que se implementan. 

“Sería interesante saber si hay un mayor número de personas que se sustraen de la justicia teniendo alguna de las medidas alternativas, que no son la prisión, y cuál es el impacto de ello. Es un dato importante”, dijo.

En lo que también coincidieron los expertos consultados es que las reformas al artículo 19 de la Constitución aprobadas en abril pasado, y que vuelven a incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva automática, son una medida regresiva, que puede traer de vuelta altos índices de sobrepoblación, y que además es poco efectiva para resolver el fondo de la inseguridad.

“El número de personas encarceladas no debe ser una medida de efectividad del sistema de seguridad del país, ni el objetivo del sistema de justicia. No es el fin meter a la cárcel a más gente sino reducir la violencia. Enfocarnos en personas en prisión es un mal lugar desde donde evaluar la política de seguridad”, dijo Layda Negrete.

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Tsunamis en el Ártico: la nueva y peligrosa amenaza del cambio climático

Geólogos advierten que Alaska está en puertas de un deslizamiento de rocas tan grande que puede ser capaz de provocar un tsunami no visto nunca antes.
28 de octubre, 2020
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Hielo en Alaska

Getty Images
Millones de toneladas de roca pueden deslizarse hasta el océano por el derretimiento del permafrost.

Barry Arm es una estrecha brecha de costa en el sur de Alaska.

No es muy grande si se la compara con el extenso borde de Norteamérica que colinda con el océano Pacífico, pero el lugar provoca una particular preocupación.

En Barry Arm, advierten geólogos, se puede llegar a producir un deslizamiento de hielo y roca capaz de desatar un tsunami catastrófico para la región.

Y ese sería solo uno de los posibles efectos del cambio climático que amenazan a Alaska y otras regiones del Ártico.

Por ello diferentes autoridades, científicos y activistas ambientales quieren llamar la atención sobre el peligro.

¿Alaska en peligro?

“Posibles efectos devastadores” es como califica Anna Liljedahl a lo que puede pasar en Alaska, que algunos científicos hablan incluso de en 12 meses o tan solo algunos años.

La geóloga le señala a BBC Mundo que su preocupación es muy grande debido a que existen condiciones para un deslizamiento mucho más grande que todos los vistos en el siglo XX.

“Se trata de fenómenos diferentes a los que conocimos antes. Y lo peor es que pensamos que se volverán cada vez más frecuentes”, señala la experta del Woods Hole Research Center de Alaska.

 

Liljedahl añade que la energía de un deslizamiento como el que considera es posible en Barry Arm puede superar al de un terremoto de magnitud 7.

“Se trata de una combinación muy peligrosa y es apenas un ejemplo de los peligros que tenemos en Alaska”, afirma.

Ante este tipo de advertencias, la División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska ha querido expresar cautela y señala que monitorea de manera permanente los posibles movimientos de tierra en la zona.

La entidad señala que se generaron modelos para el estudio de la geología de la región para predecir qué tan grande podría ser un tsunami y cómo se propagaría.

Se utilizan monitores con el sistema GPS (sistema de posicionamiento global) que funcionan con energía solar para detectar el potencial de deslizamientos que son los que preceden a los eventos sísmicos.

La preocupación

El estrecho de Barry Arm se encuentra en la bahía de Prince William Sound, en el golfo de Alaska.

Se trata de una zona con frecuente presencia de pescadores y que, antes de la pandemia, también recibía turistas en cruceros.

Ártico

Getty Images
El Ártico es una de las zonas que mayores riesgos corre ante el cambio climático.

Un deslizamiento de millones de toneladas de roca tiene potencial para eliminar esas actividades económicas en el lugar por un tiempo indeterminado.

Así lo advierte Steve Masterman, director de la División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska.

“El más notable de los tsunamis fue en 1958, cuando un deslizamiento de tierra generó una ola que se elevó a 1.700 pies (520 metros)”, señala el experto.

Masterman apunta que las rocas liberadas en esa ocasión eran apenas una décima parte del tamaño de un hipotético deslizamiento en Barry Arm.

Es por ello que la entidad dirigida por Masterman expresó su preocupación sobre los peligros geológicos que corren los habitantes de la zona.

Montañas de Alaska

Getty Images
Alaska puede estar a muy poco de un fenómeno climático devastador, advierten los expertos.

El paulatino del derretimiento del permafrost, la capa de suelo congelado existente en regiones como Alaska, el noreste de Canadá, Groenlandia (Dinamarca) o Siberia (Rusia), es apuntado como uno de los principales factores de riesgo de tsunamis en esa zona.

“El permafrost mantiene unida a la tierra y cuando ese hielo se convierte en agua de manera repentina cambian las condiciones y el suelo puede moverse”, explica Liljedahl.

La geóloga apunta que se trata de un asunto muy complejo porque es difícil hacer un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra esa capa congelada en la región, pese a las numerosas simulaciones con computadores que se realizan.

“Realmente necesitamos saber un poco más para determinar qué tan peligroso es el deslizamiento que se avecina. Por eso creemos necesario que se conozca de esta amenaza”, indica.

Liljedahl, al igual que Masterman y un grupo de científicos escribieron una carta pública a mediados de año advirtiendo del peligro de que un deslizamiento y un tsunami devastador se produzca en Alaska.

Otros peligros

Alaska no es la única región que se encuentra en peligro, explica la geóloga del Woods Hole Research Center.

También Columbia Británica, una provincia en el noroeste de Canadá, y Noruega se encuentran ante la posibilidad de deslizamientos y tsunamis por causa del cambio climático.

Terremoto Alaska

Getty Images
En 1964, Alaska vivió un terremoto que dejó decenas de muertos.

“A medida que el calentamiento global continúe derritiendo los glaciares y el permafrost, los tsunamis creados por deslizamientos de tierra están emergiendo como una amenaza mayor”, explica.

Durante el siglo pasado, 10 de los 14 tsunamis más altos registrados ocurrieron en áreas montañosas glaciares.

En 1958, el deslizamiento de tierra en la bahía de Lituya, en Alaska, creó una ola de más de 520 metros, la más alta jamás vista en la zona.

También, después de un el terremoto en Alaska en 1964, la mayoría de las muertes se debieron a tsunamis provocados por deslizamientos de tierra bajo el agua.

190 personas fallecieron aquella vez y se lo registra como el movimiento sísmico más poderoso en Estados Unidos.


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