Cárceles mexicanas reducen su población, son 57 mil 254 presos menos que hace cuatro años
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Cárceles mexicanas reducen su población, son 57 mil 254 presos menos que hace cuatro años

La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%.
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15 de julio, 2019
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En solo cuatro años la población en las cárceles en México cayó casi 25%. Mientras que al cierre de 2014 había 255 mil 638 internos en prisiones locales y federales del país, en 2019 el registro es de 198 mil 384 personas presas.

La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%. En suma, son 57 mil 254 menos.

Este descenso en la población penitenciaria, que contrasta totalmente con el crecimiento sostenido de 2006 a 2014, coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, eliminó el ingreso automático de personas a prisión preventiva dejando, esa medida solo para seis delitos. Esto hasta antes de una nueva reforma, aprobada hace dos meses, que volvió a expandir el catálogo.

La reducción de una cuarta parte de los internos en México también coincide con el crecimiento de la incidencia delictiva, y particularmente de los homicidios. Algunas personas, como el exjefe de Gobierno y exprocurador Miguel Ángel Mancera sostienen que ambas cosas se relacionan, que al estar menos en la cárcel hay más crimen. “No tengo duda de ello”, dijo a este medio. 

Leer: Mancera reconoce que aumentó inseguridad en la CDMX; lo atribuye a que presos dejan la cárcel

Pero diversos especialistas consultados por Animal Político aseguran que no hay correlación probada entre ambos fenómenos, sino que al contrario, la disminución de la sobrepoblación penitenciaria es un avance en derechos humanos.

No obstante, todos se muestran a favor de que se revise el funcionamiento de los operadores del sistema penal –policías, fiscales y jueces-  principalmente ante la reducción en el número de internos con sentencias, que también evidencian los datos que ahora se muestran.

A nivel estatal, en 27 de las 32 entidades federativas se redujo el número de internos en los últimos cuatro años. Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit son las entidades con el mayor porcentaje de decremento en su población penitenciaria, mientras que Ciudad de México es la entidad con la mayor cantidad de internos menos: casi 15 mil.

El punto de quiebre

La información oficial proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de solicitudes de transparencia, muestra claramente una curva de ascenso en la población penitenciaria que se extendió al menos ocho años, para luego dar paso a un punto de quiebre, a partir de cual inició un descenso acelerado en los últimos años.

De 2006 a 2014, periodo correspondiente al sexenio de Felipe Calderón y la mitad del de Enrique Peña Nieto, el crecimiento de la población penitenciaria fue sostenido casi todos los años. El país paso de contar con 210 mil 140 personas privadas de su libertad en cárceles federales y locales en 2006, a 255 mil 638 reos en 2014. 

Lo anterior equivale a un crecimiento, en ocho años, del 21.6% de la población penitenciaria, 45 mil internos más en ese periodo. El único año en el que hubo un ligero decremento fue de 2009 a 2010. 

Fue a partir de 2015 cuando la población penitenciaria comenzó a decrecer, y a un ritmo mucho más rápido que el de su crecimiento.

Ese año cerró con 247 mil 488 internos. En 2016 el registro fue de 217 mil 868; el año 2017 cerró con 204 mil 761 internos; en 2018 el registro fue de 197 mil 988, mientras que hasta abril de 2019 el balance se mantenía casi igual, con 198 mil 384 personas recluidas.

Lo anterior equivale a un descenso cercano a un 25% en la población penitenciaria. En números exactos: 57 mil 254 internos menos. Ello significa que la caída en el número de personas en las prisiones se revirtió en menos de la mitad del tiempo en el que creció. 

Como resultado el número de personas presas en 2019 es aún menor al registrado hace trece años, en 2016.

La caída de la población penitenciaria ha tenido un impacto significativo en el nivel de sobrepoblación en las cárceles, al menos en el promedio nacional.

En 2009 la cantidad de personas en prisión superaba en casi un 30% el total de lugares disponibles. Con el paso de los años se construyeron o ampliaron lo centros penitenciarios, pero aun así el nivel de sobrepoblación se mantuvo muy por arriba del 2o%

Pero a partir del ya descrito punto de quiebre en 2015, el promedio nacional de sobrepoblación penitenciaria comenzó a descender ubicándose en 18% en ese año, y desplomándose a 3% al año siguiente.

 Y desde 2017 hasta la fecha el total de espacios disponibles ha estado por encima del número de personas recluidas, llegando a un nivel de subocupación del 10% en 2019. Ello significa que de cada 10 espacios disponibles en las cárceles uno está libre, situación inédita hasta la fecha.

¿Qué pasó? Menos presuntos culpables

A partir de los datos oficiales proporcionados por el OADPRS, Animal Político comparó el perfil de la población penitenciaria en 2014, el año con el mayor número de personas presas, respecto al que se registra actualmente, en 2019.

El resultado muestra que la disminución obedece en mayor medida a la caída en el universo de personas encarceladas de forma preventiva, es decir, internos bajo proceso penal pero aun sin sentencia que confirme si son culpables o no.

La información muestra que en 2014, de las 247 mil 488 personas en reclusión, 144 mil 748 eran internos con sentencia condenatoria que equivalen a un 58.5% del total, mientras que 102 mil 740 eran internos en prisión preventiva, que representan un 41.5%.

Para este 2019, donde la población penitenciaria cayó a 198 mil 384 internos, la cifra de internos sentenciados es de 122 mil 913, mientras que el de internos de forma preventiva es de 75 mil 47.

Ello significa que el universo de sentenciados creció (respecto a 2015) a 62%, mientras que el de prisión preventiva disminuyó a 38%. 

Este cambio coincide plenamente con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que en 2015 había sido adoptado ya por la mayoría de los estados, y que a partir de junio de 2016 se volvió de aplicación obligatoria para todo el país.

Con el sistema acusatorio se eliminó el encarcelamiento preventivo automático de personas detenidas, por varios delitos. Ello bajo el principio de que privar de la libertad a una persona que sigue siendo inocente (hasta que en un juicio se pruebe lo contrario) es una medida cautelar que debía limitarse solo a delitos muy graves, como homicidios o crimen organizado, o en aquellos donde las fiscalías justifiquen, con pruebas, que el perfil del presunto culpable (por su peligrosidad o por que puede escapar) hace inviable mantenerlo en libertad durante el juicio.

Recientemente, en abril de este año, se publicó una nueva reforma constitucional en donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (automática). Entre los nuevos ilícitos incluidos está el de posesión de armas de fuego de alto calibre, así como diversos tipos de robo.

El incremento delictivo paralelo

El periodo en el que se ha reducido la población penitenciaria en el país, ya sea por una mayor salida de personas de prisión o un por menor ingreso a las mismas, ha coincidido con el incremento de los índices delictivos en delitos graves en México. Uno de los ejemplos más claros es el de los homicidios. 

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que de 2011 a 2014 se registró un descenso sostenido en la tasa de homicidios dolosos en el país. Pero a partir de 2015 esta situación comenzó a revertirse, con incrementos año con año, hasta llegar a una tasa récord en 2018 de 23.21 homicidios por cada cien mil personas. Fue un ascenso del 74% en los asesinatos, en solo cuatro años. 

Leer: Con 17,500 asesinatos, el primer semestre de AMLO es el más violento de los últimos sexenios

Otros delitos, como el robo de vehículo o a transeúnte, también han experimentado un ascenso en sus tasas en el orden del 10 a 20%.

Para el senador Miguel Ángel Mancera, quien en los últimos 12 años fue tanto procurador de la Ciudad así como Jefe de Gobierno, no existe duda sobre que la salida de internos de las prisiones ha repercutido de forma negativa en las condiciones de seguridad.

“La salida (de los centros penitenciarios) fue descontrolada, acelerada y sin los controles necesarios, y esto generó la escalada de violencia como lo he venido diciendo desde hace años, solo en la CDMX se pasó de 40 mil a 25 reos. Una situación sin precedente”, dijo en entrevista.

Expertos difieren: hay un avance en derechos humanos

Expertos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos difirieron del análisis hecho por Mancera y, por el contrario, señalan que la disminución de la población penitenciaria es un avance en materia de derechos humanos. Ello aun cuando consideran positivo que haya una constante evaluación y revisiones al sistema.

En el aspecto específico de si la reducción de las personas en prisión provocó un alza delictiva, Layda Negrete, Investigadora de la organización World Justice Project y coproductora del documental Presunto Culpable, dijo que se requeriría un análisis mucho más complejo, con diversas variables, y aun con ello es casi seguro que no exista dicho vínculo.

“Es una pregunta muy compleja para analizar las variables, y aun así no podríamos argumentar causalidad. Eso te lo diría como un científico social serio. Hay que recordar que antes, cuando subió la población penitenciaria entre 2012 y 2011 también subieron los homicidios. Por lo tanto no podemos hacer afirmaciones causales simplistas. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto”, señaló.

Alejandro Madrazo Lajous, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale e investigador del CIDE, sostuvo que no es posible probar un vínculo entre ambos temas porque muy probablemente no lo hay. Y subrayó que, por el contrario, la reducción de la sobrepoblación en las cárceles es un tema positivo y un avance obvio en materia de derechos humanos.

Sobre eso abunda Layda Negrete: “Las cárceles sobrepobladas tienen mayores riesgos a maltratar a las personas y a generar sistemas de autogobierno, donde la autoridad no es la que manda sino la población penitenciaria. Y además se está protegiendo de mejor forma la presunción de inocencia, no en el grado que quisiéramos ver, pero sí hay mayor protección de las condiciones de vida en prisión”.

Estefanía Medina Ruvalcaba, abogada fundadora de la organización TOJIL: Estrategia contra la impunidad, coincidió en que no hay información cualitativa que permita establecer una coincidencia entre violencia y población penitenciaria. No obstante, dijo que los datos deben dar pie a una evaluación del sistema de justicia en dos vertientes.

La primera es en cuanto al tema de las sentencias. La reducción de casi 20 mil internos presos con sentencia efectiva, explica Medina, debería ser estudiada con mayor profundidad para determinar si se debe a problemas que están enfrentando los fiscales, para obtener sentencias en el nuevo sistema penal, y de ser necesario corregir el rumbo en ese apartado.

Y la segunda es en el tema de la efectividad de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Medina dijo que aun cuando la personas bajo proceso no estén en prisión se requiere que las unidades de medidas cautelar realicen un seguimiento adecuado de las medidas que se implementan. 

“Sería interesante saber si hay un mayor número de personas que se sustraen de la justicia teniendo alguna de las medidas alternativas, que no son la prisión, y cuál es el impacto de ello. Es un dato importante”, dijo.

En lo que también coincidieron los expertos consultados es que las reformas al artículo 19 de la Constitución aprobadas en abril pasado, y que vuelven a incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva automática, son una medida regresiva, que puede traer de vuelta altos índices de sobrepoblación, y que además es poco efectiva para resolver el fondo de la inseguridad.

“El número de personas encarceladas no debe ser una medida de efectividad del sistema de seguridad del país, ni el objetivo del sistema de justicia. No es el fin meter a la cárcel a más gente sino reducir la violencia. Enfocarnos en personas en prisión es un mal lugar desde donde evaluar la política de seguridad”, dijo Layda Negrete.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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