La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre la presentación de seis denuncias penales y 12 administrativas contra funcionarios federales y estatales, que presuntamente incurrieron en omisiones y delitos como tortura, al investigar la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014.
Las denuncias penales involucran a 235 personas del servicio público, y las administrativas a 140 funcionarios, y derivan de las violaciones graves a derechos señaladas en la recomendación 15VG/2018.
“Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) ‘El Chereje’, en las inmediaciones del Río ‘San Juan’ de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, que están detalladas en el Apartado 31 de dicha Recomendación”, refirió la CNDH, en un comunicado.
También destacan, de acuerdo con la Comisión, dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, “por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses ‘Costa Line’ 2513 y ‘Estrella Roja’ 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida Recomendación”.
Un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— “fueron denunciadas por participar en actos de Tortura, trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, Detención Arbitraria y otras Violaciones en los 65 casos en que este Organismo Constitucional Autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso, que están detalladas en el Apartado 32 de la Recomendación, y también a ellos se les denunció por en la vía administrativa”.
En cuanto al caso de Carlos Canto, detenido como presunto responsable por la desaparición de normalistas, y que de acuerdo con videos sufrió tortura de parte de las autoridades, la CNDH señaló que dicho material fue incorporado al expediente y, “en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de Tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso, para lo cual aportó un dictamen en materia Criminalística y una Opinión Técnica Médico-Psicológica”.
De acuerdo con información presentada en el noticiario En Punto de Televisa, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) supo desde el primer momento que Canto Salgado había sido torturado,presuntamente a manos de agentes federales e incluso marinos, sin que actuara contra los culpables.
Entre las denuncias por el caso Iguala, agrega la CNDH, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal, y dos agentes de dicha corporación, “por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’ y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos.
“También se les denunció por incumplimiento de los Deberes del Régimen Disciplinario ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal”, explicó la Comisión.
Las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto que las administrativas, “por el incumplimiento de obligaciones de personas servidoras públicas en la investigación de los hechos de Iguala”, en 7 de los casos fueron presentadas ante la Secretaría de la Función Pública.
