Un proceso de adquisición realizado sin convocatoria pública de por medio, datos incompletos o contradictorios, denuncias por presunto sobreprecio, documentos que se ha decidido mantener bajo reserva por al menos cinco años, y una investigación penal en curso. Esto es lo que hay detrás de la renta que el gobierno de Veracruz hizo este año de 160 patrullas nuevas.

Así lo evidencian los resultados de diversas solicitudes de información interpuestas por Animal Político vía transparencia. Esto luego de que el gobernador Cuitláhuac García hiciera pública la adquisición –en realidad arrendamiento– de estos vehículos con un costo de un millón 300 mil pesos cada uno, el pasado 3 de mayo.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad proporcionó algunos datos que no coinciden con lo anunciado públicamente por el gobernador, y que confirman, además, que fue un proceso realizado sin convocatoria pública. La dependencia se negó a proporcionar cualquier documento que sustente lo reportado invocando una clasificación de cinco años.

Esta contratación se encuentra bajo investigación de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General de Justicia local, luego de que se hicieran públicos datos de contratos en otras entidades donde un vehículo, casi idéntico, se había adquirido en menos del 40 % del monto anunciado por García.

Información confusa y a medias

El pasado 2 de mayo, el gobernador de Veracruz realizó el evento oficial de salida de las 160 nuevas patrullas. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter señaló: “Adquirimos 160 patrullas con un monto de inversión de 208 millones de pesos”, y publicó diversas fotos de los vehículos.

A partir de dicho anunció se solicitaron vía transparencia diversos datos relacionados con el procedimiento de adquisición. La información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad no coincide con lo dicho por el gobernador.

Pero en el mismo documento, la SSP añade que no se compró ninguna patrulla sino que se arrendaron por un costo mensual por 42 mil 542 pesos por unidad. Si se toma en cuenta que el gobernador dijo que eran 160 unidades y la cobertura del crédito sería por tres años, el monto a pagar ascendería a 245 millones de pesos, es decir, casi 40 millones arriba de lo dicho por el Cuitláhuac García.

En el mismo documento la Secretaría reconoce que no hubo alguna convocatoria pública para la adquisición de estos vehículos. Lo que se señala es que “por ser materia de seguridad” se optó por una licitación simplificada y una adjudicación directa, sin especificar cuál de los dos procedimientos fue el definitivo.

En el caso de la licitación simplificada, se señala que se invitaron a ocho compañías a participar de las cuales fueron tres las que presentaron una propuesta: Automovilística Andrade S.A. de C,V., Gema Automotores S.A. de C.V., y Metro Solaris México S.A. de C.V. De esas tres, según el documento, la elegida fue Automovilística Andrade S.A. de C,V.

Por otro lado, la SSP indica que se realizó un proceso de adjudicación directa en el cual se escogió a la compañía Lumo Financiera del Centro. S.A. de C.V.

En este contexto se requirió a la SSP a través de otra solicitud copia en versión pública de los documentos que sustentan dicha información, entre ellos la autorización de suficiencia presupuestal, la autorización de excepción al procedimiento de licitación pública, estudio de mercado, bases del procedimiento, cartas invitación a proveedores, fallo del procedimiento, contrato, anexos al mismo, y copias de facturas de pago.

La respuesta  fue que dicha información tiene un carácter “estrictamente reservado” lo cual fue aprobado por el Comité de Transparencia de la referida dependencia. 

Dicha negativa se sustentó en dos argumentos: que la información proporcionada puede comprometer la seguridad pública, y la segunda que se encuentra contenida dentro de investigaciones de hechos que la ley considere como posibles delitos. Esta segunda razón fue la señalada por la dependencia como impedimento para, al menos, proporcionar una versión pública.

Ante esta negativa se promovió una queja ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información la cual continúa sin resolverse luego de que ya se amplió el periodo para el análisis.

El posible sobreprecio y las investigaciones

Luego de que el gobernador de Veracruz diera a conocer la adquisición del referido lote de patrullas por un costo promedio de 1 millón 300 mil pesos cada una, surgieron señalamientos de posibles sobreprecios en su adquisición.

Por ejemplo, el senador de PAN, Julen Rementería, dio a conocer en un tuit que en Sinalo se había adquirido el mismo modelo de vehículo patrulla equipada, de modelo 2018, casi a la mitad del precio. El legislador calculó un potencial sobreprecio total de más de 80 millones de pesos en la adjudicación de este contrato.

Estimado gobernador @CuitlahuacGJ, hoy usted hizo pública la compra de 160 patrullas por un monto de 208 mdp, es decir, 1.3 mp por patrulla.

Sin embargo, el ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, adquirió el año pasado la misma patrulla, sólo que mod. 2018, a casi la mitad de precio. pic.twitter.com/3kdiWESrDg

— Julen Rementeria (@julenrementeria) 3 de mayo de 2019

Integrantes de la iniciativa privada también expresaron dudas en la adquisición de los vehículos pues consideraron que era un precio demasiado elevado por cada auto, y pidieron que se transparentara el caso.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García negó que existiera un sobrecosto e incluso sostuvo que con el esquema utilizado se habrían ahorrado hasta 27 mil pesos por cada unidad adquirida.

El caso derivó incluso en un choque entre el gobernador y la prensa luego de que el primero fuera cuestionado en entrevista por la falta de información sobre el procedimiento de compra de estas patrullas, pregunta que García contestó con una evasiva en tono burlón. La situación que generó varios reclamos de los periodistas.

En ese contexto la bancada de oposición en el Congreso del Estado interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la entidad para que se indague el procedimiento realizado. De forma paralela la Contraloría de la entidad también inició una indagatoria administrativa. Ambos procesos continúan abiertos.

Polémica gestión

La investigación penal por la adquisición de estas patrullas con posible sobreprecio se suma a otras varias más iniciadas por compras o hechos relacionados con la administración de Cuitláhuac García, quien lleva poco más de un semestre en el cargo.

De acuerdo con autoridades locales, también existen indagatorias abiertas por la adquisición sin licitación pública de medicamentos a una empresa de nombre Abisalud, relacionada con el exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. Dicho caso fue revelado en un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A ello, se suma otra investigación iniciada apenas esta semana por el presuntos delitos cometidos por servidores públicos luego de que se descubriera que García designó a familiares suyos en cargos de su administración, situación que el gobernador ha rechazado en varias ocasiones.

Incluso, se difundieron fotografías de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno de la entidad, encabezada por Eric Cisneros, en la que presume haber viajado el pasado fin de semana a la playa utilizando un helicóptero oficial de la entidad. El gobierno local difundió un comunicado en el que sostiene que esto no fue así.