Carlos Acuña, periodista de 31 años, se acostó el jueves 11 de julio pensando que esa podía ser su última noche en su departamento en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la Ciudad de México.
“Sientes una angustia tremenda. Es un impacto emocional brutal”, explica. Guarda media vida en el departamento que logró salvar y la otra media en casa de un vecino, por si acaso. Las próximas tres semanas el juzgado tiene vacaciones, lo que le supone un respiro, pero teme que la orden para expulsarle se reactive en cualquier momento.
Acuña lleva nueve años residiendo en un edificio de seis plantas y cinco bodegas. Se trata de un inmueble del mediados del siglo pasado que se construyó como vivienda social. En la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones.
No es el único que teme ser expulsado.
Todos sus vecinos pueden serlo.
Hasta el mismísimo Café Trevi puede pasar a la historia.
El destino del edificio es convertirse en despachos de coworking y un hotel boutique.
Así lo tienen planeado la inmobiliaria que compró el inmueble en 2018. Según Acuña, el destinatario último de los bienes es Banca Mifel S.A., pero la gestión la lleva la inmobiliaria Iteractiva S.A.P.I. que tiene como nombre comercial Público Coworking.
“Esta era una zona indeseable en la que vivíamos indeseables”, ironiza Daniel Gutiérrez, inquilino con más de dos décadas en el edificio. Después del sismo de 1985 la zona quedó dañada. No era atractiva.
Hasta que empresas como Público Coworking fijaron sus ojos en ella. Así funciona la gentrificación: los vecinos de siempre son sustituidos por inquilinos con mayor poder adquisitivo. Las grandes empresas inmobiliarias incrementan los precios o ponen sobre la mesa montos que gente normal, como Acuña o Gutiérrez, no pueden abonar. Desaparecen los comercios de siempre, como el Trevi, y aparecen nuevas franquicias y negocios.
La compra y venta de un inmueble puede ser injusta, pero no tiene por qué ser ilegal.
Sin embargo, en este caso, los inquilinos tenían preferencia para adquirirlo.
De acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México, existe un concepto que se llama “derecho al tanto”. Significa que los arrendatarios tienen prioridad respecto a terceros en caso de que el dueño quiera vender.
No fue así. Los cuatro propietarios, Ángel Lascurain Cabrera-Villoro, Cristina Cabrera Villoro, María Isabel Cabrera Villoro y Jaime Lascurain Cabrera vendieron a la inmobiliaria, de acuerdo con los testimonios de los entrevistados.
De hecho, documentos a los que accedieron los arrendatarios prueban que el fidecomiso que se hizo con la propiedad ya existía en 2017. Sospechan que la operación ya estaba cerrada.
Únicamente dieron una opción a los vecinos que querían mantener sus viviendas: comprar todo el edificio, para lo que debían desembolsar 80 millones de pesos.
A partir de ese momento, la expulsión ha sido una espada de Damocles.
Animal Político contactó con Público Coworking para conocer su versión, pero uno de sus ejecutivos dijo no disponer de voceros para ofrecer explicaciones.
Los desalojos de viviendas son un fenómeno que va en aumento. Según datos obtenidos por 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, el número de desahucios no ha hecho más que incrementarse.
“En 2014 la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México. En 2015 fueron 3 mil. Durante 2016, el número fue de 3 mil 200. En 2017, 3 mil 141. En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Y tan sólo hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.
Y estos son únicamente los que contaron con permiso para la acción de la fuerza pública, sin contar los lanzamientos sin la intervención de ninguna autoridad.
Denuncias contra los vecinos que no se marchan
Para que Acuña pasase la noche del jueves pensando que podría ser la última en su departamento tuvo que ocurrir una sucesión de hechos. De forma resumida: al tener conocimiento de la venta, 13 de los vecinos recurrieron a los jueces. Dos de ellos interpusieron amparos personales y otros 11 un amparo colectivo. El procedimiento principal se encuentra en el juzgado 20 civil de la Ciudad de México, con número de expediente 318/2018, y señala a los cuatro propietarios originales.
“Lo que ha sucedido desde entonces es un juego de ruleta rusa. Derivado de nuestra demanda para acceder a nuestro derecho a comprar el espacio que hemos habitado por años, Banca Mifel contraatacó mediante una lluvia de demandas en nuestra contra, demandas que no tenían fundamento. Ante esta embestida, algunos vecinos han aceptado desistir de sus exigencias, negociar, irse”, dice Acuña.
Existen nueve procesos en contra de los arrendatarios. Uno de ellos les llega a acusar de falsificar sus propias firmas.
“Se nos acusa principalmente de no pagar nuestro alquiler, aunque todos nuestros pagos están debidamente consignados”, dice Acuña, que califica de “absurdas” las acciones en su contra.
El problema para el periodista es que una de estas demandas sí que llegó a buen puerto. La querella le acusa de no pagar su renta. Desde que el edificio está en litigio, pero él depositaba su mensualidad en el juzgado. Sin embargo, otro juez consideró que esto había modificado sus pagos. Y ordenó que le echasen de casa.
“Hubo muchas irregularidades. Admiten el desalojo sin llevar el procedimiento al final, sin darme opción a que otro revise o a un amparo”, denuncia.
Insiste en la angustia provocada por la amenaza de desalojo.
“Sientes un resquebrajamiento en tu vida cotidiana, en tu vida íntima. Es una degradación de la vida y una humillación”, explica.
En un primer momento, puso a salvo las cosas de valor: computadora, televisor, electrodomésticos. Pero luego cayó en la cuenta de que ahí estaban, más desnudas que nunca, las fotografías, los cuadernos.
El viernes despertó pensando que un grupo de hombres contratados llegarían y echarían abajo su puerta.
Mientras esperaba, comenzó a recibir visitas. Uno, dos, tres vecinos. Hasta una veintena. Todos dispuestos a poner el desalojo un poco más difícil a los “cargadores”, ese cuerpo que se contrata para los lanzamientos como si fuese un equipo de mudanza, pero termina actuando como un batallón de antidisturbios.
De repente, los comercios comenzaron a enviar regalos. Algo de chocolate contra el frío. Unas tortas. Una botellita de mezcal.
“Por un lado sentía angustia. Pero, por otro, el sentimiento de organización ciudadana y de cuidado me parece que nos rescata de la simple y aplastante categoría de víctima, la cual, además, me cuesta aceptar porque tengo alternativas”, dice Acuña. Es consciente de que su condición de periodista y su acceso a medios le ubica en una posición de privilegio. Es decir, la amenaza de perder su departamento es real, pero ha conseguido difundir su caso.
¿Qué ocurre en tantos otros casos de hombres y mujeres anónimos y sin acceso a una red con la que protegerse?
Al final, el desahucio no tuvo lugar, explica Acuña.
Dice que a las 14.00 recibió la llamada de uno de los socios propietarios de lo que sigue siendo su casa, y que le anunció que él mismo había parado el desalojo.
Dice que su objetivo sigue siendo negociar, que no están cerrados a nada, que tiene que haber una opción para salvar el Trevi, un negocio histórico del que dependen 15 trabajadores.
Esta puede parecer una historia individual, de unos inquilinos enfrentados con sus antiguos caseros. Pero va mucho más allá. Va de los barrios de la Ciudad de México, de cómo se configuran y en qué pueden convertirse. Va de barrios en los que no te quiten la casa para montar una oficina y que cafés como el Trevi puedan sobrevivir sin que el mercado inmobiliario termine por engullirles.
