Vecinos en CDMX temen desalojos porque inmobiliaria quiere hacer despachos y un hotel boutique
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Vecinos en CDMX temen desalojos porque inmobiliaria quiere hacer despachos y un hotel boutique

Vecinos del edificio donde está el café Trevi acusan que se les trata de desalojar con acusaciones "absurdas" como que no han pagado su alquiler.

Carlos Acuña, periodista de 31 años, se acostó el jueves 11 de julio pensando que esa podía ser su última noche en su departamento en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la Ciudad de México. 

“Sientes una angustia tremenda. Es un impacto emocional brutal”, explica. Guarda media vida en el departamento que logró salvar y la otra media en casa de un vecino, por si acaso. Las próximas tres semanas el juzgado tiene vacaciones, lo que le supone un respiro, pero teme que la orden para expulsarle se reactive en cualquier momento. 

Leer: ‘No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’: testimonios del desalojo en la colonia Juárez

Acuña lleva nueve años residiendo en un edificio de seis plantas y cinco bodegas. Se trata de un inmueble del mediados del siglo pasado que se construyó como vivienda social. En la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones.

No es el único que teme ser expulsado. 

Todos sus vecinos pueden serlo. 

Hasta el mismísimo Café Trevi puede pasar a la historia. 

El destino del edificio es convertirse en despachos de coworking y un hotel boutique. 

Leer: Cafetería Trevi y Tortas Robles, dos negocios clásicos en riesgo de desaparecer

Así lo tienen planeado la inmobiliaria que compró el inmueble en 2018. Según Acuña, el destinatario último de los bienes es Banca Mifel S.A., pero la gestión la lleva la inmobiliaria Iteractiva S.A.P.I. que tiene como nombre comercial Público Coworking. 

“Esta era una zona indeseable en la que vivíamos indeseables”, ironiza Daniel Gutiérrez, inquilino con más de dos décadas en el edificio. Después del sismo de 1985 la zona quedó dañada. No era atractiva.

Hasta que empresas como Público Coworking fijaron sus ojos en ella. Así funciona la gentrificación: los vecinos de siempre son sustituidos por inquilinos con mayor poder adquisitivo. Las grandes empresas inmobiliarias incrementan los precios o ponen sobre la mesa montos que gente normal, como Acuña o Gutiérrez, no pueden abonar. Desaparecen los comercios de siempre, como el Trevi, y aparecen nuevas franquicias y negocios.

La compra y venta de un inmueble puede ser injusta, pero no tiene por qué ser ilegal. 

Sin embargo, en este caso, los inquilinos tenían preferencia para adquirirlo. 

De acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México, existe un concepto que se llama “derecho al tanto”. Significa que los arrendatarios tienen prioridad respecto a terceros en caso de que el dueño quiera vender.

No fue así. Los cuatro propietarios, Ángel Lascurain Cabrera-Villoro, Cristina Cabrera Villoro, María Isabel Cabrera Villoro y Jaime Lascurain Cabrera vendieron a la inmobiliaria, de acuerdo con los testimonios de los entrevistados. 

De hecho, documentos a los que accedieron los arrendatarios prueban que el fidecomiso que se hizo con la propiedad ya existía en 2017. Sospechan que la operación ya estaba cerrada. 

Únicamente dieron una opción a los vecinos que querían mantener sus viviendas: comprar todo el edificio, para lo que debían desembolsar 80 millones de pesos. 

A partir de ese momento, la expulsión ha sido una espada de Damocles. 

Animal Político contactó con Público Coworking para conocer su versión, pero uno de sus ejecutivos dijo no disponer de voceros para ofrecer explicaciones. 

Los desalojos de viviendas son un fenómeno que va en aumento. Según datos obtenidos por 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, el número de desahucios no ha hecho más que incrementarse.

“En 2014 la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México. En 2015 fueron 3 mil. Durante 2016, el número fue de 3 mil 200. En 2017, 3 mil 141. En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Y tan sólo hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”. 

Y estos son únicamente los que contaron con permiso para la acción de la fuerza pública, sin contar los lanzamientos sin la intervención de ninguna autoridad.

Denuncias contra los vecinos que no se marchan

Para que Acuña pasase la noche del jueves pensando que podría ser la última en su departamento tuvo que ocurrir una sucesión de hechos. De forma resumida: al tener conocimiento de la venta, 13 de los vecinos recurrieron a los jueces. Dos de ellos interpusieron amparos personales y otros 11 un amparo colectivo. El procedimiento principal se encuentra en el juzgado 20 civil de la Ciudad de México, con número de expediente 318/2018, y señala a los cuatro propietarios originales. 

“Lo que ha sucedido desde entonces es un juego de ruleta rusa. Derivado de nuestra demanda para acceder a nuestro derecho a comprar el espacio que hemos habitado por años, Banca Mifel contraatacó mediante una lluvia de demandas en nuestra contra, demandas que no tenían fundamento. Ante esta embestida, algunos vecinos han aceptado desistir de sus exigencias, negociar, irse”, dice Acuña. 

Existen nueve procesos en contra de los arrendatarios. Uno de ellos les llega a acusar de falsificar sus propias firmas. 

“Se nos acusa principalmente de no pagar nuestro alquiler, aunque todos nuestros pagos están debidamente consignados”, dice Acuña, que califica de “absurdas” las acciones en su contra.

El problema para el periodista es que una de estas demandas sí que llegó a buen puerto. La querella le acusa de no pagar su renta. Desde que el edificio está en litigio, pero él depositaba su mensualidad en el juzgado. Sin embargo, otro juez consideró que esto había modificado sus pagos. Y ordenó que le echasen de casa. 

“Hubo muchas irregularidades. Admiten el desalojo sin llevar el procedimiento al final, sin darme opción a que otro revise o a un amparo”, denuncia. 

Insiste en la angustia provocada por la amenaza de desalojo. 

 “Sientes un resquebrajamiento en tu vida cotidiana, en tu vida íntima. Es una degradación de la vida y una humillación”, explica. 

En un primer momento, puso a salvo las cosas de valor: computadora, televisor, electrodomésticos. Pero luego cayó en la cuenta de que ahí estaban, más desnudas que nunca, las fotografías, los cuadernos. 

El viernes despertó pensando que un grupo de hombres contratados  llegarían y echarían abajo su puerta.

Mientras esperaba, comenzó a recibir visitas. Uno, dos, tres vecinos. Hasta una veintena. Todos dispuestos a poner el desalojo un poco más difícil a los “cargadores”, ese cuerpo que se contrata para los lanzamientos como si fuese un equipo de mudanza, pero termina actuando como un batallón de antidisturbios.

De repente, los comercios comenzaron a enviar regalos. Algo de chocolate contra el frío. Unas tortas. Una botellita de mezcal. 

“Por un lado sentía angustia. Pero, por otro, el sentimiento de organización ciudadana y de cuidado me parece que nos rescata de la simple y aplastante categoría de víctima, la cual, además, me cuesta aceptar porque tengo alternativas”, dice Acuña. Es consciente de que su condición de periodista y su acceso a medios le ubica en una posición de privilegio. Es decir, la amenaza de perder su departamento es real, pero ha conseguido difundir su caso. 

¿Qué ocurre en tantos otros casos de hombres y mujeres anónimos y sin acceso a una red con la que protegerse?

Al final, el desahucio no tuvo lugar, explica Acuña. 

Dice que a las 14.00 recibió la llamada de uno de los socios propietarios de lo que sigue siendo su casa, y que le anunció que él mismo había parado el desalojo. 

Dice que su objetivo sigue siendo negociar, que no están cerrados a nada, que tiene que haber una opción para salvar el Trevi, un negocio histórico del que dependen 15 trabajadores. 

Esta puede parecer una historia individual, de unos inquilinos enfrentados con sus antiguos caseros. Pero va mucho más allá. Va de los barrios de la Ciudad de México, de cómo se configuran y en qué pueden convertirse. Va de barrios en los que no te quiten la casa para montar una oficina y que cafés como el Trevi puedan sobrevivir sin que el mercado inmobiliario termine por engullirles.

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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