La Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva ley única de extinción de dominio, la cual se busca dar al Estado nuevas facultades para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades ilícitas, entre las que ahora se incluirán hechos de corrupción y robo de combustible (huachicoleo).

En la sesión extraordinaria de este 25 de julio, el Pleno aprobó el dictamen con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones; posteriormente continuó con la discusión de las propuestas de modificación.

La nueva ley define a la extinción de dominio como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación”.

Los bienes a los cuales podrá aplicarse la extinción son aquellos que “sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos”, y aplica para los delitos de secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

“El dictamen destaca que la extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito. Para aquellos de destinación ilícita, dicha acción prescribirá en 20 años. Además, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal, no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias subsisten aun contra los herederos”, expuso la Cámara en un comunicado.

Además de expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.