El Estado de México recibió 68 mil 952 millones de pesos del Ramo 23, una partida presupuestal para las entidades que incluye fondos para pavimentación, fortalecimiento financiero, desarrollo municipal, entre otros, pero en estos han ocurrido presuntos actos de soborno conocidos como “moches”.
De acuerdo con el estudio “Ramo General 23, de la discrecionalidad al abuso”, realizado por Ricardo Alvarado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esta partida presupuestal cada año gasta más de lo que originalmente le etiqueta el Congreso.
Este es el primer año en que el Congreso aprobó el presupuesto para este ramo propuesto por el Ejecutivo que ascendió a 112 mil 997 millones, lo que significa el mayor monto aprobado en los últimos 5 años, pero es 28 % menor con respecto al gasto ejercido durante 2018.
Sin embargo, en el avance presupuestal del primer trimestre de la Secretaría de Hacienda, el monto fue modificado y aumentó a 114 mil 173 millones de pesos. Las principales modificaciones son: el aumento de casi 15 mil millones de pesos a los fideicomisos de los fondos de estabilización.
Los subsidios entregados a través de esta partida presupuestal han sido señalados como medios para ejercer recursos públicos para fines privados. De hecho en 2013, el diario Reforma publicó que el entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, condicionaba la entrega de recursos federales adicionales para gobiernos municipales al pago de un porcentaje del monto autorizado en el presupuesto o la contratación de empresas recomendadas por él para ejecutar la obra.
Aunque se inició una investigación en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), no concluyó en alguna responsabilidad contra alguien por no encontrar elementos constitutivos de delito.
Pese a estos antecedentes, el Ramo general 23 sigue sin medidas de rendición de cuentas y transparentes en su asignación y ejecución. Hasta el momento, ni siquiera existen criterios claros para la distribución a los estados.
En el análisis del ejercicio del Ramo 23 entre 2013 y 2018, el investigador Ricardo Alvarado detectó que el Estado de México, entonces gobernado por Eruviel Ávila, fue la entidad que más recursos recibió mediante este Ramo, pues los 68 mil 952 millones de pesos significan 12 % del total dispersado a los estados.
La Ciudad de México, cuyo jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera, fue la segunda entidad más beneficiada, con 32 mil 37 millones de pesos. Le sigue Puebla, con 30 millones 375 mil pesos, entonces gobernado por Rafael Moreno Valle y Chiapas, cuyo gobernador era Manuel Velasco, fue la cuarta con más recursos. En 19 entidades alcanzaron menos del 3 % de la bolsa repartida y Tlaxcala fue la entidad con menos recursos con apenas un punto porcentual.
La investigación concluyó que el número de habitantes no influyó en la asignación de los recursos por entidad. Al considerar la población de cada estado, Colima es la entidad que más recursos del Ramo 23 obtuvo per cápita: 34,449 pesos y el Estado de México, con 4,260 pesos per cápita se colocó por debajo del promedio nacional de 6,282. Por ello es que “pareciera ser que el número de habitantes por cada entidad federativa no fue un criterio relevante para asignar recursos del Ramo 23”.
Tampoco lo fue el nivel de marginación, toda vez que prácticamente todos los municipios que obtuvieron más de 200 millones de pesos “reportan un índice de marginación menor a 40 de 100 puntos”.
Además, en los últimos 10 años, mientras la Cámara de Diputados ha incrementado en promedio 1.14 % el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, las modificaciones hechas al ramo general 23 ha tenido incremento promedio de 37.1 %.
Y el gobierno federal termina entregando todavía más de lo presupuestado a los estados. De 2013 a 2018 el monto gastado en realidad es 74.4 % mayor al aprobado por la Cámara de Diputados.
Peor aún, uno de cada dos pesos en los subsidios entregados a las entidades federativas desde el ramo 23 “fue a través de fondos que no establecen objetivos de gasto, criterios de asignación, reglas de operación, lineamientos, ni mecanismos de rendición de cuentas”.
En la investigación se destaca que debido a que ni el Legislativo ni el Ejecutivo han hecho transparentes los criterios con los cuales asignan recursos a las entidades “existe la posibilidad de que, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional, el objetivo sea desviar recursos hacia programas que busquen generar beneficios políticos para los actores involucrados”.
