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Cuartoscuro

Ejército torturó y detuvo ilegalmente a un hombre en Michoacán; pasó 5 años en prisión

Un hombre de Michoacán fue arrestado en 2012 y condenado en 2015 por cargar un costal con armas. En 2017 un juez revisó el caso y ordenó su libertad. Ahora la CNDH reconoce que fue torturado por los militares que lo detuvieron.
Cuartoscuro
26 de julio, 2019
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Siete años después de ser detenido y torturado y cuatro después de presentar una queja ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), un hombre originario de Michoacán logró el reconocimiento por parte de las instituciones de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo torturaron. 

La CNDH hizo pública el lunes una recomendación a su titular, Luis Crescencio Sandoval González, por “violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura”.

El hombre fue arrestado el 21 de abril de 2012 en el poblado “Las Parotas”, municipio de Tuzantla, Michoacán. Los militares que lo detuvieron le acusaron de portar un costal con siete armas largas, 808 cartuchos y 33 cargadores. Él siempre negó que las armas fuesen suyas, aunque durante los interrogatorios admitió formar parte de un grupo criminal que no es precisado en la recomendación de la CNDH. 

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En 2015 un juez le condenó a ocho años y ocho meses de prisión.

En 2017, el 9 de mayo, otro juez ordenó su libertad por considerar que la versión de que él era quien cargaba las armas en un costal carecía de credibilidad.

La víctima nunca será resarcida. Fue asesinado el 29 de mayo de 2017, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Charo, Michoacán, apenas 20 días después de recuperar la libertad. Por eso, la recomendación 45/2019 pide a la Sedena que localice a los hijos de la víctima, que en el momento de la detención tenían 14 y 10 años, para que puedan ser resarcidos con medidas como apoyo psicológico. Según refiere el documento, la esposa de la víctima se encuentra desaparecida. 

En su informe, la CNDH contradice la versión ofrecida por los elementos de Sedena. Estos aseguraron haber recibido una denuncia anónima. Al presentarse en la zona habrían observado al demandante, quien trató de escapar con el costal lleno de armas y fue detenido.

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Este relato no concuerda con lo testificado tanto por el hombre como por su esposa y sus hijos. 

“Contrario a lo asentado en la referida puesta a disposición, este Organismo Nacional contó con evidencias que acreditaron que la detención aconteció en circunstancias diferentes, esto es, que elementos de la Sedena irrumpieron su domicilio sin orden de cateo expedida por autoridad competente”, dice el informe. 

El testimonio del hombre señala que los soldados entraron en su domicilio y se lo llevaron a una barranca, donde fue golpeado.

Irrumpieron en su casa

Los hechos ocurrieron entre las 15:30 y las 16:00 horas del 21 de abril. El denunciante aseguró que unos 48 uniformados en 4 camionetas irrumpieron en su domicilio. Todos iban armados salvo el hombre que lo detuvo. Le preguntaron si trabajaba para la “maña” (en referencia a una organización delincuencial) y lo subieron en la camioneta con una playera sobre la cabeza.  

En una brecha fue torturado.

Lo arrastraron, lo golpearon, lo amenazaron con dispararle, le dieron patadas en las costillas, le ahogaron con agua. 

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El denunciante aseguró haber perdido el conocimiento en tres ocasiones. 

“Lo golpearon, le dieron cachetadas en la cara y “mazapanes” (sic) en la cabeza, es decir, le pegaban con la mano abierta porque “querían que dijera que las cuatro personas trabajaban para él”, lo hincaron y le tomaron fotografías, lo volvieron a levantar y le pegaron en la cara y en el estómago”, dice la recomendación, haciendo referencia a la declaración de la víctima. 

“En ese lugar estuvo como una hora y cuando intentaron subirlo a una camioneta, no quiso porque querían que pusiera las manos sobre las armas que llevaban en la caja, las cuales había visto previamente. Sintió un golpe en la nuca, quedó inconsciente y cuando reaccionó ya estaba en Morelia, Michoacán, en una “casa de arraigo”, de lo cual se enteró porque le preguntó a un oficial de los que “traen como un gafete, (…) al parecer de la PGJ o PGR”, quien le comentó que estaba ahí porque llevaba armas”. 

12 horas en manos de los elementos de Sedena

La versión de los militares se refuta en el documento. En primer lugar, porque el actuario del juzgado del distrito, en una intervención del 8 de agosto de 2013, reconoce que las armas sí caben en el costal pero que sería imposible correr con ellas a la espalda. 

Otra de las pruebas que sustentan la versión del agraviado son las marcas que presentó tras ser detenido. “En el dictamen de integridad física de las 07:16 horas del 22 de abril de 2012, elaborado en la Delegación Estatal en Michoacán de la entonces PGR, se describió a V1 con diversas huellas de lesiones sobre su superficie corporal (múltiples excoriaciones y equimosis), las cuales fueron contemporáneas y con un tiempo de evolución no mayor de 24 horas desde su producción”. Es decir, que tenía marcas de golpes que habían sido realizadas en el momento en el que él refiere haber sido detenido. 

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“El dictamen médico del 23 de abril de 2012, en el que personal médico de la entonces SIEDO, lo describió con ocho equimosis y veintiocho excoriaciones cubiertas de costra hemática, las que en opinión del personal médico de este Organismo Nacional, tenían una temporalidad de producción de 1 a 3 días, y por tanto, coincidían con el lapso de tiempo al día referido como aquél de la detención, esto es, al 21 de abril de 2012”, dice la recomendación. 

La CNDH también censura la falta de apego a los protocolos, ya que la detención se realizó sin orden de aprehensión. En caso de que el arresto se hubiese producido en flagrancia, como sostienen los militares, el organismo de Derechos Humanos cuestiona las doce horas que transcurren desde que el hombre es arrestado, a las 4 de la tarde, hasta que es presentado ante la Fiscalía, a las 4 de la madrugada. 

Un detalle que muestra la complicidad de autoridades con el maltrato. Antes de que el hombre fuese conducido ante el Ministerio Público Federal, fue visto por un comandante de Pelotón de Sanidad del 25/o Regimiento de Caballería Motorizado en la delegación estatal de la entonces PGR de Morelia, quien describió su exploración física: “sin lesiones de reciente producción”. 

“Debió haber sido puesto a disposición del Ministerio Público Federal aproximadamente entre las 18:35 o las 19:05 horas”, dice la recomendación. 

El informe también da credibilidad a las denuncias por torturas. Se basa tanto en el testimonio de la víctima como en declaraciones de los doctores que lo atendieron en prisión. 

“Los agentes aprehensores no justificaron las circunstancias fácticas en las que sucedió la detención, ya que ni en el informe de puesta a disposición, su ratificación, ni en los careos, justificaron las razones por las cuales presentó las lesiones que fueron documentadas. Contrario a ello, se acreditaron los elementos de la tortura física infligida por elementos de la SEDENA, quienes al momento de su detención ejercieron un rol de autoridad”, dice el documento.

Personal médico de la CNDH concluyó que “las lesiones que presentó eran similares a las producidas por traumas contusos y compatibles con las descritas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inclusive presentó como secuelas cicatrices en región toracolumbar izquierda, región lumbar y cara lateral izquierda de tórax”.

La CNDH presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un delito de tortura, así como una queja ante el Órgano Interno de Control de la Sedena para sancionar a los tres militares identificados. 

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

protestas chile

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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