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Cuartoscuro

La suplantación de una empresa y un depósito millonario las claves en el juicio a Juan Collado

Un empresario queretano, afectado por presuntas transacciones ilícitas es la clave en la investigación de FGR contra Collado y otros de sus socios.
Cuartoscuro
Por Francisco Sandoval y Arturo Angel
11 de julio, 2019
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Suplantación de identidad, falsificación de firmas y una red de operaciones financieras que presuntamente beneficiaron directamente a Juan Ramón Collado, son los principales indicios con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR)  en el proceso que se le sigue a este abogado acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la FGR (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) inició el pasado 7 de junio, cuando el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció el robo de su identidad, con el fin de vender una millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros (Libertad), que dirige el abogado.

Lee: Peña Nieto y Salinas, supuestos dueños de empresa de Collado ligada a desvíos, según denuncia

La investigación de la FGR está fortalecida con una averiguación previa (la DP/16/2016) iniciada el 22 de marzo de 2016 en la Fiscalía de Justicia Querétaro, que sigue abierta, así como con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio (RPC) de Querétaro y la denuncia de hechos presentada por el empresario, el abogado Collado y cuatro personas más (José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega) utilizaron la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, así como otras 3 compañías presuntamente pertenecientes a una misma red de personas cercanas a él, que resultan piezas claves para entender la complicada trama.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la UIF, presentada durante la audiencia inicial del abogado juan Ramón Collado, el sistema utilizado “pareciera comprobar la existencia de un esquema operativo encaminado a generar una multiplicidad de transacciones financieras destinadas a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos… (que) muy posiblemente devienen de la existencia de actos de carácter ilícito”, donde los más beneficiados fueron Collado y Rico Rico.

Lee: Sociedades financieras y casas de empeño, la red empresarial del abogado Juan Collado

Los hechos

En la denuncia de hechos ante la FGR, el empresario Sergio Hugo Bustamante presentó documentos notariados donde señala que él, junto al contador público José Antonio Rico Rico, eran dueños desde abril de 2010 y en partes iguales de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V, sociedad que su vez había adquirido un terreno de 3,877.17 metros cuadrados, en el que edificaron el Centro Comercial Centro Sur de Querétaro y por el cual él cobraba una renta mensual de poco más de 800 mil pesos.

En los documentos notariados, Bustamante señaló que como administrador único de la compañía fungía el señor Guadalupe Aboites Hernández.

No sólo eso. Dijo que sin bien por varios años había recibido la renta sin falta, fue en 2015 que se enteró, por palabras de su propio socio, que éste había vendido sin previo aviso y sin su consentimiento el inmueble en cuestión a la empresa Libertad Servicios Financieros, donde apenas unos años antes Rico Rico había fungido como vicepresidente.

Lee: Juan Collado permanecerá preso en el Reclusorio Norte; defensa impugnará la medida cautelar

Agregó que como parte de sus propias pesquisas se enteró que su socio no sólo había vendido el terreno sin otorgarle un peso por la transacción, sino que en el RPC de Querétaro, dependiente del Gobierno del Estado, existían documentos que daban cuenta de una compañía paralela con el mismo nombre, pero con diferentes socios, quienes finalmente concretaron la millonaria venta a favor del abogado Juan Ramón Collado.

Además, denunció que en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de julio de 2013, a la cual no fue convocado, se falsificó su firma para hacer un cambio de accionistas, donde quedaron como nuevos dueños José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú. Los dos con el 50 por ciento de las acciones, cada uno. El valor total de la sociedad, de acuerdo con un acta de asamblea registrada en el RPC, pasó de valer 50 mil pesos a 57 millones 700 mil pesos.

Señaló que fue el 25 de marzo de 2015 cuando el señor José Antonio Vargas Hernández, a través de un poder presuntamente otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico vendió el terreno en cuestión en un precio de 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa Libertad.

Leer: Juan Collado, el abogado de priistas, empresarios y exfuncionarios señalados por corrupción

Como prueba presentó la escritura número 14163 de fecha 25 de marzo de 2015, ante el notario público adscrito a la notaria número 2, cuyo titular es el licenciado Salvador Cuevas Álvarez. En el documento se señala que fue Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, quien fungió como representante de Libertad.

Más. Dijo que en una reunión con su socio Rico Rico, donde le reclamó el dinero de la venta, éste le mencionó que para concretar la transacción del inmueble el Presidente del Consejo de Libertad, José Ramón Collado, le puso como condición entregarle 24 millones de pesos del precio total del inmueble.

Producto de esa venta, de acuerdo con estados financieros conseguidos por Bustamante,  la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V, depositó el dinero a Collado mediante una transferencia del 10 de abril 2015, dinero que a su vez se traspasó presuntamente a las cuentas de otras empresas: Administradora Cimatario S.A. de C.V; Despacho Integral de Inmuebles S.A de C.V, y Administradora Ario S.A. de C.V, cuyos representantes están supuestamente vinculados con Rico Rico.

“(En) La salida del dinero, la persona que administró, representó y firmó fue Tania Patricia García Ortega”, denunció Bustamante.

Las pruebas

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, mismas que se integraron al expediente de la FGR, el Ministerio Público local citó a declarar a Fanny Gabriela Frías y José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, supuestos dueños de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, quienes negaron un vínculo con dicha compañía.

Lee: ¿Cómo logró la FGR armar un caso contra Collado y encarcelarlo en menos de un mes? Aquí las claves

Fanny Gabriela dijo que laboraba como afanadora y que nunca había adquirido acciones de la empresa, en tanto José de Jesús Alberto  dijo que desconocía su participación en la empresa queretana.

Además, José de Jesús Alberto mencionó que jamás le había otorgado ningún poder a nadie y que tampoco había acudido ante un notaria para hacerlo, por lo que interpuso una denuncia penal en contra de la notaria que emitió el documento con el que se aprobó la vente del inmueble en disputa.

Además, Bustamante documentó que Tania Patricia García abrió una cuenta bancaria, a nombre de Operadora de Inmuebles del Centro, donde depositó los 156 millones de pesos producto de la venta.

Los argumentos de la FGR

Tras revisar los hechos, las pruebas y las primeras investigaciones de la UIF, la FGR estableció que se cuenta con datos suficientes para formular la denuncia en contra del abogado Collado y los 4 implicados en este caso.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía “se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera Libertad… con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado”.

De la revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación en que se interviene, indicaron se advierte una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., adquirido por Libertad… “operaciones que podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el Sistema Financiero Nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son”.

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

Getty Images
En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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