SCT gastó más de lo aprobado para aeropuerto, mientras Sedesol dejó de usar millones contra pobreza
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SCT gastó más de lo aprobado para aeropuerto, mientras Sedesol dejó de usar millones contra pobreza

Para el programa "Proyectos de construcción de aeropuertos" de la SCT se aprobaron 5 mil 550 mdp, y a fin de cuentas el gasto fue de 59 mil 690.7 mdp.
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1 de julio, 2019
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El gobierno de Enrique Peña Nieto apostó por lograr la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, el llamado NAIM que a la postre cancelaría Andrés Manuel López Obrador, así que antes de dejar el poder la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la dependencia que aumentó más su gasto, y que rebasó con la mayor cantidad el presupuesto que le habían asignado los legisladores.

Al mismo tiempo, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue la instancia que dejó más recursos sin utilizar, respecto a lo aprobado por los diputados, un subejercicio que se centró en programas como el de construcción de infraestructura indígena, y el de inclusión social Prospera.

Los rezagos en el gasto se registraron en “programas sociales importantes”, mientras que, por el contrario, los sobreejercicios se observaron en programas administrativos o de apoyo, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Según dicho estudio, enviado a los legisladores federales, en 2018 -último año de Peña Nieto- para el programa “Proyectos de construcción de aeropuertos” de la SCT se aprobaron 5 mil 550 millones de pesos, y a fin de cuentas el gasto fue de 59 mil 690.7 millones de pesos.

Es una diferencia de 54 mil 140.7 millones de pesos, 975% más, respecto a lo aprobado originalmente. El año previo, 2017, el sobreejercicio de esa misma asignación había sido de 12 mil 518.9 mdp, 225%; en 2016, de 31 mil 394,7 mdp, de 551%, y en 2015 de 14 mil 053 mdp, una diferencia de 200% más respecto a lo aprobado.

Como se observa, 2018 fue, por mucho, el año con el sobreejercicio más alto del rubro K005 para construcción de aeropuertos.

Leer: Gobierno de Peña gastó 102 mdp en tres años para promocionar en medios el NAIM  

El monto de 2018 para el aeropuerto contribuyó a que la SCT fuera la dependencia con la variación más alta, entre lo ejercido y lo aprobado (un sobre-ejercicio de 57,695.9 millones de pesos), seguida de la Secretaría de Educación Pública (rebasó su presupuesto con 34,497.3 millones de pesos), y la Secretaría de Gobernación (20,792.1 mdp).

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, Comunicaciones y Transportes en 2018 aumentó su gasto 33.4% respecto al año previo, convirtiéndose en la dependencia con la mayor alza.

En su primera entrega sobre la fiscalización de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un monto por aclarar o un presunto gasto irregular de 44 millones 128 mil 446 pesos, en obras relacionadas con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Sedesol ‘guardó’ presupuesto

La otra cara de la moneda, según refiere el estudio, son Sedesol y las Entidades No Sectorizadas, que dejaron de ejercer en 2018 seis mil 774.5 millones de pesos, respecto a lo aprobado por el Congreso.

Es decir, eran recursos disponibles, presupuesto social que no se utilizó.

En el Ramo 20 de la Secretaría de Desarrollo Social, detalló el Centro de estudios, se dejaron de ejercer 5 mil 941 millones de pesos, 5.6% menos que lo aprobado. 

Ese menor gasto se registró principalmente en la partida S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social, “en el cual de un presupuesto anual de 46 mil 396.0 mdp, al cierre del año sólo se ejercieron 39 mil 811.4 mdp, esto es que se dejaron de ejercer 6 mil 584.6 millones de pesos”.

En una revisión a las cuentas públicas, cada año la Secretaría de Desarrollo Social terminó gastando menos de lo que le aprobaron para el programa S072 PROSPERA.

En 2014, le aprobaron 38 mil 551.8 mdp, y gastó 34 mil 294.2 mdp, un subejercicio de 4 mil 257 millones de pesos.

En 2015, le aprobaron  39 mil 862.5 mdp, y el gasto fue de  37,911.3 mdp, una diferencia de 1,951.2 mdp.

En 2016, le aprobaron  46 mil 327.5 mdp, y el gasto fue de 44 mil 274 mdp,  una diferencia de 2 mil 053.4 mdp.

En 2017, le aprobaron 46 mil 184.3 mdp, y el gasto ejercido fue de  41 mil 212,9 mdp, un subejercicio de 4,971.4 mdp.

Los subejercicios más altos se dieron en 2017 y 2018, en el cierre del gobierno de Peña Nieto.

De vuelta al análisis del gasto social en 2018, en el programa  S176  “Pensión para Adultos Mayores” se dejaron de ejercer tres mil 853.4 mdp, aunque el Centro de Estudios también explicó que “dichas variaciones se compensaron, parcialmente, con los mayores gastos en otros programas, tales como el M001 ‘Actividades de Apoyo Administrativo’, en el cual se erogaron mil 268.2 mdp más que lo autorizado”.

En cuanto al Ramo 47 “Entidades No Sectorizadas” se registraron erogaciones inferiores en 833.5 mdp al aprobado, lo que en términos relativos significó una reducción de 9%.

“Esta contracción del gasto se registró básicamente en dos programas: E033 ‘Atención a Víctimas’ en el que se dejaron de ejercer 476.8 mdp, lo que significó 55.9% por debajo de su presupuesto anual; y S179 ‘Programa de Infraestructura Indígena’ en el que se dejaron sin erogar 291.7 mdp”,  apuntó el Centro de Estudios.

Es de llamar la atención que los rezagos en el gasto se hayan registrado en programas sociales importantes, mientras que los sobreejercicios, en la  mayoría de los casos analizados, se observaron en programas administrativos o de apoyo”, agregó.

En cuanto al sobreejercicio de la SEP, el Centro señaló que el rubro “Apoyos a centros y organizaciones de educación” se ejercieron 23 mil 579.5 millones de pesos por arriba de lo aprobado, lo que implicó una variación o sobreejercicio de 763.2%.

“Al respecto, debe señalarse que, desde 2014 de manera recurrente el mayor gasto del Ramo 11, lo ha determinado, en gran parte, el Pp U080 ‘Apoyos a centros y organizaciones de educación’, por lo que convendría conocer cuáles son las causas de que año con año se ejerzan en este, recursos muy superiores a los que se le aprueban” en el Presupuesto, indicó el CEFP.

“De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, respecto a este programa observó, entre otras cosas, falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, pagos superiores a los establecidos en el tabulador, personal que no fue localizado en los  centros de trabajo, incumplimiento del sistema contable y presupuestal con base en lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de diferencias en los informes trimestrales, entre el monto ministrado y lo reportado como pagado a la SHCP”, agregó.

En el análisis funcional del gasto programable, se observa que el gasto en Desarrollo Social, con todo y subejercicios, aumentó 1.4% anual en 2018. Si bien hubo un alza, esta fue antecedida por un reducción de 7.7% en 2017, el año en que el gobierno de Peña Nieto contrajo más el gasto social.

El incremento de 2018 tuvo como principales elementos Protección Social, Educación y Salud.

Durante toda la administración anterior, Desarrollo Social fue la función a la que se destinó más gasto programable, 57.4% del total; para Desarrollo Económico fue 31.5%, y para Gobierno 6.9%.

Y de hecho fue la única que, en promedio, tuvo un crecimiento anual, de 1.1%; el gasto de Gobierno (que incluye Justicia, Seguridad Interior y Seguridad Nacional) tuvo un promedio anual de crecimiento de 0%, y el de Desarrollo Económico fue de -1.5%.

En el primer trimestre de 2019, el gobierno de López Obrador destinó 62% del gasto programable a Desarrollo Social, casi 5% más en comparación con el promedio observado en todo el gobierno de Peña Nieto; por otro lado, a Desarrollo Económico ha destinado 3% menos, aunque dentro de ese rubro le da preponderancia al gasto energético.

De enero a mayo, con López Obrador como presidente, la Secretaría de Energía gastó 457% más, respecto al mismo periodo del año pasado.

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BBC

Brexit: 3 aspectos que cambiarán en la vida de europeos y británicos tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Este 1 de enero acaba el llamado "periodo de transición" en el que Londres y Bruselas mantuvieron la mayoría de las leyes de la Unión mientras negociaban su nueva relación. ¿Qué pasa ahora?
BBC
1 de enero, 2021
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Reino Unido abandonó la Unión Europea (UE) el pasado 31 de enero de 2020, pero los cambios más visibles para ciudadanos europeos y británicos de a pie se notarán en 2021.

Este 1 de enero acaba el llamado “periodo de transición” en el que Londres y Bruselas mantuvieron la mayoría de las leyes de la Unión mientras negociaban su nueva relación.

Y el pasado 24 de diciembre, tras varios meses de intensas negociaciones y cuatro años de terremoto político originado por el referendo del Brexit, ambas partes sellaron el acuerdo que definirá su relación futura por décadas.

Aunque esto evita el llamado “Brexit duro” -una salida del bloque sin acuerdo- europeos y británicos ya no contarán con las mismas libertades que antes.

El Brexit supone, entre otros cambios, el fin del libre movimiento de personas, la imposición de controles aduaneros y la limitación de servicios que antes fluían de un lado a otro sin mayores restricciones.

Las nuevas regulaciones están contenidas en un documento de más de mil páginas donde se abordan, además, otros puntos como la cooperación climática, de seguridad y transporte.

No se descarta que en el futuro se restablezcan algunas facilidades que se perderán al efectuarse el Brexit, pero en BBC Mundo resumimos algunos de los aspectos principales que cambiarán para el ciudadano de a pie a partir de este 1 de enero.

https://www.youtube.com/watch?v=17IOYOyeNf0

Travel

BBC

1. Estancias limitadas

Durante años, británicos y europeos viajaban de un lado a otro del canal de la Mancha y podían elegir libremente donde vivir y trabajar.

Dichas facilidades llegaron a su fin y ahora se necesitará un visado para estancias largas y motivos de trabajo.

Para viajes de turismo, sin embargo, británicos y europeos seguirán sin necesitar visas y podrán usar sus permisos de conducción para manejar en cada país.

En el caso de los británicos, ahora solo pueden permanecer en territorio de la UE un máximo total de 90 días en un período de 180 días consecutivos. Para visitas a Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía se aplican otras reglas. Si se viaja a estos países, las visitas a otros países de la UE no contarán para el total de 90 días.

Los británicos también deberán garantizar que sus pasaportes tienen al menos seis meses de validez (y no más de 10 años de haber sido expedidos) y pueden verse obligados a declarar ante las autoridades europeas cuestiones como el motivo de su visita y el pasaje de vuelta desde la UE.

Boris Johnson al anunciar el acuerdo.

Getty Images
Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un costoso acuerdo para definir su relación futura el pasado 24 de diciembre, a solo una semana del plazo final.

Es muy probable que más adelante los británicos deban utilizar y pagar el ETIAS (el sistema de registro electrónico de la UE para viajeros exentos de visado).

Además, al pasar por los controles migratorios, en principio ya no podrán utilizar la fila rápida reservada a los ciudadanos de la UE, el Área Económica Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, lo que podría dilatar esperas en fronteras y aeropuertos.

Los europeos, por otra parte, pueden permanecer hasta seis meses en Reino Unido.

Si se viaja para recibir un tratamiento médico privado el permiso podría extenderse. Lo mismo si eres académico y cumples ciertos requisitos. En esos casos, la estancia puede ampliarse hasta 11 y 12 meses respectivamente.

Británicos en una cola en el aeropuerto.

Getty Images
Los británicos tendrán que tomar filas rápidas distintas cuando a partir de ahora aterricen en territorio europeo.

Además, ya no podrán entrar en Reino Unido con su tarjeta de identificación a partir de octubre de 2021, a menos que hayan oficializado su estatus como residente, en cuyo caso no habrá cambios hasta 2025. Los demás tendrán que presentar su pasaporte.

Por otra parte, europeos y británicos seguirán contando con asistencia médica de emergencia durante los viajes de turismo tanto en Reino Unido como la UE.

Actualmente, esta asistencia médica es facilitada por una tarjeta sanitaria común con la que cuentan tanto europeos y británicos. Reino Unido planea expedir una nueva tarjeta para sus ciudadanos, pero en principio tendrá una cobertura muy similar a su homóloga europea.

Sin embargo, el gobierno británico aconseja comprar un seguro de viaje con cobertura médica antes de irse de vacaciones, incluso a la UE.

Además de estas consideraciones, también se impondrán límites a los artículos que cada ciudadano lleve consigo de un lado a otro y los pasaportes de mascotas europeos dejarán de ser válidos en Reino Unido.

2. Visados especiales para trabajar

Los europeos que quieran trabajar en Reino Unido tendrán que aplicar en línea para una visa y se les pedirá una oferta de trabajo, suficiente nivel de inglés y un salario de al menos 25.600 libras al año (US$34.189), entre otros requerimientos que juntos conforman un sistema basado en puntos.

Y los ciudadanos británicos que quieran vivir y trabajar en algún país del bloque deberán cumplir los requisitos del sistema migratorio de donde quieran establecerse.

Vista de la zona financiera de Londres este diciembre.

Getty Images
Trabajar en Reino Unido no será tan sencillo como antes para los europeos, quienes deberán solicitar una visa con varios requerimientos.

Así también, algunas profesiones ya no serán homologadas de forma automática como antes, por ejemplo la arquitectura, la medicina o la enfermería.

Sin embargo, aquellos ciudadanos que ya vivían en Reino Unido y la UE antes del final de 2020 tienen sus derechos garantizados y solo necesitan formalizar su estatus como residentes.

Las nuevas regulaciones no aplican en el caso de Irlanda, que en materia de viajes y migración tiene una serie de arreglos con Reino Unido que son anteriores a la entrada de ambos en la Unión Europea, la llamada Área de Viaje Común (Common Travel Area o CTA).

Principales consecuencias tras el Brexit, en cuatro puntos

  • Fin de la libertad de movimiento: Se puede seguir viajando sin visa, pero solo para estancias cortas.
  • Visados para trabajar: Reino Unido implantará un nuevo sistema basado en puntos y la UE aplicará las reglas para terceros países.
  • Salida del mercado único: No habrá tarifas adicionales entre exportaciones e importaciones, pero se impondrán controles de seguridad en aduanas que podrían dilatar el intercambio fluido de bienes.
  • Excepciones: Las consideraciones anteriores no aplican para Irlanda del Norte ni europeos ni británicos con residencia oficial y regularizada en Reino Unido y la UE.
Short presentational grey line

BBC

Fin del programa Erasmus

El nuevo acuerdo de libre comercio entre Londres y Bruselas no impidió la ruptura del programa Erasmus para los estudiantes universitarios.

Reino Unido no participará más en este esquema en que se facilitaba que los universitarios europeos estudiaran durante un semestre o año fuera de sus países de origen en otro Estado miembro.

Boris Johnson anunció en su lugar otra alternativa para los estudiantes británicos, aunque aún no se han revelado suficientes detalles.

Los estudiantes en Irlanda del Norte sí continuarán en dicho programa como parte de un pacto con el gobierno de la República de Irlanda.

Trade

BBC

3. Bienes y servicios

En este aspecto, el haber conseguido un acuerdo ha salvado a muchos de un aumento considerable de precios en muchos productos que Reino Unido importa desde la UE y viceversa.

Y es que ambas partes acordaron no imponer tarifas ni costos adicionales al flujo de bienes, lo que en principio beneficia tanto a exportadores como importadores a ambos lados del canal.

Camionero en Dover, Reino Unido.

Getty Images
A pesar del acuerdo de libre comercio entre Londres y Bruselas, se introducirán controles migratorios y aduaneros que obstaculizarán el fácil flujo de antes.

Sin embargo, serán necesarios nuevos controles fronterizos y trámites burocráticos antes no existentes, lo que podría provocar demoras y disrupciones en las cadenas de suministro.

Esos controles, sin embargo, no se impondrán en Irlanda del Norte. Esto es porque comparte frontera terrestre con la República de Irlanda, miembro de la UE, y permanecerá de forma efectiva dentro del mercado único europeo.

Por otra parte, los proveedores de servicios británicos tendrán que adecuarse a las reglas de cada Estado miembro o relocalizarse en la UE si desean continuar operando como hoy.

Otro aspecto en que se insiste que tanto europeos como británicos deben estar alertas es el posible cambio en las tarifas de roaming para celulares.

Mujer hablando por teléfono en Roma.

Getty Images
Los ciudadanos tendrán que estar atentos a lo que dicten los proveedores de internet en materia de roaming.

Antes, un británico o europeo podía disfrutar de la misma tarifa contratada en su país de origen en cualquier Estado miembro de la UE.

Reino Unido y la UE han dicho que cooperarán en “justas y transparentes tarifas para el roaming internacional”, pero nada detiene que viajeros británicos y europeos no sean cobrados por usar su teléfono en uno u otro territorio.

De cualquier forma, las compañías proveedoras serán las encargadas de mantener las mismas condiciones o de lo contrario fijar nuevas tarifas.


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