Nueva ley única de extinción de dominio incluye huachicol y casos de corrupción; aquí las claves
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Cuartoscuro Archivo

Nueva ley única de extinción de dominio incluye huachicol y casos de corrupción; aquí las claves

Se prevé que sea aprobada este lunes por el Senado. Para agilizar procesos, los juicios serán orales y con jueces especializados en extinción.
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1 de julio, 2019
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México tendrá por primera vez una ley única de extinción de dominio para todo el país. El Senado discutirá y aprobará este lunes el dictamen que ya fue avalado en general en comisiones, y con el cual se busca dar al Estado nuevas facultades para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades criminales, entre las que ahora se incluirán hechos de corrupción y “huachicoleo”.

Esta ley llega luego de varios años de intentos fallidos por buscar una reforma que haga funcionar la figura de extinción de dominio, contemplada en artículo 22 de la Constitución. En más de una ocasión la PGR (hoy FGR) reconoció que la actual ley federal en la materia, creada desde el 2009, es casi imposible de aplicar, al punto en que se terminaban perdiendo la mayoría de los casos de extinción y, con ello, la oportunidad de infringir un impacto real en las finanzas del crimen.

En los estados había algunas leyes locales que funcionaban mejor que otras, pero la limitación territorial y los criterios dispares disminuían su efecto.

La nueva ley nacional, según lo expuesto en el proyecto de dictamen avalado en privado por comisiones, y al que Animal Político tuvo acceso, además de crear una sola norma busca agilizar los procesos de  extinción a través de juicios orales como los del nuevo proceso penal acusatorio.

A continuación se muestran los puntos clave contemplados en esta nueva ley. Esto con base en el referido proyecto avalado en comisiones, y con la reserva de algunas modificaciones que aún podría tener en el pleno. Los senadores consideraron como inminente su aprobación este lunes.

¿Qué es la extinción de dominio y quien la aplica?

Se trata de la pérdida de alguna propiedad o bienes tangibles e intangibles, como cuentas bancarias, que sean producto de algunas actividades ilícitas o que se hayan utilizado para cometerlas.

El artículo 3 del proyecto de ley define a la extinción como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.

La solicitud de extinción de dominio, de un bien o una propiedad, estará a cargo del Ministerio Público que investiga un delito, pero el proceso se realizará de forma separada y por la vía civil. Un juez será el responsable de determinar, tras un juicio, si es procedente o no.

¿Cuál es su objetivo?

De acuerdo con la argumentación del proyecto, el objetivo de la extinción de dominio es fortalecer el combate al crimen organizado y a la corrupción, a través de mermar su estructura patrimonial y financiera. Anualmente las fiscalías General y las de los estados deberán entregar un informe a los congresos, sobre el uso de este recurso.

Se aplicará en todo el país

Al tratarse de una ley de carácter nacional, tendrá que ser observada e implementada tanto a nivel federal como estatal, bajo las mismas reglas. Es una de las principales diferencias respecto a lo que ocurre hoy en día, donde existe una ley federal y algunas locales con distintos procesos.

Va para 11 delitos, entre ellos corrupción

Otra de las principales novedades de esta ley es que ampliará el abanico de posibles delitos para los cuales el Ministerio Público podrá solicitar la extinción de dominio. En total se contemplan 11 distintos tipos de delitos, entre ellos los relacionados con hechos de corrupción, y también los de robo de hidrocarburos (como el llamado huachicoleo).

Los otros tipos de delitos donde se podrá aplica este procedimiento son delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, lavado de dinero y extorsión 

¿Sobre qué bienes se puede aplicar?

Inmuebles, terrenos, ejidos y objetos que estén relacionados con la comisión de alguno de los delitos antes mencionados, así como recursos económicos en cuentas bancarias, en efectivo o de cualquier otra forma que también estén relacionados con las actividades ilícitas.

Las dos etapas del procedimiento de extinción

El artículo 173 de la ley contempla que el procedimiento de extinción de dominio se compondrá de dos fases: una denominada “preparatoria”, donde el Ministerio Público deberá reunir los elementos que sustenten un posible procedimiento, y en la que se deberá notificar a los posibles dueños de los bienes en cuestión.

Y otra llamada “judicial”, que inicia a partir de que la solicitud se presenta formalmente al juez especializado, para que inicie el proceso.

La decisión, a través de un juicio oral

Otra de las principales innovaciones es que la decisión sobre la extinción de dominio se llevará a cabo a través de un proceso oral y público, con características muy similares a los juicios orales del sistema penal. Estos procesos estarán a cargo de jueces especializados en extinción de dominio, que deberán ser designados por los poderes judiciales federal y de los estados.

Dado que las audiencias de este procedimiento serán de carácter público, a las mismas podrán ingresar las personas en general y medios de comunicación, a menos que por razones de seguridad fundamentadas el juez responsable determine lo contrario.

El juez tomará la decisión tomando como base las pruebas que ambas partes presenten: el Ministerio Público para sostener que el bien en cuestión está relacionado con actividades ilícitas, y el propietario para señalar que no es así, que procede de una actividad legal y que no se utilizó, al menos de forma consentida por el dueño, para cometer alguna actividad delictiva.

El proceso se compondrá básicamente de dos audiencias centrales: la inicial en la que se hará el planteamiento del tema, se revisará que se cumplan con los requisitos legales y se anunciarán las pruebas; y la principal, en la que se desahogarán las pruebas, se presentarán los alegatos de cada una de las partes y se dictará sentencia.

El espacio entre una y otra audiencia deberá ser de 15 días y, a diferencia del proceso penal, estas se realizarán estén o no presentes todas las partes y testigos.

El juez dictará la sentencia de forma oral resolviendo cada una de las peticiones que haya planteado el Ministerio Público. Si se declara que no es procedente la extinción, deberá levantarse de forma inmediata el aseguramiento de los bienes en cuestión. Si se declara procedente, la propiedad de dichos bienes pasa al gobierno federal o estatal.

Las partes podrán apelar la sentencia para que la misma sea revisada por un tribunal, si así lo consideran.

¿Cómo se advertirá a los dueños de la apertura de un juicio?

El artículo 87 señala que para notificar a los posibles dueños de una propiedad de que la misma será sometida a un juicio de extinción deberán publicarse edictos en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de mayor circulación en la localidad y a través de internet, en la página de la fiscalía correspondiente.

El decomiso preventivo

El Ministerio Público podrá realizar un aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Ello para prevenir que los bienes puedan verse afectados.

De acuerdo con el artículo 174 el Ministerio Público deberá pedir esta medida cautelar al juez especializado. Dado que se debe priorizar que los bienes permanezcan intactos, se presumirá de inicio que es necesario conceder este recurso, a menos que haya una irregularidad notoria.

“En el aseguramiento de bienes, se podrá ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros que se encuentren dentro del sistema financiero o en instituciones similares u homólogas, cuando dichos bienes se encuentren vinculados con los hechos ilícitos materia de la extinción de dominio”, indica el artículo 179.

La ley establece que a partir de que se dicte la medida cautelar, el Ministerio Público tendrá un periodo máximo de cuatro meses para pedir la apertura del procedimiento de extinción o, de lo contrario, retirar el decomiso preventivo.

Intervención en cuentas, solo con permiso del juez

El artículo 191 establece claramente que cuando el Ministerio Público necesite recabar información bancaria como parte de su investigación o presentación de pruebas en el proceso de extinción, le deberá formular el requerimiento a un juez para que este lo autorice o no. La información bancaria recopilada sin autorización judicial no será considerada como prueba inválida.

¿Qué destino tendrán los bienes donde proceda la extinción?

Podrán ser reaprovechados por el propio Estado para el servicio público o como auxilio en la aplicación de políticas públicas. También podrán ser susceptibles de venta, subasta o donación de conformidad con las leyes civiles aplicables. 

Lo anterior procederá cuando haya quedado firme la sentencia de extinción, a menos que dicho bien esté involucrado como elemento de prueba en un proceso penal en curso, para lo cual habrá que esperar a que termine dicho procedimiento.

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'Hará más mal que bien’: los peligros de apresurar la vacuna contra la COVID

La FDA adelantó que podría aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra la COVID antes de que terminen los ensayos clínicos, pero varios expertos advierten que esto sería un "grave error".
Getty Images
4 de septiembre, 2020
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El jefe de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn, adelantó que podría aprobar el uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus antes de que terminen los ensayos clínicos, algo sobre lo que varios expertos han advertido, tildándolo de “grave error”.

En una entrevista ofrecida al medio británico The Financial Times y publicada el domingo, Hahn insistió en que, de tomarse, la decisión será “científica, médica y basada en datos”, y no una respuesta política a las presiones del gobierno estadounidense para que se apruebe una vacuna.

A finales de agosto, el presidente Donald Trump acusó a la FDA de “retrasar” la aprobación de la vacuna hasta después del 3 de noviembre, fecha en la que los votantes acudirá a las urnas para decidir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

De darle luz verde antes de terminar la fase 3 de los ensayos clínicos, EE.UU. se convertirá en el tercer país en aplicar la polémica medida, después de que Rusia y China lo hicieran en agosto.

Cuando el 11 del pasado mes las autoridades rusas registraron su vacuna Sputnik V, asegurando que había demostrado ser “altamente efectiva y segura”, científicos en todo el mundo y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) acogieron con escepticismo.

Días después, el 20 de agosto, Moscú anunció que iniciaría las pruebas clínicas en 40.000 voluntarios en distintos países.

Vacuna contra el coronavirus.

Getty Images
Rusia y China han aprobado vacunas contra el coronavirus sin culminar la fase 3 de los ensayos clínicos.

La fase 3 de los ensayos clínicos suele considerarse la más crucial, pues es la etapa en la que los investigadores tratan de ver cuán eficaz y segura es la vacuna probándola en decenas de miles de personas.

“En otras palabras, se busca la reducción real de los casos de la enfermedad en el número de personas que fueron vacunadas comparado con el mismo número de sujetos que no recibieron la vacuna”, le explicó hace semanas el doctor Ian Jones, profesor de Virología de la Universidad de Reading en Reino Unido, a BBC Mundo.

Si bien en las etapas previas también se evalúa el desempeño y la seguridad del producto, la fase 3 es la que “realmente te dice que la vacuna es capaz de prevenir que ocurra la infección”, según el virólogo británico.

“Falsas esperanzas”

Pero quizás el lado más peligroso de aprobar una vacuna antes de culminar todos los ensayos clínicos son sus posibles consecuencias.

Mijail Murashko.

Getty Images
El ministro de Salud ruso ha desestimado las preocupaciones y dudas que genera el programa de vacunas Sputnik V.

En conversación con BBC Mundo, Jones explica que hay varios problemas asociados con que la vacuna sea aprobada demasiado pronto.

Lo primero es que podría generar falsas esperanzas: puede que la gente se apresure a ponerse la vacuna “cuando en realidad tal vez no sea la mejor vacuna, sino la primera que está disponible“.

“Esto causaría decepción en los individuos que se inmunizaron”, añade.

Según el experto, una vacuna que no funcione tan bien como debería podría extender la idea de que (la vacuna en general, todas las que se están desarrollando contra la COVID-19) es ineficiente y suscitar desconfianza dentro de la población. “Al final, una vacuna apresurada hará más mal que bien”.

“Simplemente le quitaría valor a todas las demás vacunas. Y le daría alas al lobby antivacunas, que se aprovechará de cualquier desliz. Es perjudicial para todo el mundo“.

Más difícil ponerle fin a la pandemia

Este lunes, la científica en jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, se unió a las advertencias de la comunidad de expertos y aseguró que autorizar una vacuna demasiado pronto y con pocos datos podría tener una variedad de consecuencias negativas.

Vacuna contra el coronavirus.

Reuters
La fase 3 de los ensayos clínicos es frecuentemente considerada como la más crucial, pero la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos está considerando saltársela.

“En primer lugar, hará que sea muy difícil continuar con los ensayos clínicos aleatorios”, dijo.

“Y en segundo lugar, existe el riesgo de que se introduzca una vacuna que no se haya estudiado de manera adecuada y que podría resultar que es poco eficaz y no cumple con el trabajo de ponerle fin a esta pandemia o, peor aún, que tenga un perfil de seguridad inaceptable”.

Para que una vacuna sea aprobada por la FDA, se debe haber demostrado que es segura y eficaz en función de los datos recopilados tras ser probada en miles de voluntarios.

Es un proceso de verificación que puede durar meses.

Swaminathan agregó que la aprobación del uso de emergencia de una vacuna debe realizarse “con mucha seriedad”, particularmente porque se trata de una decisión que “podría provocar efectos secundarios adversos” en algunas partes de la población.

Un pequeño riesgo de mutación

La confianza de la gente en una campaña de vacunación es crucial, por lo que aprobar una vacuna antes de que culminen todos los ensayos clínicos podría además limitar el número de personas que se dejarían inyectar.

Una niña recibiendo una vacuna.

Getty Images
Ian Jones, profesor de Virología de la Universidad de Reading, dice el objetivo es tener una vacuna que nos inmunice completamente y no una que funcione a medias.

“Se trata de una preocupación muy seria, subraya.

“Si la gente piensa que la primera vacuna en ser lanzada lo ha sido por el simple hecho de ser la primera (en desarrollarse), pero no es necesariamente la mejor, podrían considerar que no vale la pena aplicársela, lo que llevaría a no querer ser inmunizados”, prosigue.

“Pero el peligro es que no querrían inmunizarse con una vacuna que funcione mejor y que podría venir después, y eso haría que el virus siga circulando”.

Jones considera poco probable que la vacuna no funcione del todo debido a las pruebas que ya se han hecho.

Pero otro riesgo, según explica, es que el virus podría transformarse y evitar la respuesta inmune generada por la vacuna aprobada con apuro, mutar en una forma ligeramente diferente, que ninguna de las vacunas podría combatir.

“No queremos una vacuna que funcione a medias”

Sin embargo, él no cree que las preocupaciones deban centrarse en cuán segura es la vacuna, sino en su eficacia.

El virus junto a una inyección.

Getty Images
Soumya Swaminathan advierte que aprobar una vacuna sin finalizar todos los ensayos clínicos podría provocar efectos secundarios adversos en algunas partes de la población.

“No queremos una vacuna que funcione a medias, queremos una que nos inmunice completamente”.

“En realidad, pienso que todas las vacunas que están siendo probadas en la actualidad son bastante seguras y probablemente no le causarán ningún daño a quien las reciba. Pero cuando apruebas una vacuna que funciona mal, estás fijando expectativas sumamente bajas, y lo que venga después no tendrá la obligación de ser mejor”.

“Estarías abriéndole paso a una serie de genéricos que también van a funcionar mal“.

Para este virólogo británico esto es algo que se debe evitar, y para hacerlo la fase 3 del proceso debe ser culminada, probando la vacuna “en tanta gente como sea posible, para así conocer su resultado habitual con una dosis habitual“.

“Tomar atajos para lograr vacunas no es exactamente una buena idea. Sería un grave error”, concluye.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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