La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.
Durante su visita a Querétaro, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.
Refirió que algunas de estas personas se encuentran en el estado de Querétaro, cuyas cuentas ya fueron congeladas.
Pidió esperar que avancen las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la UIF respecto al caso Collado, acusado de lavado de dinero a través de la referida Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
En tanto, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que entregue información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso Caja Libertad
Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019, según reportó el periódico Reforma.
La Fiscalía solicitó los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; así como de José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, además de Collado, detenido la semana pasada por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las empresas sobre las que se pide información son: Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.
La última empresa habría vendido a Caja Libertad, en forma simulada, el edificio donde hoy tiene su sede en la ciudad de Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, más impuestos.
De acuerdo con la FGR, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle 24 millones de pesos a Juan Collado.
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El pedido de información corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y se tramita para evitar que los informes sean invalidados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este tipo de pruebas son ilícitas si no son autorizadas por un juez.
Collado reclama dicho aspecto en la apelación que promovió contra la vinculación a proceso dictada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es decir, que ya fue sujeto a procedimiento con base en información bancaria que fue obtenida de forma ilícita.
La solicitud de la FGR sería posterior a la judicialización de la carpeta de investigación que contiene la información bancaria que fue tomada en cuenta por un juez de control para procesar al litigante.
