Las cuentas no cuadran: Fiscalías estatales reportan 15 mil víctimas de asesinato menos que el Inegi
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Las cuentas no cuadran: Fiscalías estatales reportan 15 mil víctimas de asesinato menos que el Inegi

De acuerdo con un informe de la organización civil México Evalúa, el país “no cuenta con estadísticas criminales confiables”, y hay un “maquillaje” sistemático de las cifras en los estados.
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2 de julio, 2019
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Entre 2008 y 2018, los gobiernos estatales de seis entidades de la República reportaron 15 mil 674 víctimas de homicidio dolosos menos de las que registró el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Así lo documentó la organización civil México Evalúa en el informe Fallas de Origen que presenta esta martes, cuya hipótesis central es que México “no cuenta con estadísticas criminales confiables”, puesto que hay un “maquillaje” sistemático de las cifras en los estados para hacer pasar homicidios intencionales por accidentales, y así reducir la incidencia delictiva de manera ficticia.

A partir de esta hipótesis, y para conseguir mayor certeza en la información oficial, la investigación de México Evalúa propuso al nuevo gobierno la creación de un “mecanismo de auditoría de datos” para que el Centro Nacional de Información (CNI), que depende de la Sistema Nacional de Seguridad Pública, pueda analizar y evaluar la calidad de las estadísticas que reportan las fiscalías estatales.

Lee: Abril, el primer mes del gobierno de AMLO en que se reducen los homicidios; bajan 3%

¿Dónde quedaron miles de víctimas?

El informe Fallas de Origen incluye un Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) que analizó cuatro elementos para medir la calidad y veracidad de las cifras de asesinatos en el país; entre ellos, la comparación de cuántas víctimas de asesinato reportan las fiscalías en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y cuántas el Inegi.

El Estado de México es la entidad que registró una mayor diferencia.

Entre 2008 y 2018, la fiscalía mexiquense reportó que abrió 16 mil 532 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las que derivaron 18 mil 545 víctimas. Mientras que para ese periodo de tiempo, el Inegi reportó 24 mil 426 defunciones por homicidio doloso.

Lee: UNICEF alerta sobre aumento de homicidios de menores en México y normalización del castigo corporal

Es decir, hay una diferencia de 5 mil 772 víctimas de homicidio doloso entre lo que reporta el Inegi y lo que reportó la fiscalía mexiquense al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Chihuahua, en el mismo periodo de tiempo, la fiscalía estatal reportó 4 mil 157 asesinatos menos de los que registró el Inegi.

En la Ciudad de México, la fiscalía registró mil 923 homicidios menos que el Inegi. Le sigue Guerrero, con mil 385 homicidios menos; Oaxaca, mil 360 menos; y Sinaloa mil 127 menos.

En total, las fiscalías de estas seis entidades que encabezan el ranking reportaron 15 mil 724 asesinatos menos de los que registró el Inegi.

Maquillan estadísticas

Otro de los factores analizados es el comportamiento de las estadísticas de homicidios culposos -accidentales- con los intencionales.

Si bien estas estadísticas no tendrían por qué tener comportamientos similares en sus alzas y descensos, porque se trata de temas diferentes, el estudio de México Evalúa detectó que hay estados en los que estas dos estadísticas no evolucionan de manera aleatoria, sino que lo hacen a la par. Es decir, cuando se producen picos de homicidios dolosos, las cifras de homicidios culposos también aumentan.

Así sucede, por ejemplo, en Guanajuato y Tabasco: “Estas dos entidades, que están viviendo un incremento en la violencia letal, extrañamente reportan cada vez más homicidios culposos. Y esto no corresponde con el comportamiento esperado de los homicidios culposos”, apunta el informe.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, explicó en entrevista con Animal Político que este tipo de comportamiento anómalo de la estadística de homicidios accidentales, puede estar encubriendo un subregistro de las estadísticas delictivas a través de la reclasificación de los delitos, para dar una impresión a la sociedad de que hay menos violencia.

Por ello, expuso la directora de México Evalúa, la propuesta al gobierno es dotar de herramientas legales a instancias que tengan la capacidad de auditar los datos delictivos, “para que avancemos en la calidad de la información, más allá de los esfuerzos importantes que ha habido para mejorar la metodología y por capacitar a las unidades de análisis estadísticos de las fiscalías”.

“Hasta ahora, vamos muy despacio porque no hay ningún estímulo ni nada que incentive a los estados a reportar bien las estadísticas delictivas. Al contrario, hay muchos incentivos para el subregistro, o para reclasificar los delitos con el fin de maquillar las cifras”, planteó la activista.

“Pero, en la medida en que tengamos un contrapeso con una instancia que audite los datos, y que pueda reportar lo que observa, entonces esos incentivos negativos pueden cambiar”, matizó Jaime, quien señaló que el Centro Nacional de Información, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podría realizar esa función, siempre y cuando se reforma la ley de seguridad para dotarlo de atribuciones legales.

“Se podría hacer una propuesta de reforma a la ley nacional de seguridad pública, en particular a las atribuciones del CNI, para que este organismo, además de recibir los datos de las fiscalía y darlos a conocer, también pueda auditarlos”, planteó Jaime.

Los mejores y los peores evaluados

De acuerdo con el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal, la entidad peor valorada en cuanto a cómo recaba datos estadísticos sobre incidencia delictiva es el Estado de México, con una puntuación de 2.5 sobre 10.

Le siguen Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Baja California.

Mientras que los estados mejor evaluados son Aguascalientes, Colima, Zacatecas, Coahuila, Querétaro, y Sonora.

Lee aquí el estudio completo de México Evalúa

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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