Juan dice que los días se han hecho más largos para él y sus tres compañeros. Ya no pueden ocupar las horas en leer o en dibujar. Si quieren platicar, tienen que hacerlo acostados, porque cada vez que se levantan, aunque solo sea para sentarse, les viene un mareo.

Después de 130 días entre ayuno y huelga de hambre, los cuatro, presos en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tienen también dolores de cabeza, calambres en las piernas, vista borrosa, palpitaciones y mucho sueño. “La mayor parte del tiempo nos la pasamos dormitando, estamos muy cansados. Solo nos levantamos para ir al baño y para tomar lo único que ingerimos: agua y miel”, dice Juan.

Montserrat Méndez Álvarez, responsable del Proyecto de Salud Comunitaria de Médicos del Mundo, una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, afirma que la vida de los presos está ya en riesgo.

“Están en un momento crítico. Es complicado predecir cómo va a reaccionar el cuerpo de una persona sometido a esta situación extrema, pero en cualquier momento alguno de sus órganos podría colapsar”.

Los cinco presos –Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez (preso en el penal número 10 de Comitán)– iniciaron la protesta el 15 de marzo.

Los presos han denunciado que los golpearon, les aplicaron toques eléctricos en las partes íntimas y Tehuacán con chile en la nariz, mientras los sofocaban con una bolsa en la cabeza. Así los hicieron firmar los papeles en los que se auto inculparon y por los que llevan años en prisión. Adrián Gómez, por ejemplo, lleva 14 años encarcelado y aún no le dictan sentencia. Por eso iniciaron la huelga de hambre para pedir la revisión de sus procesos.

Lo que más le preocupa a los Médicos del Mundo, organización que le ha dado seguimiento al estado físico de los huelguistas, es que en caso de una complicación grave, el sistema de salud de Chiapas no esté preparado para responder.

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La activista y médica denuncia que la atención que han recibido los presos durante la huelga ha sido deficiente. Dice que en el primer ingreso de Adrián al hospital, por una infección en las vías urinarias, lo enviaron de regreso al penal con un sello venoso (una manguera en la vena) para que le aplicaran un antibiótico por vía intravenosa.

“Le pudieron haber recetado un antibiótico por vía oral, una pastilla. No había necesidad de mandarle un intravenoso cada 12 horas cuando por las noches en el penal no hay médico ni enfermera. El antibiótico se lo aplicaba una custodia sin ninguna preparación para hacerlo”.

Después, agrega, cuando Juan ingresó también al hospital por una infección en el estómago, “le pusieron enfrente un sándwich y un yogurt para que comiera. Eso no se debe hacer. Cualquiera con un mínimo de formación médica sabe que quien está en huelga de hambre no puede comer cualquier cosa, eso pone más en riesgo su salud. Hay criterios médicos sobre la re alimentación en estos casos”.

De hecho, Juan de la Cruz cuenta que han intentado tomar la miel sola, y aumentar el número de cucharadas por día para tener un poco más de energía y nutrientes. Pero sus cuerpos no la recibieron bien. “Ya hasta eso nos cuesta ingerir. Yo me la traté de comer así, y me daba dolor de estómago, agruras, y náusea. Así que la tomo disuelta en agua, y con un poco de sal, para evitar vomitar”.

“No hay manera de saber qué va a pasar con sus organismos, cada día es un volado”, dice Méndez Álvarez

Tiempos paralelos

Rubén Moreno, coordinador del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organización que lleva la defensa legal de los casos, dice que por ahora solo se ha logrado que se abran los expedientes por tortura.

“Ellos ya habían denunciado que los habían torturado, incluso consta en los expedientes al menos de Adrián y de Juan, pero no les hicieron caso. Fue hasta ahora con la huelga de hambre que permitieron que ingresara la denuncia en la fiscalía especializada del estado, pero está en trámite”.

Moreno explica que esto debe seguir todo un proceso. “Los presos ya declararon. Pero ahora van a llamar a declarar a sus familiares y a los coacusados. Y hay varias diligencias que se deben desahogar”.

En el caso de Juan y Marcelino, quienes ya tienen sentencia, el abogado explica que están buscando una figura jurídica para ver si el gobernador puede y quiere solicitar su libertad.

“Hay una figura jurídica que se llama sentencia suspendida, y es el gobernador quien acuerda la libertad de los presos, en estos dos casos eso se podría aplicar”, explica  Moreno.

Para los otros tres presos hay otras opciones, como el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. También se podrían aplicar figuras como la libertad anticipada o la remisión parcial de la pena por buena conducta.

“Con voluntad para liberarlos, se podría. Pero mientras la salud de ellos se complica de un día para otro. Las autoridades lo que nos dicen es que no van a aceptar presiones, que se va a cumplir la ley, que los procesos llevan un tiempo y que si hubo tortura, presentemos las pruebas. Hablan de ley y de tiempo cuando una persona no debería pasar más de un año en prisión sin recibir sentencia y los compañeros han pasado años así”.

En su conferencia de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México hay muchos presos por cuestiones políticas o encarcelados injustamente, y aseguró que el sistema judicial es un elefante blanco que impide su pronta liberación.

Frente a esto aseguró que ya le ha pedido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que prepare una iniciativa de ley que le dé la facultad al presidente de indultar a presos.

Animal Político solicitó una entrevista con el secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, para saber cómo van las gestiones que el gobierno prometió realizar para coadyuvar en la revisión de los procesos penales de los presos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.