El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia llevan más de un mes desobedeciendo una resolución judicial que les obliga a establecer un plan para que los menores encerrados en la estación migratoria Las Agujas puedan estar en régimen de libertad. Así lo señala una resolución fechada a 24 de julio y emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que estimó el amparo presentado por diversas ONG.
La resolución también ordena identificar e individualizar a los menores que se encuentren en el centro de detención y que aquellos que vayan solos sean canalizados a través del DIF.
El INM dice que ya cumplió
El INM señaló que cumplió en tiempo y forma con la orden judicial que solicitaba información de la situación que mantienen niñas, niños y adolescentes albergados en la estación migratoria Las Agujas en la Ciudad de México.
“Un tribunal federal requirió al INM detalles sobre los menores de edad que estuvieran en la estación, así como verificar su situación legal y su estado de salud. El Instituto entregó la información solicitada por el juez en los tiempos establecidos por la autoridad, por lo que reitera que en ningún momento incumplió con una orden judicial”, señaló en un comunicado.
Sobre la postura del INM, Simón Hernández López, defensor de derechos humanos, dijo que desde el 10 de junio un Tribunal ordenó la liberación inmediata de los menores. “El 24 de julio el juzgado determina que se ha incumplido y les da 24 horas. Hoy el INM dice que no ha incumplido nada”.
Sin embargo, la orden judicial existe.
Está fechada a 24 de julio y la firma Tania Lara Marroquín, secretaria del juzgado. En ella se da un plazo de 24 horas para que se cumplan los requerimientos. El mandato está dirigido al comisionado Garduño, al director general de Control y Verificación Migratoria, delegado federal en la Ciudad de México, director de Las Agujas, directora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, así como a la directora ejecutiva de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México.
En caso de que las autoridades responsables no cumplan con el mandato judicial “serán denunciadas ante el Ministerio Público de Federación”, dice la resolución.
“Un tribunal ordenó que fueran puestos en libertad todos los adolescentes y menores de la Ciudad de México. Es una orden definitiva, inatacable. Desde hace un mes ni el INM ni procuraduría cumple con la orden”, denuncia Simón Hernández, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Esta institución es uno de los grupos que presentaron la demanda junto a Sin Fronteras y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Estas organizaciones promovieron una acción judicial tras la muerte, el 15 de mayo, de una menor guatemalteca en la estación migratoria ubicada en Iztapalapa. En ella exigían que los niños y niñas encerrados fuesen identificados e individualizados; que los que se están solos se canalizasen a través del DIF y que se elaborase un plan para que los que están con sus familias pudiesen pasar a un régimen de libertad.
Ninguno de estos requerimientos se ha cumplido.
La niña guatemalteca falleció tras caer de la cama y ser trasladada al hospital pediátrico de Coyoacán. En aquel momento la estación migratoria estaba saturada, con su capacidad al 144%, según datos del INM que obtuvo Animal Político a través de una solicitud de información pública.
Simón Hernández se mostró preocupado por el incumplimiento de las medidas, así como por la falta de datos que ofrece Migración. “Hay controversia sobre cuántos menores hay. No tenemos certeza de cuántos existen. Hace tres semanas, la Comisón Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, contabilizó 38. Luego Migración presentó un listado de 50. Y entre los días 11 y 12 ingresó un funcionario judicial que dice que solo encuentra 5. ¿Dónde están los otros 45? ¿Fueron deportados?” se pregunta el abogado.
Sobre la falta de identificación de los menores, la resolución judicial señala que aunque el director de la estación migratoria hubiese mostrado su disposición a identificar a los menores, no puso a disposición del juzgado ninguna prueba que certificase que efectivamente lo había hecho.
“La orden judicial es mandar a los menores a espacios abiertos salvaguardando la unidad familiar”, explica Hernández. Es decir, que los menores y todos sus familiares deberían estar en otro tipo de recintos y no en Las Agujas, que es un centro de régimen cerrado.
El problema, dice el abogado, es que las administraciones no tienen prevista esta opción. “No existen espacios habilitados para niños, niñas y adolescentes”, denuncia. En su opinión, “la Procuraduría debería estar diseñando un plan, pero no lo está haciendo”. El abogado criticó que la receta del INM ha sido “ampliar las estaciones migratorias”. Una solución que, a su juicio, no es la deseable. Y tampoco es la que plantea el juez, al menos en Ciudad de México.
“Están favoreciendo detención y concentración de los niños. Ampliar las estaciones migratorias no es la salida”, afirma.
Las ONG que presentaron los amparos tienen previsto ampliar estos requerimientos a otros puntos del país, especialmente a la frontera norte, donde las políticas de Estados Unidos de devolución de solicitantes de asilo, unido al incremento del flujo migratorio, han desbordado los albergues y las estaciones migratorias.
En caso de que el INM y la Procuraduría mantengan su desobediencia, Hernández explica que el juzgado puede actuar de oficio y los responsables directos pueden ser sancionados.
Desde hace años, diversas ONG han denunciado la situación en el interior de los centros de detención de migrantes. Hablan de hacinamiento, de malas condiciones higiénicas y de vulneraciones a los derechos humanos de los menores.
Tras el acuerdo entre Estados Unidos y México para incrementar la presión sobre los migrantes el número de detenciones se ha disparado. En junio, por ejemplo, fueron arrestadas 23 mil 917 personas, lo que alcanza niveles que no se habían visto desde 2006, con Vicente Fox en la presidencia.
