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#LeyGarrote: ¿Qué dice el dictamen que busca aumentar penas por bloqueos de obras y calles en Tabasco?

La propuesta señala penas de prisión de entre 6 a 13 años para quien obstruya la ejecución de obras públicas o privadas. Y de uno a 5 años a quien impida el libre tránsito de personas.
Cuartoscuro
29 de julio, 2019
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En redes sociales comenzaron a llamarla #LeyGarrote. Se trata de las reformas al Código Penal de Tabasco, aprobadas ya en comisión y propuestas por el gobernador morenista, Adán Augusto López, para endurecer las penas por impedir la ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles. 

Esto en la entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su etapa de opositor encabezó protestas con medidas como el bloqueo de Paseo de la Reforma, o la toma de pozos petroleros; el estado del sureste donde se planean obras como la refinería de Dos Bocas, y también se planea el paso del Tren Maya. 

El dictamen, que mezcla la iniciativa del gobernador con una propuesta del diputado priista Gerald Washington, para castigar con hasta 20 años de cárcel el delito de extorsión, fue aprobado el 26 de julio pasado, en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. 

La propuesta se discutirá en el pleno del Congreso del estado este lunes durante el segundo periodo extraordinario de la legislatura.

Lee: Avanza en comisiones en Tabasco iniciativa del gobernador que endurece penas por marchas y bloqueos

Fueron tres votos a favor de las legisladoras de Morena Julia del Carmen Pardo, Alma Rosa Espadas y María Félix García, y uno en contra la legisladora priista Ingrid Margarita Rosas Pantoja.

“Queremos una legalidad, queremos un estado de derecho, creo que ya es tiempo de ir metiendo orden. Esta iniciativa la presentó nuestro gobernador”, mencionó al respecto la diputada morenista Julia Pardo Contreras, presidenta de la Comisión.    

En la página seis del dictamen aprobado, se lee que el gobernador de Tabasco propone la inclusión de un nuevo tipo penal, denominado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”.

El artículo 196 Bis que se propone al respecto, señala que “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”, se le impondrá una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel.

“Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior”, complementa el artículo, además de referir que serán agravantes cometer la falta mencionada con violencia, y entre dos o más personas.

Establecer este tipo penal , se lee en el dictamen, se justifica como un incentivo para el desarrollo económico y contra la pobreza, “debido a que se busca asegurar la inversión privada en el Estado, fortaleciendo el arraigo de la industria nacional y extranjera, como un mecanismo que permitirá recuperar el buen vivir de las personas, mediante el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo”.

En otro punto, el Octavo del dictamen, el gobernador propone el incremento de las penas previstas para el delito “Oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas”, que ya está en el Código Penal de Tabasco. 

Dicho aumento de penas, justifican, “favorecerá la presencia de la entidad como atractivo turístico a nivel nacional e internacional”, ya que contribuirá a “la modernización de infraestructura y la realización de obras ya sean de carácter público o privado”.

En el mismo apartado, el Octavo, también se menciona la inclusión de “un tipo penal que sancionará a quien impida el goce y disfrute del derecho humano a la libertad de tránsito”.

En específico, se menciona que se aplicará prisión de dos hasta 10 años, al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, destruyendo o dañando algún medio local de transporte público de pasajeros, o de carga.

Al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculizando alguna vía local de comunicación, se le aplicará prisión de uno a ocho años.

Y el artículo 308 Bis que propone el gobernador dice textual que,  “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

En la discusión en la comisión, la legisladora priista Ingrid Margarita Rosas acusó que las reformas, de concretarse, se “usarán como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”.

Entérate: CFE cancelará deuda histórica de 11 mil mdp en Tabasco y dará al estado la tarifa más baja

Es sorprendente ver, agregó, “que quienes antes de ser miembros del gobierno en turno, bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, oficinas de gobiernos, cerraban carreteras, calles, pernoctaban en plazas, en parques, en entradas de edificios públicos en calles o avenidas; hoy que son gobierno, quieren prohibir esos actos”.

En Twitter la senadora de Morena, Citlalli Hernández, expresó su rechazo al dictamen aprobado en comisiones del Congreso de Tabasco.

“¿Será que Morena quiere impedir/criminalizar posibles protestas por construcción de Refinería Dos Bocas, que avanza con adjudicaciones directas y a pesar de no contar con los estudios necesarios?”, cuestionó en tanto la analista Denise Dresser. 

En cuanto al gobernador Adán Augusto López, solo replicó un mensaje de Twitter del productor Epigmenio Ibarra, en el que señaló que se estaba distorsionando en los medios la iniciativa del mandatario estatal. 

“No se busca criminalizar la protesta sino contener el delito de extorsión en el estado. Los criminales están disfrazándose de sindicalistas y realizando bloqueos”, publicó Ibarra.

Lee aquí la iniciativa completa.

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Getty Images

Aborto en El Salvador: absuelven a Evelyn Hernández, la joven que dio a luz a un bebé muerto tras ser violada

Un tribunal de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, la joven que enfrentó un segundo juicio por homicidio agravado tras parir a un bebé muerto producto de una violación y asegurar que nunca supo que estaba embarazada.
Getty Images
20 de agosto, 2019
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Un tribunal de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, una joven de 21 años acusada de homicidio agravado luego de parir a un bebé muerto.

El bebé, producto de una violación, fue encontrado sin vida en la letrina donde Hernández dio a luz en 2016.

La Fiscalía General de El Salvador, cuyos representantes no hicieron declaraciones a la prensa, acusaba a la joven de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión y pedía 40 años de cárcel para ella.

Hernández ya había sido condenada a 30 años de cárcel en 2016, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.

Evelyn Hernández

AFP
Evelyn Hernández insistió siempre en su inocencia.

Entre los procesos, la salvadoreña estuvo encarcelada un total de 33 meses, hasta que en febrero de este año obtuvo la libertad condicional.

La joven siempre defendió su inocencia. Sostenía que nunca supo que estaba embarazada y que había perdido el conocimiento durante el parto.

Tras conocerse la absolución este lunes, Hernández declaró visiblemente emocionada que ahora sus metas son continuar estudiando y “salir adelante”.

“Gracias a Dios se hizo justicia. Todo este tiempo fue duro porque me acusaban de algo de lo que yo era inocente. Espero que muchas muchachas (mujeres condenadas por abortar) salgan pronto (de la cárcel)”, expresó, a la vez que agradeció todo el apoyo recibido.

Atención mediática

Activistas por los derechos de las mujeres siguieron de cerca su caso dentro y fuera de El Salvador y exigían su absolución.

Bertha de León, abogada defensora de la joven, explicó que el juez dijo “que no había forma de comprobar el delito y por eso la absolvió; y ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas por el delito de homicidio”.

Hernández tuvo un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraba en su vivienda y fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque, en el este del país, donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según señalaron sus abogados.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Su historia traspasó las fronteras salvadoreñas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y en favor de la despenalización del aborto solicitaron en reiteradas ocasiones a la Fiscalía del país centroamericano que desistiera de la acusación contra la joven.

Caso excepcional

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: el aborto es ilegal en todas las circunstancias y los culpables enfrentan entre dos y ocho años de cárcel.

Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo y que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto.

En muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de homicidio agravado, que conlleva una pena mínima de 30 años.

Habitualmente, a las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les conmutaban las condenas cuando las penas de prisión de 30 años se consideraban “desproporcionadas e inmorales”, pero los veredictos no eran anulados.

Marcha a favor de la puesta en libertad de Evelyn Hernández.

Getty Images
Organizaciones de mujeres se volcaron con el caso de Evelyn Hernández.

El caso de Hernández, de hecho, ha sido el primero de su tipo en el país centroamericano en el que se ordenó realizar un nuevo juicio.

Activistas por los derechos de las mujeres esperan que este caso establezca un precedente para otras mujeres encarceladas bajo las estrictas leyes antiaborto de El Salvador para luchar contra sus sentencias.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya le solicitó anteriormente a El Salvador que reforme sus leyes -que califica de “draconianas”- sobre el aborto.


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