México pide a Guatemala permiso para juzgar a Duarte por desaparición forzada
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Cuartoscuro

México pide a Guatemala permiso para juzgar a Duarte por desaparición forzada

La FGR informó que el proceso se alargó por datos que estaban incompletos. INAI resolvió que el caso es de interés público y debe transparentarse.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
24 de julio, 2019
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Un año después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el gobierno de México entregó a Guatemala la solicitud formal para que dicho gobierno autorice la ejecución de esa orden, y así proceder penalmente contra el exgobernador veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad

El permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance ya que cuando Duarte fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y lavado de dinero. El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó.

Lee: Tribunal frena decomiso de bienes y cuentas a Javier Duarte; analiza si sentencia fue legal

La orden de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por problemas para integrar el documento, informó oficialmente a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la República (FGR).

En agosto de ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y proceder penalmente en contra del exgobernador. Pero la SRE devolvió el documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.

A partir de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal la información requerida.

Fue hasta el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida a la Embajada de Guatemala. El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno guatemalteco.

Lee: Me entrego para cumplir el pacto, dice Duarte en video que grabó presuntamente en Guatemala

Posteriormente, en un oficio fechado el 28 de junio, la SRE informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó ampliar el requerimiento de la petición presentada por México. De acuerdo con la FGR, justo este martes se entregaron los datos extras solicitados a la Cancillería para que los remita a Guatemala.

De acuerdo con las autoridades consultadas, se espera que sea a más tardar el próximo mes cuando se reciba la respuesta oficial de Guatemala.

De declararse procedente la ejecución de la orden, la misma sería cumplimentada de forma protocolaria en el Reclusorio Norte donde ya se encuentra recluido Javier Duarte, cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. 

El paso siguiente sería su traslado a Veracruz para que comparezca ante un juez en audiencia inicial, o que sea un juez de la Ciudad de México el que en auxilio del de Veracruz lleve a cabo la audiencia, como ya ocurrió antes en dos procesos locales promovidos contra Duarte por la Fiscalía de aquella entidad.

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Cabe señalar que el delito de desaparición forzada de personas puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el  artículo 318Bis del Código Penal de Veracruz.

Estoy dispuesto a enfrentar el juicio; caso es un montaje: Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que está dispuesto a enfrentar el proceso por la acusación de presunta desaparición forzada que le imputa la Fiscalía General de Veracruz, pues sostuvo que se trata de un “montaje” y que lo único que hay en su contra son testimonios obtenidos bajo presunta tortura.

En entrevista telefónica con Animal Político desde el Reclusorio Norte, Duarte aseguró que no se le acusa de haber perpetrado desapariciones, sino de supuestamente “obstruir” la investigación de las mismas durante su gestión como mandatario estatal.

“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló.

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Duarte, quien a través de demandas de amparo pudo conocer la acusación formulada en su contra por este caso, sostiene que la misma está sustentada en dos testimonios: el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.

Dicho exfuncionarios, quienes también enfrentan proceso por el mismo caso en libertad, señalaron que el gobernador les pidió que no se informara de las desapariciones. 

“Pero esos testimonios son falsos, ellos ya volvieron a declarar ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fueron testimonios obtenidas bajo tortura, que es falso lo que dijeron. En cuanto ellos comparezcan ante un juez eso va a salir a la luz” señaló el exgobernador.

Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió en mayo pasado la recomendación 25/2019 en donde confirmó que, al menos en el caso de Gilberto Aguirre Garza, sí existen elementos para concluir que fue obligado a rendir declaraciones luego de ser sometido a  “actos constitutivos de tortura”, como el ser obligado a escuchar música a un volumen alto o recibir amenazas de daño a su familia. 

De acuerdo con Duarte y con su equipo de abogados esto desvirtúa la validez de dicha declaración y de las demás. Por este motivo, el exgobernador confirmó que ya seguirán buscando un amparo para frenar la ejecución de la orden de aprehensión, sino que optarán por llevar el caso ante un juez en México, con la intención evidenciar que es inocente.

La acusación y el amparo perdido

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler, durante la administración de Javier Duarte (2011 a 2016) se implementó en la entidad una política ilegal de desaparición sistemática de personas, todo ello a manos de mandos y elementos de la policía estatal.

La fiscalía documentó por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en 2013, que previamente fueron detenidos por policías en retenes. El 8 de febrero de 2018, en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron órdenes de arresto en contra de 19 exmandos de la policía estatal en la gestión de Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Las indagatorias continuaron y días después la Fiscalía procedió también en contra del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien actualmente sigue su proceso en libertad.

El 6 de junio del mismo 2018 este medio publicó que una jueza de la entidad había girado una nueva orden de arresto en contra de Javier Duarte. Ello luego de que los fiscales le presentaron indicios, entre ellos la declaración del propio Bermúdez, que apuntaban a un presunto encubrimiento y petición de Duarte para que se ocultara la información sobre varias desapariciones.

No obstante fue apenas en junio pasado cuando se presentó formalmente ante Guatemala el requerimiento para ejecutar dicha orden.

Mientras este tiempo transcurría el equipo de abogados defensores de Javier Duarte promovió una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Su argumento se centró en que el caso estaba débilmente integrado, pues se centraba en un solo testimonio, y que no se les había permitido presentar a ellos elementos para desvirtuarla.

Pero en junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó negarle a Duarte la concesión del amparo, bajo el argumento de que la orden de aprehensión girada en su contra era constitucionalmente válida, y que la solidez o no del caso tenía que dilucidarse en las audiencias que se lleven a cabo cuando el proceso penal inicie.

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La defensa aún contaba con la posibilidad de inconformarse en contra de dicha determinación para que un tribunal la revise, una ruta que ya han seguido en otras demandas de amparo que también han promovido en contra de las demás órdenes de arresto que la Fiscalía estatal obtuvo por presuntos hechos de corrupción.

INAI ordena transparencia: es un caso de interés público

Originalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó clasificar toda la información relacionada con el trámite ante Guatemala para poder ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada, procedimiento que técnicamente se denomina “excepción al principio de especialidad”.

Lo anterior luego de que Animal Político interpuso desde febrero pasado una solicitud de información para conocer el avance en el procedimiento. Tras la negativa de respuesta se promovió un recurso de queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el cual determinó que este era un tema de interés público y debía transparentarse.

En la resolución elaborada por la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y aprobada de forma unánime por el pleno, se estableció en primera instancia que la SRE tenía razón en señalar que la divulgación del proceso de extradición podía afectar la “honra” de la persona aludida, en este caso, Javier Duarte.

Lee: FGR tiene 26 casos pendientes por desvíos de Javier Duarte y están perdidos más de 60 mil mdp

Sin embargo, la resolución subraya que dado que se trata de un tema que involucra a quien fue un servidor público, y a que es un tema de derechos humanos donde debe prevalecer la rendición de cuentas de las autoridades que investiga, se vuelve un asunto de “interés público” que es necesario transparentar.

“En este caso el interés de proteger la información en cuestión, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer si la autoridad ha actuado con legalidad, y en este sentido, si se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y por ende, a una efectiva impartición de justicia” señala la resolución.

En respuesta a dicha instrucción del INAI, la SRE transparentó el avance que hasta mediados de mayo se tenía del procedimiento explicando que le había regresado a la PGR la primera solicitud porque le faltaban datos, y sin que hasta ese momento hubiera recibido nuevamente la petición de parte de la Fiscalía.

Con esa información Animal Político preguntó a la Fiscalía el porqué no se había avanzado en presentar de nuevo la solicitud, y la respuesta es que ya se había realizado y se proporcionaron las fechas.

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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