Un inmueble conecta el caso Odebrecht con La Estafa Maestra
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Un inmueble conecta el caso Odebrecht con La Estafa Maestra

Dos de los mayores escándalos por corrupción que han sacudido México tienen en común un eslabón: un domicilio en Monterrey.
Por Raúl Olmos y Miriam Castillo (MCCI)
23 de julio, 2019
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Un despacho de servicios legales y fiscales que operaba para Odebrecht comparte edificio en Monterrey con una correduría donde fueron creadas al menos seis empresas fantasma de La Estafa Maestra, una de las tramas de corrupción más trascendentes en México durante los últimos años.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió este eslabón en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys del departamento de sobornos de Odebrecht, como parte de la investigación Bribery Division, coordinada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en el que participaron más de 50 reporteros en 10 países.

En el rastreo de más de 13 mil documentos compartidos por el ICIJ, se localizó un contrato –al parecer simulado– entre el despacho regiomontano TTG Asociados SC y una firma fachada de Holanda, para una supuesta asesoría técnica a una filial de Odebrecht en el paraíso fiscal de Islas Caimán.

En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio la calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo León.

Esa dirección es la misma de la Correduría 28, en donde Eva Margarita Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas. Ambos avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, que involucró a universidades estatales en el saqueo de recursos públicos.

El domicilio de Rafael Verger 1814 es un pequeño edificio de dos pisos, en el que sólo hay dos oficinas ocupadas, según constató MCCI: más de la mitad de la planta baja la ocupa la Correduría 28 y en un rincón del piso superior está el despacho de TTG.

Para justificar contablemente los desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar campañas políticas, Odebrecht solía simular contratos de servicios. En la plataforma analizada por MCCI abundan ese tipo de convenios con empresas fachada, uno de ellos el suscrito por TTG.

El contrato con un “hombre de paja”

En mayo de 2013, el despacho regiomontano TTG Asociados firmó un contrato de servicios de ingeniería con un “hombre de paja” o prestanombres, para una filial de Odebrecht constituida en las Islas Caimán, de acuerdo con los documentos revisados.

El contrato era para presentar una oferta para la construcción del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la Provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada a Odebrecht a finales de 2013, mediante sobornos.

Para elaborar la propuesta técnica de la obra, TTG contrató a la empresa holandesa Convergence Capital Partners (CCP), porque supuestamente tenía experiencia en la prestación de servicios en los campos de ingeniería, diseño, desarrollo de proyectos y soporte técnico relacionado con grandes contratos de construcción en el extranjero.

Pero en realidad, la empresa holandesa es una firma fachada, de papel, pues el domicilio que reportó en el contrato corresponde a un edificio de departamentos ubicado en Zandvoort, una localidad costera de los Países Bajos, famoso por tener unas de las playas más populares de Holanda.

Por parte de la empresa holandesa, el contrato lo firmó su supuesto “director”, Marco Termes, quien desde 2008 trabaja como “hombre de paja”, como se llama a los testaferros o prestanombres.

Antes de servir a los intereses de Odebrecht, Termes había intervenido en la transacción de futbolistas en clubes de Europa. La misma empresa holandesa que se había asociado con TTG de México tenía, en 2011, el 30% de participación en la propiedad del futbolista colombiano James Rodríguez, fichado en esos días por el FC Porto de Portugal. 

El propio Termes contó al medio The Black Sea, de Rumania, que su papel en la empresa era simplemente como prestanombres. “Trabajo de hombre de paja: sólo diez horas a la semana”, declaró en una entrevista en diciembre de 2016, días antes de que estallara el escándalo global de corrupción de Odebrecht. 

Leer: Gobierno de EPN pagó 180 mdp a empresas “fantasma” utilizadas por Odebrecht

Termes confesó a periodistas rumanos que, a fines de 2008, un amigo le preguntó si le interesaba trabajar en una compañía fiduciaria en Ámsterdam como “director” de varias empresas de papel. Su labor consistiría básicamente en recoger firmas de los involucrados y aparecer en los papeles como el representante. Fue así que se volvió “empresario”, aunque en realidad aceptó el empleo para dedicar tiempo a su afición: escribir poesía y novelas.

Además del contrato firmado con la empresa “fachada” de Holanda, en el sistema secreto de Odebrecht revisado por MCCI aparecen más referencias al despacho regiomontano TTG.

En un archivo figuran dos pagos de facturas en 2014 por 2 millones 43 mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador, según reveló MCCI el pasado 27 de junio.

Vínculos con empresas fantasma de Veracruz

En el pequeño edificio ubicado en el cruce de las calles Rafael Verger y Mariano Matamoros, en Monterrey, está la oficina de TTG Asociados. 

Se encuentra en el segundo piso del edificio, en una esquina y apenas identificado con un letrero rectangular.

MCCI acudió a la dirección y pidió hablar con el encargado del despacho. La mujer que atendió la puerta explicó que en realidad casi nunca hay personal en dichas oficinas y más bien sólo se recibe documentación.

Al interior del despacho hay poco mobiliario y efectivamente no hay personal de planta que acuda ahí.

TTG tiene otro domicilio en Tampico, en la calle Puebla 603, en donde también opera el despacho García, Terán & Torres Asociados SC.

Abogados y contadores que han colaborado para esos despachos participaron como apoderados de una red de 12 empresas fantasma creadas en Veracruz, dos de las cuales (Blunderbuss y PLC Servicios) también aparecen en la plataforma secreta del departamento de sobornos de Odebrecht con transferencias millonarias, según documentó MCCI en anterior investigación.

Blunderbuss Company de México, que fue creada el 3 de junio de 2008 en Poza Rica, tuvo transacciones por más de 6 millones de dólares con empresas ‘de papel’ ligadas a Odebrecht, mientras que PLC Servicios, establecida el 13 de diciembre de 2010 en la población de Naranjos, figura en la plataforma secreta Drousys con operaciones encubiertas por 5 millones de dólares. La información a la que tuvo acceso MCCI no precisa los beneficiarios de ese dinero, pero el pasado 18 de junio el diario Reforma informaba que a Blunderbuss se depositaron fondos para la campaña priista de Tamaulipas en 2010.

PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas entre sí.

El dueño legal de PLC es Enrique del Carmen Pacheco Orta, quien en su perfil de Linkedin menciona que de 2008 a la actualidad ha trabajado como asesor de TTG. En documentos obtenidos por MCCI aparece, además, como apoderado de otras tres empresas fantasma de Veracruz, en una de las cuales participa el dueño de Blunderbuss.

Aunque se ha deslindado de TTG Asociados, MCCI constató que el contador tamaulipeco José Luis Terán Álvarez aparece en actas como socio de esa empresa creada en Monterrey, junto con familiares.

Cuestionado sobre las operaciones que aparecen en la plataforma de Odebrecht que involucran a TTG, Terán reconoció que un despacho contable de su propiedad ha trabajado con Odebrecht, pero negó que se haya prestado a actos ilegales, como la simulación de contratos.

“Los pagos que aparecen ahí (en la plataforma de Odebrecht) son por servicios”, aseguró. “Pagamos nuestros impuestos y jamás hemos hecho nada que tenga que ver con corrupción”.

‘Fábrica de empresas fantasma’

En la misma dirección de TTG en Monterrey, pero en la planta baja del edificio, está la Correduría 28 de Alfonso Gómez Tamez; él y su hermana Eva Margarita aparecen como notarios en seis actas de constitución de empresas que formaron parte de La Estafa Maestra y 17 más que están catalogadas como fantasma y aparentemente desviaron recursos públicos en otras entidades de gobierno.

Alfonso Gómez explicó a MCCI que su papel como fedatario no es de notario, sino corredor, es decir que sólo ve el tema mercantil y su papel es dar fe de la constitución de empresas y los movimientos legales que necesiten.

Al cuestionarlo sobre la creación de las empresas que de manera sistemática participaron en la desviación de fondos federales, argumentó que el uso que se le dé a las compañías que son dadas de alta en su correduría, no está bajo su responsabilidad. 

“Yo hago mi trabajo, yo te la doy (el acta constitutiva). Lo que hagas de aquí para allá ya no me toca; no soy quién para estar cuidando o vigilando”. 

Durante una entrevista hecha a principios de julio en las oficinas de Monterrey, consideró que no hay un límite de empresas que puedan ser creadas por una persona física y mientras se cumplan los requisitos que se estipulan en la ley y se cubran los honorarios, las compañías pueden darse de alta. 

Incluso, dijo en tono de orgullo que él en 10 años ha podido registrar 32 mil actas, mientras que en otras oficinas el promedio en ese mismo tiempo es de 3 a 4 mil actas. 

El que al menos seis de esas empresas hayan participado en La Estafa Maestra y otras más participaran en esquemas de desvío de recursos estatales, lo calificó como una coincidencia. 

Las compañías “fantasma” que ayudaron a crear recibieron contratos con las universidades y fungieron como intermediarias para la transferencia de los recursos destinados específicamente al programa social denominado Cruzada contra el Hambre. 

La Cruzada fue un proyecto lanzado al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña, operado por la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Rosario Robles y que contó con la participación estelar del ex presidente brasileño, Luis Inacio Lula Da Silva, quien incluso visitó algunas de las comunidades. 

Según las actas del registro público de las empresas Evyena, Femexport, Icalma, Comercializadora Integral de Servicios Villarregia, Grupo Tecnológico JXA, Grupo Industrial y Servicios Yafed, en todas participaron en su constitución como notarios los hermanos Gómez Tamez. 

Fundadas entre 2009 y 2013, comparten accionistas, representantes legales o comisarios, además de que todas participaron en la trama de transferencias de recursos de la Sedesol a través de un convenio con la Universidad de Morelos. Tan sólo entre 2013 y 2014 obtuvieron 435 millones de pesos en tres contratos, dinero que fue desviado. 

En algunos casos durante las licitaciones de esa Universidad las empresas concursaron entre sí a pesar de que compartían dirección fiscal y representantes legales.

La investigación conocida como La Estafa Maestra, publicada en septiembre de 2017 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político documentó que mediante ese mecanismo se desvariaron al menos 5,000 millones de pesos.

En ese reportaje aparecían las seis empresas notariadas por los Gómez Tamez, que reportaban como domicilio la avenida Vasconcelos 1501, en San Pedro Garza García, zona conurbada de Monterrey, un local atiborrado de cajas y donde apenas cabía inclinado un pequeño escritorio. Para julio de 2019 la oficina ya luce vacía y solo quedan los estantes sin cajas. 

Empresas más allá de la Estafa 

El nombre de los hermanos Gómez Tamez también aparece en 13 empresas más que han sido señaladas por desvío de recursos en al menos tres estados y cuatro municipios. 

Los notarios conformaron las empresas Constructora Yapo, comercializadora Rivercruz y constructora Bofil y Femexfort, todas con observaciones por incumplimiento.

Constructora Bofil tiene contratos con los gobiernos de Sonora y Tabasco; en la misma medida tienen investigaciones de las auditorías estatales por incumplimiento. 

Rivercruz, se encuentra en la relación ante el INE de proveedores y prestadores de servicios que tuvieron operaciones con la coalición Compromiso por México, con la que compitió por la presidencia Enrique Peña Nieto. También tiene observaciones hechas por Hacienda por considerarla fantasma.

Otra más es Femexport que tiene contratos tanto en 2015 y 2016 con los gobiernos estatales de Nuevo León y los ayuntamientos de Santa Catarina y Cadereyta donde los empresarios locales se quejaron de que la empresa no cumplía con los requisitos locales y aun así había obtenido los contratos para ejecutar obras de pavimentación. En total la empresa recibió poco más de 50 millones de pesos, aunque en 2015 fue considerada como una empresa fantasma por las autoridades del SAT. 

Las empresas fueron creadas en una sola fecha o en bloques ante el Registro Público de Comercio, la mayoría fueron dadas de alta entre 2009 y 2013.

Eva Margarita Gómez Tamez y José Alfonso Gómez Tamez tenían una sociedad en la correduría; él fue nombrado como suplente cuando ésta se fue a contender por un cargo a la diputación local. Después deshicieron la sociedad y cada quien atiende sus casos. La oficina de Eva Margarita está ubicada en el municipio de Allende. No es la primera vez que su nombre se encuentra vinculado a la creación de empresas fantasma. 

En 2015 fue mencionada por avalar la creación de la empresa Desarrollo Comercial Lexir, una empresa relacionada con propiedades donde vivía Omar Treviño Morales, un narcotraficante conocido como el Z-42. 

En 2017, los hermanos Gómez Tamez fueron mencionados como los notarios que dieron el aval para crear al menos 14 empresas que se utilizaron para desviar más de 700 millones de pesos del gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin embargo, Alfonso Gómez se deslindó absolutamente de esos malos manejos que se hicieron con las empresas que ayudó a crear.

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Los exclusivos barrios en EU con clínicas privadas de test de covid-19 y médicos a domicilio

La pandemia ha evidenciado la extrema desigualdad en la atención sanitaria en la primera potencia mundial: mientras unos tienen acceso a tests rápidos y a domicilio, otros esperan largas colas para acercarse a uno de ellos... y a veces ni eso.
20 de abril, 2020
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Fisher Island.

Getty Images
La exclusiva isla de Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos.

Una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras y en Miami ahora mismo hay dos que reflejan cuasi a la perfección el sistema sanitario de Estados Unidos.

Por un lado, colas de vehículos en el aparcamiento de un estadio para hacerse una prueba de coronavirus; por otra, una exclusiva isla y hogar de las élites con una clínica privada abierta solamente para hacer pruebas rápidas de covid-19 a todos sus residentes y empleados, más de 1,000.

Hay muchos detalles que no se ven en esas imágenes, como que las pruebas en uno y otro lugar son distintas y, por ende, cumplen diferentes funciones, pero ambas evidencian la profunda desigualdad en el acceso a la sanidad en la autodenominada tierra de la libertad.

En medio de una pandemia como la del coronavirus, esa diferencia puede llegar a determinar si vives o mueres, por lo que no es de extrañar que ante la situación tan dramática que vivimos esas dos fotografías generen polémica.

Fisher Island

La controversia creció después de que el diario The Miami Herald publicara que Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos, había decidido comprar miles de tests rápidos de covid-19 al Sistema de Sanitario de la Universidad de Miami (UHealth), una entidad privada.

“Para minimizar aún más la propagación en la isla densamente poblada, en la que la mitad de los residentes tienen más de 60 años y están en alto riesgo, Fisher Island pidió a UHealth que les proveyera tests de anticuerpos de covid-19 para todos sus empleados y residentes“, explica a BBC Mundo la portavoz de la isla, Sissy DeMaria.

Fisher Island, pegada a la icónica Miami Beach, abrió un centro para la ocasión y las pruebas se están llevando a cabo, junto a otras medidas de prevención.

Fisher Island, edificios.

Getty Images
Hasta la isla solo es posible ir en barco.

Desde UHealth reconocen que su servicio “puede haber dado la impresión de que algunas comunidades recibirían un trato preferencial”, pero aseguran que no fue su “intención”.

“Uno de los primeros casos confirmados de coronavirus en el condado de Miami-Dade fue en Fisher Island, más de la mitad de la población es mayor de 60 años y muchos residentes estaban volviendo del noreste”, la zona más golpeada por la covid-19, destaca la portavoz Lisa Worley en un escueto comunicado.

El centro universitario ha estado colaborando con las agencias gubernamentales y de salud pública y llevó a cabo una iniciativa para hacer pruebas de anticuerpos de covid-19 a 3.500 personas al azar en Florida, recogen medios locales.

Pese a ello, la noticia sobre Fisher Island generó rápidamente una oleada de frustración y enfado, ante la escasez de equipos y el acceso limitado a tests.

“Los estadounidenses y, a veces, el resto del mundo, están escandalizados de descubrir que gente muy adinerada puede usar sus recursos para conseguir ventajas cuando tienen una necesidad médica, incluido en una plaga, pero eso siempre ha sido así. Es algo que los estadounidenses parecen tolerar”, apunta Arthur Caplan, director de Ética Médica de la Universidad de Nueva York.

“Estados Unidos nunca ha reconocido el derecho a la sanidad. Muchos estadounidenses obtienen su cobertura sanitaria a través del trabajo, lo que significa que éticamente tienen que ganársela. Y si dejan de trabajar, la pierden”.

El sistema sanitario estadounidense funciona mayoritariamente a base de seguros privados, pero millones de personas no disponen de uno o tienen coberturas insuficientes.

“Cuando no tienes un sistema del que todo el mundo forma parte, entonces existe un menor sentido ético de responsabilidad comunitaria”, reflexiona el experto.

"Éticamente es bastante despreciable usar dinero en el libre mercado para desviar recursos para quien puede pagar y no para quien más lo necesita"", Source: Arthur Caplan, Source description: Director del Área de Ética Médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York., Image: Professor Caplan

En esta crisis, el gobierno está adquiriendo un mayor papel del habitual a nivel federal, pero en muchos aspectos, son los estados los que tienen el control. También en cuestiones sanitarias.

En Florida, las autoridades han instalado ocho clínicas móviles en las comunidades más afectadas, según explican desde el Departamento de Salud a BBC Mundo.

Uno de los servicios con mayor demanda se ubica en uno de los aparcamientos del estadio Hard Rock en Miami, donde se celebró este año la final de la Super Bowl.

Médicos en Hard Rock.

Getty Images
El del aparcamiento del estadio Hard Rock es uno de los sitios de pruebas que instaló Florida en el estado.

Allí, los equipos médicos realizan diariamente los llamados test PCR, que constata si una persona tiene covid-19, a través de una muestra recogida de la nariz o la garganta y un análisis de laboratorio.

Esa consulta es diferente a la de Fisher Island, una prueba rápida de sangre que solo puede determinar si una persona ha pasado ya la enfermedad, pero no si está infectada.

Dada la cantidad de personas que acudieron al aparcamiento de Hard Rock, el personal sanitario tuvo que colgar el cartel de cerrado poco tiempo después de abrir las puertas en varios días de la pasada semana.

Ello llevó a que aumentaran la capacidad, de 400 test diarios a 750, y se rebajaran los requisitos.

Médicos “concierge”

No obstante, el de Fisher Island no es el único caso que evidencia las desigualdades en esta crisis sanitaria, de la que Estados Unidos ya es la nación más afectada en número de muertos y contagiados, según los recuentos oficiales.

La prensa local recoge, por ejemplo, el caso de una multinacional biomédica en Colorado que decidió comprar pruebas rápidas de anticuerpos de covid-19 para todo un condado, en el que habitan unas 8.000 personas, entre ellas, dos de sus ejecutivos durante una parte del año.

Se trata de una iniciativa inédita en el país, que enfrentó dificultades pero que parecía estar de nuevo en marcha, según un comunicado del gobierno del condado.

BBC Mundo contactó con la firma para recabar más información, pero no recibió respuesta.

Una joven mira a una mujer a través de una ventana

Getty Images
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

El experto en Ética Médica menciona por su parte el caso de una comunidad adinerada en Westport, Connecticut, que también trató de acceder a tests privados, y cita los servicios de los llamados médicos “concierge“, que están ofreciendo pruebas a domicilio.

David Nazarian es uno de estos profesionales. Con clínica en el lujoso barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, el médico ha registrado un persistente aumento de consultas desde el principio de la epidemia y montó un centro de pruebas con atención a personas desde sus vehículos.

“He trabajado muy duro desde el principio porque considero que es muy importante (…) Esta es una crisis que todos estamos enfrentando. Pobres y ricos. No se trata de eso. Se trata de lo que todos podemos hacer para controlar este virus. Si no lo hacemos, no pararemos los contagios y no podremos hacer que la gente retome sus vidas. Esa es la cuestión más importante, porque si no, todo el mundo va a sufrir”, considera.

Su clientela se compone de familias o individuos del mundo del entretenimiento o altos ejecutivos, pero asegura que sus servicios están disponibles para todos a un precio que prefiere no revelar.

No obstante, Nazarian lleva 10 años atendiendo a un porcentaje de sus pacientes gratis, una tarea que sigue llevando a cabo en este crucial momento, asegura en conversación con BBC Mundo.

Beverly Hills Hotel en época de coronavirus.

Getty Images
California es uno de los estados que mejor respondió a la covid-19 en Estados Unidos, según los expertos.

El equipo del médico ha realizado pruebas de PCR o de anticuerpos a domicilio o en su clínica móvil, además de para empresas, con los materiales que pudo comprar y un poco de innovación ante la falta de recursos, creando ellos mismos algunos materiales.

“No hay ninguna duda de las desigualdades y desafortunadamente siempre ha sido así. Ojalá no lo fuera. Todo el mundo debería tener acceso a una buena sanidad. Todo el mundo debería poder hacerse la prueba”, afirma.

En su opinión, el gobierno debería estar haciendo más: “Es lamentable que vivamos en Estados Unidos y nos estemos quedando atrás en capacidad de tests comparado con otros países”.

Tras los problemas con los tests al principio de la pandemia, EE.UU. ahora está haciendo unas 150.000 pruebas por día. Pero los mayores expertos en el campo consideran que el número debería ser muy superior: entre los 5 y los 22 millones diarios.

Este país es un estado fallido“, lamentaba un enfermero anestesista de un hospital de Nueva York a principios de mes, revelando uno de los momentos más trágicos de su carrera.

El profesional, Derrick Smith, compartió en Facebook las últimas palabras de un paciente de covid-19 en estado crítico antes de intubarle y conectarle a un respirador.

“Who’s going to pay for it?”Last words I’ll never forget // the response my patient gasped out (between labored…

Posted by Derrick Smit on Friday, April 3, 2020

“¿Quién va a pagar por esto?”, le espetó el enfermo con visibles problemas para respirar y hablar, y antes de que le dejaran llamar a su mujer, pues muchos enfermos “nunca se recuperan tras ser intubados”, relató.

La dramática escena lleva inevitablemente a la reflexión: ¿provocará esta brutal pandemia un cambio en EE.UU.?

“No apostaría por ello”, zanja Caplan.

En Estados Unidos, remarca el experto, las viejas ideas conservadoras pesan: la salud es un privilegio, no un derecho.


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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk

https://www.youtube.com/watch?v=QBv7nudMSpc

https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE

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