Un inmueble conecta el caso Odebrecht con La Estafa Maestra
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Un inmueble conecta el caso Odebrecht con La Estafa Maestra

Dos de los mayores escándalos por corrupción que han sacudido México tienen en común un eslabón: un domicilio en Monterrey.
Por Raúl Olmos y Miriam Castillo (MCCI)
23 de julio, 2019
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Un despacho de servicios legales y fiscales que operaba para Odebrecht comparte edificio en Monterrey con una correduría donde fueron creadas al menos seis empresas fantasma de La Estafa Maestra, una de las tramas de corrupción más trascendentes en México durante los últimos años.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió este eslabón en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys del departamento de sobornos de Odebrecht, como parte de la investigación Bribery Division, coordinada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en el que participaron más de 50 reporteros en 10 países.

En el rastreo de más de 13 mil documentos compartidos por el ICIJ, se localizó un contrato –al parecer simulado– entre el despacho regiomontano TTG Asociados SC y una firma fachada de Holanda, para una supuesta asesoría técnica a una filial de Odebrecht en el paraíso fiscal de Islas Caimán.

En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio la calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo León.

Esa dirección es la misma de la Correduría 28, en donde Eva Margarita Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas. Ambos avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, que involucró a universidades estatales en el saqueo de recursos públicos.

El domicilio de Rafael Verger 1814 es un pequeño edificio de dos pisos, en el que sólo hay dos oficinas ocupadas, según constató MCCI: más de la mitad de la planta baja la ocupa la Correduría 28 y en un rincón del piso superior está el despacho de TTG.

Para justificar contablemente los desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar campañas políticas, Odebrecht solía simular contratos de servicios. En la plataforma analizada por MCCI abundan ese tipo de convenios con empresas fachada, uno de ellos el suscrito por TTG.

El contrato con un “hombre de paja”

En mayo de 2013, el despacho regiomontano TTG Asociados firmó un contrato de servicios de ingeniería con un “hombre de paja” o prestanombres, para una filial de Odebrecht constituida en las Islas Caimán, de acuerdo con los documentos revisados.

El contrato era para presentar una oferta para la construcción del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la Provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada a Odebrecht a finales de 2013, mediante sobornos.

Para elaborar la propuesta técnica de la obra, TTG contrató a la empresa holandesa Convergence Capital Partners (CCP), porque supuestamente tenía experiencia en la prestación de servicios en los campos de ingeniería, diseño, desarrollo de proyectos y soporte técnico relacionado con grandes contratos de construcción en el extranjero.

Pero en realidad, la empresa holandesa es una firma fachada, de papel, pues el domicilio que reportó en el contrato corresponde a un edificio de departamentos ubicado en Zandvoort, una localidad costera de los Países Bajos, famoso por tener unas de las playas más populares de Holanda.

Por parte de la empresa holandesa, el contrato lo firmó su supuesto “director”, Marco Termes, quien desde 2008 trabaja como “hombre de paja”, como se llama a los testaferros o prestanombres.

Antes de servir a los intereses de Odebrecht, Termes había intervenido en la transacción de futbolistas en clubes de Europa. La misma empresa holandesa que se había asociado con TTG de México tenía, en 2011, el 30% de participación en la propiedad del futbolista colombiano James Rodríguez, fichado en esos días por el FC Porto de Portugal. 

El propio Termes contó al medio The Black Sea, de Rumania, que su papel en la empresa era simplemente como prestanombres. “Trabajo de hombre de paja: sólo diez horas a la semana”, declaró en una entrevista en diciembre de 2016, días antes de que estallara el escándalo global de corrupción de Odebrecht. 

Leer: Gobierno de EPN pagó 180 mdp a empresas “fantasma” utilizadas por Odebrecht

Termes confesó a periodistas rumanos que, a fines de 2008, un amigo le preguntó si le interesaba trabajar en una compañía fiduciaria en Ámsterdam como “director” de varias empresas de papel. Su labor consistiría básicamente en recoger firmas de los involucrados y aparecer en los papeles como el representante. Fue así que se volvió “empresario”, aunque en realidad aceptó el empleo para dedicar tiempo a su afición: escribir poesía y novelas.

Además del contrato firmado con la empresa “fachada” de Holanda, en el sistema secreto de Odebrecht revisado por MCCI aparecen más referencias al despacho regiomontano TTG.

En un archivo figuran dos pagos de facturas en 2014 por 2 millones 43 mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador, según reveló MCCI el pasado 27 de junio.

Vínculos con empresas fantasma de Veracruz

En el pequeño edificio ubicado en el cruce de las calles Rafael Verger y Mariano Matamoros, en Monterrey, está la oficina de TTG Asociados. 

Se encuentra en el segundo piso del edificio, en una esquina y apenas identificado con un letrero rectangular.

MCCI acudió a la dirección y pidió hablar con el encargado del despacho. La mujer que atendió la puerta explicó que en realidad casi nunca hay personal en dichas oficinas y más bien sólo se recibe documentación.

Al interior del despacho hay poco mobiliario y efectivamente no hay personal de planta que acuda ahí.

TTG tiene otro domicilio en Tampico, en la calle Puebla 603, en donde también opera el despacho García, Terán & Torres Asociados SC.

Abogados y contadores que han colaborado para esos despachos participaron como apoderados de una red de 12 empresas fantasma creadas en Veracruz, dos de las cuales (Blunderbuss y PLC Servicios) también aparecen en la plataforma secreta del departamento de sobornos de Odebrecht con transferencias millonarias, según documentó MCCI en anterior investigación.

Blunderbuss Company de México, que fue creada el 3 de junio de 2008 en Poza Rica, tuvo transacciones por más de 6 millones de dólares con empresas ‘de papel’ ligadas a Odebrecht, mientras que PLC Servicios, establecida el 13 de diciembre de 2010 en la población de Naranjos, figura en la plataforma secreta Drousys con operaciones encubiertas por 5 millones de dólares. La información a la que tuvo acceso MCCI no precisa los beneficiarios de ese dinero, pero el pasado 18 de junio el diario Reforma informaba que a Blunderbuss se depositaron fondos para la campaña priista de Tamaulipas en 2010.

PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas entre sí.

El dueño legal de PLC es Enrique del Carmen Pacheco Orta, quien en su perfil de Linkedin menciona que de 2008 a la actualidad ha trabajado como asesor de TTG. En documentos obtenidos por MCCI aparece, además, como apoderado de otras tres empresas fantasma de Veracruz, en una de las cuales participa el dueño de Blunderbuss.

Aunque se ha deslindado de TTG Asociados, MCCI constató que el contador tamaulipeco José Luis Terán Álvarez aparece en actas como socio de esa empresa creada en Monterrey, junto con familiares.

Cuestionado sobre las operaciones que aparecen en la plataforma de Odebrecht que involucran a TTG, Terán reconoció que un despacho contable de su propiedad ha trabajado con Odebrecht, pero negó que se haya prestado a actos ilegales, como la simulación de contratos.

“Los pagos que aparecen ahí (en la plataforma de Odebrecht) son por servicios”, aseguró. “Pagamos nuestros impuestos y jamás hemos hecho nada que tenga que ver con corrupción”.

‘Fábrica de empresas fantasma’

En la misma dirección de TTG en Monterrey, pero en la planta baja del edificio, está la Correduría 28 de Alfonso Gómez Tamez; él y su hermana Eva Margarita aparecen como notarios en seis actas de constitución de empresas que formaron parte de La Estafa Maestra y 17 más que están catalogadas como fantasma y aparentemente desviaron recursos públicos en otras entidades de gobierno.

Alfonso Gómez explicó a MCCI que su papel como fedatario no es de notario, sino corredor, es decir que sólo ve el tema mercantil y su papel es dar fe de la constitución de empresas y los movimientos legales que necesiten.

Al cuestionarlo sobre la creación de las empresas que de manera sistemática participaron en la desviación de fondos federales, argumentó que el uso que se le dé a las compañías que son dadas de alta en su correduría, no está bajo su responsabilidad. 

“Yo hago mi trabajo, yo te la doy (el acta constitutiva). Lo que hagas de aquí para allá ya no me toca; no soy quién para estar cuidando o vigilando”. 

Durante una entrevista hecha a principios de julio en las oficinas de Monterrey, consideró que no hay un límite de empresas que puedan ser creadas por una persona física y mientras se cumplan los requisitos que se estipulan en la ley y se cubran los honorarios, las compañías pueden darse de alta. 

Incluso, dijo en tono de orgullo que él en 10 años ha podido registrar 32 mil actas, mientras que en otras oficinas el promedio en ese mismo tiempo es de 3 a 4 mil actas. 

El que al menos seis de esas empresas hayan participado en La Estafa Maestra y otras más participaran en esquemas de desvío de recursos estatales, lo calificó como una coincidencia. 

Las compañías “fantasma” que ayudaron a crear recibieron contratos con las universidades y fungieron como intermediarias para la transferencia de los recursos destinados específicamente al programa social denominado Cruzada contra el Hambre. 

La Cruzada fue un proyecto lanzado al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña, operado por la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Rosario Robles y que contó con la participación estelar del ex presidente brasileño, Luis Inacio Lula Da Silva, quien incluso visitó algunas de las comunidades. 

Según las actas del registro público de las empresas Evyena, Femexport, Icalma, Comercializadora Integral de Servicios Villarregia, Grupo Tecnológico JXA, Grupo Industrial y Servicios Yafed, en todas participaron en su constitución como notarios los hermanos Gómez Tamez. 

Fundadas entre 2009 y 2013, comparten accionistas, representantes legales o comisarios, además de que todas participaron en la trama de transferencias de recursos de la Sedesol a través de un convenio con la Universidad de Morelos. Tan sólo entre 2013 y 2014 obtuvieron 435 millones de pesos en tres contratos, dinero que fue desviado. 

En algunos casos durante las licitaciones de esa Universidad las empresas concursaron entre sí a pesar de que compartían dirección fiscal y representantes legales.

La investigación conocida como La Estafa Maestra, publicada en septiembre de 2017 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político documentó que mediante ese mecanismo se desvariaron al menos 5,000 millones de pesos.

En ese reportaje aparecían las seis empresas notariadas por los Gómez Tamez, que reportaban como domicilio la avenida Vasconcelos 1501, en San Pedro Garza García, zona conurbada de Monterrey, un local atiborrado de cajas y donde apenas cabía inclinado un pequeño escritorio. Para julio de 2019 la oficina ya luce vacía y solo quedan los estantes sin cajas. 

Empresas más allá de la Estafa 

El nombre de los hermanos Gómez Tamez también aparece en 13 empresas más que han sido señaladas por desvío de recursos en al menos tres estados y cuatro municipios. 

Los notarios conformaron las empresas Constructora Yapo, comercializadora Rivercruz y constructora Bofil y Femexfort, todas con observaciones por incumplimiento.

Constructora Bofil tiene contratos con los gobiernos de Sonora y Tabasco; en la misma medida tienen investigaciones de las auditorías estatales por incumplimiento. 

Rivercruz, se encuentra en la relación ante el INE de proveedores y prestadores de servicios que tuvieron operaciones con la coalición Compromiso por México, con la que compitió por la presidencia Enrique Peña Nieto. También tiene observaciones hechas por Hacienda por considerarla fantasma.

Otra más es Femexport que tiene contratos tanto en 2015 y 2016 con los gobiernos estatales de Nuevo León y los ayuntamientos de Santa Catarina y Cadereyta donde los empresarios locales se quejaron de que la empresa no cumplía con los requisitos locales y aun así había obtenido los contratos para ejecutar obras de pavimentación. En total la empresa recibió poco más de 50 millones de pesos, aunque en 2015 fue considerada como una empresa fantasma por las autoridades del SAT. 

Las empresas fueron creadas en una sola fecha o en bloques ante el Registro Público de Comercio, la mayoría fueron dadas de alta entre 2009 y 2013.

Eva Margarita Gómez Tamez y José Alfonso Gómez Tamez tenían una sociedad en la correduría; él fue nombrado como suplente cuando ésta se fue a contender por un cargo a la diputación local. Después deshicieron la sociedad y cada quien atiende sus casos. La oficina de Eva Margarita está ubicada en el municipio de Allende. No es la primera vez que su nombre se encuentra vinculado a la creación de empresas fantasma. 

En 2015 fue mencionada por avalar la creación de la empresa Desarrollo Comercial Lexir, una empresa relacionada con propiedades donde vivía Omar Treviño Morales, un narcotraficante conocido como el Z-42. 

En 2017, los hermanos Gómez Tamez fueron mencionados como los notarios que dieron el aval para crear al menos 14 empresas que se utilizaron para desviar más de 700 millones de pesos del gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin embargo, Alfonso Gómez se deslindó absolutamente de esos malos manejos que se hicieron con las empresas que ayudó a crear.

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Facebook: la demanda del gobierno de EU contra la red social que busca obligarle a que venda Instagram y WhatsApp

Las autoridades federales acusan a la compañía, propietaria de Instagram y WhatsApp, de prácticas ilegales para impedir la libre competencia.
11 de diciembre, 2020
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Reguladores federales y fiscales de más de 45 estados de EU demandaron este miércoles a Facebook por lo que consideran prácticas monopólicas para absorber potenciales competidores y asfixiar la libre competencia.

La demanda es uno de los pasos más significativos que ha dado hasta la fecha el gobierno estadounidense contra la compañía tecnológica y, de alcanzar su objetivo, podría llevar a los tribunales a ordenar a Mark Zuckerberg la venta de Instagram y WhatsApp.

Facebook alega que los acuerdos de compra de esas últimas empresas, ahora bajo la lupa de los tribunales, ya recibieron el visto bueno de las autoridades años atrás .

“El gobierno quiere ahora una revisión, enviando a las empresas estadounidenses el mensaje escalofriante de que no hay venta que sea definitiva”, dijo Jennifer Newstead, consejera general de Facebook.

Newstead indicó que la compañía había invertido millones de dólares para que Instagram y WhatsApp fueran exitosos y que Facebook se defendería “vigorosamente” en las cortes.

“Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas”, agregó.

¿En qué consisten las demandas?

Las demandas presentadas por los estados y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) se centran en la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012, la compra de WhatsApp en 2014 y las reglas que rigen a los desarrolladores de software externos.

Los demandantes acusan a Facebook de adoptar un enfoque de “comprar o enterrar” a los rivales potenciales, perjudicando a los competidores.

Y, también, a usuarios, que según los fiscales han perdido el control de sus propios datos para respaldar los ingresos publicitarios de la empresa.

Zuckerberg

Reuters
Las demandas citan correos internos de Zuckerberg.

Las demandas citan mensajes internos de Zuckerberg, como un correo electrónico de 2008 que decía que era “mejor comprar que competir”.

“Durante casi una década, Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y acabar con la competencia, todo a expensas de sus usuarios”, dijo la procuradora general de Nueva York Letitia James, quien lidera la batalla legal de los estados.

“Ninguna empresa debería tener tanto poder sin control sobre nuestras interacciones personales y sociales. Por eso estamos tomando medidas hoy”, agregó.


Una larga batalla legal para Facebook

por James Clayton, corresponsal de tecnología de la BBC para América del Norte

A veces es bastante difícil comprender cuán grande es el poder de esta empresa: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, todos propiedad de una única compañía

Lo que sostiene la Comisión Federal de Comercio (FTC) es que hay una razón por la que Facebook llegó a dominar este sector tan lucrativo: adquirió la competencia ilegalmente.

Dos personas sostienen sus celulares ante un cartel con el logotipo de WhatsApp.

Getty Images
WhatsApp es una de las apps de mensajería más utilizadas del mundo.

En 2012, Instagram estaba creciendo rápidamente. Facebook estaba preocupado.

Zuckerberg había admitido que Instagram era un competidor y lo compró por una cifra que ahora parece baja: 1.000 millones de dólares.

WhatsApp también estaba creciendo a velocidades increíbles en 2014. ¿Iba a amenazar el propio servicio de mensajería de Facebook? Zuckerberg también lo compró.

Ambas adquisiciones fueron analizadas previamente por la FTC y fueron aprobadas.

The Facebook logo is displayed on a mobile phone

Reuters
El gobierno de Trump ha tenido una relación complicada con Facebook.

Ese es el argumento de Facebook, que compraron estas empresas cuando eran mucho más pequeñas, que no había nada predeterminado sobre su éxito.

En otras palabras, no castiguen a Facebook por crear empresas estadounidenses exitosas.

La separación de Instagram y WhatsApp de Facebook ahora se decidirá en los tribunales, pero estas demandas antimonopolio llevan tiempo.

También habrá una amplia oportunidad para apelaciones, así que no deberíamos esperar una potencial ruptura de Facebook en un futuro mediato.

Pero esto es una indicación más de hacia dónde se dirigen ahora los tribunales y los políticos: las grandes empresas tecnológicas son demasiado grandes a los ojos de muchas personas.

Acusaciones de monopolio

Las demandas ocurren en un momento en el que los reguladores estadounidenses están examinando más de cerca el poder del que disfrutan las empresas de tecnología.

Este verano, los jefes de Google, Amazon, Facebook y Apple se vieron obligados a testificar ante el Congreso, como parte de una investigación más amplia sobre su influencia en el mercado.

En octubre, el Departamento de Justicia demandó a Google, acusando a la empresa de violar las leyes de competencia de Estados Unidos para mantener el monopolio de las búsquedas y la publicidad en internet.

Más de 2.500 millones de personas utilizan una de las aplicaciones de Facebook cada día.

La empresa, valorada en casi US$800.000 millones, emplea a más de 56 mil personas y reportó más de 18 mil millones de dólares en ganancias el año pasado.

El Open Markets Institute, un grupo de expertos de Washington que ha estado presionando a los reguladores para que adopten una postura más agresiva contra las empresas de tecnología, dijo que las demandas eran un “paso crítico” hacia adelante.

“Todavía hay más por hacer, pero este es un gran momento”, escribió la organización en Twitter.


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