La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobierno y fiscalía de Morelos por violaciones cometidas durante los operativos policiales en los límites de Temixco y Cuernavaca, que causaron la muerte a seis personas, incluidos dos menores de edad.
El organismo acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a las casas habitación en que estaban las víctimas; realizó detenciones arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente y aplicó uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos un bebé de 30 meses y un menor.
Además de trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima, señaló en un comunicado.
Advirtió que al gobierno estatal se le atribuye la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos en la entidad; mientras que a la Fiscalía General de Justicia se le acusa de dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas.
En tanto, a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, se le responsabiliza de irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos.
En este sentido, consideró que la Fiscalía General estatal, en el ámbito de su competencia, deberá continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de tres víctimas.
Por ello, la CNDH recomendó al gobierno de Morelos brinde a los familiares de las víctimas y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley y reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos.
Además de que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.
También se pide colaborar en las investigaciones para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, de quienes en la cadena de mando ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos.
De igual manera, actuar contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas.
Al fiscal General se le recomienda continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de seis personas, incluidos dos infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia.
También deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las seis personas privadas de la vida.
