En 6 años, casi 2 mil despidos irregulares de policías federales; falta dinero para indemnizarlos
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Cuartoscuro Archivo

En 6 años, casi 2 mil despidos irregulares de policías federales; falta dinero para indemnizarlos

La Policía Federal ha tenido que pagar más de 800 millones de pesos en indemnizaciones, por despidos irregulares, y aún le falta.
Cuartoscuro Archivo
4 de julio, 2019
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En los últimos seis años casi dos mil elementos de la Policía Federal fueron despedidos irregularmente, con el argumento de que no superaron las evaluaciones de control de confianza, pero sin el sustento necesario. Jueces federales han ordenado que dichos agentes sean indemnizados, sin embargo, hasta la fecha la corporación no ha podido cubrir todos los pagos por falta de presupuesto.

Datos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia y de procesos judiciales que iniciaron los afectados, revelan que 2 de cada 3 policías federales separados en este periodo lograron demostrar que no había justificación suficiente para quitarles su trabajo. Es decir, en la mayor parte de los casos se hicieron mal las cosas.

No obstante, como la Constitución no permite la reinstalación de funcionarios de seguridad separados del cargo, los afectados tienen que ser indemnizados. Esto le ha costado a la Policía Federal más de 800 millones de pesos, pero aun no alcanza a cubrir todos los pagos.

La información proporcionada por Policía Federal arroja que, de diciembre de 2012 a mayo de 2019, fueron separados del cargo un total de 3 mil 29 elementos de las distintas divisiones de la Policía Federal. La mayor parte de ellos por “incumplir los requisitos de permanencia”, en relación con no aprobar el proceso de control de confianza.

Dicho proceso consiste en una batería de seis exámenes, entre ellos el polígrafo o detector de mentiras. Se trata de una evaluación que en el sexenio pasado se dijo que sería analizada y removida, al carecer de una base objetiva, situación que no se concretó.

En ese mismo periodo la Policía Federal informó que 1 mil 953 elementos dados de baja deben ser indemnizados, según lo ordenado en las sentencias emitidas por juicios de nulidad promovidos por los policías afectados, ante los tribunales federales de justicia administrativa. A ellos se suman otros 20 elementos más que, a través del amparo, también consiguieron demostrar que fue ilegal su separación.

Lo anterior significa que al menos el 65% de los agentes destituidos ahora tienen que ser indemnizados. Esto no significa que el otro 35% haya sido despedido de forma correcta, sino que se trata de casos en donde el policía no promovió un juicio de nulidad, o sí lo hizo pero aún está pendiente la resolución.

Costos, retrasos y deudas

La Policía Federal informó que como resultado de los procesos perdidos ante los tribunales administrativos ha tenido que erogar, de 2012 a 2019, un total de 883 millones 826 mil 740 pesos por concepto de pagos de indemnizaciones a los policías afectados. Y todavía se tienen más de 13 millones de pesos pendientes de pago.

En muchos momentos esto pagos se han realizado de forma incompleta o con retrasos (los jueces les daban 4 meses para hacerlo), lo que ha originado costos extras para la Policía Federal, por daños y perjuicios.

Animal Político tuvo acceso a un informe que con motivo de uno de estos casos emitió la Policía Federal el pasado 25 de junio, y en donde queda constancia que la dependencia no tiene recursos suficientes para cubrir los pagos.

En dicho documento el Inspector de Policía Federal Javier Vargas Gómez informa al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, que no se han rehusado a cubrirle los pagos correspondientes a un policía que tiene que ser indemnizado, pero que el problema es que no hay recursos.

“No se ha concretado la conclusión del trámite por la insuficiencia presupuestal como lo informó la Dirección de Relaciones Laborales” indica el informe.

El pasado 15 de abril Animal Político reveló que la Policía Federal estaba prácticamente “en quiebra”. La corporación, que a finales de 2020 definitivamente habrá desaparecido pues todos sus activos pasarán a la Guardia Nacional, tiene adeudos de al menos 2 mil 500 millones de pesos y no cuenta con recursos para cubrirlos.

Entre los adeudos que acarrea la Policía Federal se encuentran, además del tema de las indemnizaciones, pagos pendientes a hoteleros por servicios de hospedaje, viáticos no cubiertos, deudas por servicios básicos como luz y agua, adeudos por temas de vestuarios y chalecos antibalas, combustibles, entre otros.

¿Por qué los despidos fueron ilegales?

Fallar en las pruebas de control de confianza impide a un policía obtener el Certificado Único Policial, requisito indispensable para poder desempeñarse como elemento de seguridad pública en cualquier corporación, ya sea municipal, estatal o federal. Se trata de un certificado que debe renovarse cada tres años.

La Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los policías que no superen el procedimiento de control de confianza deben ser dados de baja de forma inmediata, sin derecho a alguna compensación, y sin que puedan enrolarse en otra corporación.

En ese contexto, ¿por qué la Policía Federal ha tenido que indemnizar a la mayoría de los efectivos que ha dado de baja por este motivo?

Animal Político entrevistó a la abogada Reyna Velasco Guerrero quien, en los últimos años, se ha especializado en el litigio y representación de múltiples agentes separados por este motivo.

La abogada señaló que si bien la ruta empleada por la Policía Federal para destituir a los elementos es legal y constitucional (aun cuando diversos especialistas han opinado que genera precariedad laboral para los funcionarios de seguridad), el problema se ha presentado al momento de ejecutar y aplicar en la práctica estas disposiciones.

“Los tribunales han ordenado la indemnización porque encontraron que el procedimiento de separación que les instauró el Consejo Federal de Desarrollo Policial no estuvo apegado a las reglas del procedimiento por varios motivos, como por ejemplo, que las pruebas se aplicaron de forma incompleta, que no se acreditó que realmente no aprobaran el control de confianza,  que incluso las evaluaciones ya eran viejas y habían prescrito, etcétera”, dijo la litigante.

Se trata en muchos casos de errores básicos que denotan la falta de cuidado en los procedimientos. “Aun cuando el fallar en el proceso de control de confianza es causa de separación, el procedimiento tiene que ser pulcro y sustentado, si no se presta a irregularidades y abusos”, indicó.

Velasco Guerrero sostuvo que esta “falta de pulcritud” se registró sobretodo en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es decir entre 2013 y 2015. Los datos oficiales coinciden con esa afirmación, pues más del 70% de las separaciones de los últimos seis años se dieron en ese periodo.

Cuestionada sobre cuál habría sido el motivo de esto, la abogada explicó que en el arranque del sexenio pasado había prisa por desocupar plazas de varias divisiones de Policía Federal, para trasladarlas a la entonces denominada Gendarmería Nacional de nueva creación, y se quiso echar mano del control de confianza como mecanismo de depuración.

La situación se volvió crítica con el tiempo. El reclutamiento para la Gendarmería fracasó porque los aspirantes también reprobaban, incluso en mayor medida, las pruebas de control de confianza. Pero además porque el costo económico para la corporación fue creciendo, al punto en que ya no pudo lidiar con el pago de indemnizaciones, lo que a su vez le generó nuevos costos por daños y perjuicios.

“Al principio para no caer en incumplimiento se pagaban las indemnizaciones en menos de cuatro meses pero solo contando el salario base y no las prestaciones, lo que derivó en recursos de queja ante el Tribunal, quien en la mayoría de los casos falló a favor de los policías afectados y ordenó el pago completo, y le daba 20 días para hacerlo. Un menor tiempo y más cantidad de dinero provocaron que Policía Federal ya no pudiera pagar como es debido, vinieron más quejas y así llegamos a esta crisis. Todo por procedimientos mal aplicados”, dijo.

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EU comenzó a deportar a migrantes haitianos retenidos en Texas

Unas 13 mil personas, la mayoría ciudadanos haitianos, permanecían reunidas bajo un puente fronterizo entre Estados Unidos y México.
20 de septiembre, 2021
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El gobierno de Estados Unidos empezó este domingo a deportar a los migrantes haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad de Del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera.

Un total de 208 haitianos que intentaban entrar ilegalmente a EE.UU. fueron ya devueltos, según confirmó el gobierno haitiano a Efe, en un contexto sociopolítico y económico marcado por una aguda crisis.

De los tres vuelos previstos para el domingo ya han llegado dos, declaró a la agencia Jean Négot Bonheur Delva, coordinador de la Oficina Nacional de Migración.

Según el funcionario, todos los vuelos deberían traer 145 pasajeros, pero en el primero avión llegaron 98 personas y 110 en el segundo.

“Son personas que han intentado entrar en Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Se trata de personas que vivían en Chile, México, Panamá y Brasil en particular”, añadió.

Migrantes con suministros cruzando el río.

Getty Images
Los migrantes tuvieron que cruzar el río hacia México en busca de suministros.

Formaban parte de un grupo de unas 13.000 personas que permanecían acampadas bajo un puente que conecta Del Río en Texas con Ciudad Acuña en México. Aunque la mayoría eran haitianos, entre ellas también había cubanos, peruanos, venezonalos y nicaragüenses.

El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, detalló este domingo que aquellos que aún no habían sido devueltos habían sido trasladados a centros de detención.

“Trabajamos las 24 horas del día para mover rápidamente a los migrantes del calor y de debajo de este puente a nuestras instalaciones para procesar y removerlos de Estados Unidos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas”, dijo Ortiz en conferencia de prensa en el puente.

“Quiero vivir una vida sin problemas”

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, envió su apoyo a los migrantes en redes sociales en la tarde del sábado, asegurando que “se habían conseguido acuerdos” para recibir a aquellos que regresen.

Sin embargo, algunos migrantes temen volver.

Migrantes cruzando Río Grande.

Getty Images

“En Haití no hay seguridad. El país está en una crisis política”, comentó Fabricio Jean, de 38 años, a Associated Press.

Jean se encuentra en el campo con su esposa y sus dos hijas.

“En Haití hay gente matándose unos a otros. No hay justicia. Solo quiero vivir una vida sin problemas. Quiero vivir donde sepa que hay justicia”, dijo otro padre de dos hijos, Stelin Jean, de 29 años, al Texas Tribune.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo a través de un comunicado que las transferencias continuarán “para asegurar que los migrantes irregulares sean puestos bajo custodia, procesados y trasladados fuera de Estados Unidos, en concordancia con nuestras leyes y normas”.

Además, anunció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza enviará 400 efectivos adicionales a Del Río, una ciudad con cerca de 35.000 habitantes.

Migrantes cruzando Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos.

EPA
Estados Unidos planea regresar a los migrantes a sus países de origen.

El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, había declarado el estado de emergencia en la ciudad. Describió la situación como “sin precedentes” y “surrealista”.

También dijo que la patrulla fronteriza había estado abrumada y que los “agitados” migrantes vivían en condiciones imposibles.

El campamento improvisado en Del Río tiene pocos servicios básicos, y los migrantes que esperan a temperaturas de 37°C han estado cruzando el río hacia México para obtener suministros.

La mayoría son haitianos. También hay cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.

Muchos haitianos abandonaron su país tras el devastador terremoto en 2010. Un gran número de los que ahora se encuentran en el campo habían vivido en Brasil y otros países sudamericanos y viajaron hacia el norte tras no poder asegurar empleo o estatus legal.

Migrante en la frontera entre México y Estados Unidos.

Getty Images

Will Grant, corresponsal de la BBC en México, reporta que muchos cubanos también han abandonado la isla en su peor crisis económica desde el fin de la Guerra Fría.

Grant asegura que muchos de los migrantes en Texas probablemente realizaron la travesía migratoria más difícil en América Latina: cruzar a pie la densa selva del Darién entre Colombia y Panamá.

El gobierno de Estados Unidos ha informado de un aumento de migrantes en la frontera con México este año.

El número de migrantes detenidos allí en julio superó los 200.000 por primera vez en 21 años, según datos del gobierno.


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