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Cuartoscuro Archivo

Discriminación, maltratos e incertidumbre: las quejas de policías federales ante CNDH

Advierten que son tratados en condiciones desfavorables por los militares, pese a que ellos sí cuentan con formación policial. Entre los afectados hay un grupo de agentes con discapacidad.
Cuartoscuro Archivo
12 de julio, 2019
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La crisis por la desaparición de la Policía Federal (PF) llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Un grupo de agentes presentó una queja formal ante dicho organismo, en la que alertan sobre múltiples violaciones a sus garantías individuales: desde tratos discriminatorios, pasando por inseguridad legal, hasta incertidumbre laboral.

En la denuncia se responsabiliza de dichas irregularidades a autoridades de tres dependencias: la propia Policía Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La queja se presentó luego de dos semanas de manifestaciones de los agentes, por las condiciones en que el gobierno ha operado la transición de esta corporación a la Guardia Nacional.

Tras varias mesas de negociaciones el gobierno federal ha propuesto a los inconformes irse a otras dependencias, e incluso pagarles una liquidación si no quieren continuar en el servicio público.

Leer: Falta de uniformes, malas condiciones y baja de prestaciones, las causas de la protesta de policías federales

Pero la representante legal de los policías federales inconformes, Reyna Velasco, advirtió que se trata, en el mejor de los casos, de una solución temporal e insuficiente para cubrir una realidad: que más de 30 mil personas están perdiendo su fuente de trabajo, sin que haya un plan bien elaborado y no improvisado para dos ellos.

“En este momento estamos hablando solo de una división, que es la que se ha opuesto abiertamente a la transferencia  a la Guardia Nacional, pero recordemos que la PF tiene otras divisiones y que la transferencia como la misma ley y decreto lo marcan, se hará de forma paulatina, entonces ¿qué pasará con la divisiones que sigue? No hay certidumbre del proceso por lo que es indispensable que la CNDH intervenga”, dijo Velasco en entrevista.

Las violaciones, según la queja

En el escrito de queja de 12 páginas, presentado ante la Oficialía de Partes de la CNDH, los agentes afectados detallan las difíciles condiciones que han padecido este año, y particularmente en las últimas semanas, a partir de que se aprobó la Ley de Guardia Nacional que ordena el traslado a la misma de toda la estructura de Policía Federal.

Leer: De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional

De acuerdo con los agentes, las situaciones que han padecido se dividen en tres grandes rubros de violaciones. A continuación se detallan los argumentos clave de cada uno:

Violación al derecho de igualdad y no discriminación

Los policías sostienen que aun cuando la Guardia Nacional es de naturaleza civil, la condición en que se les intenta incorporar dista mucho del procedimiento que se está llevando a cabo con los policías militares y navales, que también se están incorporando.

Indicaron que mientras a los policías federales se les ha obligado a tomar un curso que ya conocen, y a ser sometidos a procesos de control de confianza, a los militares se les ha dado un pase prácticamente automático la Guardia Nacional, pese a su nula formación en materia policial, lo que evidencia que no hay igualdad de circunstancias.

“Esta desigualdad tan visible en nuestros casos se agrava con el hecho de que hicimos los exámenes médicos y físicos en las instalaciones militares y por militares, a pesar de que se supone que la Guardia Nacional es una institución de carácter meramente civil, con funciones policiales”, indican los agentes.

En ese contexto, sostienen que son los policías federales los que cumplían mejor con el perfil requerido, pues ya son policías civiles, mientras que los militares no lo son. De hecho los federales cuentan ya con el Certificado único Policial que se requiere para la Guardia. Pese a todo eso, el tratamiento que se les ha dado a los militares ha sido preferencial, acusan.

“Por lo anterior esta CNDH debe advertir que fuimos discriminados al momento de iniciar con el procedimiento de transición a Guardia Nacional”,  indican los policías.

Violaciones a los derechos de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso

Los agentes federales acusan que los procedimientos implementados para la transición a la Guardia han sido arbitrarios y carentes de justificación  jurídica, pues la ley aprobada en la materia contemplaba la incorporación directa de los elementos.

En vez de ello, dicen, se han inventado formatos y requisitos de evaluación sin, al menos, la debida supervisión y control civil. En dichos procedimientos es dondese  ha determinado que muchos policías federales no son aptos para ir a la Guardia, pese a que, se insiste, cuentan con todos los requisitos para desempeñarse como policías.

“De hecho, la manera en que nos participaron que no éramos aptos fue de viva voz, por los elementos castrenses que nos sometieron a las pruebas, a pesar de que tales funcionarios no tienen nada que ver con nuestra institución, tampoco están facultados para hacerlo, ni existe normatividad alguna que así lo disponga”, señalan los agentes.

A ello se suma la supuesta promesa de liquidaciones para los policías federales que prefieran renunciar y que, según los agentes, en realidad no es legal. Esto ya que de acuerdo con la Constitución y la ley, los policías no son considerados trabajadores sino servidores públicos, por lo que una renuncia voluntaria no daría efecto a ninguna liquidación.

“Confiar entonces en que habría una liquidación es creer en una promesa de palabra pero sin sustento legal”, señaló la representante legal de los agentes.

Violación a la protección a la salud

La denuncia destaca una condición aún más complicada para los elementos de la Policía Federal que presentan algún tipo de condición de discapacidad motriz. A ellos, además de los derechos anteriores, también se les está vulnerando su derecho a la salud, ya que no se garantiza que podrán continuar con su labor en alguna área especial, como si se hacía en Policía Federal.

“En este momento de transición a la Guardia Nacional no existen garantías sociales que les garanticen la protección a la salud, y la sola mención de que los quieran meter a estudios diversos y que se verá afectada la seguridad administrativa en la que se encontraban, supedita su estado de ánimo. Se deben establecer protocolos que garanticen la estabilidad laboral y por ende de salud para los agentes que están en su condición”, dice el documento de queja.

PF, sin dinero para cumplir lo que promete

Reyna Velasco, representante legal de los agentes, advirtió que las autoridades federales están actuando sobre la marcha para resolver la crisis en la Policía Federal, con soluciones que carecen de sustento o que, de plano, no dan garantías de ser creíbles.

Prueba de ello es la supuesta intención de pagar finiquitos a todos los agentes que prefieran retirarse del servicio público.

“Recordemos que la PF dijo que no tiene dinero, entonces si renuncias porque no te quieres ir a la Guardia Nacional o a otra dependencia, cómo tendrás la certeza de que efectivamente te darán una liquidación, si no han podido cumplir con las obligaciones de pago derivados de los procesos jurisdiccionales”, dijo la abogada.

Animal Político ha documentado que, en efecto, la Policía Federal enfrenta adeudos que no puede solventar. Este año reportó deudas por 2 mil 500 millones de pesos derivado de diversos conceptos, entre ellos indemnizaciones de policías que fueron despedidos ilegalmente en años anteriores.

En este contexto la abogada consideró urgente que la CNDH intervenga de fondo en el caso, que se emitan medidas precautorias y que se pueda generar una recomendación que salvaguarde la posición de policías federales, que hoy se encuentran en un estado claro de indefensión del que no son responsables.

“Recordemos que si bien los policías constitucionalmente se encuentran en régimen de excepción, también lo es que los derechos humanos no son excluyentes, y que desde esa perspectiva se debe reconocer que sus derechos son vulnerados (…) se tiene que garantizar que  la transferencia de los elementos de PF se realizará bajo un contexto de igualdad, respeto a sus derechos laborales”, trato digno e indiscriminado.

El jueves cerca de un centenar de los policías inconformes se manifestaron en las instalaciones de la CNDH, para acompañar el inicio de la queja y denunciar la situación que han padecido en los últimos meses. En la Comisión se admitió a trámite la queja de los agentes y será turnada a una visitaduría para su análisis. 

Hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció en el tema de Guardia Nacional  para anunciar la presentación de impugnaciones en contra de su ley, por lo que consideran son omisiones y riesgos de violaciones a garantías individuales. Esto generó la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso acusó a la CNDH de no tener “autoridad moral” para hablar del caso.

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A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
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La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

Presentación de bienes a subasta

Gobierno de México
El presidente López Obrador y el nuevo director del Indepuro, Ricardo Rodríguez, presentaron algunos bienes que serán subastados.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Un auto puesto a subasta

EPA
Las autoridades confían en que algunos bienes sean subastados al doble del precio base.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Camionetas de lujo y vehículos blindados están entre los bienes en posesión del gobierno actualmente.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Comunidades de Oaxaca podrían recibir al menos US$1,45 millones de la venta de autos de lujo.
Vehículos puestos a subasta

AFP
Los autos más baratos a subasta son los “escarabajo” de Volkswagen, cuyo precio inicial será de unos US$520.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Una casa confiscada

Gobierno de México
Una mansión en el sur de Ciudad de México tiene un precio base de alrededor de US$4 millones.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


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