Tras cuatro años de conflicto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con las autoridades de siete de los ocho pueblos de la nación yaqui, en Sonora, que se encuentran a favor y en contra de la construcción de un gasoducto de la empresa IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy.
Se trata de la primera vez que un funcionario federal se reúne a dialogar con ellos, luego de una serie de actos de violencia que tuvieron su momento más álgido el 21 de octubre de 2016, cuando un grupo de pobladores de Loma de Bácum, los principales opositores de la obra, trataron de deponer a sus autoridades tradicionales para nombrar a otras dispuestas a aprobar la obra.
“Me reuní con siete de ocho gobernadores y fue para abrir la puerta de diálogo con el gobierno federal, sin la premisa de la coacción, las amenazas, el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como se hacía antes para que ellos accedieran a una serie de demandas no solo del gobierno sino también de la empresa IEnova”, dijo el subsecretario en entrevista con Animal Político.
“Ahora logramos mantener una mesa de gobernabilidad y vamos a regresar el 18 de agosto con propuestas”, aseguró Peralta.
Peralta tuvo dos diferentes reuniones. Primero dialogó con las autoridades tradicionales y la comunidad de Loma de Bácum, y luego acudió a Vícam, para dialogar con los yaquis que están a favor del gasoducto.
En el caso de Loma de Bácum sus autoridades dejaron claro que no quieren el gasoducto porque, de concretarse, pasaría por sus tierras.
Entrevistado por Animal Político, el secretario del gobierno tradicional de Loma de Bácum, Martín Valencia, aseguró que los pobladores no tienen confianza ya en las promesas del gobierno, porque les deben muchas cosas, entre ellas el agua, lo cual se lo expusieron al subsecretario Peralta.
Valencia recordó que cuando Lázaro Cárdenas fue presidente se emitió un decreto para dotar del líquido a la nación yaqui, pero no se ha hecho efectivo. “Para empezar a dialogar, tendríamos que ver una propuesta de cómo se van a resolver esos temas rezagados”.
Dijo también que los yaquis no se oponen al desarrollo, “pero hemos tenido muchas invasiones: la carretera, los ferrocarriles, los ductos de Pemex, las minas y ninguna de esas obras nos han traído desarrollo, al contrario”.
Para rematar Valencia aseguró que el mejor desarrollo lo pueden proponer las mismas comunidades, “la tropa, ellos son los que saben qué necesitan, no las empresas que vienen de fuera. Nosotros hemos muchas propuestas, pero no las toman en cuenta, ni nos responden sobre ellas”.
Contó que incluso han enviado al gobierno una opción para terminar el gasoducto. La propuesta es una especie de plan C.
“Les propusimos llevarse el gasoducto a Ciudad Obregón, al parque industrial, así no afectan a la nación yaqui. Ya buscaron la forma de no afectar a Guaymas, a Cajeme, a Hermosillo. Después de atravesar los pueblos yaquis, el trazo del gasoducto hace un giro de 180 grados y le da la vuelta a Hermosillo a 30 kilómetros de distancia. ¿Y nosotros? ¿No merecemos lo mismo? La propuesta ahí está. Si el gasoducto está parado es por la necedad de la empresa y del gobierno, no por nosotros”.
A manera de contexto
El Gasoducto Guaymas-El Oro medirá 330 kilómetros. 18 kilómetros atravesarían el territorio de la comunidad de Loma de Bácum. Este proyecto forma parte de uno más grande, el Gasoducto Sonora, de 835 kilómetros, que considera la construcción de otro tramo, Guaymas-El Sasabe, de 505 kilómetros.
En el informe oficial de la obra, la empresa IEnova señaló como la fecha de arranque del proyecto el 25 de junio de 2012 y su conclusión, el primero de agosto de 2016.
El plan, sin embargo, no ha podido concretarse, a decir de la compañía y el gobierno estatal, por culpa de la oposición de los pobladores de Loma de Bácum, quienes mantienen conflicto con sus vecinos que empezó a crecer en 2015, cuando los señalaron en medios como los opositores al desarrollo de la nación Yaqui.
El problema, sin embargo, a decir de Martín Valencia, secretario de la autoridad tradicional de Loma de Bácum, es que las autoridades estatales han tratado de imponer autoridades tradicionales paralelas en los ocho pueblos yaquis.
“Compraron a cinco personas, les dieron 7.5 millones de pesos. Se los llevaron a negociar a hoteles y restaurantes, a espaldas de la tropa, que en realidad no está de acuerdo con el proyecto. Pero la gente no quiere una bomba de tiempo bajo sus tierras”.
Raquel Padilla, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y especializada en historia cultural del pueblo yaqui, confirmó que la compra de aliados ha sido desde hace mucho tiempo la estrategia del gobierno federal y estatal para imponer sus proyectos.
“El gobierno crea lo que se llama autoridades duales para poder negociar con ellos, inventa otro cuadro de autoridades, para saltarse las negociaciones con un gobierno legítimo y tradicional, cuando éste no está de acuerdo con sus planes”.
Por ejemplo, hay autoridades duales en las comunidades de Vícam y Potán. El resto de los pueblos son muy pequeños y no tienen gente suficiente ni para crear un doble gobierno. En Loma de Guamúchil, sin embargo, que es un pueblo grande se ha presentado el derrocamiento de autoridades, sin respetar los usos y costumbres.
Doble reunión
Después de reunirse con los habitantes de Loma de Bácum, el subsecretario Ricardo Peralta acudió a Vícam, a reunirse con quienes están a favor del gasoducto.
“Ambas reuniones fueron en las guardias tradicionales, no se hicieron en otro lugar, y fue con todos los gobernadores, con toda la autoridad del pueblo, con los capitanes, los secretarios y con la tropa”, aseguró el funcionario.
Peralta dijo que sabe que las comunidades tienen un fuerte conflicto, sobre todo a raíz de los acontecimientos de octubre de 2016. “Vamos a respetar los usos y costumbres, pero también el principio del respeto a la ley, y en este caso el de cumplir con los acuerdos que se hicieron con las distintas empresas que han invertido. Estamos en el supuesto de resolver, pero no vamos a actuar por la fuerza, lo haremos a través del diálogo y estamos seguros que lograremos convencer a las partes”.
Respecto al problema de las autoridades duales impulsadas por el gobierno estatal para imponer proyectos, el funcionario señaló que el gobierno federal deberá tratar con ambos grupos e intentará restablecer la relación rota entre los pueblos yaquis.
Pero agregó que deberá ser Diana Álvarez, subsecretaría de Asuntos Indígenas y Religiosos de la Segob, junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), los que tendrían que revisar quiénes son realmente las autoridades legítimas en cada comunidad.
Cuestionado sobre si van a considerar la propuesta del pueblo de Loma de Bácum de desviar la obra, Peralta afirmó que se van a tomar en cuenta todas las que resulten viables.
“Lo que ellos proponen se llevará a discusión, a un análisis y lo que resulte más justo, menos oneroso y más viable, por eso se optará”.
De la demanda de tener agua suficiente y de llevarles los servicios que hacen falta, el funcionario señaló que a la siguiente reunión del 18 de agosto llegarán con varias propuestas sobre el gasoducto y sobre cómo resolver el conflicto, “y veremos la posibilidad de que el pueblo yaqui, en cumplimiento y la mitigación de esto, tenga un beneficio social con recuperación de espacio público, de beneficios de infraestructura eléctrica, drenaje y agua potable”.
Anabela Carrión, abogada del pueblo yaqui de Loma de Bácum, dice que por ahora han aceptado seguir el diálogo con el gobierno federal, pero “le entregamos un comunicado muy preciso donde le pedimos que respeten la libre determinación de nuestro pueblo de que el gasoducto no pase cerca de nosotros”.
